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Una corte federal de apelaciones determinó el viernes que los registros financieros del presidente Donald Trump deben ser entregados a la Cámara de Representantes.

La corte federal de apelaciones de la capital informó que los legisladores deberían recibir los documentos que reclamaron a Mazars USA, una firma que ha brindado servicios contables a Trump.

El presidente acudió a la corte para tratar de impedir que Mazars entregue los registros. Trump podría apelar el fallo ante la Corte Suprema.

En abril, la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió a Mazars la entrega de los registros, que incluyen documentos de 2011 a 2018 y que la cámara baja desea para una investigación sobre los reportes financieros del presidente y potenciales conflictos de interés. La lista de documentos no menciona las declaraciones de impuestos del mandatario, que se encuentran sujetas a otras disputas legales.


En un fallo de 2-1, la corte de apelaciones rechazó las demandas legales de Trump.

“Contrario a los argumentos del presidente, la Comisión cuenta con la autoridad bajo las Reglas de la Cámara de Representantes y de la Constitución para emitir la solicitud, y Mazars debe acatar”, escribió el juez David Tatel, a quien se le unió la jueza Patricia Millett. Tatel fue designado por el entonces presidente Bill Clinton. Millett fue designada por el ahora expresidente Barack Obama.

La jueza Neomi Rao, designada por Trump, manifestó su desacuerdo al señalar que la Comisión debió haber reclamado los registros bajo los poderes de destitución de la Cámara de Representantes y no bajo su autoridad legislativa.

“La Constitución y nuestra práctica histórica traza una línea consistente entre los poderes legislativos y judiciales del Congreso. La mayoría cruza esta frontera por primera vez al ratificar un reclamo que investiga la conducta ilícita del presidente bajo el poder legislativo”, escribió Rao.

El caso es uno de varios que se abren paso en las cortes y en los que Trump enfrenta al Congreso sobre sus registros financieros.
 

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El secretario de Energía saliente de Estados Unidos, Rick Perry, dijo el sábado que él le pidió al presidente Donald Trump que llamara al presidente ucraniano _una llamada telefónica que está en el centro de la investigación hacia un posible juicio político a Trump_ porque era “importante” para las necesidades energéticas del país. Perry aseguró que no tuvo nada que ver con el exvicepresidente Joe Biden ni con su hijo Hunter.

Perry también endureció su tono en relación con las audiencias hacia un posible juicio político y juró que no testificará para un proceso legislativo que calificó “no sólo ilegal sino impropio”.


El secretario dijo a The Associated Press que exhortó a Trump a llamar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para ofrecerle a Ucrania “una alternativa al gas ruso” y que nunca escuchó las palabras Biden ni Burisma, esta última el nombre de una compañía ucraniana de gas que alguna vez contrató al hijo de Biden.

La indagatoria se enfoca en si Trump ordenó retener ayuda militar a Ucrania a menos que Zelenskiy prometiera investigar a los Biden.

En cuanto a Zelenskiy, Perry dijo que sólo deseaba entregar el mismo mensaje que había entregado a su predecesor.

“Tuvimos tantas conversaciones con él que nos sentíamos cómodos de que realmente haría lo que dijo que iba a hacer cuando se postuló para el puesto, que era tener este tipo de transparencia, este tipo de medidas anticorrupción”, dijo Perry en Dubái.

Dije “señor presidente, llame a este hombre. Es bueno para él y es bueno para nosotros, y podremos continuar ayudando a suministrar gas, preferentemente gas estadounidense, a Ucrania”, agregó.

Perry, de 69 años, anunció recientemente que dejará el puesto al final de año, alegando que Estados Unidos casi alcanza su meta de independencia energética. Perry, exgobernador de Texas, es secretario de Energía desde marzo de 2017, lo que lo convierte en uno de los miembros con más tiempo en el gabinete de Trump, que ha sufrido una gran cantidad de reemplazos.
 

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Dos allegados al secretario de energía estadounidense Rick Perry consiguieron contratos potencialmente muy lucrativos para la exploración en busca de petróleo y de gas con el gobierno ucraniano poco después de que Perry propusiese a uno de ellos como asesor del nuevo presidente de Ucrania.

Los esfuerzos de Perry por incidir en la política energética de Ucrania justo cuando el presidente Volodymyr Zelenskiy buscaba ayuda militar de Estados Unidos para resistir la agresión rusa y aliados del presidente estadounidense Donald Trump presionaban para que los ucranianos investigasen a su rival demócrata Joe Biden.


