Hilo de Chile

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El Tribunal Constitucional (TC) de Chile suspendió el jueves un acuerdo extrajudicial ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la empresa multinacional china Tianqui, que permitía a esta última adquirir 62,5 millones de acciones de la local de litio Sociedad Química y Minera S.A. (SQM).

El TC acogió el jueves un requerimiento de SQM presentado en la víspera, que alega que el acuerdo es inconstitucional, y fijó el 22 de octubre para ver el fondo del asunto.

El mercado mundial del litio está en un progresivo crecimiento por la demanda del mineral no metálico para baterías para automóviles eléctricos y en el área tecnológica.

El pacto alcanzado entre la FNE y Tianqui el 4 de octubre, con el beneplácito del TDLC, fue frenado por la acción en la víspera por el ex yerno del dictador Augusto Pinochet y principal accionista de SQM, Julio Ponce Lerou, que alegó inaplicabilidad por inconstitucionalidad del acuerdo para que Tianqui compre el 24% de las acciones de litio de SQM.

Lerou actuó a través del abogado Sebastián Oddo, que representa a las tres sociedades que convierte a Lerou en el principal accionista de SQM: Pampa Calichera, Potasios e Inversiones Global Mining.

Oddo afirma en el documento ingresado al TC que, “el acuerdo no está promoviendo la libre competencia, sino que todo lo contrario, pues autoriza a que un competidor participe en la propiedad y gestión de otro competidor directo, haciéndose de su información confidencial y económicamente sensible en el mercado del litio”.

Tianqui, en un comunicado, dijo el jueves que la decisión del TC obedece a una revisión “meramente formal”.

La multinacional china agregó que presentarán sólidos argumentos “para que el recurso sea rechazado en su totalidad y quede sin efecto la suspensión decretada por el TC. Estamos muy confiados en que así será”.

Si Tianqui logra comprar el 24% de SQM, el mercado del litio quedaría concentrado en pocas manos, ya que junto a su socia estadounidense Albemarle concentrarían la producción y distribución mundial, resumió Cruzat.

Chile y Australia son los principales productores mundiales de litio y los mayores consumidores están en países asiáticos como China y Japón. Un tercer país relevante es Bolivia, que posee las reservas más grandes del planeta, pero no está en condiciones de explotarlo.

Los mayores yacimientos que están siendo explotados son el Salar de Atacama, en Chile, y Greenbushes en Australia, que según el economista chileno Manuel Cruzat, entre ambos tienen el 68% de la producción mundial del litio. Además hay dos actores, la china Tianqui y la estadounidense Albemarle, que mantienen una sociedad en Australia de extracción del litio y de distribución del mercado mundial.
 

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Bolivia anunció un nuevo acceso al Atlántico a través de un canal fluvial para desviar parte de su carga que moviliza por puertos chilenos, tras perder un litigio con ese país por una salida al mar en la Corte Internacional de Justicia.

El presidente Evo Morales informó el martes que un consorcio privado boliviano invertirá 250 millones de dólares para desarrollar el complejo portuario por donde Bolivia exporta parte de sus granos y minerales.

El mandatario visitó la zona, ubicada a 1.100 kilómetros al sureste de La Paz, y entregó una certificación elevando a categoría de puerto internacional tres terminales pluviales en el Canal Tamengo que conecta con la hidrovía Paraguay-Paraná de más de 3.500 kilómetros de longitud.

El gobierno y los empresarios buscan desarrollar el llamado Puerto Bush, ubicado aguas más abajo donde el canal tiene mayor calado. “Puerto Bush es importante y en un corto tiempo podemos habilitarlo. Tenemos una propuesta de 250 millones de dólares. No vamos a dejar pasar esta oportunidad, es nuestra obligación avanzar”, dijo Morales.

El gobierno estima invertir entre 600 y 800 millones de dólares en el futuro para mejorar la infraestructura. Por ahora sólo existen muelles de embarque.

Por años empresarios agroindustriales de Santa Cruz, el motor económico del país, han demandado a distintos gobiernos potenciar esa salida al Atlántico.

El año pasado Bolivia movió 5,5 millones de toneladas por puertos marítimos y pluviales: 3,8 millones salieron por puertos de Chile en el Pacífico, en tanto el Canal Tamengo movilizó 1,7 millón de toneladas hacia el Atlántico, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Bolivia también ha comenzado a utilizar más el puerto de Ilo, al sur de Perú, aunque la capacidad de esa terminal es menor a la de los puertos chilenos.

Bolivia perdió su litoral en una guerra con Chile entre 1879 y 1883 y desde entonces ha buscado que ese país le otorgue una salida al Pacífico. La Corte Internacional de Justicia dijo en un fallo reciente que Santiago no tiene obligación de negociar una salida al mar para los bolivianos.
 

