Prorrogando de nuevo los Presupuestos

Los Presupuestos de un país contienen la previsión normativa de gastos y la estimación de ingresos de la actividad económico-financiera del sector público, lo que los convierte en una pieza fundamental de la economía de un país, al tiempo que no deja de ser una clara expresión de la salud democrática del mismo, ya que han de ser votados y aprobados para su puesta en marcha.

Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la duración de los mismos no es de un año, sino de tres. Esto es porque en un Presupuesto, la duración del mismo abarca desde su planificación y elaboración hasta que se cierra políticamente su realización. Es decir, el ciclo presupuestario tiene tres fases de un año aproximadamente de duración cada una:

• Planificación y elaboración por parte del Ejecutivo, que viene seguida de un periodo que puede ser más o menos complejo dependiendo de los apoyos parlamentarios del Gobierno y que comprende la discusión y aprobación de las cuentas.
• La fase de ejecución, que es la que comúnmente se entiende como Presupuesto.
• La fase de control por el Tribunal de Cuentas, que durante los doce meses siguientes velará por el cumplimiento de las cuentas.

En España, la Constitución y la Ley General Presupuestaria (LGP), fundamentalmente, son las encargadas de regular el procedimiento relativo al documento presupuestario. Adicionalmente, para evitar la parálisis de la actividad del sector público, el art. 134.4 de la CE, así como el art. 38 de la LGP, posibilitan la prórroga del Presupuesto aprobado para el ejercicio anterior.

Ésta, no obstante, es una medida excepcional cuya particularidad reside en las razones por las el Presupuesto debe ser prorrogado siendo lo más común inestabilidad parlamentaria o bien tensiones significativas. Por no hablar de que, tanto estas causas, como el efecto de la prórroga presupuestaria, la imagen que se transmite a la sociedad, al contexto internacional y a los interlocutores públicos y privados es un factor que afectará a la credibilidad, la confianza y las expectativas.

Y en estas estamos. El veto a los Presupuestos del 2019 tiene, en principio, más consecuencias políticas que económicas. Para empezar, España no se queda sin presupuestos públicos: seguirán en vigor los de 2018, aunque éstos ya se prorrogaron a la espera de que hubiera unos nuevos. Pero las grandes medidas de gasto contempladas en el proyecto económico del Gobierno de Pedro Sánchez (como la subida de las pensiones) ya estaban aprobadas a través de decretos leyes, y siguen en vigor. El problema viene por la parte de los ingresos. Los impuestos para sufragar parte del nuevo gasto no verán la luz por lo que el déficit público será indudablemente peor.

Así, los pensionistas tienen ya aprobada por Decreto el aumento de la pensión del 1,6% (un 3% las pensiones mínimas). Otro tanto ocurre con los funcionarios, que tienen asegurada su mejora de nómina del 2,25% gracias a un decreto del 22 de enero. Esto significa que el Ejecutivo socialista tiene ya comprometidos unos gastos de 153.000 millones de euros en pensiones (casi 9.000 millones más que el año anterior); mas 23.000 millones de salarios a funcionarios (con 1.000 millones de aumento por el aumento salarial y de plantilla).

Por otro lado, se comprometieron unas transferencias de 105.000 millones de euros para las comunidades autónomas por las entregas a cuenta del sistema de financiación. Otra partida que no se verá afectada.

En cuanto a la inversión pública, que crecía un 40%, ofrece una de cal y otra de arena. Aunque una buena cantidad de proyectos puede ver comprometida su ejecución, lo cierto es que buena parte de las nuevas infraestructuras proyectadas dependen de las empresas públicas, como Aena, Adif o Renfe, que tienen presupuestos estimativos y pueden desarrollar sus proyectos sin depender de la tramitación presupuestaria del Congreso, con lo que podrían continuarse las licitaciones.

Sin embargo, el problema vendrá por la parte de los ingresos. El Gobierno había planeado subidas de impuesto por importe de 5.600 millones de euros, que en gran medida no podrán llevarse a cabo. Entre ellas figuran la subida del pago mínimo para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas o la subida del diésel. Los nuevos impuestos como la tasa Google o el impuesto sobre transacciones financieras no están afectados por los Presupuestos, porque la creación de nuevos impuestos no se puede hacer con los Presupuestos. Unas medidas con las que el Gobierno pretendía llegar a los 227.000 millones de euros de ingresos totales.

El problema es que la parálisis parlamentaria que tendrá lugar, imposibilitará la aprobación de la creación de estos impuestos, como pronto, hasta final de año. Por lo que los 2.000 millones de euros que el Gobierno pensaba recaudar, posiblemente queden en nada.

Por esto, la principal consecuencia negativa de una prórroga presupuestaria será sin duda una importante desviación del objetivo de déficit público pactado con Bruselas. Del objetivo del 1,3% del PIB, se pasará al 2,2 o 2,4%, según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto significará que se perderá, como mínimo, un año en la lucha para el ajuste del déficit.

Y después de las elecciones, vendrá el momento de formar gobierno, momento en el que se seguirán viendo extraños compañeros de viaje. Menos mal que, entre el futbol y hacer apuestas sobre dónde colocamos el cadáver de Franco estaremos la mar de entretenidos.