Hilo de Puerto Rico y su grave crisis financiera

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El gobernador de Puerto Rico reformó las leyes de seguros del territorio estadounidense el martes para ayudar a proteger a los tenedores de pólizas de seguros, en momentos en que siguen pendientes miles de reclamos más de un año después del paso del destructor huracán María.

Ricardo Rosselló promulgó seis leyes y manifestó que su gobierno no estaba satisfecho con la manera en la que las aseguradoras manejaron los reclamos presentados luego de que el meteoro de categoría 4 azotó la isla el año pasado.

Una de las leyes promulgadas ordena que las aseguradoras comiencen a realizar pagos parciales bajo ciertas condiciones poco después de que se declare un estado de emergencia. Otra crea tribunales especiales con jueces expertos en resolver desacuerdos de tasación a través de mediaciones, algo que ocurrirá por primera vez en Puerto Rico. Todas las decisiones tomadas durante la mediación serán vinculantes, pero pueden ser apeladas en el tribunal. Una tercera ley estipula los tipos de acciones que las autoridades pueden tomar contra las aseguradoras si no resuelven los casos puntualmente o actúan de forma indebida.

“Es un momento histórico”, dijo Javier Rivera, quien está a cargo de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en una entrevista telefónica. “Transforma cómo se va a obtener respuesta de un asegurador en un evento catastrófico”.

Otra ley creará por primera vez un microseguro para ayudar a las personas de bajos ingresos en una isla de 3,3 millones de habitantes con un índice de pobreza de casi el 45%. Otras leyes nuevas solicitan que cada aseguradora tenga un plan de respuesta de emergencia por escrito que debe ser certificado anualmente por el gobierno, y que la compañía pague el costo de una auditoría en caso de que sea necesaria. Una última ley establece que los negocios que califiquen pueden usar aseguradoras de líneas excedentes si por lo menos otras tres compañías rechazan la cobertura parcial o total.

“Esto redundará en ahorros considerables a nuestros asegurados, que en muchos casos han visto aumentos insostenibles en sus primas”, dijo Rosselló.

El huracán María causó daños estimados en más de 100.000 millones de dólares cuando arrasó el territorio el 20 de septiembre de 2017. Destruyó la red eléctrica de Puerto Rico y provocó que los negocios estuvieran cerrados durante meses. En general, fue la catástrofe más cara para la industria de seguros el año pasado, con pérdidas por un valor de 32.000 millones de dólares, más de lo que ocasionaron los huracanes Irma y Harvey, de acuerdo con un informe de Swiss Re, una compañía de reaseguros con sede en Suiza.

Se presentaron más de 287.000 reclamos, y de ellos casi 11.000 _que representan un total de aproximadamente 2.000 millones de dólares_ no se han resuelto, dijo Rivera.
 

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Puerto Rico anunció el jueves haber completado su primer acuerdo de reestructuración de su deuda desde que se declaró en bancarrota hace más de tres años, concediéndole a los acreedores 550 dólares en nuevos bonos por cada 1.000 que tenían en su poder.

El convenio fue concretado con los acreedores de casi 4.200 millones de deuda emitida por el ahora desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, que alguna vez otorgó créditos y supervisó las transacciones de deuda de la isla, pero que en marzo dejó de funcionar en medio de una recesión de 12 años.

“El cierre de la reestructuración de la deuda del BGF es un hito histórico en el camino de recuperación económica para Puerto Rico”, declaró el gobernador Ricardo Roselló. “Es evidencia clara de que Puerto Rico tiene la credibilidad y voluntad necesaria para resolver sus retos fiscales”.

Sin embargo, se desconocen los alcances del acuerdo con respecto a unos 70.000 millones de dólares de otras deudas que aún están pendientes de pago. Gran parte de ella está siendo abordada en tribunales, más que con acuerdos voluntarios.

El gobierno dijo que su Autoridad de Recuperación de Deuda pronto extenderá a los acreedores bonos por casi 2.600 millones de dólares.

Sin embargo, algunos economistas se muestran recelosos frente al convenio, ante la incertidumbre de si los pagos podrán ser cubiertos debido a la fragilidad de las finanzas de la isla y la actual crisis, causada en parte por el gran endeudamiento de gobiernos anteriores para cubrir déficits enormes.

“Una preocupación que tenemos muchos economistas es que estos acuerdos sean temporeros y no garantizan que Puerto Rico ya no vuelva a caer en una crisis de deuda”, dijo por teléfono el economista José Caraballo.

Sin embargo, elogió que el acuerdo otorgue un trato diferente a bonistas distintos. Un grupo, conformado principalmente por fondos de cobertura, recibirá primero los pagos, pero a un porcentaje inferior de sus inversiones originales. Un segundo grupo, que incluye a inversionistas locales, recibirá sus pagos en fecha posterior, aunque a un porcentaje mayor.

Pero Caraballo advirtió que otra crisis podría golpear a la isla antes de que el segundo grupo reciba sus pagos, y dijo que el acuerdo no pone fin a los problemas financieros de Puerto Rico porque no está basado en la capacidad del gobierno para pagar a largo plazo.

“Son acuerdos que no son sustentables. No es un punto final. Es una coma en medio de esta crisis”, afirmó.

