“Hala majo, te ha tocao” fueron las primeras palabras de las que fui consciente tras la noticia por parte del policía local de que había salido agraciado en el sorteo por el que se eligen a los miembros de las mesas electorales. Pero tras mi momento de estupor, empecé como casi todo buen español a barajar las posibilidades que tenía de escapar de tal obligación y dedicar mi domingo a otros menesteres más reconfortantes pero de menos utilidad a mi país.

Las mesas electorales se componen de un presidente (ese seré yo) y dos vocales (dos de mis vecinos seguramente con la misma ilusión que yo) que, acompañados de varios interventores de los partidos candidatos (estos sí que están por vocación), llevaremos a cabo las diversas tareas administrativas durante alrededor de catorce horas a cambio de una contraprestación económica de 62,61 €, un día de cotización a la Seguridad Social y una dispensa de 5 horas de trabajo en la jornada siguiente para aquellos empleados por cuenta ajena.

Los motivos para excusar tal tarea son escasos y casi todos relacionados con temas de salud, propia o de personas directamente relacionadas, también la guarda de hijos menores puede dispensar, así como estar en prisión, ser mayor de 65 años, ser discapacitado, no tener ningún tipo de estudios, ser miembro de las fuerzas de orden público, o servicios sanitarios o jefe de servicio de información pública o candidato de alguna de las formaciones políticas que se presentan. Eventos de tipo familiar de especial relevancia o pertenencia a alguna fe religiosa que exija clausura o dedicación plena durante ese día también pueden ser alegados. Ninguno de esos es mi caso. Y la alternativa (el consabido escaqueo) está castigado con penas de prisión comprendidas entre los tres meses y el año, o una multa de seis a 24 meses.

El caso es que el Estado, sólo en concepto de retribuciones a los ciudadanos que cumplamos con nuestro deber democrático, va a desembolsar un total de 10.844.116 €, a razón de 57.739 mesas electorales con tres miembros retribuidos. Todo ello para habilitar la posibilidad de votar a 34.634.572 de votantes nacionales más 463.765 votantes foráneos cuyos países tienen convenio firmado con España para las elecciones municipales.

Pero no es el único gasto que afronta el Estado con motivo de las elecciones. Según los Presupuestos Generales del Estado del 2015, en un año electoral marcado por unas elecciones municipales y otras generales, se ha previsto para gastos de personal 1.119.280 €, así como 187.728.000 € para gastos de material, suministros, etc. Además, hay que recordar la subvención que perciben los partidos políticos y que consiste en 270,9 € por concejal electo más 0,54 € por voto válido recibido en las elecciones municipales, siempre que se haya obtenido al menos un concejal; para las generales, estas cuantías son de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado y de 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos, siempre que se haya obtenido al menos un Diputado, y 0,32 euros por cada uno de los votos conseguidos siempre que se hubiera obtenido al menos un escaño de Senador. Además existen subvenciones de 0,22 € por elector por envío de propaganda electoral. En total, para estas subvenciones se cuenta con una partida presupuestaria de 156.435.340 €.

Esto da un total de 345.382.620 € presupuestados, a los que habrá que añadir las partidas de las distintas comunidades autónomas que se suman a la fiesta de la democracia en este año y que pueden sumar alrededor de 90 millones de euros. En definitiva, una cantidad cercana a los 435 millones de euros. Tal vez esto explique el especial interés, al margen del legítimo democrático, que tienen todas las formaciones políticas por combatir la abstención.

Estas cantidades previstas para remunerar los votos son una de las principales fuentes de financiación de los partidos políticos aunque no la única. De hecho, esta partida supone el 80% de los ingresos de los partidos y permite a los mismos endeudarse con los bancos, que les adelantan cantidades económicas basándose en la cantidad de votos prevista. El 20% restante la obtienen los partidos de cuotas de los afiliados o de donativos de particulares (ya no de empresas, desde el 2013).

Como puntos negros a señalar en esta financiación destacan las condonaciones de deudas por parte de algunas entidades financieras a diversas formaciones políticas. De hecho, en el 2005 el PP y el PSOE justificaban el perdón de deudas de los bancos con los partidos políticos como una práctica usual, y así, La Caixa, Caixa Galicia, el Banco Santander, etc. cuentan en su haber con condonaciones a diversas formaciones políticas. Por otro lado, el órgano encargado de vigilar estas operaciones, el Tribunal de Cuentas, al que los partidos deben rendir explicaciones anualmente acumula un retraso importante en su trabajo, a pesar de que deba emitir informe en los seis meses posteriores a la presentación de las cuentas de los diversos partidos, lo cual implica, teniendo en cuenta que la prescripción del delito de financiación ilegal se establece a los cuatro años, que es muy complicado para el tribunal detectar a tiempo y castigar un supuesto delito de financiación ilegal.

Vuelvo a mi realidad, seré presidente por un día, recibiré una ingente cantidad de sobres (por desgracia no de los que tanto parecen gustar a muchos de nuestros políticos) y cruzaré los dedos porque mi día acabe cuanto antes y con las menos complicaciones posibles.