Hilo de Centro América

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Una misión del FMI recomendó al gobierno aumentar la edad de jubilación e incrementar la aportación mensual de los trabajadores y los empleadores, entre otras medidas, para evitar la quiebra del sistema de jubilaciones en pocos años, informó el Banco Central de Nicaragua.

Para lograr la sostenibilidad del Seguro Social, el organismo multilateral estimó el viernes ?una combinación de recorte y racionalización de los gastos operativos y de salud, aumento en la edad de jubilación, incremento del período de cotización mínimo, aumento de la cotización patronal y laboral, y la revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones?.

Actualmente se requieren 750 semanas cotizadas, es decir, un poco más de 14 años de trabajo consecutivos, para obtener la pensión mínima. Las personas se pueden jubilar a partir de los 60 años.

El FMI planteó que, bajo las actuales políticas, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social seguirá presentando déficits y agotará sus reservas en efectivo para 2019, lo que podría requerir transferencias presupuestarias desde el Ministerio de Hacienda. Hace un año se estimó que el INSS sería solvente hasta el 2024.

El presidente Daniel Ortega dijo que ?vamos a asumir la responsabilidad para seguir garantizando la seguridad social del pueblo nicaragüense, y vamos a buscar el consenso para ver los pasos y acciones que se tomarán a tiempo para que se pueda lograr el fortalecimiento de ese servicio, que es fundamental para los trabajadores nicaragüenses?.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que su sector no puede aportar más de lo que ha hecho hasta ahora.

?Ya dimos cuatro puntos (a la cuota patronal) en ocho años y tres específicamente en los últimos cuatro años. Entendiendo que ya dimos ese aporte, seguir aumentando podría provocar lo contrario: Que tengas empresas que son formales y que se vuelvan informales?, advirtió Aguerri.
 

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Guyana otorgó su primera licencia para la perforación de yacimientos de crudo y gas a ExxonMobil, que ha dicho que ha hecho descubrimientos petroleros significativos en el mar de la costa del Atlántico.

El ministro de Recursos Raphael Trotman dijo el jueves por la noche que la petrolera y sus socios, Hess Guyana Exploration Ltd. y CNOOC Nexen, también recibieron permisos ambientales y que podrán comenzar a taladrar en una zona donde creen que hay al menos 2.000 millones de barriles de crudo.

Se prevé que la extracción de crudo comience en 2020, inicialmente a un ritmo de 100.000 barriles por día, dijo Trotman. ExxonMobil recibirá regalías de 2% por ingreso bruto y 50% por ganancias, mientras que el gobierno del país sudamericano ha calculado que podría recibir hasta 5.000 millones de dólares al año en ingresos.

El crudo será almacenado en una gran plataforma flotante que está siendo construida ya que el campo queda a más de 160 kilómetros (100 millas) de la costa.

ExxonMobil ha taladrado más de media decena de pozos desde 2015 y solo uno resultó estar seco, descubrimiento que ha atraído a decenas de otras petroleras a Guyana.

Tullow Oil, con sede en Londres, y Eco (Atlantic) Oil & Gas, con sede en Toronto, dijeron este mes que comenzarán a revisar concesiones para fines de junio y prevén comenzar a taladrar el primer pozo en 2018. Varias otras empresas como Repsol, de España, y Mid Atlantic Oil & Gas también están explorando el área.

El descubrimiento de ExxonMobil también reavivó una vieja disputa fronteriza entre Guyana y su vecino Venezuela, que ha rechazado planes de proyectos de pozos petroleros porque alega que presuntamente están en territorio marítimo reclamado por ambos países. La ONU enviará la disputa a la Corte Mundial para fines de año si es que Venezuela y Guyana no pueden resolver el asunto.

Desde hace mucho, el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que el mar de la costa de Guyana es rico en gas y crudo, y el pequeño país de 750.000 habitantes espera ganar lo suficiente como para proveer educación gratuita y gas casero sin costo y gasolina barata.
 

