Déficit tarifario eléctrico, ¿El tímo de la estampita?

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Rumores sobre la próxima reforma eléctrica

E.S. cree que el Gobierno podría tratar de reducir los ingresos del sistema en 3.000M Eur/año





De acuerdo con medios, están empezando a emerger algunos aspectos de la reforma eléctrica y otros están siendo comentados en artículos y atribuidos a fuentes del gobierno:

• Ampliar la liberalización en el mercado a los consumidores por encima de 5kW (ahora 10kw) y mantener el bono social.

• Impuesto sobre generación - todavía no está claro si esto afectaría a toda la generación o sólo a la hidráulica y la nuclear.

• Impuesto sobre generación de energías renovables para ajustar la generación excesiva.

• Drástica reducción de la remuneración del transporte a través del financiamiento y cambios legales y también reforma de la
planificación energética.

• En relación con la reforma de los costes regulados, la posibilidad de eliminar el pago de capacidad es cada vez más probable.

Los analistas de Espirito Santo estiman que el Gobierno podría tratar de reducir los ingresos del sistema en torno a 3.000M Eur/año. "En nuestra opinión, la posibilidad de un impuesto sobre toda la generación está ganando cierto apoyo. Estimamos que un impuesto del 10% sobre los ingresos de generación (incluyendo primas renovables) podría generar alrededor de 2.200M Euro, aunque esto podría significar un aumento en los precios mayoristas de alrededor de 5Eur/MWh.

Si se trata ésta de la medida aplicada, algunas empresas como Acciona podrían ver un impacto negativo significativo sobre BPA y podría ser menor de lo esperado para las eléctricas integradas".

Los mismos expertos también esperan una eliminación del pago de capacidad y el impacto de esto sería importante para Gas Natural (-6% impacto en BPA 2013E).

También esperan algunos recortes en la remuneración de las islas con un impacto negativo para Endesa.

Por último, esperaban la fuerte reducción en la remuneración del transporte y ésta fue la razón de su recomendación de Vender para REE.

Sin embargo, Espirito Santo cree que no tiene ningún sentido cambiar la remuneración de transporte de electricidad y no modificar la remuneración de transmisión de gas y destaca que, en sus números, de Enagás, es un 20% más caro que REE.

Esperan que el anuncio de la reforma regulatoria sea a finales de junio.
 

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El Gobierno está ultimando el Real Decreto con el que abordará el segundo paquete de medidas antidéficit que podría aprobarse en el Consejo de Ministros de hoy o la próxima semana.



La reforma incluiría tres medidas fiscales que recaudarían unos €4,3bn:

1) Céntimo verde de 3-4 cnt € (€1.5bnE) con cargo a los consumidores que previsiblemente se destinaría a cubrir las primas de renovables (€7bn, 22% Total Costes tarifa, 40% Costes regulados)

2) Subida del impuesto especial de la electricidad (5% actual) que ya pagan los consumidores

3) La aplicación de una tasa a toda la generación con cargo a las eléctricas (€5/Mwh·estimado, €1,3bn/€1,5bn).

Tasa de €5/Mwh a toda la generación.

Dentro del segundo paquete de medidas eléctricas que aprobará el Gobierno, se está anticipando que el Ministerio incluirá una tasa a toda la generación (régimen ordinario y renovables) que se podría situar en €5/Mwh (€1,3bn-1,5bn E) vs. €0.5/Mwh que ya se aprobaron en el RDL 10/2010 (dic-10, €150mn 2012e, €453mnE 2011-2013).

Revisión trimestral 2T12.

De cara a la revisión del 2T12, el Gobierno estará pendiente de la próxima subasta Cesur, tradicionalmente alcista, que fija el coste de la energía (50% Total tarifa), que será determinante para fijar la próxima subida tarifaria de la TUR que previsiblemente podría verse presionada al alza vs. 1T12 (i.e +7% 1T12: -7% Cte Energía, +20% peajes)
 

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Iberdrola presiona al Gobierno ante la reforma eléctrica inminente

Galán recuerda que el consumidor doméstico paga más que la media europea porque el 50% de la factura son costes ajenos al suministro




Iberdrola no ceja en su empeño de que los inminentes cambios regulatorios que prepara el Gobierno retiren de la factura eléctrica el máximo de elementos que, a su juicio, se introdujeron por decisiones políticas y han contribuido a la acumulación del gigantesco déficit eléctrico de 24.000 millones. El presidente de la compañía lo reiteró en su discurso ante la junta de accionistas que refrendó los resultados del pasado año.