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El operador portuario DP World, con sede en Dubái, anunció el domingo la compra del 71,3% de la empresa chilena Puertos y Logística SA.
DP World pagará 502 millones de dólares por las acciones de la firma de servicios portuarios sudamericana, que tiene una concesión de larga data en el Puerto Central en San Antonio y posee y opera Puerto Lirquen, en el sur de Chile, explicó un comunicado.
El acuerdo permite que la firma emiratí atienda a sus clientes en cinco puntos clave de Sudamérica, dijo el presidente y director general de DP World Group, el sultán Ahmed bin Sulayem, en la nota.
DP World, uno de los mayores operadores portuarios del mundo, está presente en seis continentes. Su accionista mayoritario es el fondo de inversión de titularidad estatal Dubái World.
 

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El ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, advirtió el lunes de una potencial contaminación con Listeria de 3.299 cajas de fruta chilena exportada a Estados Unidos. La mercancía fue detectada y retirada de los supermercados.

Walker aseveró que el retiro de las cajas de duraznos, nectarinas y ciruelas de los mercados en Estados Unidos no ocasionará un perjuicio económico a su exportador pues “es un volumen muy chico”.

La Listeria es una enfermedad transmitida a los alimentos por la bacteria listeria monocytogenes, que se encuentra en el agua y en la tierra y puede llegar a ocasionar la muerte en niños y ancianos y abortos espontáneos en mujeres embarazadas. En personas sanas aparecen síntomas como fiebre y náuseas.

La medida de la Food and Drug Administration (FDA) se produce en el momento más alto de las exportaciones de frutos chilenos al mundo y a Estados Unidos, el segundo socio comercial de Chile.

La FDA dijo en un comunicado que “el retiro fue el resultado de un programa de muestreo de rutina realizado por la empresa de empaque que reveló que los productos terminados contenían las bacterias”.

Sin embargo, Walker aseguró en rueda de prensa que fue la exportadora chilena Río Duero la que detectó la bacteria tras un análisis interno, por lo que procedió a informar a su comprador en Estadios Unidos, el que a su vez informó a la FDA.

El informe de la autoridad sanitaria estadounidense dice que de momento no se ha informado de personas enfermas.

Las frutas fueron distribuidas por cadenas alimenticias a supermercados de 20 estados, entre ellos Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Carolina del Sur, Tennessee, Alabama, Mississippi, Virginia y Ohio.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile con un intercambio de 21.604 millones de dólares durante 2017, según un análisis de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, DIRECON. Las exportaciones chilenas totalizaron 9.833 millones de dólares, de los cuales 1.397 millones de dólares correspondieron a frutas.
 

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El presidente boliviano hizo el sábado un nuevo pedido de diálogo al gobierno de Chile sobre una salida al mar para Bolivia. En octubre, la Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió que Chile no tiene obligación de negociar. Chile celebró el veredicto y dijo que no tiene temas pendientes con Bolivia.

Evo Morales hizo la exhortación durante el llamado Día del Mar, que los bolivianos conmemoran cada 23 de marzo en recuerdo de la batalla de Calama (actual territorio de Chile), en la denominada Guerra del Pacífico con Chile hace 140 años.

El gobernante boliviano, sin embargo, expresó que la Corte reconoció que Bolivia nació con una costa de 400 kilómetros de longitud en el océano Pacífico y que el tratado de paz que firmaron en 1904 no cerró el pedido de mar de los bolivianos.


Morales dijo que no claudicará en su demanda por un acceso soberano al mar. “Si la Corte de La Haya no acogió la tesis de la obligación de negociar, esta instancia llama a dialogar... Por eso pedimos a Chile que cumpla con esta parte del fallo”, añadió el gobernante boliviano, que el año pasado hizo el mismo llamado tras el fallo.

Además, explicó que desde La Paz se trabajará en diversificar las salidas de su carga comercial por otros puertos, ya que aseguró que en los chilenos les ponen trabas y tienen costos altos.

Bolivia demandó a Chile ante la Corte en 2013 después que perdió su principal salida al océano Pacífico en Guerra del Pacífico (1879-1883).

El fallo de la Corte fue un golpe para Morales, ya que en el país se esperaba un fallo favorable y en un año electoral las críticas han sido más fuertes. En octubre, Bolivia llevará acabo las elecciones presidenciales en las que el gobernante busca un cuarto mandato aun cuando perdió un referendo en 2016 que le negó la posibilidad a una reelección. Sin embargo, el mandatario acudió al Tribunal Constitucional, el cual lo habilitó.