Otro economista, Vicente Feliciano, destacó que el acuerdo depende de que los municipios mantengan los pagos con recaudaciones del impuesto sobre bienes inmuebles. El valor de las propiedades fue afectado por la migración de gran escala en la isla debido a las penurias económicas y por el paso del huracán María, que el año pasado causó daños por más de 100.000 millones de dólares.

“Siempre existe el riesgo de que en algún momento los municipios pudieran enfrentar dificultades para cumplir sus obligaciones”, señaló Feliciano en entrevista telefónica.

En conjunto, las agencias de Puerto Rico acumulan una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares e intentan reestructurarla parcialmente vía judicial o mediante acuerdos con los acreedores. Una junta federal de control creada por el Congreso de Estados Unidos supervisa un proceso tipo bancarrota, así como las finanzas de la isla, que es territorio estadounidense.
 

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Un informe del gobierno de Puerto Rico dice que el huracán María tuvo un impacto de 43.000 millones de dólares en la economía de la isla, 1.000 millones de dólares más que lo estimado originalmente.

El reporte de la Junta de Planificación de Puerto Rico dice que sus cálculos tuvieron en cuenta los millones de dólares recibidos hasta ahora en fondos federales de recuperación y dinero de los seguros.

San Juan, la capital, estuvo entre las seis ciudades más afectadas por el azote de la tormenta de categoría 4 en septiembre del 2017, causando más de 100.000 millones de dólares en daños, señaló la junta.

Dada “la magnitud del evento natural, los impactos se continuarán reflejando sobre los sectores económicos por un tiempo aún indeterminado”, señala el reporte.

La junta explicó que la cifra de 43.000 millones de dólares surgió en parte a través de cuestionarios enviados a los sectores público y privado, así como por estadísticas proporcionadas por asociaciones profesionales hasta octubre.

El economista puertorriqueño José Caraballo dijo el lunes durante una entrevista telefónica que la ayuda federal y los pagos de seguros han cubierto hasta ahora apenas 24% de las pérdidas reportadas.

“Todavía falta mucho por hacerse”, comentó. “El impacto económico de la reconstrucción no se ha sentido”.

El gobierno dijo que las pérdidas tan solo en el sector privado sumaron un total de 30.000 millones de dólares, siendo la manufactura el sector que reportó la mayor pérdida de ingresos y la agricultura entre las que más daños registraron en infraestructura y equipo.

El reporte se dio a conocer mientras Puerto Rico aún tiene problemas para emerger de una recesión de 12 años y trata de restructurar una parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.

Mientras la crisis económica continúa, el gobernador de Puerto Rico y la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla siguen en conflicto.

El lunes, la junta acusó al gobernador Ricardo Rosselló de firmar, sin su autorización, tres decretos relacionados con un aumento en la remuneración o prestaciones de los empleados. También señaló que Rosselló ha promulgado casi 100 leyes sin seguir el protocolo requerido.

La junta advirtió que tomaría medidas no especificadas si el gobernador no entrega los documentos solicitados.

Un portavoz del gobernador no ha respondido una petición para comentarios al respecto.
 

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El gobernador de Puerto Rico firmó el lunes un paquete de reformas a las leyes impositivas con la intención de atraer inversión extranjera y ayudar a los trabajadores y a algunos empresarios en medio de la recesión que padece el territorio estadounidense desde hace 12 años.

La nueva ley crea un crédito al impuesto sobre los ingresos, reduce un impuesto sobre los alimentos preparados y elimina un impuesto que afecta a las pequeñas y medianas empresas, entre otras disposiciones.

Las autoridades dijeron que la ley representa un alivio impositivo de casi 2.000 millones de dólares cuando la isla hace arduos esfuerzos para recuperarse del huracán María y reestructurar una parte de su deuda pública, la cual asciende a 70.000 millones de dólares.

“Aún nos queda camino por recorrer para una transformación completa del sistema contributivo, pero... lo vemos como un buen primer paso”, dijo la presidenta de la Asociación de Contadores Públicos, Cecilia Colón.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el crédito al impuesto sobre los ingresos tendrá beneficios de entre 300 y 2.000 dólares para cada trabajador, con un ahorro anual de 200 millones de dólares. Añadió que el impuesto de 11,5% sobre las ventas de alimentos procesados se reducirá a 7% a partir de octubre de 2019.

La ley también elimina un impuesto entre empresas para aquellas que generan 200.000 dólares al año o menos, que representa 79 millones de dólares en ahorros en cinco años, dijo Rosselló. Casi 80% de los negocios en Puerto Rico se beneficiarán de esa medida, agregó la secretaria de Hacienda Teresa Fuentes.

Además, la nueva ley reduce la tasa impositiva para corporativos de 39% a 37,5%.

“Hoy marca un punto bien importante en mantener la competitividad en Puerto Rico”, dijo Fuentes.

La medida también legaliza decenas de miles de máquinas de apuestas, pero limita la posesión de cantidad de máquinas, que los legisladores calculan que generarán al menos 160 millones de dólares al año. Hasta 40 millones de dólares de esas entradas se destinarán al fondo general del gobierno, mientras que los fondos restantes se destinarán a ayudar a los municipios y agentes policiales.

