Los costes de la falta de entendimiento

Se van calmando las aguas en Cataluña, quizás a la espera de un nuevo motivo para otro estallido. Los comandos de destrucción y las manifestaciones multitudinarias parecen haber dado paso a un nuevo desafío político en el que las instituciones catalanas elevan el tono enardecidas por el apoyo popular que parecen tener por detrás.

Por eso quizás sea el momento de una labor mucho más prosaica. Ahora es el momento de ponerse la visera y los manguitos y, calculadora en mano, empezar a inventariar el coste de los destrozos de la expresión “pacífica” de las ansias de libertad.

En los seis días de furia, 1.000 contenedores de basura ardieron solo en Barcelona, de hecho, en un solo día ardieron 300. A esto se le han de añadir semáforos, señales y mobiliario urbano, por no hablar del pavimento dañado por el fuego o esos adoquines convenientemente reconvertidos en munición en un ejemplo de trabajo en equipo y laboriosidad que podría hacerse constar en un currículum. La factura que, por desgracia, no pagará el causante, sólo en contenedores anda por encima de los tres millones de euros.

Y a todo esto aún se tiene que sumar el coste de las salidas de bomberos, que solo el primer viernes fueron 140 y las intervenciones extras de las brigadas de limpieza. En este cálculo, aunque no guste a muchos, se tendrán que añadir los costes del propio dispositivo policial.

Pero los costes van mucho más allá. La paralización del aeropuerto del Prat llevó a la cancelación o el desvío de numerosos vuelos que a una media estimada de 30.000 euros por cada uno arrojan unos números de más de tres millones de euros.

La quema de una docena de coches (seguro que ninguno de ellos de los causantes de los incendios) ascenderá a unos 200.000 euros más, a lo que se irá sumando el coste de los destrozos en escaparates, terrazas de comercios, etc.

Y hasta aquí el capítulo de los costes directos. Los indirectos serán mucho más elevados.

Así, la actividad del comercio en las zonas conflictivas se ha resentido, ya que, a pesar de que los disturbios han sido nocturnos, el temor a los mismos ha provocado una afluencia mucho menor a estas zonas, sobre todo de turistas. En este sentido, será muy complicado hacer una estimación real de las pérdidas.

Y es que la actividad turística en Cataluña, y en Barcelona en particular, es una de las principales fuentes de ingresos y el miedo de los turistas es el miedo de los hoteleros. Los dos primeros días de protestas ya hicieron caer notablemente las reservas de viajes del Imserso. Lo mismo ocurrió tras el referéndum del 1 de octubre, cuando según los cálculos la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Cataluña perdió de 319 millones de ingresos turísticos en comparación con el año anterior. Y ya se verá lo que ocurre al final con el Mobile World Congress.

En octubre de 2017, los disturbios en torno al referéndum del 1-O hicieron que la facturación del pequeño comercio se hundiese un 30%. De hecho, el 63% de los establecimientos experimentaron una caída en el número de ventas. 

Y eso es porque, hasta sin violencia, existen consecuencias negativas para la actividad económica. Las llamadas “Marxes per la Llibertat” recorrieron Cataluña durante tres días hasta llegar a Barcelona y, aunque lo hicieron en un clima completamente pacífico, a su paso provocaron el corte de varias carreteras. La toma de una infraestructura tan importante como la AP-7, una ruta clave en el recorrido de transportistas ocupados por empresas exportadoras por la que circulan seis de cada diez bienes vendidos por España a Europa, han provocado, según la Federación del ramo, unas pérdidas de 25 millones de euros diarios. Desde 2018, la Generalitat prohíbe que los camiones circulen por carreteras nacionales, de modo que los cortes en la AP-7 han dejado al sector en números rojos y sin alternativa alguna.

Una de las consecuencias de estos cortes de carreteras fue, por ejemplo, que la planta de SEAT en Martorell tuviera que suspender la producción desde la tarde del jueves y durante todo el viernes en previsión de las dificultades en que sus operarios pudieran presentarse en sus puestos de trabajo. Aunque la planta recuperará la producción perdida (o no), en principio, fueron 3.500 vehículos que se dejaron de producir.

Pero el coste más desagradable, el más difícil de solventar, es el que incide sobre la opinión que en el extranjero se ha formado sobre Cataluña y sobre España. La imagen proyectada de un país desunido, en una especie de guerra civil, con acusaciones cruzadas que sólo desmerecen a todos, unida a una inestabilidad política, con una repetición de elecciones, sólo provocan el recelo de los posibles inversores que buscan, a la hora de colocar su dinero, paz económica y social que garantice el fruto de su inversión.

Pero el último de los costes es también el más importante: el humano. Casi 600 heridos, un buen puñado de ingresos hospitalarios, uno de ellos muy grave y ocho más en estado grave. Vecinos que ya no se hablan y familias divididas. No se si tendrá sentido en Cataluña, pero desde fuera no se acaba de entender muy bien cómo es posible que entre unos y otros tejan todos sus telarañas de medias verdades cortoplacistas y estén más pendientes todos del resultado de unas urnas que de poner un fin real a un problema que no debería existir.