A pocas fechas de que el Consejo de Ministros apruebe las normas que completarán la reforma eléctrica, Ignacio Sánchez Galán afirmó que las modificaciones deben no solo atajar la generación de nuevo déficit, sino también «contribuir a restaurar la confianza de los mercados en el modelo energético vigente en España». Por eso instó al Gobierno a incidir «en los factores que han generado el déficit» y no sobre los ajenos, como la generación tradicional o las redes de distribución. Y volvió a denunciar el despropósito que supone primar la generación mediante las tecnologías más costosas, como la termosolar o la fotovoltaica.
En borradores que han circulado de la nueva ley eléctrica figura, entre otras medidas, el aumento de la tasa que ya se aplica a todo tipo de generación. El dilema radica ahora en si el 'peaje' se establece sobre producción o facturación. Puesto que la generación convencional está en torno a 55 euros por MWh, y las tecnologías primadas llegan a los 400 euros, una tasa sobre producción castiga a las generadoras tradicionales y más baratas; sobre facturación, el impacto recaería en las alternativas, de más altos costes.Sin descender a este detalle, Galán instó al Ejecutivo a «arreglar el problema (del déficit) actuando sobre las verdaderas causas» y «no hacer un problema de lo que no lo es».
Evocó el presidente de Iberdrola que el precio final que el consumidor doméstico paga por el suministro está por encima de la media comunitaria, cuando la producción en régimen ordinario tiene un coste un 10% inferior y lo atribuyó a que «cerca de un 50% de la factura corresponde a costes ajenos al suministro eléctrico, que en otros países están dentro del Presupuesto del Estado». Se refería, entre otros, a la bonificación por suministro a las islas, al bono social o a las subvenciones a la minería del carbón.En la junta de accionistas se mantuvo el blindaje -solo se permite votar por un máximo del 10%, con independencia de la participación que se posea- pero ya hubo la tradicional oposición de los representantes de ACS, una vez desactivada la llamada 'enmienda Florentino'
 

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EL Gobierno prepara recorte para el sector eléctrico


El Gobierno aprobará previsiblemente el viernes 20 de julio un proyecto de ley con las medidas fiscales anti-déficit que incluirán un impuesto progresivo para la generación (ordinaria y especial) con el que se espera recaudar unos €2.5bn.

Adicionalmente, el Gobierno prepara un RDL (€3,1bn) que podría aprobarse este viernes y que incluiría recortes al transporte/REE (€50mn, -3%ingresos), extrapeninsulares/ELE (€100mn, -5% ingresos), y compensaciones para el sector por €3bn (€900mn subastas CO2, €2,1bn traspaso anualidad pago déficit de la tarifa a presupuestos). En Total , el conjunto de recortes (2,7bn) y compensaciones (€3bn) sumarían más de €6bn (19% Total costes de la tarifa).

€2.5bn de recortes en generación ordinaria + renovables: 4% recargo en generación ordinaria (i.e €2/Mwh; €400mn), €230mn renovables gestionables (3%minihidráulica-13% termosolar/€39 Mwh), €950mn renovables no gestionables (11% eólica/€8-9/Mwh; 19% fotovoltaica/€80 Mwh), adicionalmente se aprobará una tasa específica a la hidráulica (€400mn/€15/Mwh) y nuclear (550mn/€10/Mwh).

Otros recortes por €150mn en transporte y extrapeninsulares y €3bn compensaciones (€900mn subastas CO2 y €2,1bn traspaso anualidad déficit a Pptos Estado): Adicionalmente, este viernes se podría aprobar un RDL ley que contemplaría un recorte del transporte eléctrico de €-50mn (-3%), y de las extrapeninsulares (ELE) de €100mn (-5%); un recorte del gas de €4 centimos /m3. En compensación, el Gobierno podría revertir al sector unos €900mn ingresos por las subastas de CO2.

Los analistas de Banesto Bolsa, cualitativamente, valoran muy positivamente el paquete de medidas antidéficit que prepara el Gobierno para el 13-20 julio por €6bn vs. 3bn·E (19%Total costes tarifa): €2.7bn recortes, €3bn compensaciones CO2+traspaso anualidad déficit a tarifa, que ,debería garantizar claramente el cumplimiento del objetivo de déficit 0 para el 2013, minimizando el riesgo de tener que aprobar subidas adicionales de tarifas. Por compañías, el impacto de las medidas no debería superar el 5% del Ebitda total del sector, estimando un mayor impacto relativo en ELE , IBE (6%e total Ebitdas x mayor exposición a tasa hidráulica y nuclear) y REE vs. ENG y GAS (3,1%e Ebitda), y EDP (2%e Ebitda). En renovables se confirma el mayor impacto en fotovoltaica y termoeléctrica vs. eólica, estimando un impacto máximo no superior al 6% Total Ebitda en ANA, 5%e EDPR, 1,5%e

Valoración de Banesto Bolsa
ABG.
 

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¿Por qué si hay déficit de tarifa, las eléctricas siguen teniendo beneficios?