Sin embargo, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ha reiterado que la isla necesita una reforma fiscal mucho más extensa que mejore la recaudación de ingresos y promueva el desarrollo económico. Agregó en un comunicado que la junta también se preocupa de que el gobierno y la legislatura no han demostrado que los cambios no van a “canibalizar” los ingresos.

Antonio Fernos, profesor de economía y finanzas en Puerto Rico, cuestionó la efectividad de la nueva ley, que parece generar un ingreso general menor.

“No hace sentido”, dijo. “¿Para qué lo están haciendo, sobre todo en un país que está insolvente y necesita más fuentes de ingresos?”.

Fernos también argumentó que el crédito al impuesto sobre los ingresos no basta para sacar a la gente de la economía informal. “Yo no veo a nadie abandonando los esquemas de evasión contributiva”, dijo.
 

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Puerto Rico perdió 130.000 habitantes entre julio de 2017 y 2018, un período durante el cual sufrió el embate del huracán María, informó el miércoles la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El territorio estadounidense tiene una población de 3,2 millones, con una caída de 14% durante la última década y casi 4% en un año.

Puerto Rico ya perdía población antes de sufrir los embates de María en septiembre de 2017. La isla está sumida en la recesión desde hace 12 años, y tras el huracán decenas de miles de personas migraron al continente. La tormenta de categoríia 4 destruyó el sistema eléctrico y causó daños estimados en 100.000 millones de dólares.
 

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Puerto Rico dio el miércoles otro paso hacia la reestructuración de una deuda superior a los 17.000 millones de dólares en bonos de impuestos sobre ventas emitidos por la isla, que representan casi la tercera parte de la deuda general en bonos del territorio estadounidense.

El organismo federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico informó que los tenedores de bonos aprobaron el plan después de una votación en la que participaron más de 8.000 de ellos, según los resultados no auditados de la votación. El anuncio se da a conocer en momentos en los que el territorio estadounidense intenta reestructurar una porción de su deuda pública que supera los 70.000 millones de dólares mientras lidia con una recesión desde hace 12 años y con los estragos tras el paso del huracán María.

Una jueza federal que supervisa el proceso de la isla, similar al de una bancarrota, tiene programada una audiencia sobre el plan de reestructuración a partir del 16 de enero. De aprobarse, el acuerdo representará 40 años de pagos para el gobierno puertorriqueño. Los tenedores de bonos senior, que poseen casi 8.000 millones, serán los primeros en cobrar, recibiendo el 93% del valor de los bonos originales. Los tenedores junior, muchos de los cuales son inversionistas puertorriqueños individuales y que poseen casi 10.000 millones de dólares, serán los últimos en cobrar y solo recuperarán el 54% de su inversión.

La directora del organismo, Natalie Jaresko, dijo en un comunicado que el plan de reestructuración es clave para la recuperación de Puerto Rico, pero algunos economistas afirman que el pacto podría terminar costando más a largo plazo y que la capacidad de la isla para pagarlos podría reducirse en el futuro.

Más de 26.000 personas han firmado una petición en la que piden a la jueza Laura Taylor Swain que rechace el plan, ya que les preocupa que haya más recortes para los jubilados y empleados, reducciones en los servicios básicos e incrementos en el costo de vida en caso de que el gobierno de Puerto Rico no pueda realizar los pagos. Los detractores señalan que el gobierno redujo recientemente el impuesto sobre la venta para los alimentos preparados de 11,5% a 7%, y que la inyección de miles de millones de dólares en fondos federales para la recuperación del huracán solo representarán un impulso económico temporal.

“Aprobar este acuerdo es el camino para más endeudamiento irresponsable y llevará al gobierno a un nuevo impago”, señala la petición.

El gobierno de Puerto Rico completó en noviembre su primer acuerdo de restructuración de deuda desde que anunció que estaba en bancarrota hace más de tres años. El pacto se concretó con acreedores que poseían más de 4.000 millones de dólares en deuda emitida por el ahora difunto Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, que emitía préstamos y supervisaba las transacciones de deuda de la isla pero que dejó de operar en marzo pasado debido a la recesión.
 

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La junta del gobierno federal de Estados Unidos, que controla las finanzas de Puerto Rico, pidió a un tribunal anular más de 6.000 millones de dólares en deudas emitidas por la isla, una medida que podría afectar a los inversionistas.

La junta declaró la noche del lunes que los bonos de obligación general fueron emitidos en 2012 y 2014 en violación de los límites establecidos por la constitución puertorriqueña. Un grupo de acreedores que se sumó a la solicitud alegó además que la deuda viola las restricciones presupuestarias, ya que es dinero usado para gastos deficitarios.

Si un juez federal coincide con esa apreciación, los tenedores de bonos podrían perder sus inversiones.

Las conclusiones de la junta surgen después de una extensa investigación iniciada en septiembre de 2017 de toda la deuda emitida por Puerto Rico y su relación con la actual crisis financiera de la isla.

“Es realmente un hito”, dijo a The Associated Press el economista puertorriqueño José Caraballo. “Es quizás la movida más acertada que ha hecho la junta en sus dos años”.

