Hilo de Argentina

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El flamante ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, confirmó el miércoles que ha iniciado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para redefinir un millonario acuerdo de 2018, pero advirtió que no aceptará condicionamientos a su plan económico, que tendrá como prioridad reactivar la economía y promover el desarrollo del país con inclusión social.

Al mismo tiempo adelantó que la inflación para 2019 rondará el 55%, una de las más altas del planeta.

“Ya se iniciaron las negociaciones con el FMI”, dijo Guzmán en rueda de prensa respecto al acuerdo firmado con el organismo a mediados de 2018 por unos 56.000 millones de dólares, de los cuales el país recibió 45.000 millones de dólares.






El economista aseguró que el programa acordado entre el anterior gobierno del conservador Mauricio Macri y el organismo “no se cumplió” y que el país se encuentra en un “virtual default (cesación de pagos)” con sus acreedores.

Guzmán advirtió que en la negociación en curso no se permitirá la injerencia del FMI en el diseño del nuevo plan económico. “Las decisiones las vamos a tomar nosotros, es un programa nuestro, soberano, no del FMI. Es diseñado por nosotros”.

Entre acreedores institucionales y privados, la deuda argentina ronda los 100.000 millones de dólares. Varios vencimientos están previstos para 2020.

El FMI confirmó también este miércoles que Guzmán mantuvo una reunión reservada con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu, en Washington días antes de jurar como ministro. No precisó la fecha ni el contenido del encuentro.

“No veo esto sobre la base de una disputa, queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, sea el FMI o los privados. Queremos que todos puedan cobrar”, aclaró Guzmán, un académico de 37 años que desarrolló su carrera en la Universidad de Columbia y fue discípulo del ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz.

“Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar”, insistió.

El presidente Alberto Fernández, quien asumió el martes, hereda una economía que se prevé que caiga alrededor de 3% este año 2019. Al pronóstico de la inflación para el año se le suma una proyección de pobreza cercana al 40% para la medición del segundo semestre.

En este contexto, Guzmán no dio detalles sobre el nuevo plan económico, pero adelantó que “es integral, entiende que Argentina exhibe hoy múltiples desequilibrios”. Agregó que se mantendrán las restricciones a la compra de moneda extranjera impuestas por Macri y que en los próximos días se enviarán al Congreso una batería de proyectos para establecer las bases del nuevo programa.
 

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El Fondo Monetario Internacional afirmó el jueves que el programa acordado con Argentina se mantiene vigente y podría ser modificado cuando el nuevo gobierno de la nación sudamericana detalle sus objetivos en política económica.

El nuevo ministro de Finanzas, Martín Guzmán, dijo la víspera que el acuerdo firmado por el gobierno anterior de Mauricio Macri con el organismo a mediados de 2018 por más de 56.000 millones de dólares -de los cuales el país recibió 45.000 millones de dólares- “no se cumplió”.

Pero el portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo el jueves que “el estatus es que el programa se mantiene”.






Rice agregó que la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, coincidió con el gobierno de Alberto Fernández en la necesidad de incrementar el gasto social ante un aumento de la pobreza.

Fernández, quien asumió el martes, heredó una economía que se prevé que caiga alrededor de 3% este año. Al pronóstico de una inflación anual de al menos 55% se le sumó una proyección de la pobreza cercana al 40% en el segundo semestre.

Sin embargo, Rice rehusó pronunciarse sobre la meta expresada por Guzmán de lograr primero que la economía argentina crezca para luego empezar a pagar la deuda, que entre acreedores institucionales y privados supera los 100.000 millones de dólares. Tampoco comentó cuán dispuesto estaría el Fondo a una quita de la deuda argentina.

Rice calificó de “constructivo” el diálogo sostenido con las autoridades argentinas, el cual incluyó un encuentro que Guzmán mantuvo con Georgieva y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu, en Washington días antes de jurar como ministro. Rehusó precisar la fecha exacta y si el entonces gobierno de Macri estaba al tanto.

Rice explicó que las conversaciones por el momento han abordado a grandes rasgos las prioridades del gobierno de Fernández y que nuevas reuniones aún sin fecha serán necesarias para comenzar a intercambiar información más detallada.

A su vez señaló que el Fondo comenzará un análisis de sostenibilidad de la deuda argentina una vez que haya recibido más información.

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La inflación en Argentina volvió a tomar envión en noviembre con un alza de precios de 4,3% respecto al mes anterior, empujada sobre todo por un encarecimiento de los alimentos y de salud.

La estadística difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) corresponde al último mes de gobierno del conservador Mauricio Macri, quien a lo largo de cuatro años falló al domesticar una de las economías con mayor inflación del mundo.

En octubre había sido de 3,3%.

Con el dato de noviembre, la inflación acumula 48,3% en el último año y si se la compara con el mismo mes de 2018 llega a 52,1%.






Los mayores incrementos el mes pasado se dieron en los rubros alimentos y bebidas (5,3%), salud (6,3%) y comunicaciones (7,4%).

