El Banco de España ha publicado que da por irrecuperables 60.613 millones de euros del rescate a la banca de los 76.410 en que valora el total de las ayudas concedidas. Cifra en 4.139 millones el dinero que se ha recuperado, lo que representa un 5,41% de las ayudas otorgadas al sector financiero. El documento pronostica, además, que podrían recuperarse otros 12.198 millones de euros por medio de, por ejemplo, la venta de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN). Si esto ocurre finalmente, España recobraría 16.336 millones, lo que equivaldría al 21,379% de las ayudas otorgadas a la banca. Dicho de otra forma: de acuerdo con el Banco de España, casi ocho de cada diez euros destinados a apuntalar el sistema financiero nunca volverán a las arcas públicas en el mejor de los casos.

Da qué pensar el hecho de que esta noticia haya pasado casi inadvertida, como si fuera lo más normal de este mundo. Pero es que realmente lo es, hay que entender el proceso para comprender por qué el anuncio de esta pérdida ya no es una noticia relevante.

Los ciudadanos ya vieron el rescate como un regalo a la banca, y nunca terminaron de entender cómo unas empresas que se gestionaron mal, que se endeudaron por encima (ellas sí) de sus posibilidades, disfrutaron de una segunda oportunidad a costa del erario público.

No entendieron cómo fue que directivos y consejeros de las cajas de ahorro, que habían financiado proyectos de corte más político que económico, fueran apartados de la gestión y premiados con retiros millonarios, mientras la entidad era rescatada. Al mismo tiempo, la crisis, que para todos llegó, se llevó por delante los ahorros, los empleos y las viviendas de un sin número de familias, sin que para ellas existiera ningún plan de rescate más allá del subsidio de desempleo.

Las promesas de Rajoy, diciendo que “sólo era un rescate financiero” nada de una intervención de Bruselas en la economía, que las ayudas serían devueltas por las entidades rescatadas y que no habría coste alguno para el bolsillo del contribuyente, han quedado al fin vacías de contenido.

Para empezar el rescate fue más elevado de las cifras que entonces se ofrecieron y, además, la devolución del mismo nunca fue un escenario que se barajase. La banca se había endeudado y se había embarcado en mucho más de lo que podía digerir y el proceso de rescate fue sólo una manera de repartir el coste del saneamiento entre las propias entidades y el Estado, que somos todos.

La nota informativa del Banco de España (PDF) de septiembre de 2013 cifraba en 61.366 millones de euros la ayuda oficial a la banca entre 2009 y 2013. A esto había que añadir otra serie de ayudas no contabilizadas oficialmente pero reales, llegando hasta los 246.441 millones de euros, según el FMI (PDF) en las mismas fechas, si contamos con la adquisición de los activos tóxicos o los «esquemas de protección de carteras de activos» (EPA), que suponen una protección frente a pérdidas procedentes de activos: es decir, si un banco adquiere activos de otra entidad puede estar blindado frente a posibles pérdidas generadas por dichos activos con garantía pública.

Pero hay más, según el Tribunal de Cuentas del Congreso (PDF), el volumen de dinero público inyectado a las entidades financieras rescatadas —principalmente, cajas de ahorros— asciende a un total de 122.122 millones de euros.

En los cálculos del supervisor se incluyen no sólo las inyecciones de capital, sino también las garantías contra pérdidas (esquemas de protección de activos, EPA) concedidas a varias entidades para poder colocar dichos activos. Una especie de subasta inversa: quien menos garantías pedía, se la quedaba. El importe total por este concepto es de 28.666 millones, a los que se suman otras garantías por 7.711 millones. Asimismo, el Tribunal de Cuentas incluye en su contabilidad «líneas de crédito para liquidez» por importe de otros 16.700 millones.

La diferencia entre lo inyectado y el “coste” (la pérdida) responde a lo que ya ha recuperado y lo que puede recuperar el Estado: principalmente, su participación en Bankia y BMN, valorada en 11.187 millones, y la parte de las garantías que no se utilice (de momento, el saldo vivo es de 17.211). A este importe hay que añadir que el Estado otorgó avales a las entidades de crédito, para que pudieran pedir dinero prestado en el mercado en lo más duro de la crisis, por un importe de 85.965 millones de euros. Ese dinero ha sido ya devuelto por el sector, salvo una única emisión que queda viva por importe de 1.059 millones. Asimismo, Sareb (el banco malo) tiene emitidos 43.476 millones en deuda avalada por el Estado.

De todo este importe de 122.122 millones ya se daban por perdidos al cierre de 2015 60.718 millones de euros, cifra que se aproxima a los 60.613 millones que ha anunciado el Banco de España recientemente.

Es, por tanto, muy normal que no haya habido prácticamente revuelo alguno ante el anuncio de la noticia. La sabiduría popular lo supo desde el primer momento, y lo confirmó desde que comenzaron las declaraciones de De Guindos y de Rajoy asegurando que las ayudas a la banca las pagaría ella misma. Porque estamos acostumbrados a que el silencio de los políticos sea malo, pero sus promesas siempre sean peores.