El candidato opositor, Oscar Ortiz, dijo que “en La Haya ya perdimos las gestiones, las esperanzas por las que los bolivianos lucharon durante 140 años... Fue una vergonzosa derrota”.
 

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Chile podría perder hasta 540 millones de dólares mensuales si el parlamento no ratifica el Acuerdo Integral Comprensivo y Progresista de la Alianza Transpacífico (CP-TPP) o TPP11, vigente ya en siete de los 11 países miembros, informó el lunes el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

En rueda de prensa Yáñez precisó que el CP-TPP favorece 3.000 productos chilenos, de los cuales 1.500 no están presentes en los mercados de los países que integran el acuerdo.

Indicó que Chile actualmente pierde 54 millones de dólares mensuales, que podrían incrementarse a 540 millones de dólares, de no ratificarse el acuerdo, que ya fue aprobado por Australia, Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Faltan Brunei, Chile, Malasia y Perú.


En el caso de Chile el acuerdo fue ratificado por la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos meses sea analizado por el Senado. Yáñez dijo que el gobierno confía en que será aprobado.

“Este acuerdo genera ganancias importantes en materia de acceso” a los mercados de los miembros del CP-TPP, aseguró la autoridad.

También desvirtuó lo que llamó “mitos” en grupos sociales que se oponen al CP-TPP11 porque creen que afectará los precios de medicamentos, el área de las semillas y los alimentos transgénicos, entre otros.

Indicó que el pacto no contempla nada que no esté ya vigente en Chile.

El 56% del Producto Interno Bruto chileno depende del comercio exterior, y la mitad de las exportaciones locales van a mercados de China y Estados Unidos, países en guerra comercial.

El CP-TPP está dirigido a un mercado conjunto de 500 millones de personas y para Chile implicaría la eliminación del 95% de los aranceles con los restantes países del grupo.
 

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Los excedentes de la estatal chilena de cobre (CODELCO), la mayor productora mundial del metal, cayeron 74% en los primeros seis meses de 2019 en comparación al mismo periodo del año pasado en un semestre de “sangre, sudor y lágrimas”, dijo el viernes su presidente ejecutivo Nelson Pizarro.

De enero a junio de 2019 el excedente sólo fue de 318 millones de dólares, precisó Pizarro en rueda de prensa. En los mismos meses de 2018, fue de 1.235 millones.

En este contexto, los excedentes son las ganancias brutas que recibe la empresa por la venta de su producción de cobre. El dinero que queda después de pagar impuestos, CODELCO lo entrega al Estado, que lo suma a presupuesto para financiar sus políticas públicas.


La producción de CODELCO descendió un 13%, de 813 mil toneladas en el primer semestre de 2018 a 710 mil toneladas el primer semestre del presente año.

CODELCO es la mayor productora mundial de cobre, con cerca de un tercio de la producción mundial.

Pizarro responsabilizó del fuerte descenso en excedentes a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a la baja en el precio internacional del metal, a fenómenos climáticos y a una huelga en una de sus minas, entre otras razones.

“Empezamos el año enfrentando las lluvias, de ahí en adelante no paramos con dificultades... después vino la huelga de Chuquicamata, las menores leyes del mineral”, señaló.

“Un 49% de la baja de excedentes se explica por factores exógenos del mercado”, añadió en alusión a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Pizarro, que concluye su mandato al frente de la empresa, indicó que “el cobre de la noche a la mañana se derrumbó”. Añadió que pensaban que las diferencias entre Estados Unidos y China eran “un gallito político que se iba a terminar pronto y no se terminó y lo más preocupantes es que no se ve que termine pronto”.

China es el principal comprador del cobre chileno y su principal socio comercial.

“Ha sido un semestre de sangre, sudor y lágrimas. Duro. Pero haciendo la pega, despejamos el camino para un brillante segundo semestre”, concluyó el ejecutivo.
 

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La oposición de centroizquierda busca reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas semanales pese al férreo rechazo del oficialismo derechista que califica de irresponsable la medida y anticipa la pérdida de más de 300.000 empleos.

Chile, Costa Rica y México están entre los países de América Latina donde se trabaja más tiempo al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La idea de trabajar menos con iguales ingresos cuenta con el apoyo de más del 70% de los chilenos consultados por una encuestadora local.

Las caras visibles de la iniciativa son las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, exlíderes de las masivas protestas universitarias de 2011 en demanda de mejoras educacionales durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014).


Vallejo afirma que la actual jornada “no permite a los trabajadores desarrollar una vida familiar o disponer de tiempo libre” mientras que Cariola sostiene que carecen de estudios sobre lo que la nueva jornada “va a significar para el país, cuántas empresas en concreto se van a cerrar o cuántas empresas se van a abrir”.

