Hilo de Centro América

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La economía de Haití ya se encontraba en mal estado cuando una nueva ronda de protestas comenzó a mediados de septiembre, organizadas por líderes de la oposición y simpatizantes molestos por la corrupción, una creciente inflación y una disminución de suministros, incluido el combustible. Más de 40 personas fallecieron y decenas resultaron heridas durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Moïse insistió que no renunciaría y apeló al diálogo.

Un estudio reciente citado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU concluyó que uno de cada tres haitianos, o 3,7 millones de personas, necesitan asistencia alimentaria urgente y un millón padece hambre severa. La agencia añadió que trata de llevar la asistencia alimentaria a 700.000 personas, responsabilizó al aumento en los precios y al debilitamiento de la moneda, así como a una caída en la producción agrícola debido en parte a las interrupciones ocasionadas por las protestas.

En los últimos dos años, la moneda de Haití, el gourde, cayó un 60% frente al dólar estadounidense y la inflación alcanzó recientemente el 20%, dijo Chalmers. El aumento en los precios de la comida es particularmente crucial en el país con casi 11 millones de habitantes. Alrededor del 60% de la población gana menos de dos dólares diarios y 25% percibe menos de un dólar al día.

El costo de una bolsa de arroz de 50 kilogramos (110 libras) ha subido más del doble en la moneda local, comentó Marcelin Saingiles, propietario de una tienda que vende de todo, desde bebidas frías hasta galletas y herramientas de segunda mano en Puerto Príncipe.

El hombre de 39 años y padre de tres hijos dijo que ahora tiene problemas para comprar leche y verduras. “Alimento a los niños, pero no están comiendo como deberían”, dijo, Añadió que ya agotó los fondos que tenía destinados para la educación de sus hijos a fin de poder comprar comida.
 

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El exministro de Economía de Guatemala Acisclo Valladares Urruela se oculta en la residencia del embajador colombiano en este país, tratando de evadir una orden de captura en su contra por los cargos de asociación ilícita y lavado de dinero en casos de corrupción, confirmaron las autoridades.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que conoce dos casos distintos contra el exministro Valladares Urruela, confirmó la información a la que previamente _a través de un documento_ tuvo acceso The Associated Press.

De acuerdo al fiscal, Valladares Urruela _considerado prófugo de la justicia_ ya lleva varios días en la casa del embajador Juan Hurtado Cano. Sandoval explicó a la AP que se comunicó con el diplomático, quien confirmó la permanencia del exfuncionario en su casa.


La fiscalía solicitó a la cancillería guatemalteca que preguntara a la embajada de Colombia en este país _por ser el canal legalmente establecido_ por qué y bajo qué condiciones Valladares permanece en la vivienda del diplomático. Para ello otorgó 12 horas de plazo, que ya vencieron, y aún no se tiene una respuesta.

La FECI dice que los delitos de los que se le acusa a Valladares no son políticos, sino del fuero común, por lo que no correspondería ninguna protección.

El pasado 15 de enero, un día después que Valladares perdiera inmunidad por su cargo de ministro del Gobierno del expresidente Jimmy Morales, se presentó ante el juzgado que lleva su acusación y dijo que permanecería en el país. También dio una dirección para ser localizado.

Sin embargo, el juzgado emitió una orden de aprehensión ante la posibilidad de fuga y cuando la policía fue a buscarlo al día siguiente a la dirección entregada, Valladares no estaba y no se le vio más.

Según una investigación de la FECI, entre 2012 y 2015 diputados recibieron sobornos de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti con el objetivo de que aprobaran varias leyes. Una de esas leyes habría beneficiado a la empresa de telecomunicaciones TIGO. Según la FECI, Valladares, entonces representante legal de la empresa, le habría dado dinero a Baldetti para que se lo entregara a los diputados.

Otro de los casos en los que se vincula a Valladares Urruela es su presunta participación en entrega de sobornos a contratistas del Estado.

Valladares también tiene otra investigación en su contra por haber realizado escuchas telefónicas a varias personas, entre familiares, empresarios y políticos, cuando era personero de la telefónica TIGO, según evidencias que fueron encontradas en sus oficinas cuando fueron allanadas.
 

