La Organización de las Naciones Unidas, en el Programa Global contra la Corrupción, define el fenómeno de la corrupción como un «comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que se desvían de las responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines privados y asegurar sus propias ganancias». Sin embargo, la concepción tradicional sobre corrupción se construye sobre dos premisas metodológicas equívocas. Por un lado, se sostiene que el origen del problema se encuentra exclusivamente en el sector público y los gobiernos. Así, todo lo gubernamental queda vinculado con fenómenos de corrupción, dispendio e ineficiencia. La segunda premisa, igualmente problemática, es que la corrupción es un comportamiento individual.

Por otro lado, hoy por hoy, el fenómeno de la corrupción no se puede ver como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, así como tampoco se debe atender a las concepciones moralistas que únicamente señalan sus supuestas raíces culturales. Tanto el crecimiento como el desarrollo económico pueden coexistir con las más diversas prácticas corruptas en una amplia gama de culturas.

Lo que está claro es que la corrupción favorece el crecimiento de la inestabilidad institucional y desgasta las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y Estados. La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización del poder, la ineficiencia burocrática, etc., son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a la acción de la corrupción.

Según Max Weber, el progreso de un estado moderno se logra cuando la política y la burocracia eliminan el factor personal en su funcionamiento. Es decir, cada persona desarrolla su actividad eficientemente sometido a visibilidad y fiscalización: lo importante no es el individuo que realice la tarea, que no deja de ser alguien solvente, pero sustituible; lo importante es que la tarea se lleve a cabo según lo establecido. Así pues, en el sistema pensado por Max Weber, un empleo público o un cargo en la Administración o un puesto político no son recursos patrimoniales que sirvan para otorgar favores o despachar presentes, sino una ocupación reglamentaria que se ejecuta para beneficio de la sociedad.

Para que el sistema funcione ha de existir la confianza en que todo el mundo cumplirá con su tarea, debiendo existir además un sistema de fiscalización y de sanciones para cuando no es así. Si el sistema de fiscalización falla y las sanciones no llegan, la confianza se destruye y la sensación de impunidad crece.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los principales actos, prácticas y dimensiones que ha tomado la corrupción han variado de forma distinta a lo largo de la historia. Mientras que algunos ejemplos de corrupción incluyen conductas ilícitas y delincuenciales, otras prácticas asociadas a este fenómeno pueden ser de perfecta legalidad, pero de cuestionable moralidad.

Así, la corrupción “estructural” se define, más que como un mero sinónimo de soborno o extorsión, en un diferencial de poder en el que predomina el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de recursos. Es decir, más que un tema económico (que lo es también), es una forma específica de dominación social, siendo, por tanto, susceptible de existir, tanto en el sector público, como en el privado, como en connivencia con ambos, que suele ser lo habitual. Por tanto, hay que entender que el objetivo final de un corrupto puede ser, no tanto el beneficio económico como la acumulación de poder y privilegios de forma ilegítima.

Los problemas más graves de la corrupción surgen cuando el Estado es “secuestrado” por parte de intereses económicos ajenos a los intereses comunes, y de la estructura política piramidal sobre la que funciona la corrupción institucionalizada y a través de la cual los burócratas se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos ya sea por órdenes de sus superiores o por inercias políticas y organizacionales. En otras palabras, los problemas más acuciantes de la corrupción emergen no del Estado, sino de fuera de él. Y son precisamente tales márgenes los que se han ido ampliando cada vez más como resultado de las tendencias privatizadoras en el manejo de los asuntos públicos.

En el caso de nuestro país, y esto son palabras de un alto funcionario de carrera ya jubilado, el problema de la corrupción tal y como la entendemos, y al margen de lo heredado de tiempos anteriores, tuvo su origen en el sistema paternalista de la dictadura franquista. La alianza entre empresariado y Estado que, gracias a la inversión norteamericana, dio lugar al gran desarrollo económico de los años sesenta, marcó una forma de trabajar en la que ambos poderes se unieron “por el bien común” para lograr el desarrollo y el bienestar de país. Esto propició prácticas en las que subvenciones, ayudas y prebendas eran entregadas a dedo. La diferencia estribó en aquella época en que, debido a un fuerte componente ideológico, casi todas estas medidas arbitrarias tuvieron el efecto deseado. El sistema se heredó, pero la ideología fuerte que la sustentaba cayó, con lo que sólo quedó la arbitrariedad, y donde se buscaba el beneficio común quedó el particular. Esta podría ser la explicación de por qué este mal se haya muy afincado en sectores políticos afines a la derecha.

Por último, una curiosidad: a pesar de que las nuevas tecnologías de comunicación e informática han favorecido el conocimiento por parte de la ciudadanía de tramas de corrupción, así como su denuncia y persecución, también esas mismas tecnologías, y en mayor medida, han acrecentado el impacto de ciertas prácticas corruptas. Desde el punto de vista económico, la creación de una red electrónica internacional a través de la cual opera el nuevo sistema financiero ha presentado un sinnúmero de interrogantes acerca de cómo regular, controlar y evitar posibles fraudes informáticos. La experiencia nos muestra que la corrupción se vale de los paraísos fiscales, la existencia de monopolios, la evasión impositiva, la licitación de grandes obras civiles, la privatización de empresas estatales, etc. para nutrirse de los recursos nacionales e internacionales tanto públicos como privados.