Expliquemos por qué aún con el déficit de tarifa, las grandes compañías eléctricas siguen teniendo beneficios. La verdad es que es una pregunta muy complicada, y difícil de responder. No es solamente un problema técnico, ni unicamente un problema económico, si no que se trata de una mezcla de los dos aliñado con decisiones políticas de por medio.

Para empezar, hay que decir que el sistema español entiende el mercado eléctrico como una división en cuatro partes. Generación, transporte, distribución y comercialización. De estas cuatro partes, solamente la generación y la comercialización son de “libre mercado”, y el transporte y la distribución son “mercado regulado”. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que no tiene ningún sentido que una empresa ponga una linea eléctrica al lado de otra, cuando podrían compartirla sin problemas.

El transporte de electricidad (400 y 230 kV) es prácticamente monopolio de Red Eléctrica de España, que además es el encargado de controlar la generación y el consumo, es el operador del sistema eléctrico.

La distribución de electricidad es un oligopolio, es decir, está dominado por un pequeño número de empresas. Son las empresas de toda la vida, las que nos llevan la electricidad hasta la puerta de nuestra casa. Al igual que en el caso del transporte de electricidad, la distribución no tiene sentido en mercado libre, ya que ninguna empresa invertirá dinero en construir una linea paralela a otra que ya esté funcionando.

Por estas dos partes del sistema eléctrico las empresas cobran una parte de la factura, que son los llamados peajes de acceso, que son establecidas por el gobierno. Pero dentro de esta categoría se engloban además otros costes del sistema eléctrico que no tienen que ver con ella.

Por ejemplo, la moratoria nuclear de tiempos de Felipe González, planes de eficiencia y ahorro energéticos, sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, la “disponibilidad” de las centrales convencionales, primas al carbón nacional, primas a las renovables y cogeneración y por supuesto, los desajustes del déficit de años anteriores.

Cada cierto tiempo, el Gobierno de turno estima unos costes por adelantado, y debería establecer unos peajes de acceso para cubrir todas estas partidas. Pero como el coste político sería inasumible, ya que sería necesario una gran subida de la factura de la luz, se rebaja ese precio y se va acumulando deuda que tendremos que pagar en el futuro. Esa deuda es lo que se conoce como déficit de tarifa eléctrico.


Pero entonces, ¿cómo es que las eléctricas siguen teniendo beneficios?

En primer lugar, esta deuda es con las eléctricas, que posiblemente cuenten en sus balances como “entradas de dinero” de algún modo. Ya sea como deudas corrientes, ingresos diferidos… o algún otro punto. Se puede leer las más de 300 páginas de las cuentas anuales de cualquier eléctrica para entenderlo, pero como comprenderán ustedes, el tiempo es limitado. Por tanto, este punto no lo tengo completamente claro, pero por otro lado, tenemos la comercialización y la generación, libres mercados eléctricos en los que el dinero manda, y ya sabéis como.

El precio de la electricidad se establece mediante una casación. Es decir, se toman los precios que están dispuestos a pagar los consumidores (las comercializadoras hablan por los usuarios, y deben conseguir energía para ellos a cualquier precio), y los de los generadores. Pero ojala fuera tan sencillo. Los generadores además pueden establecer una serie de condiciones, como la indivisibilidad (venden todo el bloque de energía, por ejemplo 100MW, y o compras todo, o no compras nada), ingresos mínimos, paradas programadas y gradientes de carga (las centrales no pueden pasar del 0 al 100% de su potencia de forma instantánea, tienen unas rampas que dependen de la tecnología).

Todo esto aumenta su complejidad si añadimos que la electricidad hay que transportarla, y que la red tiene unas limitaciones. De nada me sirve generar en Murcia toda la electricidad que necesita España, si las redes de evacuación no me permiten transportarla, y además las pérdidas sería terribles, junto con caídas de tensión y otras imposibilidades técnicas.

Por otro lado, tenemos los costes de las centrales. Costes fijos por tener la instalación, y costes variables por generar energía. El sistema está hecho de forma que los costes fijos se cubran cuando el precio de la electricidad es mayor. Es decir, el coste fijo de las nucleares e hidráulicas, muy alto, se amortiza a muy largo plazo sabiendo que el precio de la electricidad será mayor porque otras tecnologías generadoras entrarán en escena. Del mismo modo las térmicas, con menos costes fijos pero más variables, después los ciclos combinados, y por último las centrales de fuel-gas, con costes fijos prácticamente nulos, pero altísimos costes variables que cuando entran a funcionar, pagan además los costes fijos de las centrales que están por debajo.

Aún así, y aunque tecnologías como el carbón deberían tener suficiente para cubrir sus costes, también son subvencionadas por motivos políticos (de gran importancia por otro lado, como es poder obtener energía de fuentes autóctonas).

