Durante demasiados años, el independentismo catalán ha estado vendiendo a los ciudadanos de su comunidad autónoma varias ideas discordantes con la realidad. Por un lado, ha estado inculcando en la ciudadanía catalana el hecho de que los recursos generados en Cataluña salían fuera de la Comunidad para subvencionar otras sin la contraprestación adecuada a los recursos aportados. Por otro, que una gestión propia de estos recursos propiciaría que los mismos se ajustasen mejor a las necesidades de la Comunidad y que sólo los realmente excedentarios fuesen aportados a la caja de la solidaridad entre Comunidades Autónomas.

Sobre estas dos premisas, y a falta de un diálogo eficaz que propiciase un acuerdo con el Gobierno Central, se ha ido edificando el castillo de naipes del proceso de independencia catalana. Con el gravoso añadido de tener que admitir, como parte integrante del cóctel, a todos los movimientos políticos que remasen en el mismo sentido, como movimientos antisistema y radicales de toda índole.

Con el anuncio de la independencia, el Gobierno de la Generalitat se enfrentó a la creación de un estado nuevo casi desde cero. Para ello previó la creación de 14 estructuras de Estado para la nueva República y entre ellas estaba, además de la Hacienda propia, un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores y hasta contemplaba la posibilidad de un Ministerio de Defensa.

Igualmente, en el plan de desconexión, se previó una primera fase de recortes de gastos, retrasos en pagos, así como el cobro de impuestos, la emisión de bonos y el control de todas las estructuras estratégicas que, a día de hoy controla el Estado, como son aeropuertos, puertos, centrales nucleares y, por supuesto las aduanas.

Dentro del propio proceso de desconexión ya existían los planes para la obtención de los datos tributarios y catastrales, como se desprende del «Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria», que versa sobre la estructura organizativa de la nueva hacienda catalana, así como de otro sobre el «Catastro de Cataluña en el momento de la desconexión». Ambos informes se encuentran incautados por la Guardia Civil.

Pero entre los planes de la naciente república, también se preveía la posible intervención de la autonomía por parte del Estado que calificaban de «escenario de guerrilla» o «escenario de guerra» en función del alcance que tuviera el mismo, como se explica en un documento manuscrito que envió Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, a Lluís Salvadó y que fue encontrado en el despacho de este último. En ese documento se preveían dos escenarios:

El escenario de una intervención “suave” por parte del Estado, que correspondería al “escenario de guerrilla”,  sin suspensión de las competencias del Gobierno catalán, que se centraría en la activación de medidas alternativas de financiación como bonos patrióticos o acudir al mercado internacional. En este caso la actuación de la Generalitat se sustentaría en la capacidad de sostener su tesorería hasta diciembre, fijando el punto crítico en julio de 2018.

El “escenario de guerra”, en el que se preveía que el Gobierno asumiría el control total de las instituciones catalanas. En este caso, se tendría que actuar desde posiciones técnicas de la administración catalana, activando un plan de ajuste del gasto, retrasando pagos a proveedores, buscando financiación alternativa, la emisión de “bonos patrióticos” o tributación a todas las empresas. En este caso, el plan admite la necesidad de contar con un colchón de 4.500 millones de euros para evitar la paralización de la Generalitat.

Sin embargo, como todos los planes en economía, siempre existe el riesgo de que todo salga mal. De hecho, la repercusión social (que económica no) de la estampida de sedes sociales de empresas, así como la intervención total del Estado, que ha frenado técnicamente la viabilidad del proyecto, ha propiciado la paralización total del proceso de independencia: ni tienen los medios técnicos, ni tienen el apoyo social necesario para el enfrentamiento. Por tanto tan sólo queda retroceder.

Ahora comienza el momento de pagar la factura, porque nada, y menos los excesos, sale gratis en este mundo.

Para empezar, el primer sector que se va a resentir es el turístico. A la imagen del atentado islamista en la Ramblas de Barcelona, que fue bien gestionado, pero que ya genera una cierta inquietud, se une la imagen de una Cataluña dividida y con un importante riesgo de conflictividad, como lo demuestra el mensaje lanzado una y otra vez por el independentismo referente a la “brutalidad policial” demostrada por el Estado a raíz del intento de referéndum. Este sector, sin embargo, es de esperar que se recupere en un espacio de tiempo más o menos breve.

Más grave será el tema de la salida de las empresas. El único precedente comparable es Quebec. Desde el primer referéndum en 1980 hasta ahora la economía quebecois ha crecido casi un punto menos que la media canadiense; 700 empresas han abandonado la provincia francófona, alrededor de 100.000 individuos han emigrado a otras partes de Canadá. También es cierto que tras el proceso la inestabilidad política la fragmentación social continuó, cosa que no tiene por qué ocurrir en el caso catalán. Pero la realidad es que las empresas deslocalizadas tienen ahora un nuevo lugar donde realizar sus futuras inversiones, que antes no se contemplaba, y puede que éste se muestre tan atractivo como Cataluña, ya que a todos los lugares les viene bien una inversión que pueda reportar empleo y bienestar.

Pero lo más grave del caso es la pérdida de confianza del inversor, a lo cual no se le podrá poner coste mas que con el paso del tiempo, cuando se comparen las series históricas de la evolución de empleo e inversión de antes y después del 1-O, por poner una fecha de referencia. Tanto más grave por el hecho del amplio respaldo del proceso de secesión por parte de fuerzas políticas anticapitalistas, antiglobalización y hostiles a la iniciativa privada.