La inmigración y el mercado laboral

El año que recientemente terminó ha sido, en términos de empleo un año agridulce. Se siguió creando empleo, con un aumento de cotizantes a la Seguridad Social de 384.373, con lo que se está cerca del record histórico, al cerrar diciembre con 19,4 millones de afiliados, pero el número de desempleados sólo disminuyó en 38.692 personas en todo el año.

Esto indica que el mercado laboral se está enfriando, como prueba el hecho de que el aumento anual del empleo es el más bajo desde 2.013 y la caída del paro, la menor desde 2.012. Lo cual no augura nada bueno para un país que cuenta todavía con más de tres millones de parados.

Y así lo afirma el Fondo Monetario Internacional, que avisa que los problemas que afectan a nuestro país, entiéndase paro y deuda pública sobre todo, van a continuar por un largo periodo de tiempo. En los próximos cinco años, la tasa de desempleo no va a bajar del 12% y la ratio de deuda pública sobre PIB va a seguir por encima del 90%, según las previsiones publicadas por el organismo internacional.

Según estos cálculos, el crecimiento del PIB español será del 1,59% en 2024, cerca de su potencial. Durante los próximos cinco años la actividad en España se irá posando poco a poco sobre un crecimiento potencial del 1,5%. Por eso, el organismo reclama reformas estructurales para relanzar la actividad.

En cuanto al empleo, el FMI señala que dentro de 5 años la tasa de desempleo continuará alrededor del 12,5%, una barrera de la que le costará bajar. De hecho, no será hasta 2021 cuando traspase la barrera del 13%.

Y con estas previsiones, el nuevo Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, advierte que España necesitará entre 8 y 9 millones de trabajadores en las tres próximas décadas, es decir, unos trescientos mil al año, para mantener el nivel de su mercado laboral. Lo que no sé es si se refiere a mantener la tasa de desempleo, la precariedad del mercado laboral y la tendencia a la baja de los salarios.

La justificación que el ministro argumenta es que nuestro país corre el peligro de “japonizarse”, es decir, de convertirse en un país envejecido, con tasas de crecimiento de la población negativas. Por tanto, con el fin de mantener el sistema de pensiones, las prestaciones sociales y un nivel de vida aceptable para la gran cantidad de ancianos autóctonos que se prevé que seremos, conviene la entrada de foráneos jóvenes que vengan a trabajar y a mantener los logros alcanzados por nuestra sociedad.

Ante las dos argumentaciones creo que cualquiera puede pensar que se pierde algún razonamiento que lo pueda explicar.

Hace unos meses saltó la noticia de que la campaña de la fresa en Huelva estaba en peligro ante la falta de trabajadores dispuestos a recoger la cosecha. El pasado septiembre, la plataforma de Gestión de Empleo Agrario (GEA) publicó la oferta de 10.000 puestos de trabajo para trabajadores locales correspondientes a la temporada de recogida de la fresa. Según el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), solo se registraron cerca de 600 solicitudes, y esto en un periodo en el que el paro agrícola subió un 4% en la provincia onubense. De hecho, solo en Huelva hay más de 9.200 desempleados vinculados al sector agrícola. El año anterior ya había ocurrido lo mismo, de 11.900 puestos ofertados, sólo 800 desempleados respondieron para cubrirlos.

La solución a esto es acudir a acuerdos de contratación en origen con otros países para traer inmigrantes que hagan el trabajo que con nuestros parados no parece que se pueda hacer.

La explicación que desde los sindicatos se da esta aparente paradoja es que las condiciones de trabajo de estas campañas son muy duras, y que tanto los salarios como las jornadas laborales están fuera de lo reflejado en el convenio laboral. Es decir, hablamos de condiciones de trabajo duras (bajo plástico a pleno sol), con más horas de las reguladas por convenio y a cambio de un salario medio de unos 43 euros diarios. Esto hace que los trabajadores nacionales agoten todas las alternativas de empleo, o de prestación por desempleo, que se les ofrezcan en otros sectores antes de optar por este último recurso.

Esto nos lleva a pensar que se abren dos posibles alternativas que podrían convivir en este escenario.

Por un lado, que quizás exista un sistema excesivamente protector con los desempleados, que se pueden permitir rechazar ofertas de empleo porque están suficientemente cubiertos por la sociedad, por lo que puede compensarles no realizar trabajos penosos a no ser que la remuneración sea atractiva.

Por otra parte, la rapacidad de según qué empresarios puede llevar a que, incluso saltándose la legalidad, las tareas a desempeñar no sean suficientemente compensadas con una remuneración adecuada, lo que desmotivaría al trabajador a aceptar el empleo.

De una manera o de otra, la solución existe y consiste en traer a nuestro país a trabajadores más desesperados y con menos coberturas que los naturales del país para realizar estas tareas que nosotros no queremos llevar a cabo, así todos ganan: los desempleados, precariamente, sobreviven, los inmigrantes están contentos por tener unos ingresos que en su país pueden suponer una pequeña fortuna y el empresario está satisfecho por poder recortar en costes salariales con unos trabajadores que le cumplen y se quejan poco. Y así nos va.