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La nueva etapa de relaciones diplomáticas entre China y Panamá podría servir al gigante asiático para expandir su presencia en América Latina, sin afectar los intereses de terceros países, planteó el domingo el canciller chino Wang Yi.

En una rueda de prensa conjunta en el marco de su visita a Panamá, Wang vislumbró el comienzo de una etapa de cooperación y desarrollo compartido entre Panamá y la región. Sus declaraciones se dieron después de que se inaugurara la nueva embajada china en la capital panameña, su segunda en América Central, después de Costa Rica.

La visita de Wang tiene lugar tres meses después de que Panamá decidiese romper sus históricas relaciones con Taiwán y reconocer a China como aliado diplomático, lo que representó un duro golpe para el gobierno de Taipei, que perdió a uno de sus más importantes aliados estratégicos en Latinoamérica.

?Nuestra cooperación tanto con Panamá como con América Latina y el Caribe, tendrá unas perspectivas muy amplias?, dijo Wang, junto a la canciller anfitriona Isabel de Saint Malo. ?Estoy seguro que a través de esta cooperación, los países de la región podrían ocupar un papel más importantes en los asuntos internacionales?.

Al asegurar que la nueva fase de estas relaciones no afectaría los intereses de terceros países en la región, se refería al parecer a Estados Unidos.

El gobierno panameño ha invitado a las empresas de China a invertir en grande y en numerosos sectores --incluso logístico y de transporte en general-- en el país centroamericano, ahora que han emprendido sus lazos diplomáticos. La visita de Wang sirvió para crear el marco de los que sería la nueva y ambiciosa relación comercial y de negocios en el futuro, coincidieron los cancilleres.

El gobierno chino invitó al presidente panameño Juan Carlos Varela a que visite la nación asiática antes de fin de año.

Saint Malo dijo que aún no se podía hablar de cifras, pero que China está dispuesta, por ejemplo, a financiar la construcción de un tren entre la capital panameña y la frontera con Costa Rica, que uniría a través de una vía ferroviaria a los dos aliados chinos en la región. Las otras naciones de Centroamérica mantienen sus relaciones diplomáticas con Taiwán.

Panamá solo había mantenido lazos comerciales con China, a pesar de ser el segundo cliente más importante del canal y principal proveedor de mercancías en la zona franca de Colón, en el Atlántico, y considerada una de las más importantes del mundo en la actividad de importación y exportación. Wang visitó el canal interoceánico antes de culminar el domingo su visita de dos días.

El gobierno del presidente Varela decidió romper con Taiwán y reconocer al gigante asiático, argumentando razones económicas y estratégicas. Taiwán acusó a Beijing de arrebatarle a Panamá y recriminó a su viejo socio centroamericano tildándolo de ?desleal?.

Taiwán, a la que China reclama como una provincia rebelde, quedó solo con una veintena de socios en el mundo, cuatro de ellos en América Central.

Panamá abrió su sede diplomática en China a fines de julio.
 

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La producción de azúcar de Guyana probablemente disminuirá en un 25% comparado con el año pasado debido a la escasa demanda de la Unión Europea, calculan expertos.

La compañía estatal Guyana Sugar Corporation, conocida como Guysuco, informó el domingo que las casi 140.000 toneladas métricas producidas en el 2017 es su cifra más baja en 27 años.

La disminución ocurre en momentos en que Guysuco tiene una deuda de más de 500 millones de dólares. Se ha visto obligada a cerrar tres de sus seis instalaciones y a despedir a 4.000 de sus 15.000 empleados.

Guysuco, que era propiedad de Bookers Corp en el Reino Unido antes de ser nacionalizada en 1976, informó que la mayoría de sus cosechas ya han sido procesadas y que la producción no variará mucho en la última semana del año.

El azúcar era otrora la principal fuente de divisas extranjeras para Guyana, que producía en promedio 300.000 toneladas al año hasta los años noventa.

Pero la producción ha ido decayendo en tiempos recientes debido a huelgas, falta de personal, mal clima y una baja en la demanda de la Unión Europea.
 

