La reforma financiera que ha publicado el Gobierno en el BOE este sábado, en el Real Decreto-ley 18/2012, supone un esfuerzo obligado de transparencia para el sistema bancario español. Obligado el Gobierno, por nuestros socios comunitarios y acreedores internacionales (los malvados mercados internacionales) y obligada la casta de banqueros españoles por el Gobierno (o eso se supone).

A 31 de diciembre de 2011 nos dice el Ejecutivo que había 307.000 millones de euros en activos inmobiliarios ligados al crédito promotor. Una barbaridad de recursos que se destinaron al ladrillo en lugar de a otro tipo de sectores productivos que ahora estarían tirando de la economía. Y a ellos hay que añadir las hipotecas y préstamos personales concedidos a particulares vinculados al mercado inmobiliario.

Calculan que de estos 184.000 millones son problemáticos (que no se cobrarán, vamos) y 123.000 millones «no» problemáticos. En la primera reforma del Gobierno del PP en febrero ya obligó a provisionar 54.000 millones a la banca por el crédito problemático (suelo y promociones que no se cobrarán), en esta segunda se calculan otros 30.000 millones, lo que haría un total de 84.000 millones de euros en pérdidas por el crédito a promotores.

Se pasa de una cobertura para potenciales pérdidas del 7% de crédito al corriente de pago al 30% aproximadamente (se provisiona el 52% del suelo, el 29% de las promociones en curso y el 14% de las viviendas terminadas).

En cuanto a la hucha para hacer frente a las pérdidas del crédito promotor,  de los 307.000 millones se provisionan 30.000 adicionales, a los que sumamos las provisiones ya realizadas, suma un total de 137.000 millones de cobertura. Por tanto tenemos un 44,6% del total de créditos promotores provisionados. Puede parecer suficiente, pero muchos expertos opinan que esta cobertura sigue siendo insuficiente.

Por otra parte, la reformas financiera se ha vuelto a olvidar de otros importantes focos de pérdidas potenciales: las hipotecas y créditos a particulares y a empresas. Con una reducción cercana al 50% en muchas zonas del precio de la vivienda y una economía en recesión (la perspectiva es que en 2013 España siga sin crecer, el único país del entorno con una situación tan lamentable), no parece razonable mantener el nivel de pérdidas potenciales de la banca actual. Por esta y otras razones, no me parece aventurado afirmar que veremos una nueva reforma financiera en no mucho tiempo.

La nueva reforma también establece que los activos físicos adjudicados (suelo y viviendas que los bancos y cajas se han quedado al no poder hacer frente los titulares a sus hipotecas) se traspasen a una sociedad «independiente» (en terminología de consolidación contable, como máximo podrían ser empresas asociadas). Estas nuevas sociedades para la gestión de activos serán sociedades anónimas a las que las entidades financieras transmitirán el ladrillo para que sea gestionado y vendido por gestores diferentes a los banqueros. Uno de los grandes interrogantes es saber cómo podrán los bancos conseguir financiación privada para que se una a estas sociedades. Si no lo consiguen, y lo veo complicado salvo que se valoren los activos a un precio mucho menor del actual, tendrá que entrar dinero público.

En todo caso, traspasar activos significa que los bancos acepten más pérdidas en sus balances a cambio de librarse del lastre. Si no se ajustan las valoraciones  y se endosan los activos a una sociedad de gestión con capital público, podría pasar que nos vendieran caro algo barato. Sería una estratagema indeseable para ayudar a la banca, que vendería más caro lo que el mercado no le compra a ese precio. Tendremos que estar atentos.

Reflexiones sobre la reforma financiera

Personalmente creo que es inevitable en estos momentos utilizar dinero público para evitar la quiebra no controlada de las entidades financieras más débiles (no se dejen engañar por el Gobierno, vamos a pagar dinero que no se nos devolverá al 10% jamás, en la mayoría de casos). Y el importe a inyectar es mucho mayor del que se nos está diciendo.

Sin embargo, si hay que pagar sin garantías suficientes de recobrar, lo primero es valorar de forma independiente lo que valen los bancos y cajas (parece que se va a hacer en cierta manera). Por otra parte, los gestores políticos y profesionales culpables de la situación por incapacidad, inactividad o provecho han de pagar sus culpas; con su patrimonio, con la cárcel o con el escarnio público según el caso. Lo que no puede ser es que el ciudadano pague una crisis que no gestó y encima de ello los culpables se jacten delante de nuestras narices.

Estoy indignado con un sistema bancario que no ha sabido estar a la altura de la confianza y prerrogativas que el país le ha dado. Espero que la banca se de cuenta de que algo ha cambiado en sus clientes y pequeños accionistas; las cosas no volverán a ser lo mismo. Necesitamos bancos modernos que sepan captar adecuadamente ahorros (no con chapuzas a lo participaciones preferentes o bonos obligatoriamente convertibles en acciones) y lo destinen a sectores rentables y productivos. Cuando hablamos de reforma financiera no solo deberíamos tener en cuenta la parte técnica; sin una reforma de los valores morales de los banqueros y políticos, la reforma es más de lo mismos.

Hoy, francamente, veo muchos bancos malos y casi ninguno bueno.