El actual presidente de centroizquierda, Alberto Fernández, asumió este martes. Su primera medición de inflación corresponderá al mes de diciembre y se dará a conocer en enero.
 

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El gobierno de Alberto Fernández anticipó el martes en un proyecto de ley enviado al Congreso argentino un endurecimiento de las restricciones a la compra de divisas, el aumento de los derechos de exportación de granos y congelamiento de tarifas de servicios públicos, entre otras medidas, con el objetivo de financiar un mayor gasto social y reactivar la economía mientras negocia un nuevo plan de pagos de su deuda con acreedores externos.

El ministro de Economía Martín Guzmán confirmó en rueda de prensa que se fijará un impuesto del 30% sobre la compra de divisas para atesoramiento, viajes y pago de servicios en el exterior.






Además, elevarán el tope a los derechos de la exportación de la soja de 30% a 33%, y el maíz y el trigo de 12% a 15.

Estas resoluciones están contempladas en el denominado proyecto de ley “Solidaridad Social y reactivación productiva” enviado este martes por el presidente Fernández, un peronista de centroizquierda que asumió hace una semana. La iniciativa comenzará a debatirse esta misma semana en la Cámara de Diputados y la próxima en Senado.

El oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras por lo que se descuenta su aprobación.

“Este es el primer paso para resolver la crisis económica y social que atraviesa la Argentina”, indicó Guzmán. “Entendemos lo muy dura que es la situación actual: el crecimiento de la pobreza, la indigencia y el hambre”.

La última medición oficial dio cuenta de una pobreza del 35%, pero estudios privados pronosticaron que para fin de año se elevará al 40% de la población en un contexto de recesión económica e inflación del prevista del 55% para 2019.

En ese sentido, el 70% de lo recaudado por los nuevos impuestos se destinarán a la ayuda social y el restante a proyectos de infraestructura y vivienda social.

El nuevo impuesto sobre la compra de dólares, que tendrá una vigencia de cinco años, implica un endurecimiento de las trabas fijadas por el anterior gobierno del conservador Mauricio Macri, quien había limitado la adquisición de divisas a 200 dólares por mes.

Incluso estas nuevas disposiciones son más restrictivas que el popularmente llamado “cepo” al dólar fijado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la segunda parte de su gobierno (2007-2015), en el cual el ciudadano que viajaba al exterior pagaba más caro el dólar, pero lo descontaba luego en su declaración jurada ante el fisco.

De esas trabas quedan exceptuados los importadores, servicios de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y la utilización de plataformas educativas. También los gastos asociados a proyectos de investigación de científicos que trabajen dentro del país.






La desconfianza que pesa sobre la economía argentina desde principios de 2018 y que se ha visto materializada en una sangría de dólares ha impactado en el nivel de reservas del Banco Central. Frenar este drenaje es también una de las prioridades de la nueva gestión mientras renegocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados los vencimientos de deuda por alrededor de 100.000 millones de dólares.

“Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos. El país se endeudó brutalmente, pero no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita contar con las divisas para sostener niveles altos de gastos en dólar”, explicó el ministro.

Por otra parte, el proyecto oficial dispone la suspensión por 180 días de los aumentos previstos en tarifas de servicios públicos, como electricidad, mientras se reformula el actual esquema tarifario por otro “que tenga un balance adecuado para la protección social, la producción y las condiciones que fomenten la inversión en energía, que es fundamental”.
 

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El peronismo oficialista logró el viernes la aprobación en la Cámara de Diputados argentina de un proyecto de ley que otorga amplias facultades al gobierno para, entre otras medidas, aumentar los impuestos y asegurarse más recursos para atender la crisis social y el pago de la deuda.

Tras un debate de 15 horas, los diputados aprobaron por 134 votos afirmativos y 110 negativos la iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández que declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.








Con su aprobación en la cámara baja, para lo cual contó con el apoyo de varios diputados opositores -ya que el oficialismo carece de la mayoría-, Fernández logró un primer triunfo en el Parlamento a 10 días de asumir el poder en medio de una recesión. El mandatario espera que la iniciativa sea tratada en las próximas horas por el Senado, donde el oficialismo sí tiene el control, para ser convertida en ley.

Luego de aprobar el proyecto en general, los legisladores comenzaron a debatirlo artículo por artículo, lo que podría conllevar algunos cambios en el texto.

El proyecto “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” grava con un 30% la compra de dólares para atesoramiento y las operaciones comerciales con divisas, fija un aumento de los aranceles para la exportación de granos e incrementa los impuestos a los bienes personales, lo que apunta a obtener recursos fiscales de la clase media y acomodada y del sector agrícola.

Uno de los puntos más discutidos fue el que suspende para la mayoría de los jubilados y por 180 días la llamada “fórmula de movilidad” que establecía una actualización periódica de los haberes.

Durante ese periodo el gobierno podrá establecer trimestral y discrecionalmente el incremento de los montos de las jubilaciones.

Pero a partir de una modificación introducida por opositores, una comisión integrada por legisladores y expertos deberá elaborar un nuevo método de actualización que deberá ser sometido a votación en el Congreso.

