Por fin podemos respirar tranquilos todos aquellos que vivimos en una Comunidad Autónoma en la que, tras las últimas elecciones ha habido un cambio de gobierno. Ha acabado el sinvivir que nos impedía dormir por las noches pensando a qué se iban ahora dedicar esos pobres políticos que habían pasado de ser “barones” dentro de su propio partido, gobernando cada uno en la parte de suelo patrio de su Comunidad Autónoma por la que en su día resultaron electos, a ser como el resto de los mortales, pero peor, después de haber saboreado el poder y el prestigio de la presidencia autonómica. Además, de paso hemos terminado con una duda que llevaba años preocupándonos, lo que redunda en nuestra mayor tranquilidad a la hora de entregarnos al sueño de cada noche: hemos descubierto al fin para qué sirve el Senado… y además a precio de chollo, “sólo” por 52 millones anuales damos ocupación a esos políticos en la reserva (que para muchos ya será definitiva) y justificamos de paso la existencia de tal órgano de la democracia.

Pedro Sanz de La Rioja, Luisa Fernanda Rudi por parte de Aragón, Alberto Fabra, proveniente de la Comunidad Valenciana y José Ramón Bauzá, el campeón de Baleares, acompañados por lo que sería la guinda, si de un pastel se tratase, la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Todos ellos se integrarán próximamente al Senado con el fin de endulzar de alguna manera lo amargo de su derrota electoral. Se unen a nombres ilustres como Francesc Antich, Juan José Lucas o Marcelino Iglesias, con la baja de José Antonio Griñán, que tuvo que abandonar su dorado retiro por su imputación en el caos (perdón, quise decir caso) de los ERE andaluces.

Las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de trabajo desarrollado por los senadores y el sueldo del que disfrutan. Como ejemplo de lo primero, la foto que acompaña: sesión del pleno del Senado del día 9 de julio, a la que, al inicio de la sesión sólo se encontraban 54 senadores de los 266 del Hemiciclo; por desgracia no hay foto de la cafetería a esa misma hora.

Como ejemplo de lo segundo, el sueldo de partida de un senador, que no viva en Madrid, se sitúa en 61.262 euros al año en este 2015. Esta partida se puede ver incrementada si el senador se siente especialmente activo y trabajador y pasa a ocupar cargos en alguna comisión o en algún cargo de gobierno del propio Senado. Es decir, y profundizando un poco, el sueldo base de un Senador es de 2.813,91 euros al mes, incrementado por un complemento de 1.822,38 euros para los senadores de circunscripciones distintas a Madrid y de 869,09 euros para los electos por Madrid. Si a esto le añadimos una serie de privilegios inherentes al cargo como son un cheque de tres mil euros al año para transporte en taxi, las tablets, portátiles y móviles de última generación, retenciones fiscales del 5%, la ocupación de algún cargo en el Senado, como podría ser alguna portavocía en alguna comisión, y el hecho de que algunos senadores conserven sus actas en sus respectivas cortes regionales (el afán de trabajo, que puede con ellos, debe ser), con su correspondiente remuneración, por supuesto, lo que obtenemos es el claro ejemplo de políticos abnegados que, a pesar de haber sido derrotados por las urnas, su afán de servicio público les lleva a seguir dando lo mejor de sí mismos a la sociedad a la que ayudan a mejorar.

Pero como decía, las reacciones no se han hecho esperar. Los nuevos partidos, que no entienden todavía del problema de la recolocación de los viejos dinosaurios, han clamado por la reforma de la Cámara Alta o su desaparición, al tiempo que PP y PSOE defendían la “experiencia” de los colocados como justificación para el otorgamiento de sus destinos. Y así, de los 52 millones que nos costará a los españoles el incomprendido Senado en el 2015, casi 14 se irán en los sueldos de estos ex políticos mientras esperan su jubilación definitiva o una nueva oportunidad en la primera línea de la política.

El caso es que desde la propia Constitución hasta el informe del Consejo de Estado del 2006, la función del Senado se viene definiendo como “un órgano de representación territorial” en el que puedan verse representadas las Comunidades Autónomas, es por eso que una parte de los senadores puedan ser designados por las Comunidades Autónomas a razón de uno cada una más uno por cada millón de habitantes de la Comunidad. El resto de los senadores se eligen democráticamente por los ciudadanos a razón de cuatro senadores por provincia a excepción de las provincias insulares y los territorios de Ceuta y Melilla, que siguen un régimen un poco especial.

Este órgano, lejos de llevar a cabo este cometido asignado constitucionalmente se ha limitado a llevar funciones de control, entendido como redundancia, sobre lo acordado en el Congreso de los Diputados, lo cual ha conseguido algo impensable: unir a casi todo el mundo, ya que prácticamente nadie, excepto las cúpulas de PP y PSOE y los propios afectados entiende para qué sirve este organismo. Y aunque supuestamente la reforma del mismo está en marcha (aunque paralizada desde el año pasado), en lo único en lo que parece haber acuerdo es en no otorgar el acta de Senador a personas imputadas judicialmente.