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Reguladores de Connecticut aprobaron el miércoles un plan de Iberdrola para comprar la compañía matriz de varias empresas eléctricas locales en un acuerdo por 3.000 millones de dólares.
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos respaldó la propuesta de Iberdrola USA Inc. -la filial estadounidense de la empresa española líder en suministro de electricidad y gas natural- para adquirir UIL Holdings Corp. Los reguladores aprobaron una solicitud revisada después de haberla rechazado en un principio en junio.
El acuerdo reduciría la deuda de UIL relativa a ganancias antes de impuestos y mejoraría el acceso de compañías locales de servicios a mercados de capital, dijeron reguladores. En la decisión también se citó una reacción positiva de analistas, que dijeron que la compañía combinada tendrá estados financieros más fuertes y un mayor flujo de efectivo.
Un convenio de liquidación con la estatal Oficina de Consejo del Consumidor proporciona "beneficios públicos tangibles inmediatos de larga duración" a consumidores, dijo la agencia regulatoria.
Incluye una tasa crediticia de 20 millones de dólares para clientes de UIL de 2018 a 2027, así como 1,6 millones de dólares en ahorros a clientes de Southern Connecticut Gas Co. al acelerar la sustitución de tuberías de hierro fundido y acero en los tres próximos años, y seis millones de dólares en un período de tres años al Departamento de Energía y Protección Ambiental del estado para estimular la investigación en energía limpia.
El acuerdo establece además la contratación de 150 trabajadores en el estado en los siguientes tres años y mantener oficinas corporativas en Connecticut.
Los reguladores dijeron en junio que Iberdrola no proporcionó "ningún compromiso mensurable y cuantificable" que les asegurara que los contribuyentes no serán dañados por la compra.
Los comisionados Arthur House y John Betkoski III aprobaron el plan. El comisionado Michael Caron no estuvo de acuerdo.
Caron dijo que los esfuerzos para fortalecer el sistema eléctrico contra tormentas ya se habían realizado. Agregó que los compromisos de contratación debían ser examinados y cuestionó el valor del congelamiento de tarifas que, señaló, podría retrasar e incrementar costos futuros.
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos respaldó la propuesta de Iberdrola USA Inc. -la filial estadounidense de la empresa española líder en suministro de electricidad y gas natural- para adquirir UIL Holdings Corp. Los reguladores aprobaron una solicitud revisada después de haberla rechazado en un principio en junio.
El acuerdo reduciría la deuda de UIL relativa a ganancias antes de impuestos y mejoraría el acceso de compañías locales de servicios a mercados de capital, dijeron reguladores. En la decisión también se citó una reacción positiva de analistas, que dijeron que la compañía combinada tendrá estados financieros más fuertes y un mayor flujo de efectivo.
Un convenio de liquidación con la estatal Oficina de Consejo del Consumidor proporciona "beneficios públicos tangibles inmediatos de larga duración" a consumidores, dijo la agencia regulatoria.
Incluye una tasa crediticia de 20 millones de dólares para clientes de UIL de 2018 a 2027, así como 1,6 millones de dólares en ahorros a clientes de Southern Connecticut Gas Co. al acelerar la sustitución de tuberías de hierro fundido y acero en los tres próximos años, y seis millones de dólares en un período de tres años al Departamento de Energía y Protección Ambiental del estado para estimular la investigación en energía limpia.
El acuerdo establece además la contratación de 150 trabajadores en el estado en los siguientes tres años y mantener oficinas corporativas en Connecticut.
Los reguladores dijeron en junio que Iberdrola no proporcionó "ningún compromiso mensurable y cuantificable" que les asegurara que los contribuyentes no serán dañados por la compra.
Los comisionados Arthur House y John Betkoski III aprobaron el plan. El comisionado Michael Caron no estuvo de acuerdo.
Caron dijo que los esfuerzos para fortalecer el sistema eléctrico contra tormentas ya se habían realizado. Agregó que los compromisos de contratación debían ser examinados y cuestionó el valor del congelamiento de tarifas que, señaló, podría retrasar e incrementar costos futuros.