El acceso a la vivienda vuelve al centro del debate político europeo, esta vez de la mano de un informe presentado por el Parlamento Europeo que busca abrir el camino hacia reformas profundas en el sector. Aunque no es vinculante, el texto incluye un amplio catálogo de propuestas que intentan abordar tanto la falta de oferta como las trabas que enfrentan ciertos colectivos a la hora de acceder a un hogar.
El documento se centra especialmente en el acceso de los jóvenes a la vivienda, una cuestión especialmente delicada en países del sur de Europa. La media de emancipación en la UE supera ya los 26 años, y hay regiones donde esa cifra se acerca peligrosamente a los 30. Para atajar este retraso, el informe propone fórmulas que van desde hipotecas con tipos reducidos hasta la exención de los impuestos de compraventa en primeras adquisiciones. También menciona medidas de coberturas hipotecarias específicas para este segmento.
El texto hace un guiño a los trabajadores considerados esenciales —sanitarios, docentes o policías— proponiendo programas de vivienda específicos para ellos, e insiste en reorientar fondos europeos para financiar políticas públicas de vivienda, tanto de los fondos de cohesión como del plan de recuperación. El Banco Europeo de Inversiones tendría un papel clave como respaldo financiero.
En el terreno de la oferta, una de las ideas más repetidas es agilizar la concesión de licencias urbanísticas y aprovechar el suelo público infrautilizado. Además, se apuesta por impulsar la construcción modular y el uso de materiales alternativos que abaraten los costes sin comprometer la calidad. Las reformas fiscales también entran en juego, especialmente aquellas dirigidas a aliviar la carga tributaria de los propietarios particulares.
Uno de los puntos más controvertidos es el tratamiento de la ocupación ilegal de viviendas. El informe respalda la creación de un registro europeo para identificar patrones delictivos detrás de este fenómeno y mejorar la coordinación entre países. La propuesta incluye también la creación de mecanismos más ágiles para recuperar la propiedad ocupada ilegalmente, subrayando la importancia de proteger la seguridad jurídica y la propiedad privada.
Junto a este texto se ha presentado un documento alternativo que propone un giro más intervencionista. Este incluye la creación de un fondo europeo que conceda préstamos a tipo cero, así como la introducción de una regla 30-30-30: que el 30 % del parque de vivienda esté protegido del mercado libre, con precios un 30 % por debajo del valor de mercado y que ningún hogar destine más del 30 % de sus ingresos a pagar por su vivienda. También propone limitar el alquiler turístico y frenar la acumulación de propiedades en manos de grandes inversores.
En los próximos tres meses, el informe original pasará por un proceso de negociación entre los distintos grupos políticos. Después se someterá a votación en comisión y pleno, antes de que la Comisión Europea publique su propia hoja de ruta en materia de vivienda asequible, prevista para marzo.