Las energías renovables también están subvencionadas primadas (o lo estaban) y con unas primas muy suculentas que han aumentado el problema. Pero ¿hay que echar la culpa a las empresas que han querido sacar beneficio de unas políticas que claramente estaban mal pensadas? Si hubiesen sido más ajustadas a los costes reales, como ha sucedido en la eólica, no habría habido una explosión de generadores solares como ha pasado en la fotovoltaica.


También hay que recordar, que las eléctricas como cualquier otra empresa está aquí para obtener beneficios, y cuanto más mejor. No van a ser los malos por ello, y si hay una oportunidad de negocio, entiendo perfectamente que inviertan y la aprovechen. Es precisamente lo que hacen compañías como Apple, y nadie se lleva las manos a la cabeza por ello. Por otro lado, se habla de que obras que fueron realizadas o pagadas en parte por el estado español, como las presas y las centrales nucleares, estén siendo exprimidas por estas empresas, obteniendo grandes beneficios de ello.

Con este artículo, quiero intentar hacer ver que el mercado eléctrico es increíblemente complejo, que influyen factores estratégicos para el país, como es la minería. Además las empresas eléctricas son increíblemente poderosas, y cuentan entre sus consejeros a expresidentes de gobierno y otros asesores que conocen de cerca la política y son capaces de adelantarse a sus decisiones.

Quizás la solución de todo esto pase por una nacionalización de la generación, pero ello implicaría irrumpir en un libre mercado, y posiblemente la Unión Europea tendría mucho que decir en ello, puesto que la liberalización del mercado vino mandada desde Europa.

Este ha sido un ejercicio de síntesis casi imposible de realizar, con ideas entremezcladas que han ido surgiendo cuando han sido necesarias.
 

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Acciona y Abengoa se dispararon este martes en Bolsa y lideraron las subidas del Ibex 35 animadas por las declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, rechazando una posible tasa a las renovables en el marco de la próxima reforma energética.
En concreto, los títulos de Acciona se apuntaron una subida del 7,36%, hasta los 40,7 euros, y los de Abengoa repuntaron un 6,7%, hasta los 14,42 euros, después de que Montoro mostrara su discrepancia en una entrevista a Bloomberg respecto a la reforma energética que debe ser aprobada próximamente por el Gobierno en los términos previstos por el Ministerio de Industria, asegurando incluso que hasta que él no lo decida, la misma no seguirá adelante.
En principio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha diseñado una reforma energética en la que se incluye tanto un nuevo gravamen a la energía nuclear basado en la producción y almacenamiento de residuos como otro para la hidráulica, justificado a partir del uso de cauces fluviales, explicó el ministro José Manuel Soria, a principios de agosto en una entrevista concedida a Europa Press.
El objetivo de la reforma energética es equilibrar el sistema eléctrico y acabar con el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones en términos acumulados y que va creciendo a un ritmo de 6.000 ó 7.000 millones al año.
Además, esta nueva reforma podría aplicar un tipo impositivo mayor a las renovables, eólica y solar.
Abengoa encadenó así su séptimo día consecutivo de subidas y acumula una revalorización de más del 40% desde el inicio de la pasada semana.
Por su parte, el grupo presidido por José Manuel Entrecanales suma ya cuatro jornadas seguidas al alza y se ha revalorizado más de un 17%
 

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El Gobierno aprobará una nueva tasa a las eléctricas para cortar el déficit.

La pugna entre Industria y Hacienda concluye con una tasa única a la generación eléctrica que podría ser del 7%



Santiago Carcar Madrid



Unas torres de alta tensión. / FRED DUFOUR (AFP)



La reforma energética, que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos meses, se queda en una nueva tasa a la generación eléctrica (y probablemente al gas natural) que no diferenciará entre tecnologías y que podría llegar al 7% de los ingresos, según fuentes de las empresas conocedoras del informe elaborado por Industria.

La mal llamada reforma energética, que no entra en el examen de los costes que se reconocen a las compañías, trata de taponar el déficit tarifario acumulado en más de una década, que asciende a 24.000 millones.

Por ley, el déficit no puede superar este año los 1.500 millones y en 2013 tiene que ser cero.

La idea del Gobierno es tramitar la reforma como proyecto de ley para que entre en vigor en enero del próximo año.

Para entonces, el Gobierno, que libra un pulso apenas disimulado con las empresas del sector, con resultados espectaculares como la renuncia de Endesa e Iberdrola a solicitar la prórroga de actividad de la nuclear de Garoña, tendrá que haber llegado a algún tipo de entendimiento con un sector vital para la economía.

Antes, tendrá que decidir también si sube o no vuelve a subir el recibo de la luz en el último trimestre del año tras las subidas del 7% y del 4% registradas en trimestres anteriores. La idea adelantada por el ministro José Manuel Soria es no tocar la parte regulada del recibo (que supone la mitad de la factura) y dejar que sea la subasta de energía del 25 de septiembre la que determine cuánto subirá o bajará la tarifa de último recurso (TUR) que pagan 22 millones de usuarios.

