Cada vez menos apoyos tienen los auspicios del Sr. Rajoy y su equipo de gobierno acerca de las previsiones de creación de empleo para los siguientes años. Ahora ha sido un informe del BBVA (PDF) el que ha desmontado las previsiones del Gobierno y ha estimado que, aun volviendo España a un estado de normalidad, con crisis superada, quedaría el país con un 17-18% de desempleo estructural, es decir, sería la tasa de  desempleo “normal” en una economía ya saneada y con una tasa de crecimiento dentro de los parámetros de normalidad. Esta sería la realidad previsible para principios del 2016.

El motivo sería los 2,3 millones de parados de larga duración que llevan camino de convertirse en una losa insalvable para nuestra economía. De ellos, la mitad son mayores de 45 años y, tras más de dos años sin encontrar empleo suelen ser presa del desánimo, lo que determina también su comportamiento a la hora de formarse y seguir buscando activamente empleo. Otro colectivo gravemente castigado son los menores de 25 años, muchos de los cuales sólo pueden acceder a subempleos donde la precarización es máxima.

Lo que se puede hacer frente a estos datos a día de hoy es bien poco, ya que ante problemas estructurales hacen falta medidas de igual calibre y las consecuencias, acertadas o no, de tales medidas sólo se aprecian en el largo plazo. Es por eso que el Gobierno confía en los paquetes de medidas emprendidas, apoyados de vez en cuando por Decretos-Leyes de urgencia y cruza los dedos porque no concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. Una nueva recesión que afecte a Europa. Una vez que nuestras empresas han comprobado que vender aquí es complicado (más que nada porque nadie puede comprar) y se han lanzado a tratar de vender al extranjero, una recesión en los principales países importadores de nuestros productos afectaría notablemente a nuestra recuperación. En este sentido, las noticias que llegan de Italia, que vive su tercera recesión en lo que va de crisis, de Francia, con un estancamiento que dura ya 2 trimestres, o de la propia Alemania, que ha tenido que rebajar sus previsiones de crecimiento, no son demasiado tranquilizadoras.
  2. La amenaza interna de la caída libre de la credibilidad. Los numerosos casos de corrupción (tantos que harían perderse al más versado), que afectan a tantos estamentos del poder, desde la Corona, al ejército, pasando por alcaldes, diputados, grandes empresas y, sobre todo a las cúpulas de poder de los principales partidos y sindicatos, ya no socavan la credibilidad del Gobierno; ésta está ya socavada y ya casi nadie se sorprende ni se escandaliza ante los continuos goteos de nuevas corruptelas.

En este sentido, la estrategia del Gobierno pasa por enredar la madeja. Por un lado, acusa a los partidos de la oposición de ser tan corruptos como ellos o más (lo cual, por desgracia parece ser verdad) y por otro lado advierte del peligro de formaciones vinculadas al 15-M, como Podemos, porque la ultraizquierda nos puede llevar a acercarnos a Venezuela, por poner un ejemplo. El caso es que ahora, el caballo de batalla para lavar la cara contra la corrupción es que nunca como hasta ahora se habían destapado tantos casos, lo que demuestra la lucha del Gobierno contra estas prácticas. Al margen de tal desatino, lo que estamos viendo es una consecuencia del hartazgo de buena parte de la Judicatura, de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la ciudadanía, que ya no miran hacia otro lado, sino que investigan, se indignan y denuncian. Tanto es así que ninguno de los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos del país ha sido destapado por los propios partidos, y lo que es más, en lo que se ha podido entorpecer las investigaciones se ha hecho. Eso sí, dentro siempre de la legalidad: aforamientos, pérdida o destrucción de documentación (basándose en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos), etc.

Lo que está claro es que el equilibrio que preconiza el estudio del BBVA no será ni de lejos un equilibrio estable: difícilmente una economía se puede sostener con un 17% de paro estructural. Estos desempleados y sus familias seguirán teniendo que comer todos los días, demandarán viviendas dignas y condiciones de vida que se les tendrá que dar vía prestaciones sociales, porque la alternativa a negárselo supondría eliminar la última barrera del estado del bienestar, que es la paz social.