Ucrania les dio el contrato a los partidarios de Perry poco más de un mes después de que el secretario estadounidense de energía asistiese a la ceremonia de asunción de Zelenskiy en mayo. Durante ese viaje, Perry entregó al nuevo presidente una lista de personas que recomendaba para que lo asesorasen en el terreno energético, incluido un viejo aliado político suyo, Michael Bleyzer.

Una semana después, Bleyzer y su socio Alex Cranberg presentaron una propuesta para explorar una zona controlada por el gobierno llamada Varvynska. Su propuesta fue varios millones de dólares más baja que la de su único competidor, de acuerdo con documentos internos del gobierno ucraniano obtenidos por la Associated Press.

A pesar de ello, recibieron un contrato por 50 años porque una comisión gubernamental determinó que tenían más conocimientos técnicos y mayor apoyo financiero, según los documentos.

Los testimonies escuchados hasta ahora en la investigación con mira a un posible juicio político de Trump indican que Perry fue uno de tres funcionarios estadounidenses que negociaban un encuentro entre Trump y Zelenskiy.

La secuencia de eventos indicaría que las maniobras políticas del gobierno de Trump en Ucrania estuvieron vinculadas con grandes acuerdos en el sector energético.

En sus viajes a Kiev Perry dejó bien en claro que es muy allegado a Bleyzer, un inversionista ucraniano-estadounidense y viejo partidario de Perry que vive en Houston, y a Cranberg, un importante donante republicano que permitió a Perry el uso de un lujoso jet de su empresa durante su fallida campaña presidencial del 2012.

La portavoz de Perry Shaylyn Hynes dijo el miércoles que el secretario de energía promueve el sector energético estadounidense en todo el mundo. Pero negó que hubiese promovido los intereses de alguna empresa o individuo en particular.


La oficina de Zelenskiy no respondió a pedidos de comentarios.

Bleyzer, por su parte, envió un comunicado a la AP en el que negó que Perry lo hubiese ayudado a conseguir el contrato.

“Creo que las conversaciones del secretario Perry con funcionarios ucranianos, si es que las hubo, no incidieron en absoluto”, dijo Bleyzer el martes.

Amy Flakne, abogada de Aspect Holdins, una empresa de Cranberg, dijo que la firma “no busco ni recibió, hasta donde sabemos, una intervención especial en nuestro beneficio”.

Las gestiones de Perry en Ucrania lo ubican en el centro de la investigación de las presiones de Trump y de su abogado personal Rudy Giuliani para que Zelenskiy abriese una investigación de los negocios de Biden y de su hijo Hunter con la firma Burisma, otra empresa gasífera ucraniana.

Perry, quien el mes pasado dijo que dimitiría a fin de año, se ha negado a cooperar con la investigación de la Cámara de Representantes.

La relación entre Bleyzer y Perry se remonta a al menos una década. Como gobernador de Texas, Perry nombró a Bleyzer en el 2009 para que sirviese en una junta asesora que supervisaba las empresas de tecnología emergentes. Al año siguiente, en el 2010, Bleyzer aportó 30.000 dólares a la campaña de Perry para gobernador de Texas.

Bleyzer nació en Ucrania y estudió electrónica digital y física cuántica. En 1994 fundó SigmaBleyzer Investment, una firma de inversiones de capital privado que administra unos mil millones de dólares.

Cranberg fue designado por Perry en el 2011 para que sirva por un período de seis años como miembro de la junta de regentes que supervisa el sistema universitario estatal. Es un generoso donante político, que aportó más de 3 millones de dólares desde mediados de la década de 190 a causas mayormente republicanas
 

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Pese a que la economía está desacelerando, el presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos está gozando de un “auge como nunca se ha visto”.

En su discurso en el Club Económico de Nueva York, Trump dijo que “hemos cumplido nuestras promesas, y superado nuestras expectativas por un gran margen”.

El evento estuvo concurrido por gente influyente y acaudalados líderes empresariales, pero el futuro político de Trump podría depender de si los votantes en la región central y la franja sur del país creen que ha luchado por su bienestar financiero.

El presidente se enfila a las elecciones del próximo año con una economía relativamente saludable. Sin embargo, los préstamos universitarios, los altos costos médicos y el aumento de la desigualdad han dado pie para que los precandidatos demócratas a la presidencia digan que sólo unos cuantos privilegiados se han beneficiado verdaderamente de la gestión de Trump.