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Percepción de la Corrupción en Sudamérica y en América Central (a menor número, mayor percepción de corrupción).
 

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Una cifra récord de 30 millones de personas visitaron el Caribe el año pasado a pesar de dos huracanes devastadores que azotaron la región, dijeron el jueves autoridades regionales de turismo.

Los viajeros gastaron 37.000 millones de dólares, casi 3% más que el año anterior, aunque la ocupación hotelera bajó 1%, dijo Ryan Skeete, director de estadísticas de la Organización Caribeña de Turismo con sede en Barbados.

La mayoría de los turistas vinieron de Estados Unidos y también aumentaron los provenientes de Canadá y Europa.

Es el octavo año consecutivo de crecimiento para el turismo en el Caribe.

Algunas islas registraron un aumento superior al 10%, mientras que en otras el número de turistas bajó casi 20% luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre.

La Asociación de Turismo y Hotelería del Caribe reportó que una gran cantidad de hoteles siguen clausurados debido los efectos de las tormentas.

En las Islas Vírgenes Estadounidenses sólo el 40% de los hoteles están abiertos, y varios hoteles siguen cerrados en Puerto Rico, donde más de 400.000 personas siguen sin electricidad.

En las Islas Vírgenes Británicas hay planes de inaugurar cinco resorts este año y el próximo reabrirán un muelle y un club de yates. Allí la electricidad se ha restaurado en un 85%.

El 40% de las habitaciones de hoteles están nuevamente disponibles en Dominica, mientras que 10 instalaciones en Anguila permanecen cerradas y el aeropuerto funciona sólo de día.

En el territorio holandés de St. Maarten unos 36 hoteles siguen clausurados y el 64% de las instalaciones marítimas están operando. El funcionamiento del aeropuerto es parcial.

Hugh Riley, secretario general de la Organización del Turismo en el Caribe, señaló que el sector emplea al 14% de la población del Caribe y que abarca del 7% al 80% de las economías locales.

Por otra parte, los cruceros trajeron a 27 millones de personas, otro récord, el año pasado.
 

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Unos 90.000 trabajadores de la poderosa industria de la construcción realizaban una huelga el miércoles en Panamá tras desacuerdos con los empresarios sobre incrementos salariales.

Las autoridades laborales declararon la legalidad de la huelga, convocada desde hace días, después de que los negociadores del sindicato y el gremio empresarial del sector no llegaran a un arreglo la víspera en el tema económico y salarial para los próximos años. Los empresarios se reunían en la jornada para evaluar una nueva propuesta económica.

Los trabajadores exigen un 15% de aumento anual mientras que los empresarios ofrecen un 0,5% en uno de los sectores más pujantes de la economía del país centroamericano y cuyos salarios -que van entre los 700 y los 1.500 dólares o más al mes- superan a la mayoría de los vecinos de la región, según los expertos.

El gobierno dijo que las actividades en unas 266 obras -entre ellas la construcción de la segunda línea del metro de Panamá y de rascacielos- se paralizaría con la medida.

Los trabajadores argumentan que merecen mejores salarios en una de las industrias de mayor crecimiento en las últimas décadas y que figura entre las más importantes en aportes al producto interno bruto del país.

El sindicato realizó una medida de presión similar hace cuatro años en medio de negociaciones de una nueva convención colectiva, en la se acordó al final aumentos salariales escalonados de entre 8 y 9% para el periodo 2014 y 2017.
 

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El gobierno haitiano suspendió el sábado un aumento de los precios de combustibles horas después de que manifestantes atacaron un hotel Best Western Premiere en un barrio lujoso de la capital de Haití.

El primer ministro Jack Guy Lafontant había dicho inicialmente que los aumentos eran necesarios para equilibrar el presupuesto y no dio el menor indicio de que se los anularía, pero su gobierno se retractó después que estallaron las protestas en la capital.

Un periodista de The Associated Press vio a varios cientos de manifestantes arrojar piedras y romper ventanas alrededor de la media mañana del sábado, obligando a los huéspedes del hotel en el barrio de Petion-Ville a permanecer en el interior.