No queda claro cuándo decidirá el juez sobre la solicitud, pero Caraballo afirmó que la medida le da al gobierno poder de negociación, destacando que Detroit tomó una decisión similar en su proceso de bancarrota. Afirmó que quienes compraron bonos de obligación general en ese lapso podrían aceptar un recorte sustancial en vez de una pérdida total. Advirtió que la mayoría son fondos de inversiones de alto riesgo, no personas individuales.

“Era una emisión bien especulativa”, dijo Caraballo. “Corrieron el riesgo de prestar a un gobierno que sabían que estaba en problemas e ignoraron el margen que está establecido por la Constitución”.

Ningún funcionario ha sido acusado de emitir deuda por encima de los límites establecidos por la constitución. El ahora desaparecido Banco de Fomento de Puerto Rico, que emitió préstamos y supervisó transacciones de deuda, cesó sus operaciones en marzo en medio de una recesión que lleva ya 12 años.

Puerto Rico está tratando de reestructurar parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y un juez deberá tener una audiencia en los próximos días sobre un caso de reestructuración de deuda.

El gobierno de Puerto Rico anunció en junio de 2015 que no podía pagar sus deudas y declaró un tipo de bancarrota en mayo de 2017.
 

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Los planes para privatizar rápidamente el sistema eléctrico de Puerto Rico, que resultó afectado por los huracanes, se toparon con un escollo el lunes debido a que la cámara baja y el Senado de la isla tienen posiciones encontradas sobre cómo vender la red de transmisión y distribución.

Los senadores se opusieron a la propuesta, en parte porque la Cámara de Representantes la enmendó para que la tarifa no pueda subir de 20 centavos por cada kilovatio/hora, una cifra que según algunos análisis resultará deficitaria en caso de que los costos de generación repunten. El gobernador anunció los planes del privatizar el sistema hace más de un año, en parte para atraer inversiones que el endeudado gobierno no puede realizar.


Larry Seilhamer, vicepresidente del Senado de Puerto Rico, anunció su oposición ante decenas de inversionistas y expertos del sector durante una conferencia de dos días sobre la reconstrucción de la red eléctrica a más de un año de que quedara destruida por el paso del huracán María.

“Estamos a punto de tener un proyecto histórico que definirá el desarrollo económico de Puerto Rico”, comentó. “No voy a dejar pasar mi oportunidad”.

El desacuerdo se presenta apenas unos días después de que el gobierno puertorriqueño eligió a cuatro de las cinco compañías interesadas en manejar las operaciones de transmisión y distribución de la agencia y les pidió que presentaran propuestas, dijo José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Señaló que también se opone al límite de 20 centavos debido a la enorme dependencia de Puerto Rico en el petróleo como fuente de electricidad.

“Creo que es un poquito peligroso”, dijo Ortiz.

Otra preocupación es cómo la nueva tarifa afectaría un potencial acuerdo entre el gobierno puertorriqueño y los tenedores de bonos en momentos en que la compañía en bancarrota intenta reestructurar su deuda de más de 9.000 millones de dólares.

Alejandro Figueroa, quien supervisa la transformación de la compañía eléctrica para la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla, señaló que lo ideal es que un regulador fijara una tasa con el objetivo de atender las necesidades de todos, incluyendo los tenedores de bonos.

“Se tendrá que pagar parte de la deuda”, dijo, y añadió que se tendría que incorporar a la nueva tarifa.

La propuesta no aclara quién sería responsable de la deuda de la compañía eléctrica en caso de que se complete un acuerdo de privatización.

Ortiz dijo que la privatización le facilitaría a los puertorriqueños generar su propia energía solar debido a que el gobierno se ha opuesto a ello desde hace tiempo por considerarlo una amenaza a sus ingresos. Indicó que el gobierno está ayudando a allanar el camino hacia la transición a la energía solar al instalar plantas de baterías en Bayamón, Carolina y Humacao entre junio y septiembre para cumplir con el objetivo de producir 20% de energía renovable para el año 2025. Ortiz indicó que también operarían dos termoeléctricas a gas natural antes de 2022. Algunos de esos proyectos serían financiados con la ayuda de inversionistas privados y el gobierno de Estados Unidos, declaró.

Durante la conferencia, el economista José Villamil expresó sus dudas sobre cuántos proyectos podrían concretarse en el lapso estimado debido a que Puerto Rico continúa con las labores de reconstrucción tras el paso del huracán María y lidia con una recesión de 12 años, mientras intenta restructurar una porción de su deuda pública que supera los 70.000 millones de dólares.

“Estamos lidiando con un ambiente muy incierto y volátil”, comentó. “Aún existe una enorme incertidumbre sobre cuántos fondos federales llegarán a Puerto Rico, durante cuánto tiempo y cómo se utilizarán”.
 

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Los abogados de los bonistas afectados por la propuesta de que se anulen 6.000 millones de dólares a la deuda de Puerto Rico exigieron el miércoles más tiempo para impugnarla, durante una audiencia de reestructuración de la deuda federal.

Los abogados consideraron necesario alertar a todos los bonistas, expresaron preocupación de que algunos tengan un trato más favorable que otros y resaltaron la necesidad de llegar a un consenso en el asunto.

“Es difícil recalcar la dimensión de la gran piedra que han dejado caer”, dijo el abogado Mark Ellenberg. “Hay que andar este camino sin correr”.

