El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha un procedimiento sancionador contra una gran agencia inmobiliaria por posibles infracciones en la gestión de alquileres, entre ellas, el cobro indebido de comisiones y la imposición de servicios no solicitados. La actuación forma parte de una investigación iniciada en octubre de 2023 por la Dirección General de Consumo y que se mantiene abierta contra otras inmobiliarias de ámbito nacional.
Aunque el Ministerio no ha hecho público el nombre de la empresa expedientada, Facua ha revelado que se trata de Alquiler Seguro, una de las firmas más conocidas en el sector. Según denunció esta organización en noviembre del año pasado, la inmobiliaria exigía a los inquilinos el pago de una comisión equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, a pesar de que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente que estos gastos recaigan sobre los arrendatarios.
La empresa justificaba este cobro como parte de un «servicio de atención al arrendatario». Sin embargo, según indica Facua, tras la denuncia y la presión mediática, Alquiler Seguro habría cesado esta práctica, y ahora permite a los usuarios contactar directamente con los propietarios si no desean contratar el citado servicio.
Una práctica ilegal bajo lupa gubernamental
La Ley de Vivienda, en vigor desde 2023, establece con claridad que los costes de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser asumidos por los arrendadores, no por los inquilinos. Pese a ello, diversas denuncias apuntan a que muchas agencias siguen incumpliendo esta normativa, recurriendo a cláusulas que podrían considerarse abusivas.
Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la imposición de seguros, la obligación de contratar servicios no solicitados o el cobro de honorarios injustificados. Todas ellas podrían constituir infracciones graves o muy gravesen virtud de la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir desde los 100.000 euros hasta más de un millón, dependiendo del beneficio económico obtenido de manera ilícita.
La Dirección General de Consumo ha requerido información no solo a Alquiler Seguro, sino también a otras inmobiliarias sospechosas, tras recibir denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, la OCU y la propia Facua. Las investigaciones siguen activas, y aunque la apertura del expediente no prejuzga el resultado final, pone en evidencia una fiscalización más estricta del mercado del alquiler, especialmente en un momento de fuerte tensión para los arrendatarios.
La empresa puede alegar, reconocer los hechos o acogerse a una rebaja de la sanción
Según ha trascendido, Alquiler Seguro ya ha sido emplazada para presentar sus alegaciones, y cuenta con la posibilidad de reconocer total o parcialmente las infracciones, comprometerse a corregirlas y abonar la sanción con una rebaja sustancial, según el procedimiento previsto por la normativa de Consumo.
Esta posibilidad se enmarca dentro de un modelo que prioriza la corrección de malas prácticas frente a la vía punitiva, siempre que haya una disposición por parte de las empresas para ajustarse a la legalidad y evitar perjuicios a los consumidores.
Mientras tanto, el foco se mantiene en la vigilancia de otras agencias del sector, ante la sospecha de que este tipo de conductas podrían estar más extendidas de lo que se reconoce públicamente.