Lo cocinado finalmente por el Gobierno, tras los enfrentamientos entre Industria y Hacienda, no es lo que diseñó trabajosamente la secretaria de Energía del Ministerio de Industria. El departamento había preparado una subida de impuestos al sector eléctrico que, unida a la subida del precio de la luz, debía acabar con los 24.000 millones de déficit de tarifa acumulado en la última década.

La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar.

Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatio/hora).

En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias
 

droblo

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1. Se ha aprobado una reforma para abordar el déficit tarifario (24.000Mn€ es la deuda actual, que podría avanzar a un ritmo de 5.000Mn€/año). El Gobierno no quiere trasladar al consumidor este coste.

2. Se empiezan a aprobar planes hidrológicos de demarcación (se han aprobado cuatro planes hidrológicos): Galicia Costas, Tinto Odiel y Piedras, Guadalete y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

3. Se ha aprobado un informe para una reforma en profundidad del Código Penal.

Se aprueba el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales para la reforma del déficit tarifario

Objetivo: sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad económica y financiera.

Fin 2011e: 24.000Mn€ de déficit tarifario. Está en los balances de las compañías eléctricas de régimen ordinario.
17.000Mn€ ya han sido emitidos (3.000 por parte de empresas eléctricas y el resto, 14.000, titulizados, con aval del Estado). 2.100/2.200Mn€ es el coste adicional que esto supone para el sistema.

Objetivo de déficit de tarifa en 2012 ≤ 1.500Mn€.
A partir de 2013 no podrá haber déficit de tarifa (será nulo).

Si no se hubieran tomado estas medidas el déficit habría aumentado en 2013e en 5.250Mn€ en 2013.

Medidas del anteproyecto de Ley:
1. Dos impuestos nucleares
2. Impuestos especiales
3. Imposición a la generación hidroeléctrica
4. Impuesto fijo del 6% para todo tipo de generación de energía.

1. Dos impuestos nucleares
1. Impuesto que grava la producción de residuos radiactivos. Tipo de 2.190€/Kg de metal pesado producido. Prev. ingresos para 2013-2015: 269,6Mn€/año.
2. Impuesto sobre el almacenamiento de residuos radiactivos.

2. Imposición a la generación hidroeléctrica.
Canon a la generación hidroeléctrica. Tipo del 22% sobre el valor de la energía hidroeléctrica producida. Ingresos previstos: 304.2Mn€ entre 2013-15.

3. Impuestos especiales
Céntimo verde sobre el gas natural: 2,79€/m3. Ingresos previstos: 800Mn€
Céntimo verde a la energía de carbón. 14,97/tonelada carbón. Ingresos previstos: 268Mn€
Céntimo verde al gasoil y fuel: 12€/tonelada de fuel oil y 25.9€/tn
A esto hay que sumar los ingresos procedentes de las ventas de emisión de CO2: 450Mn€.

4. Impuesto fijo para la energía eléctrica.
Impuesto sobre la venta de energía eléctrica de régimen ordinario: Grava la producción de energía eléctrica. Tipo fijo del 6% ad valorem. Aplicable a la energía, hidráulica, carbón,… (571.7Mn€)
Impuesto de este tipo del 6% para las energías de régimen especial (biomasa, termosal, residuos, hidráulica…): 688Mn€.
Particularidad: para las energías renovables que utilicen combustible fósil para producir energía, esa parte no estará primada.

Total nuevos impuestos de la reforma tarifaria: 2.700Mn€
 

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Moody's ve negativa la reforma impositiva del sector eléctrico en España




Lunes, 24 de Setiembre

La agencia de calificación crediticia Moody's dijo el lunes que considera negativa para las grandes eléctricas españolas la nueva estructura impositiva que el Gobierno quiere aprobar para las compañías españolas.

En una nota a clientes recogida por Reuters, Moody's recuerda que la reforma, que "utilizará nuevos impuestos para maquillar el déficit" de tarifa, tendrá que pasar por el trámite parlamentario, aunque no prevé grandes cambios dada la mayoría del grupo político del Gobierno en la cámara baja.

La reforma, que establece un impuesto lineal del 6 por ciento para la generación eléctrica y diversos gravámenes para los residuos nucleares y céntimos verdes para la generación eléctrica con carbón, gas y fuel, provocará previsiblemente un incremento del recibo que pagan los consumidores, debido a que las eléctricas podrían trasladar a precios el alza impositiva.

"Esperamos que las compañías finalmente puedan trasladar una porción de los impuestos a los consumidores, principalmente con mayores precios globales de la electricidad", indicó la agencia de calificación.

