La profundidad de la crisis de la Seguridad Social

Se acerca el fin de año y las previsiones para el que viene, en lo que respecta a la Seguridad Social, no son buenas, aunque, a decir verdad, van a tono con las perspectivas de la generalidad de la economía.

La Seguridad Social batirá el próximo año dos records históricos y preocupantes. Por un lado, habrá más de diez millones de pensionistas y, por otro, habrá que pagarles una nómina mensual de 10.000 millones de euros, que ya, sin el apoyo de la “hucha de las pensiones”, se verá cómo se va solventando mes a mes.

Sin embargo, el problema de la sostenibilidad de la Seguridad Social debería analizarse desde un punto de vista temporal: a corto, medio y largo plazo.

A corto plazo tenemos el desafío de intentar arreglar el desfase entre ingresos por cotizaciones y gastos por pensiones, que se cifra en el entorno de los 20.000 millones de euros anuales y subiendo. Las cotizaciones, a lo largo del año, sólo alcanzan a cubrir el ochenta por ciento del total de los pagos, con lo que alcanzar el equilibrio anual es una de las cuentas pendientes del futuro nuevo gobierno. Esta es la crisis más conocida, la que sale recurrentemente en los medios de comunicación. Mirando al pasado reciente, desde 2.011 a 2.017, las cotizaciones sociales han permanecido estancadas por el alto desempleo y la reducción de los salarios en términos reales. Por eso se ha abierto una brecha entre pensiones y cotizaciones a la cual le atribuyen muchos males, como por ejemplo que la Seguridad Social sea responsable del incumplimiento de los objetivos de déficit público que tanto preocupan a Bruselas.

A medio plazo, la crisis de la Seguridad Social nos debe preocupar más. Diversos estudios, como los del Banco de España, AIReF o Fedea alertan sobre el ingobernable desfase entre ingresos y gastos a medio plazo en términos de PIB. Los gastos crecerán mucho más que los ingresos lo que lleva a la pregunta de la financiación: o se suben las contribuciones sociales, o se suben los impuestos. La emisión de más Deuda Pública sólo significaría un nuevo incumplimiento de los objetivos de Bruselas, lo que motivaría la intervención de los comisarios de la Unión Europea y un reajuste brusco. La alternativa a esto es crecer más, lo que supondría tener más cotizaciones. Además, la llegada de una inmigración controlada compensaría la paulatina disminución de la población española y, sobre todo, su gradual envejecimiento.

Pero es que, a largo plazo la situación es aún más preocupante. Este es el desequilibrio existente por ofrecer prestaciones más elevadas que las que la racionalidad matemática sustenta. Debemos medir lo que cada persona aporta al sistema público y lo que rescata del mismo como pensión. Y si, como ocurre actualmente en media, las personas perciben por encima de lo que aportaron previamente, se alimenta una bola de nieve de un déficit actuarial del sistema de pensiones.

Según un estudio de BBVA Pensiones, en contra del sentir general de la población, que piensa que lo aportado durante su vida laboral supera con creces a lo obtenido con el cobro de las pensiones, “cada pensionista recibe, de media, un 30% más de lo cotizado en su vida laboral”. Esto significa que, aunque con 40 años de cotización se cubrirían las prestaciones correspondientes a 13 años de pensión, la realidad es que la duración media de estas pensiones es de 17 años, lo que significa que el Estado “regala”, de media, 4 años de prestación a cada trabajador.

Las medidas para atajar esta sangría económica no resultan fáciles de pensar, y mucho menos de aplicar, y, aunque parece existir consenso generalizado en todas las fuerzas políticas de asegurar el futuro de unas pensiones con una cierta dignidad, la verdad es que podría ocurrir, tal y como han advertido algunos expertos en más de una ocasión, que se fuerce de tal manera el sistema, sin que se tomen las medidas necesarias que, llegada una futura crisis, la Comisión Europea podría llegar a exigir un recorte de las pensiones.

Lo que es cierto, es que, lejos de corregirse por la mejora de la actividad económica y la reducción del paro, el agujero de la Seguridad Social no ha hecho sino crecer. El organismo público necesita cada año pedir más dinero al Estado para poder seguir pagando la pensión de millones de jubilados y la situación no tiene pinta de que vaya a mejorar.

A cierre del primer semestre del año, la deuda de la Seguridad Social deuda superaba ya los 48.700 millones de euros tras aumentar un 40% en el último año debido a los préstamos que el Estado ha tenido que realizar al Organismo Público para el pago de la extra de verano. Estos préstamos se tradujeron posteriormente en más emisión de deuda pública, lo que ayuda a que el pasivo del conjunto de administraciones tampoco pare de aumentar. Esto significa que dicha deuda se situase en junio en un récord de 1,2 billones de euros lo que supone un 98,3% del PIB, es decir, una deuda de 25.900 euros por cada uno de los habitantes del país.

Lo cierto es que, sea cual sea el escenario que se dé, resulta recomendable descargar a la Seguridad Social de las cargas impuestas innecesarias (financiar políticas activas de empleo, gastos imputados innecesarios, etc.) aparte de contener el crecimiento de las prestaciones y aumentar las cotizaciones sociales siempre y cuando no perjudiquen el crecimiento económico. Difícil tarea sin un Gobierno estable y un amplio consenso entre los grupos políticos mayoritarios.