Según una encuesta de Metroscopia para El País, el 77% de los españoles considera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha gestionado bien la crisis territorial de Cataluña. Siendo a destacar el dato de que este porcentaje se dispara hasta el 96% entre los ciudadanos catalanes, incluyendo los propios votantes del PP.

La diferencia entre votantes catalanes y del resto de España estriba en lo que piensan acerca del referéndum. La mayoría de los catalanes, aunque no apoyen la independencia, desearían la celebración del referéndum, probablemente más por zanjar de una vez el tema que por la consecución de la independencia en sí.

Y es que, en este juego de tira y afloja, los líderes soberanistas catalanes no han parecido tener en cuenta la sensación de hartazgo extendida entre sus propios ciudadanos. De hecho, es muy posible que la falta de una tercera opción esté minando las aspiraciones separatistas: de existir una vía que incluya una modificación constitucional que les permitiera seguir formando parte de España, pero que otorgara a su vez a Cataluña nuevas competencias en exclusiva, posiblemente esa sería la opción ganadora.

A día de hoy, Cataluña se enfrenta a un proceso en el que no parece haber marcha atrás, mientras que la base de su electorado se muestra cada vez más desencantada con el proceso en sí. Además, ya han empezado a caer los juicios y condenas por la consulta del 9-N, como la inhabilitación del expresidente Artur Mas y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, y del diputado Francesc Homs. Debido a que la estrategia de Rajoy se basa en dejar que su oponente se desgaste mientras los juzgados hacen su tarea. Curiosamente, algo parecido a lo que a su partido le podría ocurrir de tener a un rival digno en un hipotético enfrentamiento electoral.

Por si fuera poco, lo que podría ser el principal caballo de batalla de los partidos independentistas se ha convertido en algo de lo que mejor no hablar. El tema de la corrupción, posiblemente más institucionalizada aun en Cataluña que en el resto de España, está siendo, gracias a la familia Pujol, una sombra, que más que alargada, es capaz de cubrir toda la labor, buena o mala, llevada a cabo por uno de los partidos adalides del proceso independentista.

Aun así, nada parece frenar a los políticos cuando creen que tienen un pulso que ganar (o cuando por su política de tierra quemada no les queda opción de dar un paso atrás) y, a pesar de que todas las desventajas de una Cataluña independiente serían un precio muy alto, reconocidos por todos menos por ellos, no cejan en su empeño, y las fechas en su calendario se acercan.

El mecanismo, el más simple del mundo, que el Parlament catalán vote una ley de desconexión con el sistema constitucional español. Así ya no estarán sometidos ni a la Constitución ni a lo dictado por el Tribunal Constitucional. Éste perdería competencia para invalidar la ley de “desconexión”, puesto que la misma invalida su poder en Cataluña. No se puede hacer más sencillo, ni más ilegal, por otro lado.

Por ahora, ni los argumentos legales, ni los argumentos jurídicos, ni la batalla legal que sentará a muchos líderes independentistas en el banquillo, ni los muchos argumentos económicos que vaticinan el desastre de una Cataluña independiente, parecen frenar o acallar el proceso.

De hecho, los argumentos económicos son poderosos, no olvidemos que éstos fueron los determinantes en el NO del referéndum de Escocia. Para empezar, España perdería de un plumazo el 19% de su PIB. Y en ese hipotético escenario sería la mejor parada. Para la supuesta nación catalana el varapalo sería terrible:

La salida de capitales y empresas desangraría al flamante nuevo país. Multitud de empresas catalanas -prácticamente todos los que pudieran- buscarían la reubicación en territorio español (seguro que la Comunidad de Aragón se frota las manos) en un puro ejercicio de supervivencia. Pero, además, el capital extranjero, tan poco dado a aventuras, saldría del naciente estado más rápido de lo que se tarda en firmar la declaración de independencia.

Otro efecto demoledor se notaría en su balanza de pagos: aproximadamente el 60% de los productos catalanes tiene su mercado en el resto de España, cifra que disminuiría drásticamente. Además, todo su comercio exterior se vería sometido a aranceles, impuestos aduaneros y cuotas de venta y hasta vetos. Lo que encarecería sus productos y arruinaría a no pocas empresas catalanas. Además, Cataluña se vería fuera del Acuerdo de Schengen, lo que afectaría a los catalanes y a aquellos turistas que quisieran visitar Cataluña, dado que la libre circulación se cancelaría.

Pero lo que más parece estar influyendo en la evolución de las encuestas de intenciones del votante catalán es la más que previsible salida de la Unión Europea; la determinación mostrada en el proceso del “Brexit” deja entrever que la misma regirá a la hora de expulsar (o no admitir) a Cataluña en el seno europeo.