El infierno del alquier en dos demoledores datos

El infierno del alquier en dos demoledores datos 1

El acceso a la vivienda en las grandes ciudades españolas es un infierno, especialmente para los jóvenes. En Madrid y Barcelona, alquilar un piso de tamaño medio absorbe una parte desproporcionada del salario de una pareja joven: un 43% en la capital y hasta un 51% en la ciudad condal. Muy por encima del umbral del 30% que se considera razonable para mantener cierto equilibrio financiero en el hogar sin tener que renunciar a necesidades básicas.

Los datos se basan en un cálculo del alquiler medio de una vivienda de 90 metros cuadrados, en buen estado y con ascensor, en decenas de barrios de ambas ciudades. El análisis confirma algo que ya se intuía: vivir de alquiler es hoy una losa económica para buena parte de la población joven, especialmente en los núcleos urbanos más tensionados.

En Madrid, el barrio más accesible en cuanto a precio es Pavones, con un alquiler medio mensual de 810 euros. En Barcelona, el más barato es Porta, con 996 euros al mes. Ambos están lejos del centro y reflejan cómo la periferia se convierte en la única opción viable para quienes quieren independizarse sin ingresos elevados. Aun así, incluso estos importes suponen un esfuerzo notable para sueldos modestos.

A día de hoy, el salario medio de los menores de 35 años apenas permite afrontar estos alquileres sin comprometer otras partidas como el transporte, la alimentación o el ahorro. Y esa presión financiera tiene consecuencias: el 66% de los jóvenes entre 18 y 34 años sigue viviendo con sus padres. Es decir, dos de cada tres. España es uno de los países europeos donde más se retrasa la emancipación. Estamos 16 puntos por encima de la media de la UE.

Detrás de este retraso está el coste de la vivienda, pero también la falta de oferta pública en régimen de alquiler. La situación actual contrasta con la de otros países del entorno europeo, donde los parques de vivienda social juegan un papel clave para facilitar la emancipación.

El planteamiento sobre la mesa es ambicioso: incorporar al menos 600.000 viviendas al mercado público de alquiler. Se trataría tanto de nuevas construcciones como de viviendas ya existentes, lo que requeriría una inversión de gran calado y coordinación entre administraciones. Pero la demanda existe, y los datos muestran que no es una cuestión de preferencias, sino de pura aritmética doméstica.

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