En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo podrá congelar las tarifas de los servicios por un tiempo y renegociar un nuevo esquema tarifario.

El opositor Juntos por el Cambio cuestionó la amplia delegación de facultades al Ejecutivo. En ese sentido, el diputado Mario Negri consideró que en la actualidad no existe una crisis parecida a la de 2001, la peor que se recuerde, y que “se está haciendo un ajuste por vía del ingreso y han elegido tres sectores: jubilados, clase media y campo”.

El peronista Frente de Todos defendió la necesidad de declarar la emergencia pública debido a la crisis heredada de la anterior administración del conservador presidente Mauricio Macri.

La última medición oficial dio cuenta que la pobreza afecta a más de 35%, pero estudios privados pronosticaron que para fin de año se elevará al 40% en un contexto de recesión e inflación estimada en 55% para fines de 2019.

El gobierno ha señalado que 70% de lo recaudado por los nuevos impuestos se destinará a la ayuda social y el restante a proyectos de infraestructura y vivienda.

El diputado oficialista Carlos Heller dijo que “la realidad es dramática” y “en materia financiera los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad”.

La sangría de reservas del Banco Central ha puesto en alerta al gobierno, que además renegocia con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados los vencimientos de deuda por alrededor de 100.000 millones de dólares.
 

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La inflación en Argentina durante 2019 fue de 53,8%, la tasa anual más alta desde 1991 y una de las mayores del mundo.

En tanto, los precios al consumidor subieron 3,7% en diciembre respecto del mes anterior. Los aumentos más significativos fueron en los sectores de comunicación (9,6%), salud (5,6%), equipamiento y mantenimiento del hogar (5,4%) y transporte (5%), informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La inflación en el último año de gobierno del conservador presidente Mauricio Macri (2015-2019), durante el cual se produjeron fuertes alzas de los servicios públicos y sucesivas devaluaciones del peso, es la más alta de la región luego de la de Venezuela.


El gobierno del peronista Alberto Fernández, quien asumió el poder el 10 de diciembre, se propone reducir el alza del costo de vida en un escenario de fuertes demandas de distintos sectores por aumentos salariales.

Según consultoras privadas, la inflación superaría el 42% este año.
 

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El ministro de Economía argentino Martín Guzmán afirmó el martes que el gobierno “no va a permitir” condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en la renegociación del acuerdo crediticio y anunció el envío al Congreso de una iniciativa para refinanciar la deuda pública externa.

Al referirse a las conversaciones con el FMI para renegociar un préstamo concedido a Argentina en 2018 por más de 56.000 millones de dólares, Guzmán señaló a periodistas que el programa económico que acordó el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con el organismo fue un “estrepitoso fracaso” que incrementó el endeudamiento y dañó la capacidad productiva.


“Está claro que eso no va y lo nuestro es distinto; lo nuestro es nuestro. Lo nuestro lo decidimos nosotros”, afirmó el funcionario a quien el presidente peronista Alberto Fernández designó como responsable del área de Economía y quien fue colaborador del Premio Nobel Joseph Stiglitz.

Guzmán subrayó que el gobierno tiene el “control” sobre un programa económico con el que espera afrontar la deuda y no va “a permitir ninguna condicionalidad”.

Acotó que las autoridades mantienen “conversaciones con el FMI en tono constructivo y continuarán con el objetivo de reperfilar el sendero de pagos programado con el Fondo”.

Las palabras de Guzmán parecen echar por tierra la posibilidad barajada por analistas de reemplazar el acuerdo stand-by de 2018 por uno de facilidades extendidas que conlleva reformas estructurales de largo plazo y monitoreos por parte del organismo de crédito.

Guzmán no dio precisiones sobre el proyecto de ley para reestructurar la deuda que el gobierno enviaría al Congreso en las próximas horas. La iniciativa, según dijo, se da en un contexto “crítico” debido al aumento de la pobreza y desempleo y a que “la actividad ha venido en caída libre”.

“Esta ley nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”, sostuvo el funcionario, quien señaló que existe voluntad de afrontar lo adeudado “pero hay que generar capacidad de pago y para eso hay que crecer”.

El gobierno busca reestructurar pasivos por unos 100.000 millones de dólares, más de la mitad con acreedores privados, en un contexto recesivo y con una inflación que no cede. El año pasado terminó con un alza del costo de vida de 53,8%.

El funcionario pidió “buena fe” a los bonistas y el tiempo necesario para resolver un problema de “descalabro macroeconómico”.

Indicó además que el Ejecutivo nacional y el de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso económico del país, están trabajando en conjunto para afrontar los pagos.

“La provincia de Buenos Aires le ha pedido tiempo a los bonistas haciendo lo mismo que está haciendo la Nación. Continúa pagando intereses, pero lo que pide es prolongar un vencimiento de capital”, explicó Guzmán.