Con un virtual enfrentamiento comunicacional el gobierno intentó sin éxito frenar la iniciativa y anunció el envío al Congreso de otro proyecto para rebajar a 41 horas la jornada semanal, aunque de manera flexible y gradual.

Los grandes, pequeños y medianos empresarios se han sumado al gobierno en su rechazo a la iniciativa.

Carlos Zeballos, que tiene una pequeña empresa, dijo a The Associated Press que “no creo que con menos horas alcance a cumplir los pedidos y no me alcanzaría para contratar más gente”.

Pro la vendedora María Correa indicó que “ojalá que lo aprueben. Yo feliz, pero no sé cómo van a hacer los jefes al tener que pagar horas extras”.

La idea se discute en momentos en que Chile vive una desaceleración económica y cuando el potencial de crecimiento se ha corregido a poco menos del 3%.

Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), dijo que la iniciativa, “equivale a un aumento del 11% del costo laboral”.

El presidente del autónomo Banco Central, Mario Marcel, que también estima que habrá un encarecimiento del costo laboral, recordó que en 2005 se rebajó la jornada de 48 a 45 horas, cuando el crecimiento económico se estimaba en un 5% o más frente a un 3% del proyectado para 2019.

Las diputadas señalan que no incluyeron la flexibilidad en su proyecto porque la sindicalización en Chile bordea el 20% de la masa laboral de 8,4 millones de personas y porque la mayoría carece de facultades reales para negociar con sus empleadores. Sí incluirán una gradualidad para las pequeñas y medianas empresas.

El académico de la Universidad Diego Portales y experto laboral, José Luis Ugarte, dijo a The Associated Press que en Chile negocian colectivamente menos del 8% de las personas.

Añadió que “hay certeza de que cuatro o cinco horas menos de trabajo mejorarían la calidad de vida de los trabajadores” y que de no aprobarse ahora el proyecto “va a ser uno de los focos centrales de la próxima campaña presidencial (en 2022)”.

Ramón López, académico de la Universidad de Chile y miembro del Observatorio de Políticas Económicas, afirmó que el cambio de jornada sólo afectará a 3,3 millones de personas del sector formal de trabajadores, por lo que estima que se producirá un aumento de un 6,6% de nuevos empleos, unas 198.000 contrataciones.

Pero Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a los grandes empresarios, dijo que los costos laborales subirán en torno al 40%.

El proyecto fue aprobado a comienzos de mes por la oposición de centroizquierda en una comisión laboral de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido en las próximas semanas por la totalidad de los diputados, en un congreso con mayoría opositora.

Piñera anticipó que recurrirá al controversial Tribunal Constitucional porque afirma que el proyecto compromete recursos estatales. Ese tribunal es usado por la oposición y el oficialismo como una suerte de tercera cámara legislativa cuando pierden las votaciones de proyectos en el Congreso.
 

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Delta Air Lines pagará 1.900 millones de dólares por 20% de Latam Airlines Group, de Chile, como parte de un acuerdo que le permitirá aumentar su presencia en América del Sur.

Delta se interesó en el negocio después de que American Airlines enfrentó oposición de la Corte Suprema de Chile a su plan de asociación con Latam.

American dijo el jueves que entendía la decisión de Latam de asociarse con otra aerolínea estadounidense. American señaló que obtiene menos de 20 millones de dólares al año de su actual alianza con Latam.

Delta dijo que pagará 16 dólares por acción con recursos que saldrán de nueva deuda y efectivo. Delta también invertirá 350 millones de dólares para poner en marcha la asociación.


La aerolínea comprará cuatro Airbus A350 a Latam y asumirá su compromiso de adquirir otros 10 hasta 2025.

La operación necesita la aprobación de las autoridades regulatorias.
 

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Después que 1,2 millones de chilenos se manifestaron la víspera en una céntrica plaza de Santiago y de que decenas de miles más se movilizaran en ciudades del norte y el sur del Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el sábado que solicitó a su ministros “poner sus cargos a disposición” a fin de reestructurar su gabinete.

Agregó que también analiza levantar los estados de emergencia que rigen en el país desde hace nueve días, en los que un estallido social _con inéditas manifestaciones de millones que piden mejoras sociales profundas_ han causado 20 muertos.

“La marcha que todos vimos ayer fue una marcha multitudinaria y pacífica... todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”, afirmó Piñera desde el palacio de gobierno.


“He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, para enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos”, agregó.