El personal de seguridad impidió que los manifestantes entraran al hotel, pero éstos destrozaron la entrada principal y fueron a otro hotel.

No se informó de víctimas.

Las protestas estallaron ante el anuncio del gobierno de que aumentaría los precios de la gasolina, el diésel y el queroseno en 38 a 51% a partir del sábado.

Funcionarios gubernamentales acordaron reducir los subsidios al combustible en febrero como parte de un paquete de asistencia acordado con el Fondo Monetario Internacional.

El acuerdo también incluyó un mayor gasto en servicios sociales e infraestructura y una mejor recaudación de impuestos, en un esfuerzo por modernizar la economía de una de las naciones más pobres de América.
 

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Haití debería eliminar los subsidios a los combustibles, pero de forma gradual y ayudar a amortiguar los efectos para evitar la agitación social de la semana pasada tras el anuncio de alzas abruptas en los precios, dijo el jueves un funcionario del FMI.

Este año, el gobierno haitiano había aceptado eliminar los subsidios a la gasolina como parte de un acuerdo más amplio en que los países miembros del Fondo Monetario Internacional proporcionarían más ayuda directa al país caribeño, dijo el vocero Gerry Rice.

Parte del plan es que Haití fortalezca sus ingresos a través de un incremento en la recaudación de impuestos y la eliminación de los subsidios a los combustibles. Eso “permitiría que el gobierno haitiano pudiera ofrecer la inversión pública y mejores protecciones sociales que tanto se necesitan”, dijo Rice.

Indicó que los subsidios a los combustibles “benefician desproporcionadamente a los pudientes” y privan al gobierno de fondos que se podrían usar en salud y educación.

Rice dijo que los subsidios deberían ser retirados gradualmente y combinarse con apoyos específicos, tales como cupones de transporte que aminorarían las dificultades de la transición.

El gobierno haitiano anunció el 6 de julio que a partir del día siguiente los precios aumentarían en un 50%, lo cual desató protestas, enfrentamientos con la policía y saqueos que dejaron varios muertos y docenas de negocios saqueados.

El primer ministro Jack Guy Lafontant canceló abruptamente el aumento pero miembros del parlamento están pidiendo su renuncia, lo cual podría causar más inestabilidad en el país.
 

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El primer ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, presentó el sábado su renuncia al cargo, en medio de críticas por el manejo de su intento fallido de incrementar drásticamente los precios de los combustibles, como había acordado con el FMI, lo que generó una ola de violentos disturbios.

Lafontant dijo ante la Cámara de Diputados que envió su carta de renuncia al presidente Jovenel Moïse, quien la aceptó. El mandatario confirmó en Twitter que aceptó la dimisión y la de otros miembros del gabinete.

Moïse tenía previsto emitir un mensaje televisado para referirse al vacío que deja la ausencia del jefe de gobierno en medio de la crisis política surgida tras las violentas protestas y el déficit en el presupuesto.

Con su sorpresivo anuncio, Lafontant se adelantó a una moción de censura que los diputados tenían prevista votar a fin de exigirle a Moïse designar a un nuevo primer ministro para que conforme un nuevo gabinete capaz de solucionar la crisis.

Los diputados habían convocado al primer ministro para que respondiera cuestionamientos sobre los violentos disturbios registrados entre el 6 y 8 de julio en protesta por el intento del gobierno del aumentar entre 38% y 51% los precios de los hidrocarburos. Durante los tres días de protestas, murieron siete personas y decenas de negocios fueron saqueados o destruidos.

“Con sus protestas, la población dio un grito y la cámara baja debe escucharla”, dijo el diputado Jean Marcel Lumeran al ser el primero en tomar la palabra durante la sesión del sábado que comenzó más de tres horas después de lo previsto.

En el momento en que comenzaba la sesión, el presidente de la cámara Gary Bodaeu escribió en su cuenta en Twitter que ese órgano “está en una encrucijada de la historia; debe tomar sus responsabilidades”.

