Las medidas contra la pobreza energética

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) lleva desde 2010 desarrollando proyectos enfocados al análisis y resolución de la pobreza energética. Es decir, la incapacidad de las personas para pagar la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a hacer frente a la factura energética de su vivienda.

El concepto de pobreza energética nació en 1991 con la publicación del libro “Fuel Poverty” por la profesora Brenda Boardman de la Universidad de Oxford. Desde entonces, las islas británicas han sido el epicentro de la investigación, definición conceptual y acción política para mitigar la pobreza energética. En 1997 el debate estaba tan extendido en la sociedad que el Gobierno adoptó la minimización de la pobreza energética como parte de sus objetivos y en el 2000 aprobó la “Warm Homes and Energy Conservation Act” (WHECA). Esta Ley definió formalmente el concepto en Europa.

En España, la pobreza energética es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico, según apuntaba la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en su informe «Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis». Según ese estudio, el promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 2014 fue de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa un promedio de 7.100 muertes al año.

Esto significa que, aunque se haya mejorado, la pobreza energética sigue siendo un problema en España. Según la Oficina de Estadística Europea (Eurostat), un 10,1% de la población española es incapaz de calentar su hogar de manera adecuada, un porcentaje superior a la media europea, que se sitúa en el 8,7%, según los datos publicados correspondientes al año 2016.

Si tomamos como referencia los datos energéticos europeos, la electricidad y el gas son más caros en España, un 123,07 y un 140,68% respectivamente superiores que la media de la Comunidad Europea en el 2016. Y siguiendo en la misma línea, si en 2016 el 8,7% de europeos se encontraban cercanos a una situación de vulnerabilidad energética, en España ese porcentaje era del 10,1%.

Según datos del INE, a nivel nacional la salida de la crisis ha supuesto una ligera mejora en la situación de los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, al pasar de un 9 por ciento en 2012 a un 8,3 el año pasado. Aunque en algunas comunidades, como Asturias, el porcentaje de hogares en esta situación se ha triplicado, hasta llegar al 18,4 por ciento del total, la cifra más elevada de todas las autonomías.

El siguiente cuadro recoge el porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según los últimos datos del INE, de 2017, y los de 2012:

De cara al 2019, y dentro de la creciente necesidad de un panorama energético descarbonizado y sostenible, sumado a la considerable amenaza para el bienestar de todos los ciudadanos que supone la pobreza energética, el Gobierno de España publicó el pasado mes de octubre el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Entre las medidas de este decreto encontramos la eliminación del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica durante seis meses y una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos que tiene como objetivo de hacer desaparecer el céntimo verde, aquel que, a pesar de ser un impuesto aplicado al gas natural, termina inflando los precios finales de la electricidad. Estas medidas podrían suponer una rebaja en la factura de 6,2 € para un hogar con un consumo anual moderado y de unos 8,5 € para aquel con un consumo de kWh superior.

Para hacer frente a la pobreza energética también se amplía la cobertura de las prestaciones del bono social, de modo que se impide cortar el suministro energético de aquellos hogares que estén acogidos a dicho bono y cuenten en la familia con un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o más o aquella con una dependencia de grado II y III.

Además, aquellos que ya dispongan de esta ayuda, también disponen del bono social térmico. Gracias a este bono, los hogares podrán hacer frente a los costes de la calefacción y el agua caliente, una de las principales preocupaciones de aquellos hogares al borde la pobreza energética.

Según el Gobierno, estas medidas son «más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España». «En rigor, no se trata de ampliar sin más el colectivo de consumidores bajo la protección del bono social, sino de garantizar que la cobertura del bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que realmente lo necesitan».

Sin embargo, lo cierto es que las continuas subidas de precios generan cada vez más vulnerabilidad y pobreza energética. Lo que convierte las medidas propuestas en parches para paliar una situación cada vez más degradada que no atacan de raíz el problema, que es conseguir que nuestro sistema energético sea económicamente justo y ecológicamente responsable.

Para esto no se requiere otra cosa más que realmente introducir la competencia entre las cinco grandes empresas del sector. Con ello se acabaría con los dos grandes problemas del mismo.

Por un lado, se acabaría con la especulación que supone la alianza entre las cinco empresas a la hora de fijar los precios de la energía eléctrica. Por otro, se acabaría con la unidad para recurrir todas y cada una de las medidas que se tomen dentro del sector, de modo que el nivel de conflictividad jurídica es el más alto de todos los sectores de la economía del país. Se recurre absolutamente todo y haciendo siempre frente común.