Políticos oficialistas y de oposición, incluso algunos alcaldes de centroderecha, demandaban un cambio ministerial para tratar de restablecer la minada credibilidad del gobierno. Algunos, como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, están entre los más polémicos, porque de él depende la policía que disolvió violentamente varias protestas.

“No basta sólo con un cambio de gabinete ni con los anuncios... la agenda es insuficiente”, dijo el diputado izquierdista Gabriel Boric.

Sobre el anuncio del cambio de gabinete, la jubilada Sonia Novoa, 78 años, dijo a The Associated Press: “que se vayan todos, porque se han reído de la gente, porque ¿cómo un ministro puede decir ‘levántese más temprano’ para ahorrar dinero?”.

Novoa aludió al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien tras el alza tarifaria del metro dijo a los usuarios que podían levantarse más temprano para aprovechar la tarifa reducida que regía entre 6 y 7 de la mañana.

El violento estallido social, que siguió a protestas de estudiante contra un alza tarifaria en el subterráneo, derivó en protestas nunca vistas en Chile, ni siquiera en los últimos años de la sangrienta dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los manifestantes piden mejores pensiones, salarios, educación, viviendas, así como peajes y medicamentos más baratos, entre muchas otras demandas.

A comienzos de semana el mandatario anunció una serie de proyectos que incluyen un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos. También contempla aplicar rebajas en medicamentos _que en Chile son de los más altos en la región_ y reducir los altos ingresos de los parlamentarios. Un diputado recibe, entre dieta y asignaciones, 27.000 dólares mensuales y un senador 44.000 dólares.

Los anuncios del mandatario, a los que se sumó el sábado que se estudia una rebaja tarifaria en el agua y en los peajes de las autopistas y carreteras, que no han logrado hasta ahora frenar las protestas. Para la jornada del sábado hubo múltiples convocatorias en redes sociales a movilizarse.

Pablo Rodríguez, actor, 30 años, dijo que “son un buen inicio, pero no son suficientes”.

A partir del mediodía muchos chilenos empezaban a manifestarse en distintos lugares del país. El estudiante Andrés Villarroel se dirigió al centro de Santiago para ayudar a limpiar le basura que quedó tras la manifestación de la víspera. “Pero voy a aprovechar y quedarme para protestar de nuevo”, afirmó.

Hasta el sábado la mayor parte del país estaba bajo estado de emergencia y con toque de queda. Piñera dijo que “si las circunstancias lo permiten es mi intención levantar todos los estados de emergencia” a partir de la medianoche del domingo.
 

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Globos oculares estallados, balines en el cuerpo y fracturas por impacto de bombas lacrimógenas son algunas de los centenares de lesiones causadas por la represión policial a las multitudinarias protestas en las que hace dos semanas se exigen una mejor calidad de vida en Chile.

El aumento de las denuncias de abusos y de violaciones a los derechos humanos, más una invitación del gobierno chileno, llevaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, a enviar a un grupo de investigadores para constatar su veracidad.


Alrededor de un centenar de representantes de organizaciones sociales expusieron el viernes sus denuncias ante cuatro delegadas del grupo de Bachelet, que escuchó por cinco minutos a cada uno, incluidos delegados de pueblos originarios, de agrupaciones homosexuales y estudiantes. También entregaron informes al grupo.

“Hicimos una exposición, incluso con fotografías de pacientes que han perdido no sólo la visión sino algunos también el globo ocular”, contó el doctor Enrique Morales, presidente del Colegio Médico, uno de los presentes.

Según la agrupación gremial, desde el estallido de la crisis hace 16 días, los médicos han atendido a 157 personas con lesiones oculares por balines o bombas lacrimógenas, de las cuales varias presentaron estallido ocular con la consiguiente pérdida de visión. Las cifras van variando y no consideran a pacientes atendidos en centros de salud privados.

“Independientemente de que el director de Carabineros (policía) diga que se está haciendo todo bien... tenemos la certeza, así como la gran mayoría de las personas que asistimos a esta reunión, que esos protocolos no se están respetando”, aseguró Morales.

El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su último balance dijo que registra 1.574 heridos en hospitales, incluidos 473 por disparos de perdigones, 305 por armas de fuego no identificadas, 40 por bala, 30 por balines y 157 con lesiones oculares. Han presentado 179 acciones judiciales en actuaciones de agentes del Estado, incluidas cinco querellas por homicidio y 18 por violencia sexual.

Sergio Micco, director del INDH, dijo a The Associated Press que han observado que “en muchas manifestaciones pacíficas los carabineros (policía) han utilizado, por ejemplo, perdigones. En ese caso claramente el protocolo no ha sido respetado”.