La audiencia tuvo lugar más de dos semanas después de que una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico solicitó a la jueza federal Laura Taylor-Swain invalidar 6.000 millones de dólares a la deuda, incluidos todos los bonos de obligación general emitidos en 2012 y 2014. Según la junta, esa emisión infringió los límites a la deuda establecidos en la constitución de la isla. Swain, que supervisa un proceso tipo bancarrota para el gobierno de Puerto Rico, no ha emitido fallo alguno sobre el asunto. Sin embargo, la jueza dijo el miércoles que tiene intención de permitir un procedimiento en dos fases para identificar a todos los bonistas afectados y alcanzar un acuerdo sobre cómo proceder en el caso.

La solicitud de que se invalide una fracción de la deuda corresponde a un intento general para reestructurar parte de la carga de la deuda pública de Puerto Rico, que rebasa los 70.000 millones de dólares, después de que el gobierno la considerara impagable en junio de 2015. Swain efectuó la semana pasada una audiencia de dos días para un acuerdo separado de reestructuración que implica más de 17.000 millones de dólares de bonos gubernamentales respaldados con el impuesto sobre ventas y uso. El acuerdo fue aprobado después de que más de 8.000 bonistas dieran su consentimiento, pero Swain no ha emitido aún una decisión al respecto.

Al inicio de la breve audiencia del miércoles, el abogado de la junta, Michael Luskin, dijo que a mediados de febrero será difundido el resultado de una investigación a la firma consultora McKinsey & Company. Como la firma posee bonos de Puerto Rico y fue contratada para asesorar al gobierno en sus finanzas, los críticos afirman que podría haber incurrido en conflicto de interés. Luskin señaló que un borrador de informe contiene recomendaciones para la junta.

Otra audiencia importante sobre la reestructuración de la deuda está prevista para mediados de marzo.
 

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Una jueza federal aprobó el lunes un plan de reestructuración de deuda de Puerto Rico, en el primer acuerdo de su clase para el territorio estadounidense desde que el gobierno de la isla declaró hace casi cuatro años que no podía pagar su deuda pública.

El acuerdo involucra más de 17.000 millones de dólares en bonos respaldados por impuesto sobre ventas, y los funcionarios dijeron que ayudará al gobierno a ahorrar un promedio de 456 millones de dólares al año en servicio de deuda. También permite que Puerto Rico reduzca su deuda respaldada por el impuesto a las ventas en un 32%, pero requiere que pague 32.000 millones de dólares en los próximos 40 años como parte de la restructuración.

Los tenedores de bonos senior, que poseen casi 8.000 millones de dólares, cobrarán primero y recibirán 93% del valor de los bonos originales. Los tenedores junior, muchos de los cuales son inversionistas puertorriqueños individuales y que en total poseen casi 10.000 millones de dólares en deuda, serán los últimos en cobrar y recuperarán solo 54%.

“Puerto Rico ha dado un importante paso hacia su total recuperación financiera”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló en un comunicado. “Esto representa más de 400 millones (de dólares) anuales que estarán disponibles para servicios en áreas críticas como salud, educación, pago de pensiones y seguridad pública, en cumplimiento con otras obligaciones”.

El acuerdo había sido aprobado por los tenedores de bonos, pero provocó que cientos de personas escribieran cartas y mandaran correos electrónicos a la jueza Laura Taylor-Swain _que realizó una audiencia sobre la cuestión hace tres semanas_ para expresar sus inquietudes acerca de la capacidad del gobierno para realizar esos pagos y el efecto que tendrá en los servicios públicos. En su fallo, la jueza escribió que revisó y consideró cuidadosamente todos esos mensajes antes de tomar una decisión.

“Muchas de las objeciones formales e informales plantearon serias y consideradas inquietudes sobre la futura capacidad del estado libre asociado para cuidar adecuadamente de los ciudadanos de Puerto Rico”, escribió. “No son, sin embargo, preocupaciones sobre las cuales la corte pueda actuar adecuadamente al tomar su decisión... La corte no tiene la libertad para imponer su punto de vista sobre cuál podría haber sido la resolución óptima de la disputa”.

La jueza dijo que el acuerdo representa una solución razonable y que un litigio adicional representaría un “riesgo significativo” para Puerto Rico. La isla está sumida en una recesión desde hace 12 años y tiene problemas para recuperarse luego del paso del huracán María. Al mismo tiempo, el gobierno trata de restructurar una porción de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.

Una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla celebró el fallo y dijo en un comunicado que el acuerdo ayudará a reactivar la economía de Puerto Rico.
 

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Una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico dice que va a requerir más transparencia de sus inversionistas luego de una investigación independiente sobre acusaciones de conflictos de interés.

La pesquisa se centró en McKinsey & Company, una firma consultora que posee bonos públicos de Puerto Rico y al mismo tiempo asesora al territorio sobre sus finanzas. El informe de 100 páginas dado a conocer el lunes dice que la filial de la firma, MIO Partners, tiene una inversión directa en la deuda de la isla.

Sin embargo, investigadores dijeron que no hallaron evidencia alguna de que los asesores sabían de esas inversiones ni que fueron afectados por las mismas. Dijeron además que MIO Partners no tenía acceso al trabajo consultor de la firma ni alteró su estrategia de inversiones.

