La Audiencia Provincial de Oviedo ha vuelto a dar un golpe a la banca en materia de gastos hipotecarios. En una decisión reciente, desestimó el recurso presentado por Banco Sabadell contra una sentencia previa que obligaba a la entidad a devolver a un cliente las cantidades cobradas por los gastos de constitución de su hipoteca y a anular determinadas cláusulas declaradas abusivas.
El caso, que arrancó en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Siero, se centraba en dos cláusulas concretas: una que imponía al prestatario todos los gastos de formalización del préstamo, y otra que facultaba al banco a resolver anticipadamente el contrato en condiciones ventajosas para la entidad. El juzgado asturiano falló a favor del cliente en septiembre de 2024, condenando al Sabadell a devolver los importes cobrados y eliminar las cláusulas.
El banco intentó revertir el fallo alegando que la acción para reclamar esas cantidades estaba prescrita, apoyándose en el plazo de cinco años previsto para las acciones personales según el Código Civil. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Oviedo, en su sentencia de marzo de 2025, rechazó este argumento.
El tribunal recordó que, siguiendo la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español desde julio de 2024, no puede aplicarse la prescripción si no se acredita que el consumidor conocía el carácter abusivo de las cláusulas antes de que lo declararan los tribunales. Es decir, el cómputo del plazo no arranca con la firma del contrato, sino cuando el consumidor pudo razonablemente conocer la nulidad de esas estipulaciones.
Este matiz es clave: abre la puerta a que miles de hipotecados que firmaron préstamos hace más de cinco años sigan teniendo vía libre para reclamar. Organizaciones como la OCU y Adicae han advertido de que aún hay muchos afectados que podrían recuperar cantidades pagadas en notaría, registro, tasación o gestión vinculadas a sus hipotecas.
Según datos del Banco de España, más del 30% de las hipotecas constituidas entre 2000 y 2019 incluían cláusulas que hoy podrían considerarse abusivas a la luz de la jurisprudencia europea. El fallo contra Sabadell confirma que los tribunales españoles están aplicando de manera estricta estos criterios, en defensa de los derechos de los consumidores.
Sara Bernardo Fonseca, abogada del cliente en este caso, destaca que «muchos bancos siguen utilizando el argumento de la prescripción para disuadir a sus clientes de reclamar, pero decisiones como esta demuestran que ese discurso ya no se sostiene».
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