“Hay una responsabilidad institucional en el sentido de la fiscalización que realizan los altos mandos”, agregó. “Tú no puedes responder un garabato (insulto) con un lumazo”, aseveró.

El INDH ha presentado más querellas por violaciones a los derechos humanos durante la actual crisis, que en todo 2018.

El equipo de Naciones Unidas, que no da entrevistas de prensa ni anuncia su itinerario, recogerá testimonios e informes en todo el país, en una labor que se extenderá hasta el 22 de noviembre.

“Las lesiones que se presentan en las personas son disparos a corta distancia (por bombas) lacrimógenas lanzadas hacia el cuerpo. En general (hay) uso excesivo de la fuerza y violencia... porque hemos atendido muchos lesionados”, dijo a la AP el enfermero Byron García.


García integra uno de las decenas de puestos de atención de emergencia en lugares cercanos a las protestas masivas. Trabaja bajo una carpa en un lugar donde los pequeños comerciantes del área lo ayudaron a comprar insumos médicos.

Manuel Guzmán, de 31 años, señaló a la AP que “tirando piedras vi como carabineros (policías) tiraban balines, solo atiné a taparme con el brazo, sentí un impacto...si yo no pongo mi mano me llega en la cara”.

María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, afirmó a la AP que en el país hay una “violencia político-sexual, porque son los agentes del Estado quienes realizan este tipo de violencia sexual, en un contexto de extrema vulnerabilidad, donde a las mujeres se las hace desnudar, donde se las lleva a lugares de puntos ciegos de las cámaras...”.

“Estas cifras (18 denuncias de violencia sexual) ocultan bastante lo que ha ocurrido”, señaló.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, declaró que “desde el primer momento se dieron las instrucciones para que se respetasen en forma estrictas los protocolos, hemos seguido reforzando esas instrucciones”.

La policía informó que durante los primeros días de protestas 76 agentes resultaron lesionados, la mayoría en la capital chilena, dos de ellos graves por impacto de bala.

Las protestas estudiantiles por un alza en el transporte subterráneo derivaron el 18 de octubre en disturbios en los que el metro resultó con daños graves e incendios, así como en saqueos de supermercados y farmacias, entre otros comercios. Esas protestas iniciales derivaron luego en manifestaciones multitudinarias que no han cesado y las redes sociales difunden nuevas convocatorias para la semana próxima.
 

Johngo

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DEVALUACIÓN SIN PAUSA

Junto con Cristina, vuelve el 'Miami Chileno'

Por la devaluación chilena, nuevamente, hace que convenga cruzar la frontera para un viaje de compras. Allí se vende todo 30% más barato que acá. El único dilema es la advertencia en algunas fronteras por el desborde social que ha llegado, al menos, a vehículos argentinos, que sufrieron algunos 'ataques'.

La devaluación del peso chileno continúa en medio de la crisis social que se vive en el país trasandino, que ya superó su sexta semana, y hace que nuevamente se vuelva conveniente para los argentinos cruzar la frontera para hacer compras.

Hoy, cada dólar se compra a $850 chilenos.

Por esto, el banco central chileno tuvo que realizar la mayor intervención en dos décadas en el mercado cambiario: inyectó US$ 20.000 en el mercado luego que en los últimos días de noviembre cayera a US$ 828, aunque luego subió.

"Más allá del nivel alcanzado por el tipo de cambio, que en parte importante refleja una mayor incertidumbre, la rapidez y sucesión de movimientos en la misma dirección han generado una volatilidad (cambiaria) que se estima excesiva", dijo la institución en un comunicado.

La crisis anterior, fue en octubre de 2002, cuando se registró el valor histórico más bajo de la divisa chilena: cotizó a $761 chilenos por dólar.

En la práctica, esto quiere decir que el cambio es más favorable para aquellos argentinos que decidan a ir de paseo o tour de compras.

En electrónica, puntualmente, es donde se encuentran las mejores ofertas, con una diferencia de hasta 30%: los celulares, por caso, están hasta US$ 100 menos en Chile que en la Argentina: el Samsung Galaxy A9 cuesta US$ 585 acá y US$ 471 del otro lado de la cordillera; mientras que el Xiaomi Mi A3: US$ 200 dólares versus US$ 282. Y el Motorola One Vision US$ 325 contra US$ 211 en Chile.

Una TV de 50" Samsung acá en el país está US$ 680 (con una pequeña rebaja) contra US$ 470 en las Tiendas París chilenas (sin contar las promociones).

En cuanto a computadoras, la variedad en Chile es siempre más extendida que en la Argentina. Una Notebook Lenovo 15,6" Core i3 4 GB 1TB está $ 42.000 (US$ 660) acá y en Chile 450.000 (poco más de US$ 500).