En una carta enviada al primer ministro esta semana, Bodeau dijo que el intento de aumentar los precios de los combustibles había sido “una medida intempestiva e inoperante”.

La sesión en la cámara se desarrolló mientras en se realizaban pequeñas protestas en diferentes partes de la capital para exigir la dimisión del jefe de gobierno. En algunas zonas, los manifestantes quemaron neumáticos para bloquear las calles.

En prevención de hechos de violencia como los ocurridos el fin de semana anterior, la policía desplegó elementos e incrementó su presencia en los alrededores de la Cámara de Diputados. Varias embajadas europeas emitieron mensajes en Twitter pidiendo a sus ciudadanos que residen en Haití mantenerse en lugares seguros y abastecerse de provisiones.

En las protestas de la semana anterior, cientos de personas bloquearon las calles con barricadas y paralizaron Puerto Príncipe y otras localidades desde la tarde del 6 de julio, luego de que el gobierno anunció _justo cuando la población veía un partido de Brasil, su equipo favorito, en el Mundial de Futbol_ que al día siguiente incrementaría los precios de la gasolina, diésel y queroseno como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reducir los subsidios a los hidrocarburos.

El acuerdo con el organismo internacional, que busca acceder a créditos por unos 96 millones de dólares, incluye reducir los subsidios a los hidrocarburos, mejorar la recaudación fiscal y aumentar la inversión en programas sociales y de salud para beneficiar a la población. Según datos del Banco Mundial, alrededor del 60% de los haitianos, más de cinco millones de habitantes, viven con menos de dos dólares al día y el país se mantiene como el más pobre de occidente.

Con la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos, el gobierno trataba de obtener unos 300 millones de dólares para el presupuesto del 2018-2019.

El vocero del FMI, Gerry Rice, explicó esta semana en Washington que el organismo considera que Haití debe eliminar los subsidios a los hidrocarburos, que “benefician desproporcionadamente a los menos necesitados”, y sugirió que lo haga de manera gradual.

Como respuesta a las protestas de la semana anterior, Lafontant había suspendido los incrementos al día siguiente, pero los disturbios continuaron y varios locales comerciales fueron destruidos y saqueados y decenas de vehículos fueron quemados, sin que la policía pudiera contener la violencia.

Otros sectores, como las organizaciones empresariales, la federación de alcaldes y partidos de oposición, también se habían pronunciado a favor de la renuncia o destitución del primer ministro.

Con su renuncia, Lafontant también se adelantó a otra interpelación en el Senado. Un grupo de 17 senadores había pedido la víspera al presidente de esa cámara convocar una sesión de emergencia con la meta de exigir su destitución y la formación de un nuevo gabinete.

Lafontant, un médico de 57 años sin experiencia previa en la administración pública, comenzó sus funciones en marzo de 2017 luego que su nombramiento por parte del presidente Moïse fue aprobado por el Parlamento.

Tras la renuncia de Lafontant, el parlamento debe aprobar la designación que haga Moïse de un nuevo primer ministro.
 

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Dos días después del inicio de las protestas en Nicaragua en abril, una empresa extranjera de componentes para autos mantenía una reunión en un hotel de la ciudad de León cuando el humo procedente de un edificio de una universidad en llamas, a apenas un bloque de distancia, llenó el patio del establecimiento.

Los visitantes acortaron rápidamente el encuentro y empezaron a cambiar sus planes de viaje para abandonar el país. En tres meses, ese hotel, El Convento, se vio obligado a cerrar por falta de clientes, igual que ocurrió con otro del mismo grupo en junio.

La economía de Nicaragua se ha visto devastada por casi cinco meses de disturbios provocados por una reforma de la Seguridad Social que pronto derivó en peticiones de dimisión contra el presidente, Daniel Ortega.

En junio, la actividad económica del país había caído un 12,1% en comparación con el año anterior, según el Banco Central. Los economistas estiman que se han perdido 200.000 empleos, incluyendo hasta 70.000 en el sector turístico, que en los dos últimos años se convirtió en la principal fuente de divisas del país.