Sin embargo, Moody's reconoce que dependerá de las estrategias competitivas de las compañías cómo, cuándo y cuánto trasladarán a los usuarios de estos nuevos impuestos. Para la agencia de calificación, Iberdrola y Endesa , por su portafolio de activos de generación, son los más afectados mientras que Abengoa deberá absorber la totalidad del impuesto.

"El movimiento debería crear más certidumbre regulatoria ya que las medidas buscan eliminar el déficit de tarifa en el futuro", indicó Moody's sobre un problema que asciende a 24.000 millones de euros por la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico, que son reconocidos por el Gobierno.

Hasta el momento las eléctricas financiaban dicho déficit hasta que se titulizaba mediante emisiones avaladas por el Estado español, aunque esas titulizaciones han sido suspendidas temporalmente cuando aún quedan 7.000 millones de euros por colocarse. En la presentación de la reforma, el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que por el momento no se llevarían a cabo más titulizaciones a corto plazo por el difícil momento de los mercados financieros
 

droblo

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La reforma energética: Los nuevos impuestos

 Impuesto sobre la producción de energía eléctrica en general
6% sobre el valor de producción en todas las tecnologías.
Recaudación de 1.260Mn€: 572Mn€ procedentes del régimen ordinario , y 688Mn€ de las energías renovables.
Incremento del coste de producción del régimen ordinario de, aproximadamente, 3,1 €/MWh., 5,3 €/MWh para la energía eólica, 5,2€/MWh para la minihidráulica,
17,5€/MWh para la solar térmica y 22,3€/MWh para la solar fotovoltaica.
 Impuesto sobre la producción de energía nuclear
Cargo de 2.790€/kg de residuo radioactivo generado.
Recaudación en torno a 270Mn€ anuales (sin Garoña).
Incremento coste de 4,8€/MWh producido, inferior a los 10,0€/MWh sugeridos por los medios de comunicación en julio de 2012.
 Impuesto sobre la producción de energía hidráulica
Aumento del 22% del canon por utilización de las aguas continentales.
Recaudación de 304Mn€ anuales.
Incremento en coste de 11,3€/MWh producido, por debajo de los 15,0€/MWh anunciados por los medios de comunicación en julio.
 Impuesto sobre la producción de energía a través de hidrocarburos
Céntimo verde sobre el consumo de determinados hidrocarburos (gas natural, carbón, fuel-oil y gasóleo).
Recaudación de 1.110Mn€.
Impuesto sobre el gas natural de 2,79c€/m3 de gas natural consumido (65c€/gigajulio). Recaudación estimada de 804Mn€. Incremento en el coste de producción de
4,2€/MWh.
El impuesto sobre el carbón de 14,97€/tn (65c€/gigajulio) consumida. Recaudación de 268Mn€. Incremento coste de producción en 5,9€/MWh.
El impuesto sobre el fuel-oil y el gasóleo de 12€/tn consumida y 29,15€/1.000 litros consumidos, respectivamente. La recaudación esperada de estos impuestos se sitúa
en 38Mn€ por lo que, asumiendo una producción anual de 7.479GWh, el coste de producción se incrementará en 5,2€/MWh.
 

droblo

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Hace un año se intentaba atraer a los inversores extranjeros y ahora se les condena a pérdidas. Viva la marca España
 

daviddebedoya

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Qué crítico!! Hombre, que no lo hacen a propósito :p

Por cierto, se sabe cuánto atrajo la campaña? Porque me suena que fue un poco fracaso
 