El reporte fue dado a conocer apenas días después que un tribunal federal de apelaciones falló que la junta de control fue nombrada ilegalmente.
 

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Una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico dijo el jueves que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos un fallo reciente según el cual los miembros de la junta fueron nombrados ilegalmente.
La junta dijo que pedirá además una suspensión del fallo de la corte federal de apelaciones en espera de la consideración de la Corte Suprema.
La junta dijo que una mayoría de sus miembros votaron para apelar el fallo y dijo que los siete fueron nombrados legalmente.
La corte de apelaciones dijo que su decisión no invalidaría ninguna de las acciones de la junta y le da al presidente Donald Trump y al Senado 90 días para decidir si mantiene a los miembros de la junta o nombra nuevos miembros.

La junta ha supervisado un par de acuerdos de restructuración de la deuda pública multimillonaria de la isla.
 

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El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que comenzará a publicar datos económicos sobre Puerto Rico ante los temores de que las estadísticas difundidas por la isla tienen fallas.
La Oficina de Análisis Económico indicó que analizará el gasto del consumidor, la inversión empresarial y el comercio de bienes entre 2012 y 2017, así como en el futuro. La agencia dijo que los datos se publicarán más adelante en el año y que, con el tiempo, su trabajo podría llevar a un cálculo estimado del producto interno bruto de Puerto Rico.
“Durante años, Puerto Rico ha generado su propio cálculo de actividad económica”, señaló la agencia. “Sin embargo, la isla sufrió un daño devastador en 2017 por el huracán María, exacerbando sus problemas financieros”.
La oficina agregó que Puerto Rico necesita un conjunto de estadísticas más moderno que se apegue a los estándares de contabilidad económica internacional y que pueda utilizarse para informar mejor sobre los esfuerzos de recuperación tras el huracán.
El gobierno de Estados Unidos prometió destinar miles de millones de dólares para dichos esfuerzos, incluidos 8.200 millones de dólares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que la semana pasada dijo que impondría condiciones y controles financieros estrictos dadas las irregularidades fiscales de Puerto Rico en el pasado.
El aviso se hizo casi un año después de que Puerto Rico intentó fusionar su Instituto de Estadística con otra agencia en medio de acusaciones de que el gobierno intentaba manipular datos económicos mientras pasa apuros para atraer inversiones en una recesión que ya lleva 12 años.
Ron Wasserstein, director ejecutivo de la Asociación Estadística Estadounidense, dijo que le preocupaba lo que él consideraba esfuerzos para socavar la independencia del instituto, al tiempo que elogió las medidas de la agencia.
“Una mejor compresión de la economía (de Puerto Rico) ayudará a fortalecerla”, dijo Wasserstein.
Joel Viera, gerente de proyectos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, dijo que la Oficina de Análisis Económico también ha ayudado a la agencia a hacer cambios metodológicos en los últimos ocho años, pero que no sabía cuándo se completaría el proyecto.
“Es muy complejo y tomará algo de tiempo”, dijo Viera.
La agencia ya calcula el PIB y otras estadísticas de territorios estadounidenses, incluidos Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
 

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Camiones cargados con comida, agua y gasolina llegaron el miércoles a las islitas puertorriqueñas de Vieques y Culebra luego que el gobierno activó la Guardia Nacional debido a averías en dos ferris que transportan suministros.
El teniente coronel Paul Dahlen le dijo a The Associated Press que la Guardia Nacional está usando dos lanchas de desembarco para llevar los camiones que llevan los suministros a las islas, ubicadas unos 32 kilómetros (20 millas) al este de Puerto Rico. La población permanente de las islas es de unas 11.000 personas, a las que se suman decenas de miles de turistas anualmente.

“Trabajaremos aquí el tiempo que sea necesario para ayudar a nuestros conciudadanos puertorriqueños”, dijo Dahlen.
Residentes y turistas se han quejado de estantes vacíos en los supermercados y largas colas en las gasolineras luego que los dos ferris operados por el gobierno se descompusieron el fin de semana. El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, le dijo a la AP que uno de los ferris fue reparado y ya ha transportado 11 camiones con suministros a la isla, donde un supermercado carecía de pan, agua y huevos. Sin embargo, teme que el ferri vuelva a sufrir averías.
“Todo el mundo nos tiene pena, pero el gobierno no quiere invertir lo que hay que invertir”, dijo.
El gobernador Ricardo Rosselló quiere privatizar un sistema de transporte público aquejado desde hace tiempo de averías y demoras, y el miércoles dijo a WAPA TV que espera cerrar un trato a mediados de año.
 

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Iraida Vargas ya no tiene dinero para pagar por los dos tipos de insulina que necesita su madre y tampoco compra vitaminas y verduras frescas al reducirse los miles de millones de dólares del gobierno federal que ayudan a los puertorriqueños a adquirir alimentos, recibir tratamiento médico y recuperarse de los efectos del huracán María, a pesar de los ruegos al Congreso para que haga algo.

