A día de hoy se debate la necesidad de subir el salario de los trabajadores. No está el horno para bollos como para pedirle a las empresas que, por ley, suban los salarios un tanto por ciento concreto. Aunque quizás muchas pymes y grandes empresas podrían absorber este incremento de costes laborales sin problemas, también es cierto que para otras tantas podría suponer su extinción.

Sin embargo, quizás sí se podría aplicar sin problemas una subida de salarios vía bajada de impuestos. Si, por ejemplo, le bajamos el IRPF a los trabajadores, sus nóminas aumentan. Por otra parte, una reducción de las cotizaciones sociales que soportan las empresas fomentaría la contratación. Son todo ventajas.

La otra cara de la moneda es que una medida así reduciría los ingresos del Estado. Sin embargo, esta situación no tiene por qué darse si, como efecto colateral, el incremento salarial se traduce en un aumento del consumo, que a su vez mejoraría la contratación y, por efecto pieza de dominó, aumenta la recaudación pública vía impuestos directos e indirectos.

La explicación a cómo, a pesar de reducir impuestos, se pueden mantener o incluso aumentar los ingresos fiscales la ofrece la llamada curva de Laffer, que defiende que cuando la presión fiscal es muy alta, la rebaja de impuestos introduce incentivos en la economía, que se traducen en que la gente trabaja más o se pasa de la economía sumergida a la legal, con el consiguiente aumento de la inversión, el empleo y el consumo. El Estado además recauda más, al mismo tiempo que aumenta la renta disponible de los ciudadanos.

Esta teoría parte del siguiente concepto teórico: si a un tipo impositivo del 0%, los ingresos fiscales no existen, y a un tipo del 100% tampoco porque nadie ofrecería ni demandaría bienes, ha de existir entonces una función continua entre ambos extremos con, al menos, un valor máximo. Es decir, un tipo impositivo con el cual se maximice el ingreso para las arcas públicas.

El problema, que matemáticamente es impecable, es aplicarlo a la realidad. De hecho, los antecedentes en su aplicación, lejos de demostrar su validez, parecen demostrar lo contrario. El ejemplo más claro es en los Estados Unidos de los 80, de la mano de Reagan. Se vio que, a pesar de que se bajaron los impuestos alrededor de un 9% entre 1.980 y 1.984, la renta del país aumentó un 4%, pero también se inició un periodo de fuertes déficits fiscales.

A día de hoy, Laffer sigue defendiendo la validez total de su modelo a pesar de que la mayoría de los países estén aplicando lo contrario.  Para Laffer “cuando reduces los impuestos, controlas el gasto, no inundas el mercado de dinero, tienes libertad comercial y suprimes regulación innecesaria, las economías crecen más rápido”.

Así pues, el concepto es muy goloso y de vez en cuando algún país emprende un ambicioso plan, curva de Laffer incluida, con el fin de fomentar el crecimiento y sanear las arcas públicas a un tiempo. Como España.

En 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio un paso al frente al anunciar una reforma fiscal que giraba en torno a una bajada de impuestos, cuyo peso recaía en el IRPF, el que más impacto tiene en la vida de los ciudadanos y, también el que más contribuye a las arcas del Estado.

La reforma se haría en dos partes, una en 2015 y otra en 2016, y dejaría el tipo más bajo en el 19% frente al 24,5% que estaba en vigor, mientras que el más alto bajaría del 52% al 45%. Es decir, las rentas más bajas y las más altas serían las principales beneficiadas de una reducción que, según el gobierno, era posible hacer ante la mejora de la economía y el empleo.

El año 2.016 comenzó con una caída de los ingresos del estado del 4,2% respecto al mismo periodo del 2.014. Sin embargo, Montoro se justificaba diciendo que, aunque la recaudación había disminuido en los primeros compases del año, ésta iría aumentando progresivamente conforme la recuperación de la actividad económica se fortaleciese. Por otro lado, no hay que olvidar que, para reducir déficit público, no sólo se pueden aumentar los ingresos, sino que también se puede reducir gasto. Algo que se ha podido hacer estos años gracias a los irrisorios tipos de interés a los que se coloca la deuda pública.

Lo cierto es que, bien gracias a la contención del gasto (que no lo ha sido demasiado), bien gracias a la subida de los ingresos debido a la mayor actividad económica, el déficit público de las Administraciones ha pasado de ser un 4,54% del PIB en 2.016, al 3% (a falta de confirmación oficial) en 2.017, en todo caso lejos del pesimista 3,5% que se avanzaba a principios del 2.017, que nos hubiera dejado fuera del objetivo marcado por Bruselas del 3,1%.