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Bruselas destaca que no ha tenido “ningún problema” para validar las cifras de déficit de España

 La Comisión Europea ha resaltado este lunes que no ha tenido “ningún problema” para validar las cifras de déficit de España en 2012 remitidas por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha atribuido a una “diferencia de presentación” el hecho de que Eurostat sitúe el déficit en el 10,6% -incluyendo las ayudas a la banca- mientras que el Gobierno insista en la cifra del 7% -sin contar las ayudas-.

   “Eurostat no ha tenido ningún problema para validar las cifras españolas”, ha destacado la portavoz responsable de la oficina estadística, Emer Traynor.

“Se trata sólo de una diferencia de presentación. La cifra que Eurostat ha puesto como cifra principal, que es el 10,6%, es la cifra de déficit para España incluyendo el impacto de las recapitalizaciones bancarias, mientras que la cifra que hemos visto desde España es la que excluye este impacto de la intervención del Gobierno en el sector financiero”, ha explicado la portavoz.

La cifra del 7% de déficit es la que tendrá en cuenta el Ejecutivo comunitario en el procedimiento por déficit excesivo contra España y para decidir una posible prórroga de hasta dos años, hasta 2016, en la corrección del déficit.

La decisión de Bruselas llegará probablemente el próximo 29 de mayo, una vez que España haya aprobado su plan de estabilidad y de reformas y que se conozcan las previsiones de primavera de la Comisión.

“La decisión no se ha tomado todavía. Dependerá de la evaluación que hagamos de las previsiones de crecimiento para los diferentes países y de las reformas estructurales que se van a comprometer a hacer en sus programas que recibiremos en unos días”, ha explicado el portavoz de Asuntos Económicos, Olivier Bailly.

Escrito por Europa Press el 22 de abril de 2013 con 2 comentarios
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La CE pide a España que aplique norma que le obliga a reducir de 140 a 30 días el plazo de pago a proveedores

 La Comisión Europea ha pedido este martes a España que aplique la norma de la UE que le obligará a reducir de 140 días de media actual a 30 días el plazo que tienen todas las administraciones públicas para pagar a sus proveedores.

   España está entre los nueve Estados miembros que ya han incorporado esta directiva -que entra en vigor el próximo sábado 16 de marzo- a su legislación nacional. Pero ahora el Ejecutivo comunitario vigilará que se cumpla en la práctica, no sólo por parte de las autoridades españolas sino en todos los países de la UE.

Las nuevas reglas obligan a las administraciones públicas a pagar los bienes y servicios que contraten en un plazo máximo de 30 días o, en el caso de los hospitales, en 60 días. Las compañías tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora (fijados en un mínimo del 8%), así como 40 euros extra como compensación por los costes de cobro.

“La directiva es particularmente importante en el actual clima de restricción de crédito para las pymes”, ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly. “Cada semana en toda Europa, miles de pymes, incluso con buena salud, quiebran porque sus recibos no se pagan a tiempo. Y en algunos Estados miembros este fenómeno se ha convertido en una auténtica emergencia”, ha resaltado.

De promedio, las administraciones públicas en Europa pagan sus facturas en un plazo de 61 días. “Pero si se mira por Estado miembro, hay grandes diferencias. Por ejemplo, en Francia son 52 días, en España y Portugal 140 días y más de 180 días en Italia y Grecia”, ha dicho el portavoz.

El resultado de estos retrasos, según el Ejecutivo comunitario, es que las pymes tienen dificultades para invertir, pagar sus salarios, sus impuestos y a sus proveedores y pueden acabar quebrando. “Esto tiene un efecto devastador sobre nuestra economía”, ha señalado Bailly.

“Es hora de poner fin a este hábito de pagar con retraso”, ha resaltado el portavoz.

Para las empresas privadas, el plazo de pago que fija la directiva es de 60 días, aunque las compañías pueden acordar por contrato plazos diferentes siempre que no sean “manifiestamente injustos” para el acreedor.

Además de España, los países que ya han traspuesto la directiva son Chipre, Malta, Italia, Holanda, Irlanda, Eslovaquia, Bulgaria y Suecia. Bruselas está examinando ahora si la legislación nacional utilizada cumple los estándares que fija la norma de la UE.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha avisado de que la directiva “tendrá un efecto directo” en toda la UE desde el sábado. “Incluso en los países que no la han transpuesto, las pymes tendrán la posibilidad de invocar las reglas ante la justicia, y la Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar que todos los Estados miembros cumplan la directiva”, ha subrayado Bailly.

Escrito por Europa Press el 12 de marzo de 2013 con 0 comentarios
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Bruselas dice que corresponde a España pedir el rescate y no descarta que se fijen condiciones adicionales

   La Comisión Europea ha dicho este viernes que corresponde al Gobierno español decidir si ve necesario pedir ayuda al fondo de rescate de la UE para reducir sus costes de financiación y cuándo lo hace. El Ejecutivo comunitario no ha descartado que el Eurogrupo exija a España condiciones suplementarias a cambio de la asistencia.

   La solicitud del rescate es uno de los requisitos que ha impuesto el Banco Central Europeo (BCE) para iniciar la compra masiva de deuda española e implicará la imposición de “condiciones estrictas”, según dijo su presidente, Mario Draghi.

   “Corresponde a los Estados miembros y a sus Gobiernos decidir cuándo quieren enviar una solicitud a la Comisión y a los países de la eurozona para una posible asistencia financiera”, ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Olivier Bailly, al ser preguntado por si el Ejecutivo comunitario aconseja a España pedir el rescate.

   “Son los Estados miembros los que deben valorar la situación económica y la situación en los mercados. Corresponde al Gobierno español, como a cualquier otro Gobierno, decidir si ha llegado el momento, si tiene necesidad de presentar esta petición al Eurogrupo o a la Comisión”, ha resaltado.

   Por lo que se refiere a las condiciones que se podrían imponer a España a cambio de la ayuda, el Ejecutivo comunitario ha explicado que a priori ya están definidas en las recomendaciones que la UE aprobó el pasado junio.

   Éstas se refieren tanto a la política presupuestaria -obligan a reducir el déficit hasta el 6,3% del PIB este año, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014-, como a las reformas estructurales -incluían entre otras cosas la subida del IVA o la supresión de la deducción por vivienda-.

   “La Comisión cree que lo que se le puede pedir a un Estado miembro en materia de reformas estructurales, macroeconómicas, empleo, liberalización de la economía, apoyo a sectores, ya está en las recomendaciones”, ha insistido Bailly. En su opinión, el Eurogrupo “se apoyará” en estas recomendaciones para definir las condiciones del rescate.

   No obstante, el portavoz ha dejado claro que la decisión final corresponde a los países de la eurozona y no ha descartado que éstos decidan requisitos extra. “No puedo prejuzgar ahora cuál será la decisión de 16 Estados miembros cuando llegue una solicitud del país 17. Es un debate que corresponde a los Estados miembros”, ha apuntado.

   En todo caso, la Comisión considera que la implicación del Fondo Monetario Internacional “no significa que habrá condiciones suplementarias”, sino que tiene como objetivo ser una “garantía de la seriedad del proceso” y la continuidad de la troika (formada también por el Ejecutivo comunitario y el BCE) que ya ha actuado en los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda.

Escrito por Europa Press el 7 de septiembre de 2012 con 16 comentarios
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