El éxodo de las empresas, algunas de ellas tan simbólicas como Aguas de Barcelona, ha sembrado la duda y la discordia entre el nacionalismo catalán. El tantas veces repetido, como si de un mantra se tratase, el famoso “Madrid nos roba”, acompañado de “una Cataluña independiente sería más próspera”, se ha tropezado con la realidad de una Cataluña que, con solo la duda de un marco legal inestable, ha perdido la sede social de unas empresas que representan la mitad de su PIB.

Por ahora sólo es la sede social, pocas han optado por cambiar también la fiscal, pero el paso sería muy fácil darlo y, una vez hecho, difícilmente existiría una vuelta atrás de la mayoría de las empresas que se hayan marchado.

El efecto económico directo no es grande. No se cerrarán las fábricas de un día para otro, ni se despedirán empleados de manera fulminante. Pero las empresas deslocalizadas es posible que cambien sus planes de inversión futuros y, paulatinamente, vayan disminuyendo el peso de Cataluña, tanto en sus procesos productivos como en su operativa comercial. Igualmente, nuevas empresas que tuvieran pensado invertir en un territorio dinámico, bien comunicado y con mano de obra disponible con un buen nivel de formación, se lo piensen y analicen otras opciones menos interesantes pero viables para sus proyectos.

El caso, y es lamentable, es que la verdad podría haberse sacrificado en pos del mensaje ideológico. Y es que, desde la Edad Media, la economía catalana ha estado vinculada a la economía española de forma indisoluble. De modo que, los periodos de crecimiento económico de unos y otros han coincidido casi plenamente, sin importar el grado de independencia o de reconocimiento de las instituciones catalanas. Tanto es así, que se puede afirmar que dos de los periodos de mayor expansión y pujanza económica de Cataluña tuvieron lugar en periodos en los que las instituciones catalanas fueron reducidas al mínimo. Serían el periodo que va desde el famoso 1.714, con las políticas llevadas a cabo por los primeros borbones, hasta finales del siglo XVIII y, por otro lado, el periodo abierto en 1.960, tras la posguerra, con el desarrollo económico acelerado que sacudió a toda España y que tuvo especial repercusión en la zona de Cataluña.

En el primer caso, se puede afirmar sin duda que, tras las crisis de la Guerra de Sucesión, que nunca fue una guerra de España contra Cataluña, sino un escenario más de las guerras de poder de las potencias europeas por hacerse con la hegemonía a costa del declive de la corona española, el siglo XVIII fue claramente favorable a la economía catalana. Crecimiento de las fuerzas productivas, acusada movilidad social, progresiva estabilidad política acompañado de creatividad cultural en los distintos campos tuvieron como consecuencia que, a fines de siglo, la población catalana hubiera crecido un veinte por ciento más que la media española y casi un cincuenta por ciento más que la de las dos Castillas. De modo que Barcelona triplicase su población a lo largo del siglo, pasando de menos de 40.000 habitantes a 130.000.

Al mismo tiempo, tampoco faltan pruebas de una política borbónica para favorecer a los sectores económicos catalanes -como la prohibición de importar productos de algodón decretada por Carlos III en 1771. Además, la supresión de aduanas interiores entre Castilla y Aragón permitió el libre acceso al mercado castellano de la producción catalana y ofreció oportunidades desconocidas para los productores y comerciantes catalanes.

De hecho, las nuevas oportunidades de negocio impulsadas por la globalización auspiciada por los borbones a raíz de la uniformidad del marco legal y económico en todos sus territorios, propició el asentamiento, entre 1778 y 1820, de 1.263 comerciantes catalanes en la América española, algo que nunca había ocurrido con la dinastía de los Austrias y que subraya la capacidad catalana para la extroversión económica.

En el segundo caso, tras una postguerra plagada de represión y el terrible periodo de economía autárquica, la implantación del Plan Nacional de Estabilización Económica, a partir de 1.957, dio lugar a un crecimiento económico sin precedentes auspiciado por la inversión extranjera. El impacto en Cataluña fue, sin duda, aun mayor que en el resto del país, de modo que se convirtió en una de las metas del movimiento migratorio, que dio a Barcelona y a las localidades de su entorno un crecimiento acelerado.

Lo curioso del caso es que, a cada periodo de pujanza económica, quizás a causa de que la excesiva inmigración tiende a diluir la idiosincrasia propia catalana, le sigue otro periodo de incremento de sentimiento nacionalista, quizás como una reafirmación de un sentir catalán que se siente acosado y que acaba desembocando en una crisis social de resultados inciertos y, hasta ahora, no demasiado buenos ni para catalanes, ni para el resto de España.