Tizo

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Catorce años después de que un gobierno español aprobara un “Plan de Fomento de las Energías Renovables” para cumplir con el objetivo de la Comisión Europea de duplicar el uso de estas fuentes energéticas para el año 2010 en el conjunto de la Unión, el Consejo de Ministros español aprobaba, sin el preceptivo paso por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, “la reforma energética” con la que espera poner fin a un astronómico déficit tarifario de cerca de 26.000 millones de euros, aunque todo el esfuerzo realizado no haya servido para mucho, ya que el grado de dependencia energética de España, se ha mantenido inamovible en el 77% a lo largo de los años de vigencia del caro plan de energías verdes, alternativas y renovables.
La reforma, sin duda, traerá consecuencias y alguien se debería plantear, por vergüenza torera e higiene política, volver la cabeza para señalar a los responsables de la lamentable situación a la que se ve abocado el sector eléctrico español tras el golpe recibido y que deja a muchos de los protagonistas en un estado lamentable.
De acuerdo con lo señalado por la vicepresidenta del gobierno, la reforma nace con vocación de ser la definitiva ya que “si no hubiéramos hecho nada, las únicas dos alternativas que teníamos eran la quiebra del sistema o incrementar los precios por encima del 40%” de forma más o menos inmediata.
Aunque Sáenz de Santamaría y el ministro Soria enfatizaban que el gobierno ha procurado repartir el coste entre los consumidores, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las empresas, lo cierto es que la contribución de los PGE para solucionar el déficit de tarifa será menor de lo esperado y menor de lo sugerido por Industria. Así, de cara al déficit de tarifa de 2013, calculado en 5.571 millones de euros, los PGE de 2014 no asumirán los 1.800 millones de las extrapeninsulares, sino solo 900, lo que obliga a una redistribución en la que salen perjudicados las empresas eléctricas y los consumidores, que verán incrementadas las tarifas desde este próximo mes de agosto.
Sin embargo, el ministro Soria ha indicado que el déficit de tarifa previsto para 2013 es de solo 4.500 millones de euros y que para equilibrar el sistema, las compañías asumirán 2.700 millones de euros, el Estado 900 millones y los consumidores los 900 millones restantes, mediante una subida del recibo de la luz del 3,2%. Soria aseguraba que la subida para el consumidor doméstico hubiera sido del 19% si no se aplicara la reforma y las empresas del sector y el Estado no asumieran parte del coste.
En el capítulo de reducción de costes regulados para las renovables -lo que cobran las empresas-, la rentabilidad pasará a ser del 7,5% (bono a diez años más 300 puntos básicos), mientras la rentabilidad de los activos regulados de distribución y transporte quedará fijada en el 6,6% frente a la del 7,5%-7,8% anterior.
Todo ello va a suponer menores rentabilidades como consecuencia de reducir las primas a las energías renovables, aunque las cobrarán durante más años. Con ello, se espera paliar el disparate que ha supuesto que en los últimos diez años el volumen de las primas a las renovables haya aumentado un 493%.
Y como la cuadratura del círculo no se ha descubierto todavía y neutralizar un déficit tarifario de 26.000 millones de euros creado por unas políticas energéticas erráticas e inconsistentes, no es tarea fácil, todos los estamentos involucrados han reaccionado, como era de esperar, de muy mala manera y su consecuencia inmediata ha sido el desplome de las eléctricas en Bolsa, mientras la prima de riesgo llegaba a situarse en los 330 puntos.
Pero no quedaba ahí todo. Los que dicen saber de esto, anuncian serias y graves secuelas para España como consecuencia de la reforma del gobierno y derivadas del hecho de que ésta vulnera el principio básico de seguridad jurídica al haberse modificado, en innumerables ocasiones, los compromisos adquiridos en materia de primas a las renovables, lo que hace que los numerosos fondos internacionales que habían invertido en el sector al calor de la apabullantes rentabilidades ofrecidas por el gobierno, vean cómo se esfuman sus seguros dividendos. Y aquí el enemigo no es fácil y es mucho lo que está en juego a nivel de imagen y de marca.
Otros expertos apuntan no solo a una cadena de demandas judiciales que se van a producir -aunque pleitear contra el Estado es una tarea imposible-, sino a todo un desiderátum de concursos de acreedores, ya que con la rentabilidades anunciadas por el ministro Soria no va a ser posible hacer frente a los compromisos financieros adquiridos por miles de inversores con la banca y todo ello va a propiciar indeseables reacciones en cadena.
Carlos Díaz-Güell
 

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Iberdrola pierde su primer ataque judicial a la reforma eléctrica del Gobierno



El Supremo rechaza subir de forma cautelar los peajes eléctricos


La eléctrica Iberdrola ha perdido su primer envite judicial contra la reforma eléctrica. El Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares sobre la orden de peajes aprobada por el Ministerio de Industria tras la reforma del sector eléctrico anunciada en julio.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha rechazado aplicar de manera cautelarísima una subida de los peajes eléctricos solicitada por Iberdrola con el objeto de equilibrar los costes e ingresos del sistema, después de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciase un posible desfase de entre 2.500 y 3.000 millones en la tarifa de 2013.

Tras conocer las estimaciones del Gobierno, Iberdrola solicitó estas medidas cautelarísimas, en una denuncia en la que no llega a cifrar en entre 2.500 y 3.000 millones el desajuste de 2013, pero en la que sí identifica 500 millones de euros "indebidamente minorados en la retribución de las energías renovables".

Iberdrola solicitaba "que se ordene a la Administración General del Estado a que, a la mayor brevedad posible (...) adopte medidas precisas para que los peajes de acceso sean suficientes para cubrir el déficit del sistema eléctrico que la administración estima se va a producir en 2013, en un mínimo de 2.500 y un máximo de 3.000 millones de euros".

Más subidas de la luz
Aunque cuando se lanzó la reforma se preveía el equilibrio del sistema en 2013, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó recientemente que el déficit de 2013 podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.