El gobierno realizó el lunes con éxito un canje voluntario de deuda en pesos con el cual logró “una reducción en el stock de deuda de 1.978 millones de pesos (algo más de 31 millones de dólares) y una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la fecha de liquidación”, a partir de 263 ofertas por 99.612 millones (unos 1.580 millones de dólares).
 

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó el martes como “muy productiva” la primera reunión formal con el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, para la renegociación de un préstamo concedido en 2018 por más de 56.000 millones de dólares.

El organismo crediticio, además, confirmó el envío de una misión al país sudamericano en febrero para continuar avanzando en una reestructuración de deuda considerada vital para el gobierno de centro-izquierda de Alberto Fernández.

“El intercambio de hoy fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda”, dijo el FMI en un comunicado emitido tras el cónclave de Guzmán con Julie Kozack, directora adjunta del departamento del hemisferio occidental del organismo y Luis Cubeddu, jefe de misión del FMI para Argentina en Nueva York.


Guzmán, un discípulo del economista estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz, viajó a la capital financiera estadounidense para entrevistarse con inversores y enviados del FMI y brindar detalles del plan de reestructuración de deuda soberana de Argentina que asciende a unos 100.000 millones de dólares.

El presidente Fernández ha manifestado que el país tiene voluntad de pago, pero bajo otras condiciones a las comprometidas por su antecesor, el conservador Mauricio Macri, y que según él no son cumplibles en un contexto recesivo y con una inflación que no cede. El año pasado terminó con un alza del costo de vida de 53,8%.

En el comunicado, el FMI confirmó que su directora gerente Kristalina Georgieva se reunirá con Guzmán el 5 de febrero “en los márgenes de un seminario organizado por el Vaticano para seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda”.
 

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El gobierno del argentino Alberto Fernández recibió el aval político de la Cámara de Diputados el miércoles para reestructurar una deuda externa de unos 100.000 millones de dólares que, sostiene, es impagable en el actual contexto de recesión y evitar así una nueva cesación de pagos.

La iniciativa obtuvo 224 votos a favor, dos en contra y una abstención. La próxima semana se debatirá en el Senado.

En las afueras del parlamento, grupos de izquierda se manifestaban en contra del proyecto del peronismo oficialista, que también fue respaldado en el recinto por los principales bloques opositores.

El tratamiento del proyecto, que comenzó al mediodía, se da en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias y señala la importancia que le otorga el presidente Fernández al abultado endeudamiento del país sudamericano.


El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió días atrás que Argentina necesita “una solución sostenible” para el pago de sus obligaciones. “Hoy la situación es crítica, la carga de la deuda no se puede sostener”, dijo el funcionario sobre la reestructuración de unos 100.000 millones de dólares.

Argentina afronta periódicamente crisis financieras y problemas de liquidez que la han llevado a refinanciar su deuda. A fines de 2001 declaró un default récord por algo más de 100.000 millones de dólares durante la peor crisis económica de su historia.

El proyecto de ley declara “prioritaria” la “sostenibilidad de la deuda pública externa” y autoriza al gobierno a efectuar “reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”. A su vez establece que el Ejecutivo determinará los montos nominales.

El debate parlamentario tiene lugar un día después que el ministro de Economía comenzó las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el pago de unos 44.000 millones de dólares transferidos a Argentina en el marco de un acuerdo crediticio por más de 56.000 millones concedido en 2018 en medio de una crisis cambiaria. Las conversaciones han sido consideradas productivas por ambas partes y seguirán en febrero.

El oficialista Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo antes del inicio del debate que existe un consenso sobre la necesidad de renegociar la “deuda insostenible” y recordó que el anterior gobierno del conservador presidente Mauricio Macri (2015-2019) reconoció que era “impagable” cuando, antes de finalizar su mandato, “anunció el reperfilamiento de la deuda”.

Juntos por el Cambio, el bloque mayoritario de la oposición y partido de Macri, accedió a apoyar el proyecto a cambio de que se cree una mesa de trabajo para analizar la sustentabilidad de las deudas de las provincias argentinas con el Estado nacional.

Por su parte, el diputado izquierdista Nicolás de Caño cuestionó que “se consumará el pacto” entre el peronismo y Juntos por el Cambio para “pagar la deuda fraudulenta que nos dejó Macri” e indicó que el Frente de Izquierda que representa “es la única fuerza política que rechazará esta estafa al pueblo”.
 

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Buenos Aires, la mayor provincia de Argentina, anunció el martes que no obtuvo el suficiente apoyo a una propuesta de postergar los vencimientos de deuda por 270 millones de dólares y afrontará el compromiso con recursos propios para evitar la cesación de pagos.

La decisión del gobernador peronista Axel Kicillof de cumplir con el pago que vence este miércoles trae alivio al gobierno nacional de Alberto Fernández, de su mismo signo político, que se encuentra en plena negociación con acreedores para reestructurar una deuda soberana estimada en unos 100.000 millones de dólares, de los cuales poco menos de la mitad corresponde al Fondo Monetario Internacional (FMI).