Una consola Sony PS4 Slim 1TB en Chile cuesta US$ 410 aproximadamente mientras que en la Argentina arriba de US$ 600 (cada una trae juegos incluidos que difieren de un país al otro).

FUENTE Y MAS DATOS: https://urgente24.com/dinero/economia/junto-con-cristina-vuelve-el-miami-chileno

https://urgente24.com/mundo/latinoamerica/en-medio-del-caos-el-banco-central-de-chile-tira-el-salvavidas-e-interviene-en
 

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El ministro de economía chileno Lucas Palacios dijo el jueves que las violentas protestas que han sacudido a Chile desde hace dos meses provocaron el desplome de las reservas turísticas en el país, algo “muy significativo” porque afecta desde hoteles al sector del transporte o la alimentación.

“El miedo es un enemigo muy fuerte del turismo”, dijo Palacios durante una entrevista con The Associated Press en Nueva York. “Al ver lo que estaba ocurriendo en Chile, muchos cancelaron (sus reservas)”.

El ministro dijo que en noviembre las reservas suelen ser del 70% de capacidad para la época turística alta en Chile, que es diciembre, enero y febrero. Debido a las protestas, que aún continúan, aunque en menor magnitud, el nivel de reservas bajó a aproximadamente el 30%.






Palacios destacó que el sector ahora se está empezando a recuperar, pero que “el impacto fue fuerte” y que ese efecto se va a notar en la actualidad.

“Esperamos ir mitigándolo con el tiempo”, señaló.

Los primeros efectos económicos de la crisis política y social empezaron a observarse inmediatamente después del estallido del 18 de octubre, cuando encapuchados quemaron la mayor parte de las estaciones del subterráneo, saquearon centenares de supermercados y decenas de farmacias que permanecieron un par de semanas cerrados. Al menos 26 personas han muerto en las protestas, donde ha habido enfrentamientos entre ciudadanos y policía.

Este mes el gobierno chileno anunció un plan de recuperación económica de 5.500 millones de dólares después de que el Banco Central anunciara que la economía del país se contrajo un 3,4% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. La contracción se debe a los efectos del estallido social, han dicho funcionarios.

Palacios, que viajó a Canadá y Estados Unidos para promover la inversión a su país, dijo a la AP que a pesar de la estabilidad de la economía chilena y la reducción de pobreza en los últimos 30 años, muchos chilenos no se sentían parte del desarrollo. Destacó que su gobierno debe ser capaz de construir un Chile en que las relaciones del Estado con el ciudadano sean de un “mejor trato” y donde las empresas entiendan al proveedor como parte de su estrategia de desarrollo.

“Creo que eso es algo que no ha estado nunca sobre la mesa y creo que es el origen de gran parte del descontento que puede sentir la gente, que es un problema de trato, de accesos, de sentirse parte, de ser escuchado”, dijo Palacios.






El ministro explicó que, además de dañar el turismo, las protestas costaron 850 millones de dólares en daños materiales en infraestructura pública y 370 millones de dólares en infraestructura del metro.

“Mientras antes vuelva la paz a nuestras calles, cosa que ya está ocurriendo, antes vamos a superar ese sentimiento de temor y que decanta en una desconfianza en la economía”, dijo.

Naciones Unidas difundió el viernes pasado un informe en el que afirmó que en Chile se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en la represión de las manifestaciones.

Palacios señaló que cualquier violación a los derechos humanos “nos duele” porque “hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para evitar cualquier tipo de abuso”.
 

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La economía chilena se contrajo 3,3% en noviembre producto del estallido social que remeció al país sudamericano y cuyos efectos se verán durante meses, informó el jueves el autónomo Banco Central.

“Es una caída fuertísima que se repite en noviembre pero que debiera atenuarse bastante en diciembre”, declaró el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En octubre el desplome había sido de 3,4%

Agregó que “los Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) de octubre y noviembre son de lo más malo que ha pasado desde la crisis subprime”, ocurrida en 2009 en el mercado de viviendas estadounidense que detonó una crisis económica mundial.








Las caídas de octubre y noviembre son la más bajas desde julio de 2009, cuando la contracción fue de 4,0%.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló que estas cifras “reflejan los efectos de las manifestaciones producidas a partir del 18 de octubre”.

Explicó que las protestas “afectan las cadenas logísticas de producción y el efecto más concreto que vamos a ver para las personas es una menor producción y, por lo tanto, una menor generación de empleo”.

El titular de Hacienda dijo que se espera que la caída del crecimiento económico de diciembre sea bastante más moderada, pero aclaró que una disminución en torno del 1% “llevaría a cerrar 2019 con un crecimiento anual en torno al 1%” cuando el año pasado el Producto Interno Bruto chileno se expandió un 4,0%.

