El 23 de junio de 2016, hace poco más de dos años, tuvo lugar el referendum en el Reino Unido relativo a la permanencia o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El proceso, conocido como “brexit” resultó favorable a la ruptura con Europa con casi un 52% de votos a favor. De este modo, el 29 de marzo de 2017, Gran Bretaña solicitó formalmente la salida de la Unión, proceso que tras las pertinentes negociaciones, debería culminar antes del 29 de marzo de 2019.

Las primeras consecuencias del resultado del referendum fueron el desplome de los bonos británicos o de la Libra, que paulatinamente han ido recuperándose. Pero las consecuencias políticas amenazan con ir minando la fortaleza del resultado del referendum. A la firme oposición de territorios como Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar a un escenario de salida, se unen los propios problemas internos del partido gobernante, que amenazan incluso con acabar con la carrera política de la Primera Ministra Theresa May.

El caso es que ya hay una cifra para la factura que el Reino Unido pueda abandonar la Unión Europea: por el módico precio de 45.000 millones de euros, Gran Bretaña recuperará todas sus parcelas políticas cedidas a Europa. El problema viene ahora del cómo se estructura el plan.

Los escollos parten incluso desde dentro del partido de May. Sin ir más lejos, este mes, el ministro para el “brexit”, David Davis, presentó su dimisión por desavenencias con la estrategia de salida diseñada por la primera ministra, Theresa May, recogida en el llamado Libro Blanco. Este plan, conocido también como acuerdo de Chequers, provocó la dimisión tanto de Davis como del ministro de Exteriores Boris Johnson, quienes son partidarios de un Brexit más duro del estipulado en la citada propuesta.

Su sucesor, Dominic Raab, ha señalado que este es el mejor acuerdo para una salida pactada del Reino Unido, a pesar de que gran parte del contenido del mismo tiene muchas papeletas de ser rechazado por Bruselas. La respuesta no se ha hecho esperar: Raab ha insinuado que el Reino Unido puede abandonar la UE aun sin acuerdo, lo que le eximiría de pagar factura alguna. Y para demostrar la fuerza de sus palabras, el gobierno británico ha empezado a mover ficha para preparar al pais para el peor escenario posible, sustentada tal posibilidad en una partida presupuestaria de tres mil millones de libras.

El principal motivo es la situación en la que puede quedar Irlanda del Norte. Por una parte, el resultado del referendum en ese territorio no fue favorable al “brexit”, por otro, la situación histórica y política de la isla han llevado a que la UE proponga un estatus especial en ese territorio que garantizaría una cierta continuidad del estatus actual. Esta propuesta ha sido rechazada de plano por el gobierno de May, calificándola como una intromisión a su soberanía y proponiendo una permanencia limitada de Gran Bretaña en la unión aduanera que garantizaría la libertad de circulación de productos en Irlanda pero sin incluir la libertad de movimientos de las personas.

La consecuencia es que Irlanda se prepara también para el peor escenario, anunciando la futura contratación de 1000 agentes de aduanas y veterinarios para el establecimiento de la frontera. Mientras que, desde Londres, un portavoz del Departamento del “brexit”, anticipó la preparación de una campaña de concienciación ciudadana para el caso de un desacuerdo, que incluiría instrucciones para el acopio de alimentos y la prevención del caos en puertos y aeropuertos.

Y a todo esto, ¿qué dicen los principales afectados, los que con su voto dieron inicio a todo este tinglado? Según un artículo publicado en la BBC, tres millones de ciudadanos piden la convocatoria de un nuevo referendum, lo que daría lugar a un proceso denominado “regrexit” (será por nombres). Aunque no hay demasiadas encuestas sobre esa posibilidad, la cual no se baraja por ningún partido político de los principales, las que hay siguen ofreciendo un resultado muy ajustado, pero esta vez a favor de la permanencia.

Lo que sí se está viendo en la sociedad británica es una progresiva polarización, de modo que, a favor o en contra, las posturas son cada vez más radicales y más encontradas.  El 38% votaría por un partido de derechas comprometido con el Brexit, y uno de cada cuatro votantes asegura que apoyaría a un partido explícitamente de extrema derecha, antiinmigración y antimusulmán, según una encuesta realizada entre 1.668 adultos los días 19 y 20 de julio. Al mismo tiempo, la mitad de los encuestados apoyaría permanecer en la UE de celebrarse un nuevo referéndum, y un tercio votaría por un nuevo partido centrista opuesto al Brexit.

Y para aliviar tensiones, los consejos de Donald Trump, que no sólo aconseja no aceptar el acuerdo con la UE, sino además denunciarlo, y esto lo hace a la Primera Ministra May al mismo tiempo que asegura que el recién dimitido ministro Boris Johnson (ferviente defensor de la línea dura del “brexit”) sería un gran Primer Ministro para el país.