Un estudio de la Universidad de Las Palmas ha ideado un nuevo método para ponerle una cifra al coste de la corrupción en España. La cifra en concreto es de 40.000 millones de euros al año (precios del 2008) y se ha obtenido, según los autores del estudio, con una nueva metodología que “permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos. Con este método se incluiría la corrupción que no sale a la luz, por ser desconocida o no haber pasado por un juicio, así como costes que no se incluyen en el resto de los medidores, como el desánimo a invertir a causa de la corrupción.

Es difícil juzgar si esta cifra es acertada o no por el mero hecho de aquello que mide, lo que sí se puede afirmar es que la corrupción conlleva toda una serie de costes que van más allá de la cifra que sale a la luz en los casos que se destapan cada día. Sin ir más lejos, puedo hablar de costes de oportunidad: el dinero que entra en el circuito de la corrupción desaparece de la economía real. Como ejemplo, una empresa que conocí de primera mano, que necesitaba una serie de ayudas para las que cumplía los requisitos adecuados y de las cuales dependía su supervivencia. El dirigente de la Consellería de Industria del gobierno autonómico correspondiente concedió que entendía la situación, que la cantidad solicitada era adecuada y que la ayuda era pertinente; pero que no había fondos. Recientemente este dirigente ha sido juzgado y condenado por desvío de caudales públicos de hasta 8 millones de euros. La empresa cerró en 2009 y los 35 trabajadores de esta empresa están en la calle; algunos (con más de 50 años) nunca volverán al mercado laboral.

Tampoco son medibles en el coste de la corrupción todos los costes asociados a las propias investigaciones y diligencias, que ocupan recursos de unos juzgados saturados de trabajo y con menos medios que nunca debido a los recortes. Como tampoco lo son aquellas acciones de políticos y empresas donde la corrupción no estuvo en el desvío de fondos, sino en la mala planificación, peor ejecución y control y ninguna consecuencia, como son la construcción de aeropuertos sin aviones, polideportivos sin público y obras públicas que multiplicaron sus costes por previsiones mal hechas y por decisiones que en nada tuvieron en cuenta a aquellos que al final debían de pagar la factura. En este caso la corrupción está en la propia creación de esos proyectos inútiles o en los sobrecostes que toda obra pública parece llevar siempre asociados, sin que nadie necesariamente desvíe fondos.

Lo que sí se puede afirmar es que 40.000 millones es una cifra descomunal, el déficit del estado el año pasado fue de 109.572 millones, y sólo con que una parte de este fraude a la sociedad desapareciera, los efectos se dejarían sentir tanto económicamente como bálsamo social. A una sociedad se le pueden exigir esfuerzos casi sobrehumanos siempre que exista el sentir de que el esfuerzo realmente es colectivo y no sólo de una parte, como es ahora. Gran parte de la sociedad está pagando los excesos de épocas anteriores mientras los causantes de los mismos, o simplemente los que pudieron aprovecharse, se resarcen de las pérdidas (si las tuvieron) o engordan sus ganancias, gracias a los mismos vicios del sistema que permitió aquellos excesos.

La corrupción está situada ahora mismo como el segundo problema que más preocupa a los españoles, sólo por detrás del paro, existiendo además la convicción de que sólo saldremos de la crisis si acabamos con aquella. Pero, mientras esta percepción se extiende en una sociedad cada vez más crispada, el ejecutivo mismo se haya bajo la sombra de la sospecha sin que se le vean más gestos que la creación de comisiones que no trabajan, silencios, mentiras y contradicciones cada vez más evidentes. A lo mejor aquí sí necesitamos un rescate.