“Nuestra democracia ha sido secuestrada por los ricos y los poderosos. Ellos hacen que las cosas funcionen para ellos, y dejan a los demás atrás”, dijo este mes la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren durante una cena de recaudación de fondos del Partido Demócrata en Iowa.

Pese a su retórica autoadulatoria, Trump no ha cumplido muchas de sus grandiosas promesas sobre la economía.

El crecimiento en el último trimestre desaceleró a 1,9% anual, lejos de las ganancias de “4%, 5% e incluso 6%” que Trump dijo que serían posibles a raíz de sus recortes de impuestos del 2017. El presidente no ha podido impulsar la industria acerera de Estados Unidos con aranceles, mientras que el gas natural ha reemplazado al carbón como fuente de energía.

La tasa de desempleo está en 3,6%, cerca de una marca de hace cinco décadas, lo que llena de orgullo a Trump. Las ganancias laborales desafiaron los pronósticos de muchos economistas del gobierno que preveían menos contrataciones debido al envejecimiento poblacional.
 

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Las nuevas normas anunciadas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump el viernes requerirán que las aseguradoras y los hospitales divulguen por adelantado los precios reales de exámenes y procedimientos médicos comunes para promover la competencia y reducir los costos.

Pero tales cambios enfrentan una fuerte resistencia de la industria médica. Una coalición de hospitales anunció que interpondrá demandas para bloquear cláusulas clave, que en cualquier caso no surten efecto inmediato.

Incluso en un mundo ideal donde la información fluya libremente, los pacientes y sus familias tendrían que pasar por una curva de aprendizaje para sentirse cómodos con el enredado mundo de las facturas médicas. Lo que suena como el mismo procedimiento puede tener varios códigos de cobro que dependen de factores que no resultan evidentes para una persona que no está familiarizada con los términos.


Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente Trump pasó por alto las posibles complicaciones, haciendo que pareciera como si la apertura en el mundo de la atención médica fuera un asunto terminado.

“Después de muchos, muchos años, finalmente tenemos transparencia”, señaló Trump. “Y dentro de unos 12 meses pienso que se implementará por completo, e incluso podremos decir que probablemente sea en un periodo más corto que eso”.

Una norma final emitida el viernes aplicaría a los hospitales, y una regulación propuesta sería aplicable a los planes de seguro. Los requerimientos de la divulgación para los hospitales entrarían en efecto hasta 2021. Para las aseguradoras no hay una fecha definida. Dichos requerimientos no afectan directamente a los médicos.

Las autoridades dijeron que las normas aclararían el confuso laberinto de los precios de la atención médica, lo que permitirá que pacientes informados encuentren servicios de calidad al menor costo. Los precios para una resonancia magnética, por ejemplo, pueden variar por cientos de dólares dependiendo del sitio donde se realice.

“Los pacientes estadounidenses han estado a la merced de un sistema opaco con poco acceso a la información que necesitan para tomar decisiones sobre su propia atención médica”, dijo Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos, destacando que muchos procedimientos en hospitales son programados con antelación y que eso da a los pacientes la oportunidad de comparar precios.

Bajo las normas del gobierno federal, las aseguradoras tendrían que proporcionar a los pacientes presupuestos individualizadas, por adelantado, accesibles por internet. La mayoría de la gente ve dicha información luego de que contrató los servicios, cuando su “explicación de beneficios” llega por correo.

Los hospitales y las aseguradoras dicen que la divulgación de información va demasiado lejos. Alegaron que el gobierno los obligaría a informar las tasas que negocian como parte de contratos privados que normalmente están fuera del alcance de las autoridades.
 

Johngo

Well-Known Member
Este tema es más complicado y poderoso de lo que parece en cualquier lugar del mundo:

En Argentina los laboratorios – industria médica, fueron causantes de la caída del gobierno de ILLIA, Arturo Humberto 1963 - 1966 (Depuesto)

Un primo mío argentino hace años lo atropellaron y fue llevado al lugar más cercano, nada menos que La Clínica Mayo. El costo de internación en aquella época era sideral en dólares, no podía salir. Cuando se despertó una enfermera Cubana le dijo: Oye tu: amenázalos con un juicio y así fue. Años después se mudó a Miami e hizo una fortuna en compra venta de propiedades y decoraciones con los que huían de Sudamérica, Uruguay, Argentina, Paraguay por la dictadura etc.


https://www.mayoclinic.org/es-es/?
 
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