Hace apenas tres meses, la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sacaba pecho diciendo que “España cuenta con “el mejor dispositivo de Europa” contra incendios forestales”, al presentar la campaña de 2.017, que ya cuenta con 70 medios aéreos y un presupuesto de 85 millones, frente a los algo más de 76 millones del año anterior. Con estos nuevos medios, que incluyen 4 drones para tareas de seguimiento nocturno, se esperaba hacer frente a una temporada de incendios que ya se presumía que podía ser extremadamente complicada.

Sin embargo, las previsiones se han visto desbordadas en los últimos días. De hecho, posiblemente el día 15 de este mes fue el peor, en lo que a incendios se refiere, que se recuerde en Galicia. Ese día se declararon 125 incendios, la mayoría en el sur de Pontevedra, originando la muerte de cuatro personas. Los focos, algunos provenientes del vecino y desbordado Portugal, otros, la mayoría, iniciados y provocados en territorio gallego, llegaron incluso a afectar el área metropolitana de Vigo.

Lo cierto es que las condiciones atmosféricas no han ayudado a los servicios de extinción, ya que la proximidad del huracán Ophelia propició la entrada de vientos fuertes y secos desde el sur y ausencia de precipitaciones. Lo que favoreció la formación del escenario del 30-30-30, es decir, 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora en la velocidad del viento y menos de un 30 % de humedad ambiental.

Sin embargo, son muchas las circunstancias que acompañan a este escenario de calamidades, entre ellas la coincidencia en fechas de la finalización de la temporada de buena parte de las plantillas de brigadistas antiincendios. De hecho, fue el mismo día 15 cuando 500 brigadistas finalizaron su contrato en régimen de fijo discontinuo para la empresa pública Servicios Agrarios Galegos (Seaga). Aunque la gerencia de Seaga envió un correo electrónico a los comités de empresa anunciando que volvía a movilizar a sus empleados a partir del lunes, muchos trabajadores no pudieron desempeñar su cometido plenamente por falta del material que ya habían devuelto hasta varios días más tarde.

Así las cosas, lo cierto es que precisamente Galicia es una de las zonas más castigadas por los incendios forestales de todo el territorio nacional. El hecho de que, periódicamente, a varios años de pluviosidad normal le suceda uno de sequía, convierte ese año en un infierno, en el estricto sentido de la palabra, siendo además la incidencia mayor en primavera y en otoño. Según el Ministerio de Agricultura, los días de mayor intensidad de los incendios en Galicia fueron el 16 de octubre en el 2011; el 24 de febrero en el 2012 y el 11 de septiembre en el 2013 y el 2014. En esta circunstancia, el cambio climático es seguramente un factor con mucho peso.

Además, factores como el consabido problema de la falta de mantenimiento de los bosques, unido a la implantación de especies arbóreas que, lejos de ser las tradicionales, se muestran además más propensas a sufrir un escenario de incendio, como son pinos y eucaliptos, ayudan a hacerse una idea del alcance del problema. En ese último aspecto no hay que olvidar los intereses económicos de las empresas madereras, que presionan para que especies como el eucalipto, de rápido crecimiento y con un alto rendimiento para la fabricación del papel, primen en los planes de repoblación frente a las especies autóctonas, más resistentes al fuego pero de crecimiento más lento.

A la hora de determinar lo que nos cuesta la lucha contra el fuego, las cifras son difíciles de determinar, ya que, al ser una competencia descentralizada, recae sobre las Comunidades Autónomas, las cuales, a su vez, la reparten en muchos casos entre entidades aún más descentralizadas. Lo que sí se puede determinar es el coste de las actuaciones que deban llevarse a cabo ante un incendio.

De hecho, un incendio que afecte a una superficie de entre 20 y 30 hectáreas supone un gasto de 300.000 euros, según los datos que manejan brigadistas de distintos distritos forestales, siendo los medios aéreos se llevan la mayor parte de este dinero.

Los aviones e hidroaviones con capacidad para trasportar entre 3.000 y 6.000 litros de agua cobran desde 5.500 hasta los 6.000 euros por hora de trabajo, mientras que los helicópteros tienen una tarifa de entre 4.000 y 4.500 euros, dependiendo de su capacidad. Teniendo en cuenta que en un fuego que afecte a 30 hectáreas suelen trabajar una media de cuatro aviones y otros tantos helicópteros durante cuatro y cinco horas en las tareas de extinción, es fácil sacar las cuentas. A esta cifra referente a los medio aéreos, hay que añadir el helicóptero o avión de reconocimiento y trasmisiones, que cobra 2.000 euros por hora.

Así, la factura en medios aéreos se sitúa en una media de 155.000 euros. Esta cifra se incrementa si las llamas se acercan a bienes no forestales, dado que suelen acudir más medios aéreos, en los que pueden llegar a intervenir hasta 12 aeronaves a la vez.

Otros 145.000 euros, se consumen en combustible para motobombas, excavadoras y palas, cuya hora de trabajo fijan en 60 y 100 euros, respectivamente, lo mismo que cuesta mover una brigada forestal siempre que tenga su base en la provincia. En el caso de que las brigadas se tengan que desplazar desde otras provincias, el coste sube a los 150 euros a la hora.

Y, por último, quedaría por añadir los costes ocasionados por los medios utilizados provenientes de las corporaciones locales. Por ejemplo, el gasto de cada motobomba municipal (100 euros por hora) y los brigadistas que están a las órdenes de los Ayuntamientos.

Ni qué decir que estos gastos se disparan cuando el incendio afecta a propiedades privadas e infraestructuras públicas.

Estas cifras se incrementan con las operaciones de vigilancia y prevención, que se llevan las dos terceras partes de los presupuestos asignados por las Comunidades Autónomas en la lucha contra el fuego.

El caso es que el coste de la extinción es alto, lo que hace que se hable del “negocio del fuego”, tanto en su faceta de la prevención y extinción, como en aquella que nace de lo que ocurre una vez que el bosque ha ardido. Y el hecho de que la mayor parte de los incendios queden impunes, no ayuda a acabar con esa creencia.