Buenos Aires tenía que pagar 277 millones de dólares entre capital e intereses el 26 de enero, pero en un contexto de recesión el gobernador Kicillof propuso a los acreedores un plan de pagos que no obtuvo la adhesión requerida del 75%. La negativa estuvo lidera por el fondo de inversor estadounidense Fidelity.

“Hubo un fondo que mostró una posición bloqueadora y no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo”, apuntó el gobernador en rueda de prensa. “Hemos resuelto dos cosas: afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia y anunciar el inicio del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera”, correspondiente a futuros vencimientos, detalló el funcionario.

Para el analista Daniel Kerner, de la consultora Eurasia Group, “esta es una fuerte señal de que Kicillof y el gobierno nacional ven el default como el resultado menos deseable”.

“Tanto el gobierno nacional como el provincial querían evitar un incumplimiento, reestructurarse rápidamente y obtener un alivio financiero significativo, todo sin un plan muy claro”, advirtió. El gobierno argentino dijo que en marzo está en condiciones de presentar una propuesta formal a los acreedores.

Mientras tanto el presidente Fernández se encuentra de gira en Europa donde sumó los apoyos de su compatriota el papa Francisco y de la primera ministra de Alemania Ángela Merkel y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la renegociación de le deuda.

Argentina afronta periódicamente crisis financieras y problemas de liquidez que la han llevado a refinanciar su deuda. A fines de 2001 declaró un default récord por algo más de 100.000 millones de dólares durante la peor crisis económica de su historia.
 

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El gobierno de Alberto Fernández tiene luz verde para negociar con los acreedores externos una deuda de 150.000 millones de dólares y evitar así una cesación de pagos en un contexto de fuerte recesión económica.

Con el voto unánime de 65 legisladores presentes, el Senado convirtió en ley este miércoles un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”.

La iniciativa, que había recibido media sanción de la Cámara de Disputados la semana pasada, contó con el respaldo de la mayor parte de la oposición ante la delicada situación del país frente a sus acreedores.


El país sudamericano ha emitido la mayor parte de su deuda en títulos bajo ley extranjera debido a la desconfianza que genera en los inversores la falta de seguridad jurídica. Para modificar las condiciones de pago, el gobierno requería el previo aval del Parlamento.

Su debate se dio en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias y muestra la importancia que le otorga el presidente peronista Alberto Fernández, que llegó al poder en diciembre, al abultado endeudamiento de Argentina.

La deuda pasó a 150.000 millones de dólares, de los 15.000 millones registrados en 2016.

Marcelo Trovato, de la consultora de inversiones “Pronóstico Bursátil”, cuestionó que el gobierno no haya definido un programa económico de crecimiento y se mostró pesimista acerca de la posibilidad de escapar del “default”.

“Podes tener voluntad de pago, pero si no presentas un plan sustentable de cuatro o cinco años que diga cómo vas a generar ingresos es muy difícil que los acreedores privados te den el ok”, dijo a The Associated Press.

Fernández recibió la noticia de la aprobación de la ley mientras realiza una gira por Europa en la que ha sumado los apoyos de las autoridades de Francia y Alemania para encarar el proceso de renegociación.

El mandatario afirmó que “no es verdad que no tenemos un plan. No lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas y estamos jugando al póker y no con chicos”, indicó en diálogo con estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París. No obstante adelantó que el 12 de febrero su ministro de Economía Martín Guzmán “va a explicar todo lo necesario para que todos entiendan de qué se trata para hacer sostenible la deuda”.


Por su lado, Guzmán se reunió la víspera en Roma con la titular del el Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva y analizaron cómo reestructurar el pago de unos 44.000 millones de dólares transferidos a Argentina en el marco de un acuerdo crediticio por más de 56.000 millones concedido en 2018 en medio de una crisis cambiaria.

Ambos participaron en un foro sobre inclusión en el Vaticano, en el cual el papa Francisco mostró su apoyo a Argentina -su país de origen- al llamar a los organismos internacionales a aliviar la carga de las deudas.

“Las exigencias morales de San Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy: Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras”, aseveró el pontífice.

La pobreza en Argentina afecta a más del 35% de la población, según las últimas cifras oficiales de septiembre. Expertos señalan que en la actualidad la sufre un 40%. La inflación acumulada en 2019 fue de 53,8%.

Guzmán señaló en tanto que “una solución para la deuda argentina traerá estabilidad” a Latinoamérica y advirtió que “hacer austeridad fiscal para pagar la deuda... no funciona”.

El país afronta periódicamente crisis financieras y problemas de liquidez que la han llevado a refinanciar sus compromisos. A fines de 2001 declaró un default récord por algo más de 100.000 millones de dólares durante la peor crisis económica de su historia.
 

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Argentina anunció el martes que postergará para el 30 de septiembre el pago de capital de un bono en moneda local que vencía esta semana, justo en vísperas del arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar las negociaciones por la reestructuración de la abultada deuda externa del país sudamericano.

El Ministerio de Economía informó en un comunicado respecto al bono AF20, emitido en julio de 2018 por el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que “se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada hasta el 30 de septiembre del corriente año de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa”.