Los ingresos de hoteles y restaurantes se desplomaron un 45% en junio frente a 2017, de acuerdo con el Banco Central. Del mismo modo, la construcción experimentó una caída del 35% y las ventas minoristas del 27%. Además se retiraron unos 900 millones de dólares en depósitos de las entidades financieras, que respondieron ajustando sus préstamos para preservar la liquidez, lo que también contribuyó a la desaceleración económica.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó que más de 4.855 hectáreas (más de 12.000 acres) de terrenos privados fueron ocupadas por partidarios del gobierno en lo que, según líderes del sector, fueron confiscaciones en venganza por su respaldo a los manifestantes.

El 91% de los terrenos ocupados se utilizaba para la agricultura y ganadería, agregaron.

Víctor Hugo Sevilla, el gerente de los dos hoteles de León, sigue chequeando su correo electrónico, pero reconoce que “no he recibido solicitudes de extranjeros para reservaciones. Hemos recibido cinco, tal vez ocho, consultas de tarifas de (viajeros) nacionales, pero no reservaciones en firme”.

León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua, fue uno de los lugares que registró manifestaciones y barricadas más intensas. Desde el principio, estas protestas se toparon con la violencia de la policía antimotines y de civiles partidarios del ejecutivo de Ortega. En julio, desalojaron por la fuerza las barricadas y expulsaron a los estudiantes descontentos que ocupaban los campus universitarios.

Más de 300 personas perdieron la vida en los disturbios, según grupos de derechos humanos. El gobierno se refiere a los manifestantes como “terroristas” y dijo que derrotó un intento de echar a Ortega del cargo patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la oposición en el país, incluyendo algunos en el sector privado.

Ortega reconoció este mes que los disturbios le costaron empleos al país. En una entrevista con la agencia de noticias española EFE, apuntó que el turismo doméstico estaba empezando a regresar, pero “donde ha habido más problema es en la atracción de turismo internacional, porque esta situación tiende a ahuyentar a los turistas”.

Un factor importante fue que los países de procedencia de la mayoría de los turistas con un poder adquisitivo alto _ como Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña _ emitieron advertencias instando sus ciudadanos a evitar los viajes a la nación centroamericana.

Grandes aerolíneas como American y United redujeron sus vuelos a la capital, Managua, de tres diarios a apenas uno. Spirit y Delta, entre otras, rebajaron también sus rutas, apuntó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.

El organismo, que es la principal cámara de comercio del país, se unió a la convocatoria de una huelga nacional el 7 de septiembre. La Alianza Cívica, formada para representar a un amplio sector de la sociedad nicaragüense en el estancado diálogo con el gobierno, dijo que el paro buscaba presionar a las autoridades para volver a la mesa de negociación y protestar por la detención de miembros de la Alianza y otros presos por causas políticas.

Los principales destinos turísticos del país, incluyendo la joya colonial de Granada y San Juan del Sur, un paraíso del surf en la costa del Pacifico, notaron las consecuencias de las protestas casi de inmediato. Hoteles y restaurantes redujeron sus horas abiertos, luego los días hasta que finalmente cerraron por completo.

Durante años, Ortega disfrutó de una relación relativamente estable con el sector privado. Desde su regreso al poder en 2007, quien en su día fuera un comandante rebelde marxista suavizó su postura y dejaba en gran medida que el sector empresarial nicaragüense hiciese lo que quería.

Esta relación fue criticada por muchos como un acuerdo tácito para mantener a la élite empresarial del país alejada de la política. En una entrevista concedida en julio a la televisora venezolana Telesur, Ortega señaló que su acuerdo con el sector privado del país había sido estrictamente económico y no político.

Pero en abril, los intereses comerciales del país, a quienes los cambios en el Seguro Social pillaron con la guardia baja, se unieron rápidamente a la oposición. A medida que la crisis política y social se agravaba, el sector privado era cada vez más claro en sus pedidos de adelanto electoral a Ortega.

Mario Arana, director de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua y exdirector del Banco Central, apuntó que el sector privado decidió implicarse más tras la muerte de estudiantes en las protestas.

