Europa ha sido tradicionalmente un modelo de estabilidad y crecimiento, al que miraban con envidia buena parte de los países del mundo entero. Una comunidad exclusiva donde el listón para ser admitido era tan alto como largo el tiempo en conseguirlo. Sin embargo, tras la caída del muro y la reunificación alemana, de la Europa de los doce, pasamos a la de los dieciocho y de ahí a la de los veinticuatro sin apenas asimilarlo. Sin darnos cuenta, Europa se fue haciendo más grande, más cosmopolita y más débil.

Los problemas estructurales que arrastraban los últimos socios en entrar, con una economía bastante más débil que la media europea, significaron que el sistema de subvenciones europeas tuviera que hacer un sobresfuerzo para intentar eliminar las enormes diferencias entre los países más poderosos y los nuevos miembros. Así, el euroescepticismo fue creciendo en aquellos países a los que les tocaba arrimar el hombro mientras que la creencia en que la mera pertenencia a la UE resolvería todos sus problemas cundía entre los países receptores de ayudas. Y de los logros del Tratado de Maastricht se llegó al fracaso de la aprobación del Tratado Constitucional de Roma.

Llegó la crisis, y con ella se evidenciaron los problemas. Buena parte de las economías europeas, sobre todo el sur, se vieron arrastradas a la recesión, al desempleo y a un desmesurado desequilibrio en el déficit público. Grecia, Portugal e Irlanda tuvieron que acudir al rescate de su economía, España se salvó porque se opuso y porque tampoco se tiene claro si por el tamaño de su economía hubiera podido ser rescatada, aun así, necesitó ayuda para reflotar su sistema financiero. Francia e Italia también coquetearon con el desastre. Pero fue Grecia la que captó el foco de atención, con una economía dañada y tremendamente subvencionada y con unos niveles de endeudamiento y corrupción terribles, hacen que la tarea de reflotamiento no esté resultando una tarea fácil. Además, la imposición por parte del núcleo duro de la UE de medidas de austeridad casi suicidas está resultando una dura prueba para las economías más débiles de la Eurozona.

Pero no iban a acabar aquí los problemas, la crisis de los refugiados, golpeando en su mayor parte precisamente en Grecia, no hace más que minar las relaciones entre los socios europeos, conminados por parte de su población a aceptarlos dentro de sus fronteras e imposibilitados a hacerlo hasta no haber resuelto el problema interno del desempleo y la crisis que aún sigue coleando en buena parte de la Unión. Y así, bloqueados en un baile de promesas (entre ellas alguna que otra a Turquía, si se aviene a contener la oleada en sus fronteras) ha visto sus fronteras asaltadas, lo que no ha hecho sino dar más alas al euroescepticismo, tal y como se ha visto con la campaña por la salida de Gran Bretaña de la Unión.

Y cuando Europa no ha terminado de asimilar el golpe del “Brexit”, detona la crisis bancaria italiana que supondrá otra nueva prueba al sistema arroja político, financiero y económico europeo. Si el sistema de medios de pago de Italia, la tercera mayor economía de la UE y la octava del mundo, colapsa, el proyecto europeo recibiría un golpe letal. Si la crisis de deuda desencadenada en Europa a raíz de la insolvencia griega puso en cuestión la viabilidad de la unión monetaria, la de la banca trasalpina, en una economía estancada y con una deuda que representa el 140% respecto al PIB, tendría consecuencias devastadoras.

La situación de la banca italiana ya viene de lejos, y nada han hecho los gobiernos de ese país, su banco central y sus organismos supervisores sino desoír las continuas llamadas de atención de la UE para adoptar las medidas correctivas imprescindibles para sanear y restructurar su sistema financiero. Posiblemente debido a su prolongada inestabilidad política se ha permitido que éste acumule 360.000 millones de euros de créditos incobrables, un tercio del total de la UE, y poco se ha hecho para reformar un modelo bancario muy fragmentado e ineficiente. Italia tiene más de 600 bancos con una red de 52 oficinas por cada 100.000 habitantes (frente a las 14 de Alemania o las 35 de Estados Unidos) siendo así la banca menos rentable de Europa occidental, agravado por el estancamiento económico y los bajos tipos de interés.

La alerta ha surgido tras el aviso del BCE al banco italiano Monte dei Paschi di Siena para que redujera antes de 2018 su volumen bruto de préstamos dudosos, desde los 46.900 millones de euros actuales hasta los 32.600 millones de euros. Esto provocó su desplome y lo pone en el disparadero de entidades a ser rescatadas. Inmediatamente, el gobierno italiano ha concedido, con el visto bueno de la UE, garantías públicas a sus bancos por valor de 150.000 millones de euros. Un escudo que los bancos italianos podrán utilizar cuando haya imprevista carencia de liquidez. Sin embargo, esto podría no ser suficiente, por lo que el Gobierno de Matteo Renzi está valorando inyectar cerca de 40.000 millones de euros en los bancos perjudicados (que no se sabe de dónde los sacaría, dado el nivel de endeudamiento de la hacienda italiana), a pesar de la oposición de Bruselas y Berlín. Por tanto, ha solicitado a Banco Central Europeo que acuda al rescate.

El argumento italiano para solicitar la ayuda a Europa es el clima de inestabilidad abierto tras el “Brexit”, pero aunque se aprobase tal ayuda desde Europa, implicaría aplicar las normas instauradas por Bruselas en 2015 con la finalidad de limitar el riesgo de que los contribuyentes europeos, en especial los del norte, soporten el coste de los rescates bancarios y que las entidades en dificultades sean auxiliadas básicamente mediante dinero privado. Como mínimo, el 8 por ciento del pasivo del banco debe cubrirse con el capital aportado, primero por sus accionistas y en fases sucesivas por el resto de acreedores privados. Las autoridades nacionales, previa autorización de Bruselas, podrán cubrir un 5 por ciento extra de la deuda con el uso de los nuevos fondos de resolución. La dificultad de aplicar este esquema cobra mayor dureza en el mercado italiano, en el que los ciudadanos son accionistas de las entidades y dueños además de un 30 por ciento de la deuda corporativa emitida por ellas.

Lo que está claro es que estamos a las puertas de un nuevo fenómeno: de tener que rescatar a entidades financieras porque eran demasiado grandes para dejarlas caer, a no poder rescatar a un sistema financiero porque es demasiado grande para ello.