El gobierno de centro-izquierda de Alberto Fernández considera la reestructuración de la deuda externa de unos 100.000 millones de dólares fundamental para el éxito de su plan económico. Cerca de la mitad corresponde a un préstamo del FMI, cuyos técnicos llegarán el miércoles para definir el plan de pagos.

Argentina debía enfrentar el jueves el pago por un total de unos 100.000 millones de pesos (alrededor de 1.700 millones de dólares) por el bono en cuestión, el cual se había emitido atado a la evolución del dólar.

Para justificar la postergación de los pagos, el Ministerio de Economía apuntó contra la anterior gestión de Macri.

“Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dólar en una situación insostenible, una receta para agravar los problemas”, sostuvo. “Lo que vino después es conocido: el descalabro macroeconómico se profundizó, el peso argentino se depreció significativamente, y consecuentemente la carga de deuda que imponía este bono se elevó a niveles aún más insostenibles”.

La referencia apunta a la brusca devaluación de la moneda local de más del 50% en el último año y medio del anterior gobierno.

Los mercados financieros reaccionaron negativamente al anuncio. El índice Merval de la bolsa de Buenos Aires, donde cotizan las principales compañías, cayó cerca de 3% mientras el riesgo país elaborado por el Banco JP Morgan, tocó los 2.000 puntos básicos, aunque luego se acomodó en los 1.882 puntos básicos. En tanto que las acciones de empresas argentinas y bonos que cotizan en el exterior también registraron fuertes pérdidas.

A su vez el dólar cotizó 15 centavos más caro que la víspera en el mercado oficial de cambios.

El actual gobierno ofreció a principios de este mes un canje para cambiar perfil del bono, pero sólo logró la adhesión del 10% de los tenedores, por lo que la operación fracasó.

Al respecto, el Ministerio de Economía detalló que “hubo cooperación de tenedores locales, pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento”.

“Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente”, advirtió el gobierno.

El anuncio ocurre un día antes de la llegada de una misión del FMI a Buenos Aires para continuar las negociaciones para una reestructuración de la deuda por 44.000 millones de dólares otorgados por el organismo entre 2018 y 2019.

La estrategia del gobierno apunta a cerrar un acuerdo con el organismo para luego iniciar las negociaciones con los acreedores internacionales en una posición de mayor fortaleza.
 

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El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, brindó un panorama alentador de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal acreedor del país sudamericano, y destacó que existe “un creciente entendimiento mutuo” para una solución al problema de la deuda externa.

No obstante, advirtió el miércoles que “va a haber frustración de parte de los bonistas”, dando a entender que se ofrecerá una fuerte quita de capital en la negociación que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández para reestructurar una deuda de unos 100.000 millones de dólares y evitar una nueva cesación de pagos en menos de dos décadas.

“Con el FMI se viene trabajando de forma constructiva... en cada reunión que se tienen se hacen progresos”, dijo Guzmán en una exposición ante la Cámara de Diputados.

Más temprano llegó a Buenos Aires una misión del organismo para reunirse con funcionarios argentinos, mientras organizaciones sociales y grupos de izquierda se movilizaron para exigir que el país no pague.

Argentina, con un largo historial de incumplimientos, el último en 2001, atraviesa una recesión económica con una inflación que en 2019 fue de 53,8%, la más alta de los últimos 28 años. A su vez cerca del 40% de la población es pobre.

“Hay una voluntad firme de pagar la deuda, pero no hay capacidad para hacerlo”, aseveró Guzmán. “Para poder pagar Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que asfixia”.

Pese a la expectativa que había generado su presencia en el Congreso, Guzmán no dio precisiones sobre la propuesta argentina.

“La propuesta no es amigable ni agresiva, el enfoque es sostenible”, indicó. “No hay peor opción que la austeridad fiscal en recesión. Esa va a ser una premisa central al proponer una política de deuda” al FMI.

La estrategia oficial apunta a lograr un acuerdo con el FMI por un total de 44.000 millones de dólares del préstamo otorgado en 2018 al expresidente Mauricio Macri en medio de una crisis cambiaria.

“La relación con el FMI es crucial”, dijo a The Associated Press Alberto Ramos, director gerente y jefe de economía de América Latina del grupo Goldman Sachs. “Me parece que el Fondo tiene voluntad de ayudar a la Argentina pero para eso es necesario que las autoridades argentinas se alejen de políticas intervencionistas y heterodoxas y demuestren clara voluntad y capacidad de mejorar la situación fiscal en no más de 2-3 años”.

Para muchos argentinos, el FMI es mala palabra porque se le considera coautor de las crisis económicas que ha sufrido el país sudamericano desde el retorno de la democracia en 1983.

“Cuando un trabajador de la Argentina escucha la palabra FMI sabe que por delante se vienen largos períodos de oscuridad”, afirmó Damaris Rolón, vocera del frente de organizaciones en lucha (FOL), que se movilizaron hacia las oficinas locales del FMI.

“Repudiamos presencia de FMI en el país y seguiremos en las calles para evitar que esa deuda sea renegociada y pagada”, advirtió Rolón.

