Este fin de semana me interesó ver el programa La Sexta Noche debido a que entrevistaban a Pablo Iglesias del partido PODEMOS. Hoy en el blog no vamos a analizar si el el discurso cae mejor o peor, si es populismo o no, sino que vamos a valorar punto por punto las ideas económicas inmersas en el programa electoral y sus respectivas consecuencias de su aplicación tanto en el modelo económico como en la percepción del país en los mercados financieros.

– Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo decente en los países del sur de Europa que incluye Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años. También el incremento significativo del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional. 

Vayamos por partes porque hay muchas medidas…

– La reducción de jornada laboral a 35 horas semanales establecería en siete horas laborables diarias y no las ocho actuales. La reducción de la jornada laboral se puede producir cuándo un país aumenta su productividad y la eficiencia, encabezados por sectores que aportan un gran valor añadido. La clave no está tanto en las horas sino en cómo se aprovechan. España no se ha posicionado por su elevado valor añadido en sus productos por ello hemos tenido que ganar competitividad vía reducción de salarios.

– Edad de Jubilación a los 60 años: En esta propuesta no sólo hay que contar que los ciudadanos se jubilarían antes, sino que también las pensiones se incrementarían significativamente de acuerdo con el incremento del salario mínimo interprofesional. En España tenemos a 783.000 personas ocupadas entre 60 y 64 años y si  elevamos a toda la población activa de esa franja de edad, la cifra asciende hasta 958.000 personas. La pensión media de jubilación está entorno a los 998 euros mensuales en 14 pagas por lo que si multiplicamos por las 958.000 personas obtendríamos un coste mínimo entorno a 13.500 millones de euros en el primer año, sin contar que cada vez el número de jubilados iría «in crescendo» en los próximos años y la partida presupuestaria también.

– Incremento del salario mínimo interprofesional (sin determinar): El SMI supone una barrera de entrada al mercado laboral por lo que si se aumenta, obviamente aumentará tanto la dificultad de acceso al mercado laboral como a el incremento de los costes laborales. De este modo, el nivel de paro se vería aumentado y el aumento de los costes laborales provocaría  que muchas empresas, sobretodo aquellas de escaso valor añadido, entrarían en pérdidas por lo que se verían obligadas a cerrar.

– Establecer un salario máximo vinculado un al salario mínimo: El salario es el incentivo para crear riqueza en una organización empresarial y por consecuencia al resto de la sociedad. Si fijamos un máximo, estamos limitando la capacidad de la fuerza laboral de aportar valor añadido. De forma paralela, al no haber grandes rentas, la recaudación en IRPF caería. La estimación es que la recaudación por IRPF caería entorno a un 20% por lo que si se recaudan 70.000 millones en IRPF, la pérdida estaría entorno a 14.000 millones de euros.

– Auditoría ciudadana de la deuda: Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago.

Hay varios «handicaps» en este punto del programa electoral, el primero es que no se específica el criterio de la auditoría para determinar qué parte es «ilegítima».  Suponiendo que la auditora fuera el propio gobierno tendría intereses perversos en calificar el máximo posible la cuantía de una deuda emitida en plena democracia como ílegitima. El segundo problema sucede en el impago, atentando contra la responsabilidad crediticia, la financiación de la nación sería inviable, debido principalmente a que los inversores no aceptarían comprar una deuda de un riesgo tan elevado ante esta inseguridad jurídica, por lo que los intereses de las Letras, Bonos y Obligaciones se dispararían a la velocidad del rayo. Como la auditoría y su impago también se aplicaría en el sector privado, el grifo del crédito a las pymes y las familias se cortaría inmediatamente (sí aún más) y la liquidez se esfumaría. ¿Qué entidad bancaria estaría dispuesta a prestar con un desmesurado riesgo de impago? Ninguna.

– Conversión del BCE en una institución democrática para el desarrollo económico de los países.  la prevención de ataques especulativos y el apoyo a la financiación pública de los Estados a través de la compra directa de deuda pública en el mercado primario sin limitaciones. 

Este punto responde en parte a las consecuencias del punto anterior… Como el país tendría las puertas de la financiación cerradas por el elevado riesgo de impago, PODEMOS propone «compra directa de deuda pública en el mercado primario». La traducción de este concepto significa monetizar la deuda. El Banco Central Europeo (BCE) crearía dinero de la nada y con él compraría la deuda pública en el mercado de primario, que ya repasamos en el blog. Pues bien, hasta el día de hoy el BCE tiene prohibida la «monetización del déficit», por el Tratado de Maastricht pero en el supuesto muy improbable que fuera derogada y se pudiera monetizar la deuda, tendría primero un efecto expulsión sobre la financiación del sector privado y segundo y más importante, el «dinero gratis» generaría una inflación desmedida atentando contra el poder adquisitivo de los ciudadanos y desembocando en un empobrecimiento generalizado. Monetizar la deuda no es una nueva medida sacada de la chistera… ya hemos visto su aplicación en un pasado no muy lejano cómo se han empobrecido economías como Zimbabue, Argentina, Venezuela por imprimir dinero y en un pasado algo más lejano en la caída de la Revolución francesa con los Assignats iniciada en el año 1790.