Vargas y su familia son parte de los cientos de miles de puertorriqueños que sufren lo que el gobierno isleño describe como los efectos de la insuficiente ayuda federal para la recuperación de la tormenta de categoría 4, que azotó la isla en medio de una recesión que llevaba 12 años. Su madre de 83 años participa en un programa de asistencia nutritiva complementaria que ya no tiene fondos al agotarse los 1.270 millones de dólares en ayuda que aprobó el Congreso tras el paso de la tormenta en el 2017, lo que obliga al gobierno a reducir beneficios.


“Aquí las personas de la tercera edad no están viviendo dignamente”, dijo Vargas, agregando que su madre dejó de tomar uno de los dos productos con insulina que necesita para controlar su diabetes porque no tiene dinero para pagarlo. Se acogió asimismo a un plan de pagos bajos de los servicios para que no le corten la luz y el agua, y solo tiene un teléfono para emergencias que se conecta al 911 y no acepta llamadas.

Los fondos adicionales para cupones alimenticios permitieron al gobierno isleño ayudar a 279.000 personas que no estaban cubiertas por ese programa, el cual sirve a 1,3 millones de los 3,2 millones de isleños, y también aumentar los beneficios de los que ya estaban cobijados. El gobernador Ricardo Rosselló pidió al Congreso otros 600 millones de dólares para el programa, pero no está claro si serán aprobados. La Cámara de Representantes a probó un proyecto de ley que autoriza esa suma y la iniciativa está ahora en manos del Senado, que podría aprobarla la semana que viene, aunque los demócratas también quieren dinero para el seguro de salud Medicaid y términos más generosos para recibir ayuda por desastres.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que apoya la asignación de 600 millones de dólares para el programa de cupones alimenticios luego de afirmar que consideraba esa ayuda “excesiva e innecesaria”, pero se opone a términos más generosos para los fondos para desastres, de acuerdo con el senador Marco Rubio.


El líder del bloque demócrata del Senado Chuck Schumer pidió más ayuda para Puerto Rico al tiempo que criticó a Trump el jueves.

“Puerto Rico todavía lucha por recuperarse”, expresó. “Lo que está haciendo el presidente es inaceptable, no es digno de Estados Unidos. Exhorto a mis colegas republicanos a... que nos ayuden a aprobar un proyecto de ayuda para desastres que responda a las necesidades no de algunos, sino de todos los sobrevivientes al desastre”.

Muchos en este territorio estadounidense observan de cerca lo que ocurre en Washington mientras tratan de ver cómo pagan sus cuentas de los próximos meses con menos dinero.

Francisca Matías, paciente cardíaca de 61 años cuya hija es diabética, dijo que ambas dependen de los cupones alimenticios y que se sintió muy aliviada cuando los fondos adicionales aumentaron sus beneficios por un tiempo.

“Cuando llegó ese dinero, llegó la gloria de Dios”, declaró, añadiendo que los beneficios de ella subieron de 200 dólares a más de 400.

Pudo comprar más frutas y vegetales frescos, algo que no ha podido hacer desde que se redujeron los beneficios.

El pedido de fondos adicionales para cupones alimenticios llega en momentos en que el gobierno de Rosselló busca una tasa de reembolsos más alta para el plan Medicare Advantage, haciendo notar que la actual está más de un 40% por debajo del promedio nacional. En total, más de 580.000 personas dependen de ese programa en Puerto Rico y más del 40% de ellas viven por debajo del nivel de pobreza, según Rosselló.

Una de ellas es Carmen Santos, de 68 años, empleada de la cafetería de una escuela pública ya jubilada, que tiene lupus y también sufrió una reducción de sus cupones alimenticios.

“Cómo vamos a vivir los envejecientes?”, preguntó. “Esto es una injusticia que están haciendo”.
 

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El gobierno de Puerto Rico informó el martes que planea demoler 16.000 inmuebles que fueron dañados fuertemente por el huracán María hace casi dos años.

Las autoridades dijeron que esperan obtener un total de 400 millones de dólares en fondos federales para el proyecto, que está a la espera de la autorización de las autoridades federales.

El gobierno local dijo que ya ha recibido 5,7 millones de dólares para ayudar a pagar los estudios ambientales, el retiro de escombros y el costo de contratar una empresa de demolición.

María azotó al territorio de Estados Unidos como huracán de categoría 4 en septiembre de 2017 y se calcula que causó más de 100.000 millones de dólares en daños.
 

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Decenas de municipios y corporaciones públicas de Puerto Rico han incumplido en el pago o depósito de 340 millones de dólares a un sistema de retiro para empleados del gobierno, informó el martes una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla.

La deuda la acumularon 66 municipios, incluida la capital San Juan, y 28 entidades públicas, como la autoridad de agua y alcantarillado de la isla, desde 2017, cuando el gobierno creó un plan de aportaciones a un fondo de retiro, agregó la junta.

“Es inaceptable retener las contribuciones de jubilación para un empleado y no transferir inmediatamente ese dinero a la cuenta de retiro del individuo donde pertenece”, dijo Natalie Jaresko, la directora ejecutiva de la junta. “Este es el tipo de mala gestión que condujo a una desastrosa falta de financiación de los sistemas de pensiones”.

Puerto Rico ya enfrenta casi 50.000 millones de dólares en pasivos de pensiones sin fondos mientras continúa con la reestructuración de una parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y está sumido en una recesión desde hace 12 años.