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Guyana probablemente perdió hasta 55.000 millones de dólares en ingresos potenciales en la negociación de un acuerdo con ExxonMobil para explotar reservas de crudo y convertir al pequeño país sudamericano en un gran exportador de petróleo, estimó un grupo que vigila la industria en un reporte difundido el lunes.

Global Witness calcula que el pacto del 2016 en que Guyana recibirá el 52% de los ingresos por petróleo extraído de una plataforma marina terminó beneficiando mucho más a la empresa petrolea que a Guyana porque, por lo general, ese tipo de contratos dan al gobierno local entre 65% y 85% de los ingresos.


“Un país con escuelas deficientes, una industria azucarera en declive y sin las defensas costeras adecuadas para el aumento en el nivel del mar merece un acuerdo mejor”, declaró Global Witness, que tiene sedes en Londres y Washington.

ExxonMobil dijo que el reporte no toma en cuenta el riesgo que la corporación asumió al buscar por petróleo en un área de aguas profundas con reservas no comprobadas conocida como Stabroek.

“Las conclusiones están basadas en circunstancias hipotéticas y en una lógica elíptica que no toma en cuenta el estatus de Guyana como región frontera en el sector de hidrocarburos”, dijo la compañía el lunes. “Las conclusiones son engañosas porque comparan las aguas profundas de Guyana con jurisdicciones productoras de hidrocarburos maduras que obviamente tienen sistemas fiscales maduros y presentan un menor nivel de riesgo”.

Parte de la zona en cuestión, además, es una zona fronteriza en disputa con Venezuela.

Un portavoz del gobierno de Guyana declaró que las autoridades están evaluando el reporte y que emitirán más tarde un comunicado al respecto.

ExxonMobil comenzó a distribuir los primeros buques con petróleo de Guyana este año, y se presume que los yacimientos marinos podrían contener más de 8.000 millones de barriles, unas de las reservas más voluminosas del mundo. Se prevé que el ingreso petrolero trastocará la economía guyanesa al generar aproximadamente 168.000 millones de dólares durante la vigencia del proyecto, es decir, 120 veces el tamaño del presupuesto anual del país.

Global Witness aclaró que no tiene pruebas de ningún hecho de corrupción en el acuerdo, pero se manifestó a favor de un mejor escrutinio de la relación entre Raphael Trotman, ministro de recursos naturales de Guyana, y Nigel Hughes, uno de los abogados de ExxonMobil.

Trotman y Hughes encabezan el partido político local Alianza para el Cambio.


“La relación entre Trotman, Hughes y Exxon debería investigarse para determinar la existencia o extensión de cualquier conflicto de interés”, dice el informe.

No se pudo contactar de momento a ninguno de los hombres para que comentara sobre el reporte.

Guyana es un país relativamente pobre con aproximadamente 740.000 habitantes. Tendrá elecciones generales el 2 de marzo y el Partido Progresista del Pueblo, de oposición, emitió algunos comunicados que indican que buscará renegociar las concesiones petroleras, aunque no está claro exactamente cuál es su postura.
 

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El Salvador solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de emergencia de cerca de 400 millones de dólares, en momentos en que ése y otros países en desarrollo se preparan ante las consecuencias que pueda tener en sus economías la pandemia del coronavirus, informaron dos personas con conocimiento de la petición.

Si se aprueba la solicitud, El Salvador sería la primera nación en el mundo en recibir parte de los 50.000 millones de dólares que el organismo internacional ha puesto a disposición de los países más pobres para enfrentar la propagación del COVID-19.

Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la petición salvadoreña.

“Estamos recibiendo consultas y solicitudes sobre préstamos de emergencia de varios países, incluido El Salvador. Estamos procediendo rápidamente con todas las solicitudes de acuerdo con nuestras políticas ”, dijo a la AP un vocero del FMI.

El fondo estableció el llamado Instrumento de Financiamiento Rápido en 2011 para otorgar un préstamo de una sola ocasión y ayudar a los países de bajos ingresos a enfrentar los golpes económicos derivados de desastres naturales.

La cantidad que cada país puede pedir es el equivalente al 100% de la cuota que aporta al FMI, que en el caso de El Salvador es de 380 millones de dólares.