– Creación de una Agencia Pública Europea de Rating.

Ésta es una de las medidas más curiosas que podemos encontrar en su programa electoral… Se acuerdan de aquello que cuándo el alumno suspende dice: «El profesor me ha suspendido» y cuando aprueba asegura: «Yo he aprobado», pues algo parecido sucede en este caso. En la crisis de la Eurozona, la deuda soberana fue rebajada progresivamente por Agencias de Rating porque los Estados no cometían las reformas estructurales que  eran necesarias para equilibrar los presupuestos y por lo tanto ante la mala gestión y el riesgo de impago, los inversores tenían aversión a la deuda soberana, vendían y el interés de la deuda ascendía. Una Agencia Pública Europea de Rating (el alumno que se evalúa a sí mismo), no generaría ninguna confianza entre los inversores ya que habría un conflicto de interés gigantesco entre la calificación de la deuda soberana y la predisposición a fijar unos bajo retorno. Pretendiendo que  la calidad de la deuda se desvincule de su precio.

– Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía como Telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico

No hay una previsión económica al respecto de todo ese proceso de nacionalizaciones pero lo que es seguro es que serían muchos más impuestos que los actuales o bien más deuda que vendría a ser más represión financiera para las futuras generaciones y un claro mensaje en contra de la propiedad privada. Los problemas de todo este gran entramado de nacionalizaciones es por un lado el precio de adquisición, la creación de monopolios que llevaría a la destrucción de la competencia, de la innovación y de la calidad de los servicios y por último, no hay ningún estudio que avale que la gestión pública es, en términos cualitativos, mejor que la privada. Es más, como ejemplo más reciente de la gestión pública… tenemos a la banca pública, comúnmente conocida como cajas de ahorros, que la tuvimos que rescatar toda (para eso era pública) a través de inyecciones de capital, ayudas por el SAREB, ayudas por esquema de protección de activos y demás ayudas, alcanzando la cifra de 100.000 millones de euros, unos 2.175 euros por cada ciudadano.

– Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo. Aumento de los tipos impositivos del Impuestos de sociedades. Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del valor del patrimonio. 

Como no hay una exactitud en el programa electoral sobre la modificación del tipo impositivo,  la respuesta deberá ser generalizada. Elevar el Impuesto de Sociedades aún echaría más por tierra la actividad empresarial y sería un dudoso incentivo para atraer capital a este país. Al mismo tiempo, hay que recordar que hasta los modelos socialdemócratas más aclamados, que comúnmente se recuerdan como es el caso de Suecia, su política fiscal se basa en una «alfombra roja a las empresas» en el que su impuesto de sociedades se cifra en el 22%. Mientras que en España actualmente (sin la reforma fiscal que entrará en vigor en 2015) el impuesto de sociedades básico está en el 30% y para pymes cuyos ingresos sean inferiores a los 8 millones de euros,  hasta el 25% de beneficios de 300.000 euros y de ahí en adelante el tipo de gravamen asciende al 30%.

– Derecho a una renta básica para todos

En el programa se refieren al derecho y no a la obligación de pagar una renta a todos. Según las estimaciones del economista Juan Ramón Rallo, el coste de esta medida podría alcanzar los 200.000 millones de euros si contamos que la renta básica cubre el umbral de la pobreza de 676 euros mensuales. Para financiar todo ese gasto, si la intervención el el PIB en 2013 fue del 37,8% necesitaríamos subir como mínimo 14 puntos básicos sobre el PIB para esta medida en particular.

CONCLUSIÓN: El programa económico de PODEMOS refleja de forma clara los gastos y la financiación de los mismos queda abarcado en una supuesta «Reforma fiscal», gravando a empresas con un Impuesto de Sociedades, un IRPF a las grandes rentas que al  imponerse un salario máximo no se entiende cuáles serían esas grandes rentas, un Impuesto sobre Patrimonio no determinados, y una estimación de una recaudación extraordinaria por fraude fiscal. También, una de las bazas del programa electoral pasaría por la monetización del déficit (que no depende de España sino del BCE). Suponiendo que se pudiera monetizar se provocaría el efecto expulsión del crédito a familias y pymes y a su vez  un empobrecimiento generado por los elevados niveles de inflación vinculados al aumento de la masa monetaria emitida. En ningún caso, el programa electoral hace alusión alguna a medidas que apuesten por el desarrollo económico y la prosperidad como pudieran ser apertura a los mercados (libertad comercial, de inversión y financiera), gobierno limitado (libertad fiscal y descenso del gasto público) y tampoco sobre la eficiencia reguladora para rebajar los días, procedimientos y licencias necesarios para crear una nueva empresa.