Despacio y sin medios adecuados, pero sigue moviéndose la maquinaria judicial en su lucha contra la corrupción. Asistimos a un periodo de espera en el caso Bárcenas, tras su pago de fianza y excarcelación y las noticias dejan de llegar. Igual que en el caso Gürtel, tras la imputación de Acebes, poco se ha oído hablar. La Infanta (o exinfanta, que siendo ya rey su hermano, y heredera su sobrina, la infanta es ahora la hermana pequeña de la princesa) sigue a la espera de que alguien le libre a última hora del trago de sentarse en el banquillo de los acusados, y eso que sabe a ciencia cierta que el fiscal le va a tratar bien. En definitiva, asistimos ahora a una estrategia de silenciar todo lo posible, de mantenerse lo más discretos posible y no llamar la atención. Y en cuanto al trabajo de los jueces, intentar por la vía de falta de medios, o por la de saturación de trabajo o algún otro método más artero, como alguna destitución o cambios de destino, conseguir un poco de paz para poder afrontar los preliminares de la campaña electoral. En cuanto a ésta la estrategia también es clara: “qué bien que lo estamos haciendo que en Europa nos hacen la ola”, por un lado y “mira los listos de los nuevos en política, que resulta que ellos tienen un montón de trapos sucios”. ¿Y el PSOE? Tiene su propia guerra: ceses, traiciones, candidatos ocultos y deserción en masa de su electorado.

Sin embargo, como decía, la maquinaria judicial sigue su curso, ya que los jueces, a pesar de la aparente subordinación política a la que están sometidos, han salido respondones. Así, el irreductible juez Castro, que ha imputado a la Infanta a pesar de todos, y mira que ha sido rocambolesca la historia del fiscal que se metió a defensor, ha recibido ahora la encomienda de investigar la presunta financiación irregular del PP dentro del caso Palma Arena; lo que se une a la investigación por otro lado sobre el Presidente Bauzá acerca de la no concesión, presuntamente fraudulenta, de varias concesiones de farmacias, chocante, ya que precisamente ese es el negocio familiar del Presidente. Por otro lado, la juez Alaya, ha imputado recientemente a otras 34 personas en su investigación del caso ERE, y ya van 265, que a este paso va a tener que celebrarse el juicio en un estadio de futbol. Eso sí, no el del Barcelona, porque se mezclaría con otro de los casos del juez Ruz. Por cierto que este juez, incansable que parece, sigue adelante con el caso Bárcenas (por ahora en espera) y con la investigación de la financiación ilegal de la sede del PP, en la que la última noticia es la declaración de dos peritos que avalan la tesis de que las obras se pagaron con 1,71 millones de euros en dinero negro.

Pero la estrategia está clara, bombo y platillo para Errejones y Monederos, independientemente de si sus actuaciones constituyen delito o no, con el fin de minar al contrario. Alentar en lo posible la autodestrucción del PSOE y acallar los escándalos propios al tiempo que se ensalzan los logros. Porque parece ser que al final el panorama electoral que se va a plantear al ciudadano es el que éste tenga que escoger al menos malo, o al corrupto conocido, quizás en la esperanza de que como ya se ha enriquecido, quizás no robe más.

El caso es que el pobre elector va a tener que hilar muy fino para decidir su voto. Votar al partido que posiblemente más daño haya hecho al ciudadano, rescatando una banca con 100.000 millones de euros en ayudas directas, mientras era incapaz de mantener siquiera los presupuestos en educación, sanidad, o las prestaciones para las personas dependientes, o las ayudas para los desempleados; partidas todas ellas que no suponen en su conjunto ni la mitad del dinero inyectado a la banca. Y todo ello aderezado con continuos y sangrantes casos de corrupción. También puede votar al desenfrenado socialismo, bajo cuyo gobierno se gestó, explotó y se agravó la crisis sin que pudieran ni verlo venir. Al margen de que sus corruptelas no son menores. O bien hacerlo a alguna de las otras opciones más innovadoras, entre las que destaca la opción estrella del líder politólogo y cuyo programa político y económico no se sabe si da más miedo en algunos puntos que risa en otros, pero que se perfila como seria opción de voto de castigo al defender según qué posturas o posiciones que no por irrealizables dejan de ser la expresión de buena parte de la población, sobre todo de esa que siente que de sus costillas se ha pagado la crisis, que siguen estando al final de la cadena de decisiones y les queda un largo camino hasta conseguir un poco de dignidad económica y moral.

Lo que está claro que no nos conviene olvidar es que vivimos en un país saqueado en sus arcas públicas, en los derechos de sus ciudadanos y en las más elementales normas de la decencia. Según los técnicos de Hacienda, más del 70% de la evasión fiscal la practican las grandes empresas. El 94% de las sociedades del IBEX se alojan en paraísos fiscales, proporción que además va en aumento sin que nadie le ponga freno. Es más, el ministerio de Hacienda realizó una amnistía fiscal por la que los impuestos les salieron casi gratis a una cuadrilla de delincuentes que tuvieron a bien regularizar sus cuentas sin costo penal alguno.

La cuantía de lo robado de las arcas públicas en los múltiples casos de corrupción se ha cuantificado en 40.000 millones anuales. Hervé Falciani ha declarado que perdemos cada año en evasión fiscal el equivalente a la totalidad de la deuda. Y aún no salimos de una Gürtel cuando nos nace una Púnica, unos ERE o cualquier herencia en Andorra, y todos presuntamente inocentes, pagándose los mejores abogados y presuntamente insolventes. Y ni dios devuelve lo robado.

Y ahora votemos.