Jaresko dijo que el municipio de San Juan está entre los que han acumulado las deudas más grandes. Un portavoz de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz no ha contestado un mensaje en busca de comentarios.

La portavoz de uno de los sindicatos de trabajadores más grandes de Puerto Rico tampoco respondió a una llamada.

La junta de control también presentó el martes más de 230 demandas contra individuos y compañías para tratar de recuperar millones de dólares que, en años recientes, les pagó el territorio estadounidense por diversos servicios. Una de esas compañías es Bristol-Myers Squibb y Evertec Inc.

Las querellas alegan que las transferencias de dinero fueron ilegales de acuerdo con la ley de bancarrotas y la ley de Puerto Rico. Las demandas buscan determinar si un total de 4.200 millones de dólares en pagos fueron gastados de manera adecuada y justa, dijo la junta.

Agregó que, a partir de 2012, los pasivos del gobierno excedieron el valor de sus bienes durante el momento de las transferencias. También señaló que el gobierno no tiene copias de los contratos relacionados con algunas transferencias.

La junta dijo que desestimaría cualquier reclamo para los proveedores que demuestren una base adecuada para los pagos.
 

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Los legisladores de Estados Unidos revisan a conciencia el trabajo de una junta federal de control que fue creada por el Congreso para supervisar las finanzas de Puerto Rico, entre quejas de algunos funcionarios de que es ineficaz y le ha costado al gobierno de la isla millones de dólares en gastos operativos.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Washington escuchó el jueves el testimonio de varias personas, entre ellas el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien pidió que la junta ya no estuviera involucrada en los procedimientos para reestructurar la deuda en instancias en las que su gobierno puede llegar a acuerdos con los acreedores.


El gobernador acusó a la junta de excederse en sus atribuciones, diciendo que estaba en “una cruzada” para recortar las pensiones públicas y negaba peticiones para ciertos recursos en plena recesión de la isla, que ya lleva 12 años. Criticó varias medidas de austeridad impuestas por la junta, diciendo que obstaculizarían el crecimiento económico.

“Hay una... narrativa ingenua y problemática de que el gobierno no está haciendo su trabajo, de que nos negamos a efectuar reformas estructurales, y que la junta de supervisión es la solución para administrar la mala gestión”, dijo el gobernador.

Rosselló también criticó a la junta por presentar 230 demandas esta semana contra diversas compañías que han ofrecido servicios al gobierno de Puerto Rico. En las demandas se afirma que los pagos fueron ilegales según un código de bancarrota y la ley puertorriqueña.

“¿Cómo se supone que el gobierno de Puerto Rico reciba bienes y servicios si todo el mundo debe temer un acoso con litigios?”, dijo Rosselló.

Habló pocas horas después de que la junta anunciara que también había demandado a más de 20 bancos, despachos legales y otros, en un intento por recuperar las cuotas que éstos ganaron al ayudar a emitir casi 9.000 millones de dólares en bonos de Puerto Rico. La junta dijo que su objetivo es recuperar más de 1.000 millones de dólares de los tenedores de bonos emitidos por arriba del límite de la deuda de Puerto Rico.

La directora ejecutiva de la junta de supervisión, Natalie Jaresko, dijo durante la audiencia que la junta ha reestructurado aproximadamente 30% de la deuda pública de más de 70.000 millones de dólares de la isla. Añadió que el trabajo de la junta sólo se concluirá cuando el gobierno logre presupuestos equilibrados durante cuatro años y recupere el acceso a los mercados de capital.

Criticó al gobierno de Rosselló por no implementar reformas cruciales incluidas en un plan fiscal cuyo objetivo es reanimar la economía de la isla.

“Los planes fiscales no son un menú selectivo del que se puedan elegir, rechazar o ignorar opciones”, dijo.

“Entiendo que muchos en el Congreso esperaban que la mala gestión de Puerto Rico fuera arreglada y que la isla fuese enderezada inmediatamente, pero 40 años de mala gestión fiscal no se pueden corregir en tres años”, dijo después Jaresko.

Martín Guzmán, un economista en la Universidad de Columbia, testificó que las políticas de la junta han estado más alineadas con los grupos de bonistas que con los puertorriqueños.

“Deja un legado de deuda y riesgo que podría socavar el futuro de la economía de Puerto Rico”, agregó.

Guzmán dijo que los inversionistas que compraron bonos en Puerto Rico respaldados por un impuesto local al valor agregado en los meses posteriores al paso del huracán María han obtenido “enormes ganancias”.

La audiencia fue conducida por el representante demócrata Raúl Grijalva, quien dijo que el Congreso no ha hecho lo suficiente para ayudar a que Puerto Rico supere su crisis económica y se recupere del huracán María.

“Esta administración actual ha estado oculta de la vista y de la mente”, dijo.

A principios de esta semana, la mayoría republicana del Senado ofreció una nueva propuesta para un proyecto de ley de recuperación de desastres que lleva tiempo estancado, con el cual Puerto Rico obtendría 304 millones de dólares adicionales de un total de 431 millones de dólares para paliar los daños causados por las tormentas de 2017.

Los demócratas han estado exigiendo más fondos para ayudar a reparar el sistema de aguas de Puerto Rico y proporcionar apoyo a la isla para recuperación de desastres con términos más generosos.
 
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