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Abogados avisan de que vence el plazo para reclamar en algunas preferentes

El bufete de abogados Castañeda ha advertido en un informe del posible vencimiento del plazo de reclamación civil de los afectados por la venta de participaciones preferentes en 2009, “ya que el periodo que se establece para el inicio de acciones legales es de cuatro años y no se interrumpe por reclamación extrajudicial al estar sometido a caducidad”.

   El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el plazo para el inicio de acciones legales “se computa desde que se contrató el producto o, en el mejor escenario, desde que finalice el plazo previsto de amortización”.

Por ello, alerta de la posibilidad de que en breve venza el plazo para “miles” de afectados por la venta de estos productos, “especialmente respecto a la emisión de Caja Madrid de 2009”.

El bufete recuerda que la actual normativa “eleva los mecanismos de protección del inversor hasta el punto de prohibir a las entidades financieras promocionar o recomendar productos complejos a clientes minoristas si no fueran adecuados para ellos”.

Así, especifica que esta recomendación queda autorizada sólo cuando los conocimientos y experiencia del inversor le permiten conocer “perfectamente” la configuración del producto y riesgos, así como si es idóneo para su situación financiera y objetivos de inversión.

Insisten además en que los inversores que hayan dado su consentimiento para contratar preferentes “con desconocimiento de sus características y riesgos” a causa de tener poca información, tienen la opción de iniciar ante los juzgados el procedimiento para anular el contrato “por existencia de error en el consentimiento”.

En este caso, pueden solicitar la devolución del importe invertido más los intereses, con la restitución de las participaciones a la entidad.

Escrito por Europa Press el 15 de abril de 2013 con 2 comentarios
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El Gobierno reconoce que aún hay más de 5.600 millones de euros de preferentes en manos de ahorradores

 El Gobierno reconoce que aún quedan más de 5.600 millones de euros en títulos de participaciones preferentes en manos de pequeños ahorradores e inversores minoritarios, una cantidad “muy elevada para un producto de estas características”.

   Así lo señala en una respuesta escrita a UPyD fechada el pasado 18 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el Ejecutivo explica que pese a que las preferentes son un producto “complejo” su comercialización “se generalizó entre inversores”.

“Hoy, el saldo vivo de preferentes en manos de este tipo de inversores asciende a unos 5.620 millones de euros (según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a partir de datos de la gestora de valores Iberclear), muy elevado para un producto de estas características. También el número de preferentistas es muy elevado”, añade el Gobierno.

Además, apunta que los titulares de estos títulos sólo tienen dos opciones para recuperar el principal de su inversión: o venderlo en los mercados o aceptar canjes por otros instrumentos de capital. En este contexto, las entidades que no han recibido ayudas públicas pueden asumir una parte de la pérdida del valor del producto, pero las entidades nacionalizadas o rescatadas parcialmente deben cumplir las normativa de competencia de la UE y vincular su participación a su valor de mercado, que actualmente está por debajo del cien por ciento.

ARBITRAJES

En estas circunstancias, el Gobierno, “consciente de la problemática surgida en relación con la posible mala comercialización entre minoristas de instrumentos complejos”, pretende articular un procedimiento de arbitraje para los suscriptores de preferentes de Bankia, siguiendo “criterios de selección y procedimientos similares”, a los que ya se han aplicado en Novagalicia Banco y Catalunya Banc.

Previamente, “una asesor privado filtrará los supuestos que evidencian una mala praxis en la comercialización”. En el caso de Bankia, por ejemplo, ya se ha contratado este servicio con la consultora KPMG por “los aplicativos informáticos de que dispone para procesos de este tipo, así como por ser la propuesta más económica para el banco”.

En los casos que determine que es procedente acudir al arbitraje, KPMG también asistirá a Bankia en el “asesoramiento legal relativo” al procedimiento. Por lo demás, “la figura del árbitro se encuentra en la actualidad pendiente de definición y el procedimiento a seguir en el proceso de arbitraje está aún por determinar”, lo mismo que aún no se ha constituido la comisión de seguimiento del proceso, que también deberá definir los criterios para discernir entre casos de estafa y comercializaciones correctas.

Finalmente, el Gobierno recuerda que el arbitraje “no sustituye” a la obligación impuesta por el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate financiero sobre el “reparto de cargas”, que exige que los actores públicos y los acreedores privados de las entidades que reciban asistencia financiera (accionistas, titulares de preferentes y tenedores de deuda subordinada) asuman proporcionalmente el coste del rescate.

Escrito por Europa Press el 11 de marzo de 2013 con 1 comentario
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Los pagarés siguen perdiendo su atractivo frente a los depósitos bancarios

Los datos de octubre confirman lo que la banca ya adelantó en septiembre, que se produciría un trasvase de los pagarés a los depósitos tras la derogación de la Ley Salgado y la nueva regulación que elimina las penalizaciones a los productos de ahorro de alta remuneración.

Según datos de AIAF, el mercado en el que cotizan la mayoría de los valores de renta fija, el saldo vivo de pagarés asciende a 69.985,46 millones de euros a cierre de octubre, lo que supone una caída del 7,64% respecto a los 75.777,84 millones de euros del mes anterior. En el acumulado del año -de enero a octubre- sin embargo, el saldo vivo en pagarés sigue arrojando una cifra positiva, ya que sube algo más de un 58%.

Y es que, con la entrada en vigor de la Ley Salgado en el verano de 2011, las entidades financieras se lanzaron a comercializar este tipo de productos de renta fija para esquivar las sanciones del Banco de España. Emisiones que se colocaron masivamente entre los pequeños ahorradores, lo que llevó al Gobierno el pasado mes de agosto a derogar la Ley Salgado bajo una premisa “evitar que los pagarés se utilizaran como depósitos”.

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Escrito por Bankimia el 6 de diciembre de 2012 con 4 comentarios
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