Los grandes niveles de pobreza energética de nuestro país, unido a la presión de Europa para que nuestro Gobierno tome medidas, han hecho por fin que el Ejecutivo mueva ficha para la creación de una figura que, bien se estructure como un bono social semejante al existente ya con la energía eléctrica, bien lo haga como cualquier otra fórmula que Industria pueda idear, permita a los consumidores que tengan rentas más bajas acogerse a esta medida y de esta manera hacer frente al pago de la factura de gas que llega a su vivienda.

El paso llevado a cabo hasta ahora es la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, por tanto, queda todavía un largo trecho de trámite parlamentario, el cual no se augura que vaya a ser un camino de rosas. El motivo es que la reforma de la Ley no sólo incluye la creación de este bono social del gas, sino que también abre la puerta a la creación de explotaciones de yacimientos de hidrocarburos por fracturación hidráulica (el famoso “fracking”), explotaciones que ya fueron objeto de una regulación en el 2013.

El caso es que poco ha trascendido del alcance de la reforma que pretende el Gobierno. Así, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de ayuda  recibiría el colectivo susceptible de ayudas al gas, como tampoco se sabe los criterios que se seguirán para determinar quién podría acogerse a las ayudas. Lo que sí se sabe es que la nueva regulación de las explotaciones de hidrocarburos conllevará la creación de un nuevo impuesto que con un tipo recaudatorio de entre el 7-8% servirá para compensar, por un lado, a las Comunidades Autónomas con explotaciones y, por otro, a los dueños de los terrenos afectados con objeto de compensarles por los daños previsiblemente permanentes que las explotaciones de este tipo dejan sobre el terreno. El tercer punto que ha trascendido es la inclusión de una serie de medidas para fomentar la competencia en el sector gasístico, que podría acarrear incluso la llegada de nuevos proveedores extranjeros.

Independientemente de que las medidas para el fomento de la competencia den resultado o no o de que la normativa sobre el “fracking” sea o no la adecuada y permita realmente reducir la dependencia del país del petróleo extranjero, lo cierto es que vincular una medida urgente que permitiría paliar la urgencia de cientos de miles de familias a la regulación que permita que empresas solventes (a juzgar por la inversión que una explotación de extracción de hidrocarburos requiere) puedan realizar sus negocios para seguir ganado dinero, no creo que sea una gran idea. Con el invierno ya asentado en el país (y menos mal que llegó tarde), el hecho de que una gran cantidad de hogares no puedan calentar debidamente sus casa debería preocupar al Ejecutivo mucho más que prever una fórmula para compensar a los dueños de los terrenos de las futuras explotaciones, por lo que no se acaba de entender cómo no se habilita una medida urgente destinada a paliar esta falta de recursos, independientemente de su posterior regulación como corresponda.

Realmente el impulso de esta medida social para el gas procede de las recomendaciones sobre política energética que en repetidas ocasiones la Comisión Europea ha lanzado al Gobierno español: Bruselas no entiende cómo es posible que en un país tan castigado por la crisis como el nuestro no exista ningún tipo de ayuda social a las familias más desfavorecidas en el consumo del gas, recordando que su uso principal es el de calefacción y el cocinado de alimentos. Sin embargo, a pesar de las presiones europeas, lo cierto es que la sensación es que Industria no tiene demasiada idea de cómo instrumentalizar una medida social para el gas. Frente a las medidas que llevan funcionando varios años en diversos países de Europa (esos a los que nos gusta tanto compararnos) y en los que, dentro de diversos modelos, empresas y administraciones se implican en encontrar una solución para aquellos consumidores más desfavorecidos, el caso es que después de tantos titubeos y retrasos, es muy posible que el bono del gas pueda tener las mismas características que tiene el bono social eléctrico y que las personas que se beneficien de él tengan que cumplir los mismos requisitos. En otras palabras: los hogares que podrían aspirar a ser beneficiarios deberán estar formados por pensionistas de más de 60 años, o por familias numerosas, o tener a todos sus miembros en desempleo. En cuanto a los comercializadores, el sector del butano está de acuerdo con este tipo de protección a los consumidores siempre que se libere el precio de la bombona en el mercado.

Sea como sea, el caso es que este invierno muchas familias sólo van a poder calentarse con las promesas de mejor vida provenientes de la campaña electoral que ya calienta motores, con las afirmaciones de que todo va mucho mejor del partido en el poder, o con las de que todo va a mejorar si mi partido gana las elecciones, que para el caso calientan igual. Con eso y con los avances en los casos de corrupción que nos salpican cada día, que también calientan bastante.