Objetivo: menos burocracia

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El plan de ahorro para reducir las cargas administrativas se decidió en el último Consejo de Ministros, pero el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, ha sido el encargado de presentarlo hoy. Este bloque, el cuarto que implementa el Gobierno desde 2008, consta de 88 medidas que pretenden traducirse en un ahorro cercano a los 2.000 millones y olvidarse de la ruta de ventanillas entre administraciones.

Las empresas serán las más beneficiadas, ya que 7 de cada 10 medidas van dirigidas a este ámbito, al reducir el coste de los trámites que tienen que realizar con la administración para su constitución y funcionamiento. Asimismo, hay otro 24 por 100 que se traducirán en beneficios tanto para las empresas, como para los ciudadanos.

Así, se eliminan obligaciones innecesarias como pedir datos o documentos que ya tienen en poder las administraciones, se reducen los plazos de tramitación y se posibilitan las gestiones a través de Internet.

La puesta en marcha de estas iniciativas, que se desarrollarán hasta finales de 2012, va a implicar a ocho ministerios, principalmente a Justicia, Economía y Hacienda, Interior y Trabajo e Inmigración, Fomento, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Industria, Turismo y Comercio y, por último, Sanidad, Política Social e Igualdad.

Entre las medidas, la supresión de la obligación de publicar en presa escrita los anuncios de actos societarios, como juntas de accionistas, ampliaciones o reducciones de capital; la tramitación electrónica de procedimientos societarios o agilizar el inicio de los permisos de maternidad o paternidad de los trabajadores.

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Son incontables las veces que éste y anteriores gobiernos han anunciado planes para simplificar trámites administrativos y reducir el coste que comportan para empresas y ciudadanos. Este martes le ha tocado al vicepresidente Chaves, dando a conocer 88 medidas aprobadas el pasado viernes por el consejo de ministros que, según sus propias palabras, se suman a las 159 ya adoptadas desde 2008 con idéntico propósito. ¿Se ha notado? ¿Se notará?

Los cálculos disponibles sobre el coste total de las cargas administrativas son variopintos, pero los más optimistas los aproximan al 5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) y, aunque nunca ha quedado del todo claro cuál sería el nivel óptimo en que deberían situarse, hacerlos descender parece de sentido común. Y, aunque se han racionalizado muchos procedimientos, otros persisten poco más o menos insensibles, entre otras cosas a las herramientas que proporcionan la tecnología y los sistemas de comunicación.

Entre lo que llama poderosamente la atención figuran los trámites que todavía es obligado realizar de forma presencial. Acudir a dependencias administrativas provisto de documentos, formularios, impresos... y sobre todo enormes dosis de paciencia para afrontar tediosas esperas debería -¿podría?- haber quedado relegado al olvido. La realidad, sin embargo, es que para unas cosas sí, mientras para otras, todavía no.

Algo semejante se puede apreciar en los plazos de tramitación y respuesta. Algunos organismos o departamentos actúan con encomiable presteza, en tanto los hay que siguen eternizando respuestas e incluso incumpliendo plazos señalados por la propia administración.

Más llamativo -¿enervante?- es que una misma novedad se anuncie una vez tras otra, sin que se llegue a materializar. Dos ejemplos destacan sobre los demás. Es incontable el número de ocasiones que se ha asegurado que ninguna dependencia pública tiene por qué exigir al ciudadano la presentación o exhibición de un dato o documento que la administración, cualquier administración, ya posee. Este martes, empero, se ha vuelto a anunciar, seguramente porque nunca ha sido verdad.

Lo mismo se puede decir de la tan traída y llevada ventanilla única para las empresas. De la teoría a la práctica median, en este caso, un sinfín de idas y venidas, además dependientes del lugar -comunidad autónoma e incluso municipio- donde se desarrolle la actividad. Se puede argüir que era más complicado hace unos años, pero no significa que se haya transformado en facilidad.

Alguien debería explicar por qué trámites semejantes tienen o no incorporada la opción de ser realizados online. Ocurre entre administraciones distintas, entre departamentos de una sola y, para que no falte de nada, a menudo dentro de un mismo organismo. O quizás sea que no existe una explicación que difundir, dado que la tecnología está disponible igual para todos y roza lo imposible justificar por qué en unos casos se emplea y en otros, no.

Propiciar una correlación entre administraciones y administrados más rápida, fácil, barata y hasta -¿por qué no?- amable, lleva demasiado tiempo planteado como objetivo: sobrado de tanto anuncio y falto de extendida materialización.
 
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