Las autoridades esperan que el crecimiento económico chileno en 2020 se ubique en un rango de entre 1% y 1,5%.

“Estamos en un momento económico complicado”, aseguró Briones, quien añadió que el gobierno se esfuerza “para tratar de morigerar lo más posible los impactos de esta crisis en la economía”.

Tras el estallido social del 18 de octubre y hasta mediados de diciembre se han registrado unos 140.000 despidos por cambios en las condiciones del mercado o la economía, un 70% más que en igual período de 2018. La última cifra oficial de desempleo, 6,9%, aún no registra todos los despidos y las autoridades no descartan que en los próximos meses alcance los dos dígitos.

La revuelta social desatada por un alza en las tarifas del metro se tradujo en la destrucción de la mayor parte de las estaciones de ese transporte; incendios y saqueos a centenares de grandes supermercados y decenas de farmacias, quemas de pequeños y medianos comercios y oleadas de destrucción que afectaron a la capital chilena y a ciudades del norte y sur del país.

Miles de comercios permanecieron cerrados por semanas y el temor a la violencia y la fuerte disminución del transporte público se tradujeron en que decenas de miles de trabajadores no pudieran movilizarse hasta sus lugares de trabajo y a que las jornadas laborales se acortaran.

Las protestas aminoraron y el transporte casi se ha normalizado -aunque varias estaciones del metro siguen fuera de servicio-.

Las demandas de los chilenos incluyen mejores pensiones, salarios, salud, educación y medicamentos más baratos, entre otras.
 

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El presidente Sebastián Piñera promulgó el martes una reforma tributaria que incrementa los impuestos a los más ricos en Chile.

Con la medida se espera recaudar 2.200 millones de dólares anuales para favorecer a las pequeñas y medianas empresas y a los adultos mayores, que verán disminuidos sus impuestos territoriales, es decir, aquellos afectan los bienes raíces. La reforma llega a cuatro meses del estallido social que llevó a Piñera a ofrecer mejoras sociales y económicas.

“De esa manera somos capaces de enfrentar una situación muy especial como la que hemos vivido sin comprometer el futuro de nuestro país”, dijo Piñera.

La reforma fue promulgada en un acto en la sede de gobierno, durante la cual el mandatario enfatizó en la necesidad de financiar con ingresos permanentes las onerosas mejoras exigidas en protestas multitudinarias que desde el 18 de octubre lo obligaron a abandonar su programa de gobierno y, sobre la marcha, delinear una agenda social para calmar a la calle.

Coincidentes encuestas muestran que los más necesitados no están contentos con la respuesta del gobierno y continúan demandando cambios estructurales en salud, educación, pensiones y salarios, entre otras.

El impuesto global complementario a las rentas superiores a 18.580 dólares mensuales subirá progresivamente de 35% a 40%. También se elevarán los impuestos territoriales a los bienes raíces tasados sobre 500.000 dólares. Los adultos mayores cuyos ingresos sean inferiores a 805 dólares al mes quedarán eximidos de pagar impuestos territoriales y los de ingresos superiores a los 1.800 dólares pagarán la mitad.

Además, se reformularon los cálculos de impuestos que favorecen a las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, que incluyen, por primera vez, el pago de tributos a las plataformas digitales, como Netflix.

El proyecto de reforma tributaria estuvo detenido por más de un año en el Congreso hasta noviembre pasado, cuando el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, logró un acuerdo con líderes de la oposición a cambio, entre otras medidas, de eliminar una modificación que en la práctica favorecía a las grandes empresas.

Entre las concesiones del mandatario que están vigentes, tras un inédito acuerdo político entre oficialistas y opositores, exceptuado el Partido Comunistas que se restó, está un plebiscito que decidirá el 26 de abril si los chilenos quieren una nueva Constitución.

También se incrementaron en un 50% las pensiones de los más desposeídos mayores de 80 años, cuyas jubilaciones pasaron de 136 a 204 dólares. En porcentajes menores se incrementaron los ingresos de los que tienen entre 65 y 79 años, que alcanzarán el 50% de alza en 2022.

Tras el estallido social fueron muchas las cesiones de Piñera, y un gran número de ellas están pendientes en el Congreso, como un pequeño incremento en los ingresos mínimos y en las jubilaciones de pensionados pertenecientes a chilenos de clase media que están más cercanos a la pobreza.

Múltiples organizaciones gremiales y sociales se aprestan a reanudar sus presiones al gobierno en marzo próximo, mes para el cual hay múltiples convocatorias a protestas y paros.
 
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