Desde el comienzo de la crisis en el 2008 hasta el 2012, según un informe publicado por el Sindicato de Técnicos de Ministerio de Hacienda (Gestha) la economía B creció en 60.000 millones de euros, superando los 253.000 millones: un 25% del PIB. La persecución de estos defraudadores bien siendo una ardua tarea, no siempre bien recibida por el resto de la sociedad, harta de ver cómo la Agencia Tributaria, desde lo que se desprende de sus propias declaraciones, está más preparada para perseguir al pequeño defraudador que a los grandes. De hecho la posibilidad de defraudar siempre va en función de los medios económicos disponibles, pudiendo, a mayores medios, enmascarar mejor la operación, dotarla de más complejidad y hasta de cobertura legal. Pero las ventajas no acaban ahí, un gobierno aparentemente incapaz de luchar contra este fraude organizado, siempre puede ofrecer una amnistía fiscal que haga aflorar este fraude, aunque lo recaudado quede en irrisorio.

Para el presidente de Gestha el fraude fiscal realizado por trabajadores y pequeños empresarios supone sólo una mínima parte del total. De hecho, la propia Hacienda sabe que más del 72% del total del fraude es imputable a grandes empresas y a grandes fortunas, como también sabe que la persecución de este fraude, tanto por falta de medios, como por sofisticación del mismo, es casi imposible. Así, esta falta de persecución a los grandes defraudadores (o de resultados), junto a los numerosos escándalos de corrupción política, no hacen sino alentar al aumento de “una desafección de los españoles hacia el pago de impuestos”.

Recientemente ha visto la luz un informe de la Comisión Europea que trata sobre los desfases entre lo que se estima que se debería haber recaudado y lo efectivamente ingresado en las arcas del Estado, así se ha sabido que en 2013, España dejó de ingresar 12.094 millones de euros por culpa del «fraude, la evasión fiscal, la elusión, las bancarrotas, insolvencias financieras y cálculos erróneos». Este es un indicador de la efectividad de la recaudación del IVA, llamada brecha fiscal, que se obtiene de sustraer los 61.350 millones de euros ingresados por el Estado de los 73.444 que, según Bruselas, deberían haber entrado en las arcas públicas.

El país no llegó a embolsarse 11.610 millones de euros en 2012 y 12.094 millones en 2013, en concepto de IVA, lo que representa un 17% y un 16,5%, respectivamente, de lo que podría haber recaudado según las estimaciones comunitarias, lo que hace un total de 23.704 millones de euros y sitúa a nuestro país por encima de la media europea (cómo no) en lo que a brecha fiscal se refiere. Muy lejos de Finlandia, con el 4,1%, por desgracia, pero también del 41,1% de Rumanía o del 33,6% de Italia. Sin embargo, de estos malos resultados cabe una cifra esperanzadora, desde que comienza esta medición en 2.009, la brecha fiscal ha disminuido en España desde el 22,1% de ese año hasta el 16,5% del 2.013.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos números corresponden solamente al concepto por IVA, de hecho, la brecha puede ser mucho mayor desde el momento en que, según el informe de Gestha, en los últimos años el fraude fiscal en general viene aumentando año tras año.

Los motivos del incremento del fraude son evidentes: tras el enorme batacazo del sector inmobiliario y su posterior efecto arrastre sobre el resto de la economía y sobre la tasa de desempleo, las continuas subidas impositivas y los recortes sociales han motivado que a un enorme volumen de población sólo le queden unas limitadas salidas para poder seguir viviendo, entre las que destaca trabajar en negro. De hecho, no deja de ser curioso que este país tenga una tasa de paro del 25% aproximadamente y se estime en un 25% del PIB el volumen de la economía sumergida.

Pero aún hay otro factor que ha influido, y mucho, en el aumento de estos niveles de economía sumergida. De hecho ha influido desde dos vías: directamente, porque este factor es, en sí mismo un generador de economía B, e indirectamente, porque su existencia anima y empuja a la autojustificación a los defraudadores. Este factor es el de la corrupción. Todos y cada uno de los estamentos de Gobierno, políticos, sociales, culturales, etc. de este país han tenido en estos años, y tienen, en mayor o menor medidas tramas corruptas que han estafado, desviado o simplemente perdido miles de millones de euros. A veces han sido actuaciones delictivas flagrantes de enriquecimiento: caso SGAE, caso Matas, caso Bárcenas, la Púnica (y la lista podría seguir mucho más) y en otras la corrupción no ha podido ser esgrimida porque el hecho ha sido embarcarse en inversiones monstruosas sin sentido, hipotecando las arcas públicas para el fin de los tiempos, llámese aeropuerto de Castellón, o el de Ciudad Real, o polideportivos varios, etc. Para estos casos haría falta en nuestro código penal la figura de la “negligencia absoluta” con el agravante de “político electo”.