La despoblación de la España interior no es un hecho reciente, aunque pueda estar de moda hablar de ello ahora, lo que sí ha cambiado son sus causas. En los años 50-60 el fuerte proceso de industrialización, basado en unos criterios fuertemente centralistas, concentró estímulos públicos en un limitado número de ciudades, relegando a otras y al medio rural al olvido.

Al mismo tiempo, la modernización de las explotaciones agrícolas, unida a un proceso de concentración parcelaria, dio origen a un éxodo de campesinos sin tierras que pasó a nutrir las necesidades de mano de obra de una industria creciente. Este fue el origen de los grandes barrios y cinturones obreros que crecieron desenfrenadamente sin más planificación urbanística que la de dar vivienda barata a la oleada humana que llegaba a las ciudades.

Esto se vio complementado por el desarrollo de los medios de transporte. La fuerte inversión en autovías, autopistas, líneas de alta velocidad y aeropuertos relegó al aislamiento a grandes zonas de España, en las que el paulatino abandono de la red de vías de comunicación secundarias no hizo sino ahondar más el éxodo humano hacia las grandes ciudades.

A día de hoy, la falta de trabajo, de oportunidades, en definitiva, es el mayor acicate que motiva el éxodo hacia las grandes ciudades, sobre todo entre la población joven, lo que ahonda más el problema de la despoblación y el envejecimiento en los núcleos de población cada vez más abandonados.

Pero el proceso ha ido más allá. Ya no es solo el medio rural el que está perdiendo población, sino que esta tendencia se ha extendido a núcleos urbanos de tamaño medio. Así, capitales de provincia, hasta hace unos años favorecidas por el éxodo rural, están viendo como pierden paulatinamente población ante la falta de oportunidades que para sus jóvenes se les ofrece.

Así, de las 50 capitales de provincia, 16 (contando a Ceuta y Melilla) no superan los 100.000 habitantes, siendo Teruel la capital menos poblada de nuestro país, que en 2018 contaba tan solo 35.691 habitantes. Por el contrario, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza siguen aumentando su población, la última creciendo a la par que su provincia se despuebla cada vez más.

De esta manera, según datos del INE, 22 de las 50 provincias, con especial hincapié en 14 de ellas avanzan, parece que irremediablemente, hacia el desierto demográfico. En estas 14 provincias, el 80% de sus municipios ya cuentan con menos de 1.000 habitantes, de los cuales un alto porcentaje roza la ancianidad.

Según Diego Ramiro Fariñas, jefe del Departamento de Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Se pasó de la despoblación rural al de las ciudades intermedias, los antiguos centros comarcales. Ahora parece haberle llegado el turno a las ciudades medianas.

En este proceso, las poblaciones ven cómo van desapareciendo las inversiones, se degradan las infraestructuras y va menguando la representatividad política. Los barrios se vacían y envejecen y se ralentiza la dinámica urbana, los comercios echan el cierre y la sensación de decadencia se va extendiendo.

Pero el problema ya no es sólo de despoblación de pueblos y ciudades pequeñas. La tasa de fecundidad, tanto en las zonas que pierden población como entre las que la ganan, está en clarísimo descenso desde hace bastantes años. En Galicia, Asturias y Castilla-León esta tasa está ya por debajo de un hijo por mujer de media. De hecho, la media española está en 1,3 hijos por mujer, cuando la tasa de reemplazo de la sociedad está en 2,1 hijos por mujer.

La falta de políticas de conciliación laboral, las dificultades económicas para llegar a fin de mes de la inmensa mayoría de las familias, la precariedad laboral y, desde luego, los problemas de la vivienda han provocado, ya no sólo que nazcan menos niños, sino que cada vez haya un menor número de mujeres en edad fértil.

Con la mejora económica de los últimos años se ha dado un ligero repunte de la fecundidad, sin embargo, los bajos salarios actuales hacen retrasar la decisión de formar pareja y tener hijos. La devaluación salarial vivida entre 2008 y 2016 por prácticamente todos los trabajadores, se concentró en las franjas de edad más bajas: el salario medio de los menores de 20 sufrió un descenso del 28%; la caída para los de 20 a 24 fue del 15%; y del 9% para los de 25 a 29, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial.

Como consecuencia de lo anterior tenemos un panorama sobrecogedor: a día de hoy hay casi una persona jubilada por cada menor de 20 años y en 10-15 años comenzará la gran oleada de jubilaciones correspondientes al “baby boom” de los años sesenta-setenta, con el acicate de la creciente esperanza de vida.

El significado de esto es que la demografía exige cada vez más al sistema de pensiones. Trasladada la presión a quienes lo financian: trabajadores y empresas, hará falta una reestructuración importante del sistema de pensiones para poder garantizar la pervivencia del mismo (o lo que es lo mismo, la supervivencia de los pensionistas).

La tasa de dependencia (relación entre la población de más de 64 años y la que está en edad laboral) es ahora de 29 mayores por cada 100 habitantes con edad para trabajar, un punto por debajo de la media europea. Si se mantiene el modelo actual, la proporción rozará o superará la de 50 jubilados por cada 100 trabajadores en 2040, según las proyecciones del INE y de Eurostat. Esto ya sería imposible por sí mismo, pero si le añadimos una tasa de desempleo desconocida pero no necesariamente baja y unos salarios que no tienen por qué ser especialmente altos, la quiebra está asegurada. Lo único que podrá salvarnos (porque una gran mayoría de nosotros estará en esta parte de su vida) será nuestra fuerza como masa electoral, ya que la población de más edad tiene cada vez más peso en el censo y los partidos parecen tenerlo muy presente.