Venezuela también está buscando acceso a esa línea de crédito para enfrentar el virus, aunque su petición por hasta 5.000 millones de dólares fue rechazada de inmediato por el organismo, bajo el argumento de que tiene prohibido trabajar con esa nación hasta que sus 189 miembros acuerden reconocer a un solo líder en Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó, el líder opositor que tiene el respaldo de Estados Unidos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido uno de los líderes en Latinoamérica que ha buscado enfrentar la propagación del virus de manera más agresiva: impuso restricciones a la entrada chinos semanas antes de que se confirmara el primer caso en la región. También fue el primer país que prohibió la entrada de viajeros internacionales.
 

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el martes un préstamo por 389 millones de dólares a El Salvador para que pueda enfrentar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Esta asistencia financiera de emergencia representa el primer desembolso del FMI al El Salvador en más de tres décadas, en el marco de un acuerdo de préstamo”, señaló en un comunicado la entidad multilateral.

El organismo anunció hace unos días que daría también un préstamo, pero por 143 millones de dólares, a Honduras para combatir la pandemia.

El FMI refirió que El Salvador ha adoptado medidas estrictas para prevenir y contener la pandemia desde principios de febrero, incluso antes de que se diagnosticará en primer caso, las cuales incluyen restricciones de viaje, la cuarentena obligatoria para ciudadanos expuestos, la suspensión de operaciones no esenciales del sector público y privado, y un decreto nacional de cuarentena domiciliar.


Agrega que les respuestas de las autoridades salvadoreñas también comprende medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia sobre la población, las cuales incluyen transferencias focalizadas de efectivo a hogares vulnerables y alivios tributarios para los sectores económicos más afectados.

Confió que el préstamo ayude a apuntalar sus finanzas y a que otros organismos apoyen si es que fuera necesario.

Por su parte, el gobierno salvadoreño afirmó que este desembolso le permitirá “mitigar el impacto económico de la enfermedad en la población sobre todo aquella que esté recibiendo transferencias de dinero y alivios tributarios en diversos rubros económicos”.

Recientemente la Asamblea Legislativa autorizó al gobierno salvadoreño a emitir títulos valores o la suscripción de préstamos hasta por 2.000 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia y para impulsar la economía.

Según el Ministerio de Salud, El Salvador tiene 149 casos confirmados, seis fallecidos y 25 recuperados. Las autoridades dicen que todos los casos, 118 llegaron de otros países y fueron enviados a centros de contención para cumplir cuarentenas de 30 días.
 

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La compañía de telecomunicaciones y entretenimiento Digicel, con sede en Jamaica y que brinda servicio a más de 20 islas de la región, América Central y Oceanía, solicitó el martes una reorganización por bancarrota ante un tribunal.

Un portavoz de Digicel dijo que la solicitud presentada en Nueva York para declarar la quiebra conforme al Capítulo 15, no afectará las operaciones de la compañía en los 32 mercados a los que atiende desde su sede.

“La empresa continúa sus actividades de manera habitual”, dijo Pat Walsh en un comunicado.

Digicel Group One Limited tiene una deuda pendiente de unos 7.400 millones de dólares y busca reestructurar casi 2.000 millones como parte de un acuerdo con accionistas, según los documentos presentados en la corte la semana pasada. Aunque la compañía de responsabilidad limitada está registrada en Bermudas, una solicitud de bancarrota conforme al Capítulo 15 se realiza, en parte, cuando los casos de insolvencia abarcan activos, acreedores y deudores de varios países.

Según documentos judiciales, el grupo tuvo ingresos por 2.300 millones de dólares en el año que finalizó en marzo, con ganancias operativas de unos 479 millones. La compañía señaló que resultó afectada por una caída considerable en los ingresos por telefonía debido al aumento del uso de datos entre sus clientes, y algunos de sus mercados más fuertes, como Haití, reportaron pérdidas por 47 millones de dólares y 31 millones en Jamaica.

Digicel dijo que sus negocios de televisión por cable y banda ancha no han compensado las pérdidas en sus servicios de telefonía.

“Como resultado, el grupo enfrenta niveles insostenibles de endeudamiento”, señaló la compañía.

Digicel anunció recortes salariales a principios de mayo que, se prevé, duren casi un año como resultado del impacto económico causado por la pandemia de coronavirus.

Una audiencia sobre el caso fue programada para junio.

Digicel fue fundada en 2001 y ha invertido más de 6.000 millones de dólares a nivel mundial desde que comenzó sus operaciones.
 
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