La misión del organismo está encabezada por el encargado del caso argentino, el economista venezolano Luis Cubeddu. Los técnicos permanecerán una semana y se reunirán con funcionarios, empresarios y banqueros.

El índice Merval de la bolsa de Buenos Aires tuvo una leve alza de 0,28% mientras que el riesgo país estaba en los 1.961 puntos básicos luego que en la víspera rozó los 2.000 puntos básicos. En el mercado de cambios, el dólar también registraba una leve suba.

El presidente Fernández ha dicho que Argentina se da un plazo hasta el 31 de marzo para un acuerdo con acreedores, pero los últimos días fueron una prueba de lo complejo que serán las negociaciones.


Fernández tiene experiencia en renegociación de la deuda. Era el jefe de gabinete de ministros del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) cuando Argentina le pagó 10.000 millones de dólares al FMI y logró una reestructuración de títulos con una fuerte quita para acreedores afectados por el default en 2001.

El actual gobierno ofreció a principios de este mes un canje para cambiar el perfil de un bono dual (emitido en pesos, pero atado a la evolución del dólar) por el cual debía pagar este jueves unos 100.000 millones de pesos (alrededor de 1.700 millones de dólares).

La propuesta de canje tuvo la adhesión del 10% de los tenedores, por lo que la operación fracasó. La víspera Economía anunció que postergará para el 30 de septiembre el pago de capital.

Al respecto, Guzmán apuntó “no vamos a permitir que fondos de inversión extranjera marquen la pauta de la política macroeconómica”, lo que le valió un cerrado aplauso en el recinto de diputados.

Verisk Maplecroft, una consultora dedicada al análisis de riesgos y pronósticos basada en Inglaterra, estimó en 72.22% el riesgo de que el país sudamericano declare la cesación de pagos antes de fines de 2020.

“El tiempo sigue siendo el principal impulsor del riesgo... porque Argentina tiene una mayor cantidad de deuda, más comités de acreedores dispersos y un plazo más corto que otros países que emprendieron con éxito un proceso de reestructuración similar”, evaluó.
 

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El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Argentina concluyó el miércoles que la deuda del país sudamericano “no es sostenible” y recomendó al gobierno acordar con sus acreedores una reestructuración de sus pasivos.

En un comunicado emitido en Washington, el organismo sostuvo que como consecuencia de la devaluación de más de 40% del peso desde julio, el alza del riesgo país, la caída en las reservas internacionales y la contracción de la economía “la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90% del PIB”. Por tanto, indicó, el superávit primario necesario para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento “no es económicamente ni políticamente factible”.

El organismo sugirió al Ejecutivo argentino “continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”.

La semana pasada el ministro de Economía argentino Martín Guzmán había dado un panorama alentador sobre las negociaciones con el Fondo, el principal acreedor del país, pero al mismo tiempo dio a entender que a los bonistas privados se les ofrecería una fuerte quita de capital en la reestructuración de la deuda de unos 100.000 millones de dólares.

Argentina atraviesa una recesión económica con una inflación que en 2019 fue de 53,8%, la más alta de los últimos 28 años, y una pobreza cercana al 40%.

Guzmán sostuvo que el país tiene voluntad de pagar pero no posee capacidad para hacerlo y que “para poder pagar Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que asfixia”.

La estrategia del gobierno del presidente Alberto Fernández es lograr un acuerdo con el FMI por el préstamo otorgado en 2018 al entonces mandatario Mauricio Macri en medio de una crisis cambiaria. Pero en una presentación ante el Congreso, Guzmán no dio precisiones sobre la propuesta para los acreedores privados.

Fernández ha dicho que Argentina se da un plazo hasta el 31 de marzo para alcanzar un acuerdo con los bonistas, pero todo indica que las negociaciones serán complejas. A principios de mes el gobierno ofreció un canje de un bono emitido en pesos pero atado a la evolución del dólar que recibió la adhesión de apenas el 10% de los tenedores, por lo que la operación fracasó.

Por otra parte, el equipo del FMI dirigido por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, subrayó que el gobierno argentino ha implementado una serie de medidas para combatir la pobreza y estabilizar la economía, que el peso se ha estabilizado a través de más controles de capitales y que las expectativas de inflación han disminuido, pero advirtió que “esfuerzos adicionales serán necesarios” para equilibrar las cuentas nacionales.

Fernández tiene experiencia en renegociaciones de deuda: era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) cuando Argentina le pagó 10.000 millones de dólares al FMI y logró una reestructuración de títulos con una fuerte quita para los acreedores afectados por el cese de pagos de 2001.
 

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Los productores agropecuarios de Argentina iniciaron el lunes un paro de cuatro días en protesta por la suba del impuesto a la exportación de soja en el marco de un creciente malestar que recuerda al que en 2008 empujó al sector a protagonizar un largo conflicto con el gobierno.

La medida de fuerza es llevada a cabo por las cuatro principales asociaciones agropecuarias del país y consiste en el cese de la comercialización de granos y hacienda. Están exceptuados los productos perecederos.