“Cuando aquí hubo una sobrerreacción a una protesta cívica, pacifica de estudiantes en donde la gente comienza a perder la vida, el pueblo sufrió una combustión social en donde el sector privado se puso a lado del pueblo”, dijo. “El sector privado está comprometido con tratar de encontrar una salida negociada a la crisis”.

Juan Sebastián Chamorro, que dirige la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, apuntó que el gobierno ha dado señales de que reconoce la gravedad del impacto económico. Emitió nueva deuda, ajustó las normas para endurecer la venta de dólares y recortó el gasto público ya que prevé una caída del 10% en la recaudación de impuestos.

No se sabe con certeza si estas medidas serán suficientes para frenar la caída de la economía si no se acompañan de una solución política que devuelva la estabilidad, dijeron los expertos.

Durante años, León había sido, como mucho, el destino de una excursión de un día para los turistas que empezaban a explorar Granada o San Juan del Sur. Pero la ciudad había trabajado mucho para llamar la atención y Art Collection Hotels había apostado por sus perspectivas de futuro con su segundo hotel, La Recolección, en 2017.

“Nosotros teníamos una alta expectativa para este año”, apuntó Sevilla, el gerente de los establecimientos ahora cerrados.

Entre las dos propiedades había113 empleados. De ellos, 67 están en suspenso pero podrían regresar a sus puestos sin perder ninguno de sus beneficios ni antigüedad, pero el resto fueron despedidos. El gestor ha mantenido el contacto con algunos de ellos. Los que siguen allí aceptan cualquier empleo que pueden encontrar, pero Sevilla estima que al menos la mitad se marchó del país, la mayoría para buscar empleo en el sector turístico en Costa Rica.

Los hoteles tienen 190 reservas para noviembre, cuando comienza la temporada alta, pero eso es menos de la mitad de las de noviembre del año pasado. Con todo, Sevilla espera poder volver a trabajar en octubre y, aunque lo logre, prevé un lento regreso a la normalidad.

Los cafés y las tiendas de artesanía que rodean el centro histórico de León estaban abiertas esta semana, no como muchos hoteles y hostales de la zona.

“Me parece que tomarán al menos 12 meses, cuidado más, para que podamos empezar a reactivar un poco el motor turístico”, apuntó Sevilla.
 

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El gobierno haitiano aprobó un aumento de los salarios mínimos en momentos en que la inflación ronda el 15% anual y tras las violentas protestas que obligaron a la renuncia del ex primer ministro.

Los bajos sueldos, que no alcanzan para cubrir ni la mitad de la canasta básica diaria, y el fallido intento del gobierno de incrementar hasta un 51% el precio de los combustibles fueron los detonantes de los disturbios que llevaron a la renuncia de Jack Guy Lafontant a mediados de julio.

En los disturbios murieron siete personas y decenas de comercios fueron saqueados y destruidos en Puerto Príncipe.

El aumento de salarios entró en vigor tres semanas después de la ratificación de Jean-Henry Ceant como nuevo jefe de gobierno en sustitución de Lafontant.

En un decreto difundido en la gaceta oficial y firmado por el presidente Jovenel Moïse y por Ceant, el salario mínimo de las zonas francas textiles aumentó de 5 a 6 dólares diarios.

Los salarios para las grandes compañías, como empresas eléctricas, financieras y de telecomunicaciones, fueron los más beneficiados, al aumentar de unos 5,7 a 7,2 dólares la jornada.

Los menos beneficiados con el incremento son los empleados que realizan labores domésticas, cuyo salario diario sólo se incrementó 2,8 a 3 dólares al día.

Pese a los aumentos los ingresos de los trabajadores aún serán insuficientes para comprar los alimentos básicos, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria.

Según cifras de la institución, el precio de la canasta básica aumentó cerca de 8% en el primer semestre del año al colocarse en unos 19 dólares diarios por persona.

