Las bondades de un sistema democrático como el que vivimos tiene su mayor escaparate cuando llega la época electoral, en la cual se decide el rumbo del país durante los siguientes cuatro años. Las distintas formaciones políticas publicitan sus propuestas y cada votante escoge aquellas que mejor encajen con sus preferencias ideológicas. Un poco como en una economía de mercado libre pero en lo que a ideologías políticas se refiere. En teoría los candidatos exponen sus ideas de gobierno o producto para que el votante, o consumidor, escoja la opción que más le conviene al precio de su voto.

Pero ahondando en la realidad vemos que los candidatos no pugnan por ofrecer a los ciudadanos aquellas medidas factibles que promoverán de un mejor modo los intereses generales del país. Al contrario, el objetivo fundamental de los políticos no es otro que ganar las elecciones y llegar a La Moncloa. Con el agravante de que, con tal de lograr ese objetivo, están dispuestos a mentir, engañar y manipular al electorado tanto como sea necesario: sus promesas electorales no son programas de gobierno, sino calculados embustes para tomar el poder. Es por eso que el catálogo de embustes, tanto en los programas electorales, como en los argumentos esgrimidos para atacar al contrario, tienen muy poca relevancia, ya que su propósito no es otro que conseguir el mayor número de escaños posible y, en el mejor de los casos, la suficiente fuerza política como para poder alcanzar el gobierno.

Hasta aquí no deja de ser parecido a un sistema de mercado del capitalismo más salvaje: está claro que si no existiesen imperativos legales con respecto a la calidad de los productos, trabas a las estrategias publicitarias y no existiesen organismos que luchasen por intentar introducir libre competencia en los mercados, el escenario en los mismos sería igual o peor que en la política. Con empresas que buscarían más el desprestigio de las de la competencia que la mejora de sus productos, con estrategias que intentarían más destruir al competidor que crear beneficios al consumidor para ser ellos los elegidos.

El ejemplo de las mentiras destructivas, de la manipulación de la información a la que nos someten nuestros líderes demócratas lo estamos viendo todos los días desde nuestro sofá a poco que nos interesemos un poco por la veracidad de las declaraciones de los mismos. Sin ir más lejos, en el famoso debate a cuatro del principio de campaña escuchamos que el “Ejecutivo siempre había cumplido los objetivos de déficit, y que en 2015 volvería a hacerlo”, cuando es ya sabido que ha habido una desviación de 8.000 millones de euros respecto al límite que impuso la UE. De hecho, se baraja la posibilidad de una sanción que sería comunicada a España tras la cita electoral debida, más que al incumplimiento en sí, a que De Guindos hizo caso omiso de los avisos que la UE realizó (atacando además al comisario europeo de Asuntos Económicos Moscovici) y además rechazó realizar ajustes a los Presupuestos del 2016, tras el dictamen negativo de la Comisión.

Pero no fue el único caso: a otro candidato se le llenó la boca diciendo que “la fórmula de la derecha es recortar las pensiones”, olvidando que el primero en congelarlas fue Zapatero al final de su mandato, saltándose además en 2008 y 2009 la ley que le obligaba a realizar aportes al Fondo de Reserva o “hucha” de las pensiones en años de superávit. Pero además todos los candidatos utilizaron datos obsoletos para lanzar sus ataques, por ejemplo, hablando de la temporalidad en el empleo, tema en el que, si bien los datos son malos, han mejorado respecto a años anteriores. O directamente datos manipulados o exagerados triplicando el dato del INE de familias que no pueden permitirse una “comida de carne, pollo o pescado” al menos cada dos días: del 2,6% real al 7% que esgrimió el candidato.

Lo que está claro es que nuestros políticos son un reflejo de nuestra sociedad, en la que importa más un titular que una noticia, en la que es más fácil atacar que defenderse y en la que el ascender por los valores propios es mucho más complicado que el hacerlo por echar tierra sobre los demás. Pero además existen dos efectos muy claros en relación a las mentiras en los programas electorales:

  1. Por un lado ocurre que el votante es bastante reacio a reconocer que ha sido engañado. Una vez embaucados y seducidos por el partido de turno, la hinchada militante está dispuesta a creerse las nuevas mentiras con las que pretenden justificar por qué mintieron previamente. Por ejemplo, «nos comprometimos a bajar impuestos y los hemos subido porque la situación económica era mucho peor de lo que nos habían contado»; o también «anunciamos el fin de los recortes y un impago generalizado de la deuda, pero aprobaremos más recortes y asumiremos más deuda porque la alternativa habría sido salir del euro».
  2. Por otro lado, los costes de incumplir abiertamente su programa tampoco resultan demasiado gravosos. Por ejemplo, si un partido político cree que, debido a circunstancias excepcionales, sólo posee una oportunidad de acceder a las instituciones, hará lo imposible, incluyendo mentir y engañar, durante la campaña electoral para aprovechar esa oportunidad. A sabiendas de que, si no lo consigue, no pasa nada, y si logra su objetivo, entre la euforia y las justificaciones de “herencias” podrá eludir la responsabilidad de sus promesas.

En definitiva, si las reglas de la política fueran las mismas que las del mercado viviríamos en una sociedad sin más norma que la supremacía del más fuerte, inmersos en el capitalismo más salvaje en el que el fin justificaría cualquier medio, sin consecuencias, sin trabas a cualquier estrategia y sin más remordimiento que el que dictase la derrota.