Aunque el tenor de la protesta no es tan severo como hace 12 años, cuando las manifestaciones de productores paralizaron el país por los constantes cortes de rutas, el malestar de muchos agricultores es parecido, al considerar que la suba de tres puntos de la alícuota a las exportaciones de soja dispuesta días atrás por el presidente Alberto Fernández asfixia al sector.


Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. En 2019 las exportaciones de los dos derivados de la oleaginosa alcanzaron unos 12.000 millones de dólares.

“Es inviable este nivel de retenciones porque a eso hay que añadir los costos de producción y otros impuestos. La retención sobre una producción de 40 quintales de soja, que es una normal, es de 12 quintales. Se lo lleva el Estado y es demasiado pesado, la gente no puede seguir soportando impuestos, por eso va el paro”, dijo a The Associated Press Luis Dellarossa, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, situada en la provincia de Córdoba, en el centro del país.

Dicha asociación integra Confederaciones Rurales Argentina (CRA), que declaró en primer lugar la huelga y fue secundada por la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina.

Esas agrupaciones se oponen a la decisión de Fernández, un peronista que asumió en diciembre, de aumentar los impuestos a la exportación de soja del 30% al 33%.

“Es un impuesto perverso porque te lo cobran por producir... es discriminatorio que a otros sectores no se lo cobren y el campo es el que mueve la economía del interior de Argentina”, se quejó Dellarossa.

De forma simultánea, el gobierno dispuso reducciones en los impuestos a una decena de cultivos como el de maní, el trigo y el girasol con las que busca incentivar las economías de algunas regiones.

En 2008 las cuatro asociaciones rurales provocaron desabastecimiento en grandes ciudades contra una decisión similar de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta. En ese entonces el valor de la oleaginosa era mucho más elevado.


La medida sobre la soja, que revierte la política del anterior gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), pretende mejorar los ingresos fiscales en un contexto de endeudamiento y recesión creciente.

El Ejecutivo destinará una parte de la recaudación fiscal adicional a la compensación de tres de cada cuatro productores de la oleaginosa, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan 74,2% del total. Pero los huelguistas dudan que eso se cumpla.

En cuanto a la comercialización de ganado, se espera que el paro tenga más repercusión el martes y miércoles en el Mercado de Hacienda de Liniers, el principal de Buenos Aires. El lunes en dicho mercado se comercializaron más de 2.000 cabezas que habían ingresado la víspera, antes del inicio de la medida de fuerza.
 

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El gobierno argentino declaró el martes formalmente abierto el proceso de renegociación de la deuda al establecer que los títulos que serán reestructurados suman más de 68.000 millones de dólares.

En un decreto publicado en el Boletín Oficial, las autoridades especificaron que los títulos para canjear con los acreedores privados ascienden a 68.842 millones de dólares. El texto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, señaló que debido a la “situación actual de insostenibilidad de la deuda pública, resulta necesario determinar un universo de montos nominales tal que se preserven márgenes de acción en el diseño de las operaciones de administración de pasivos, canjes y reestructuraciones de los títulos públicos”.


Los bonos que se renegociarán fueron emitidos bajo ley extranjera y representan, según analistas, dos tercios de la deuda en manos de tenedores privados.

La autorización para que el Ministerio de Economía quede habilitado para realizar todas las operaciones legales en torno a esta deuda alcanza a los “tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York, Londres y Tokio”.

La reestructuración de la deuda pública, que implicaría quitas de capital e intereses, tiene lugar en medio de un contexto de recesión económica, alta inflación y una pobreza que afecta a más de 35% de la población. El país finalizó 2019 con una inflación anual de 53,8% y una caída de su economía de 2,1%.

Fernández, un peronista que llegó al poder hace tres meses, afirmó la víspera a medios de prensa que el gobierno ha heredado de su antecesor Mauricio Macri “una deuda que nos condiciona mucho”.

La luz verde para llevar a cabo el proceso de reestructuración se produce en un contexto convulso debido al impacto económico que ha tenido la propagación del nuevo coronavirus a nivel internacional y especialmente en los mercados emergentes. La víspera los bonos argentinos sufrieron un derrumbe.

“Debemos ver las limitaciones que tenemos. Cuando se produce una crisis como ésta, el comercio mundial se cae y debemos ser muy cuidadosos”, señaló al respecto el presidente, quien considera que fines de marzo es la fecha límite para reestructurar la deuda pública.

El decreto no incluye el pasivo contraído con el Fondo Monetario Internacional por unos 44.000 millones de dólares en el marco de un préstamo que el organismo de crédito le otorgó en 2018 al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) por más de 56.000 millones en medio de una fuerte devaluación del peso.

El FMI y el gobierno argentino han señalado que llevan a cabo reuniones “constructivas” para encarar la renegociación del pago de los pasivos.

Los analistas destacaron que el gobierno no ha dado precisiones a los tenedores de bonos sobre la forma en que Argentina hará frente al pago del monto que se acuerde.
 
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