La canasta básica está compuesta por arroz, harina de trigo, maíz, frijoles, azúcar y aceite vegetal. Las carnes, lácteos, huevos, pescado y frutas no forman parte de la cesta que toman las autoridades como indicadores y han registrado incrementos de precios aún mayores.
 

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Panamá y China cerraron el capítulo de propiedad intelectual y plantearon sus productos que pretenden proteger durante la tercera ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio celebrada en la capital panameña.

En materia de propiedad intelectual el capítulo “responde con creces nuestras expectativas”, declaró el jefe de negociaciones comerciales de Panamá, Alberto Alemán, en una rueda de prensa celebrada el sábado al cierre de la jornada.

Alemán agregó que en ese capítulo se incluyeron temas de derecho de autor, derechos conexos y la propiedad intelectual, “tal como refleja nuestros acuerdos internacionales de los que Panamá es parte y se mantiene todas las disposiciones de observancias” de la legislación panameña.

En cuanto al acceso a mercados, ambos países presentaron sus productos que desean proteger.

Alemán explicó que Panamá planteó a China todas las exclusiones que el sector privado panameño ha solicitado y que incluyen principalmente rubros agrícolas, agroindustriales y pesca. China, por su parte, expresó que desea proteger sectores como el azúcar, el aceite de palma, jugo de naranja y lácteos.

Durante la tercera ronda, China aceptó la negociación de un capítulo exclusivo para los servicios financieros, informó Alemán, quien lo consideró como el “éxito” de la jornada.

“Hemos logrado que la República Popular China acceda a tener un capítulo independiente de servicios financieros” que incluye banca y aseguradoras, entre otros rubros. En sus acuerdos comerciales, China solamente tiene un capítulo de servicios financieros con Australia, aseguró el funcionario panameño.

Para la cuarta ronda de negociaciones, que se celebrará del 19 al 23 de noviembre, los representantes panameños harán un tercer intercambio de ofertas de mercaderías.

El capítulo de servicios financieros, propuesto por Panamá, busca oportunidades para el país canalero a partir de la fortaleza de su sector financiero, una de las columnas de la economía de servicios de los panameños, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias. Ambos equipos comenzarán a discutir aspectos generales del capítulo durante la cuarta ronda.

El documento subrayó avances importantes en temas como las reglas de origen y cooperación a través de la educación, tecnología, ciencia e innovación.

Ambos países establecieron relaciones diplomáticas en junio del año pasado, inmediatamente después que el país canalero cortara sus viejos lazos con Taiwán.

China es el segundo usuario principal del Canal de Panamá, después de Estados Unidos, y un consorcio chino opera los puertos en ambos extremos de esa vía interoceánica. Por décadas, pese a no tener vínculos diplomáticos, Panamá mantenía fluidas relaciones comercial con ese país.
 

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La inestabilidad política que atraviesa desde abril provocará que este año la economía de Nicaragua se contraiga 4%, dijo el miércoles el Fondo Monetario Internacional.

Una misión del FMI que visitó Managua entre el 24 y el 30 de este mes pronosticó también que el déficit del sector público aumentará este año 2,4 puntos porcentuales hasta representar 4,6% del Producto Interno Bruto.

“Aunque algunos sectores como el transporte, el comercial y el de servicios resultaron inicialmente los más afectados por las disrupciones, otros sectores como el turismo y la construcción experimentan efectos más duraderos debido a la reducción en la demanda”, dijo el FMI en un comunicado.

El organismo multilateral describió como “encomiables” los esfuerzos de las autoridades para ayudar a los bancos comerciales a mantener la liquidez. También se refirió de manera positiva a las medidas adoptadas para compensar parcialmente el déficit de ingresos fiscales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó este mes a 325 el saldo de fallecidos durante los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde abril, cuando jubilados y estudiantes salieron a las calles en rechazo a los recortes en la Seguridad Social decretados por el presidente Daniel Ortega.

Aunque el mandatario dio marcha atrás con la medida, las manifestaciones continuaron esta vez en reclamo de que se adelanten las elecciones presidenciales.

Pero Ortega ha dicho que deberán esperar hasta la finalización de su periodo en 2021.
 
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