La eléctrica argumentaba que los costes de la retribución a las energías renovables iban a ser 500 millones de euros más de lo previsto y solicitaba que se elevasen los peajes para pagarlos.

Los conocidos como peajes suponen alrededor del 60% del recibo de la luz para los clientes que se acogen a la tarifa regulada y remuneran los costes fijos del sistema eléctrico. El otro 40% del recibo carga el precio de la electricidad.

La eléctrica exigía que se subieran los peajes eléctricos en una proporción suficiente para ingresar 500 millones y eliminar el desfase. La denuncia no cifra esta subida necesaria, pero sería previsiblemente superior al 8% incluido en la revisión de peajes de agosto, con la que se prevén ingresar 400 millones.

La compañía recuerda que la orden de peajes de agosto, que dio origen a una subida del 3,2% la tarifa eléctrica, se diseñó con la pretensión de equilibrar los costes e ingresos del sistema eléctrico. Sin embargo, da por hecho que se producirá déficit.


SON INSACIABLES, Y ME PREGUNTO ¿PORQUE NO REDUCEN LOS COSTES SACANDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A TODOS LOS POLÍTICOS Y ENCHUFADOS CONSEGUIDÓRES DE MAMANDURRIAS"
 

Tizo

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Hace tiempo que la estrategia de las grandes empresas eléctricas es señalar a las renovables como culpables del déficit de tarifa, cuando ya en 2008 alcanzaba la cifra de 16.000 millones de euros y no eran muchos los megavatios renovables en operación. Desde entonces se está arrastrando la pesada carga de los intereses de la deuda, antes de que las primas a las renovables fueran significativas.

Esta incierta teoría de que las renovables son las culpables del déficit parece que es la que guía la reforma parcial del sector eléctrico actualmente en trámite parlamentario, o al menos la justificación para que las renovables sean las que soporten de nuevo la mayor parte de los recortes.

El recorte que se ha anunciado, antes incluso de que se conozcan las cifras de los costes estándar, que darán contenido a la supuesta rentabilidad razonable, hace presagiar lo peor para la industria renovable de nuestro país. De nuevo, la batalla habrá sido ganada por las grandes eléctricas, que solo tendrán que ocuparse en arreglar el pequeño matiz de que sus parques eólicos no salgan muy perjudicados.

En España, los consumidores particulares y, especialmente, los industriales, deberían saber que los costes totales del sistema eléctrico han sido menores en estos últimos 10 años gracias, precisamente, a las renovables, aunque hayan cobrado primas.

Un ejemplo reciente de esas medias verdades con las que se pretende engañar a la opinión pública son las recientes declaraciones que afirman que el recibo de la luz bajaría un 10% si se cerrasen las solares. Lo que no se comenta es que si se retiran cerca de 7.000 megavatios de producción solar durante el periodo diurno, el precio del pool subiría, al menos, entre un 20% y un 40%, como puede comprobarse analizando los datos oficiales de OMIE. Esta subida del pool supondría un importante beneficio no solo para los ciclos combinados, que entrarían en su lugar, sino también para la remuneración de las centrales nucleares, hidráulicas y de carbón, propiedad de las grandes compañías eléctricas del país.


El Gobierno, focalizando la reforma tan solo en la parte de costes regulados, ha perdido la gran oportunidad de racionalizar la formación de precios del pool

Las eléctricas hablan, en genérico, del apoyo a las “tecnologías inmaduras” como las responsables de todos los males de la política energética. Sin embargo, el apoyo implícito que reciben las tecnologías muy maduras, como la nuclear o la hidráulica, son, en gran medida, las responsables de los elevados costes de la electricidad en España.

Así, si a las nucleares, hidráulicas y térmicas de carbón se las remunerara con una rentabilidad razonable a lo largo de toda su vida operativa, como se va a hacer con las renovables o, al menos, desde el comienzo de la aplicación de la LSE de 1997, se daría un gran paso para la solución definitiva del déficit tarifario.

Sin embargo, se ha optado por aplicarles unos impuestos simbólicos, alguno de los cuales, incluso, no ha tenido desarrollo reglamentario y, por tanto, podría no estarse cobrando. Algo parecido cabría hacer con la distribución, cuyos elevados beneficios durante estos últimos 10 años representan buena parte del déficit acumulado.

Si tampoco se remedia, otro gran triunfo de las eléctricas con esta ley podría ser el haber abortado el autoconsumo antes de su nacimiento; una medida que va en contra del ahorro, el sentido común y los criterios en Europa.

Al aplazarse la reforma de la parte del mercado se pierde la oportunidad de homogeneizar la asignación de partidas que juegan su papel en el déficit. Así, al igual que los “incentivos a la inversión” de los ciclos combinados forman parte del coste de la energía, parece lógico pensar que debería aplicarse a la “retribución específica” a la inversión en las renovables. En sentido contrario, deberían sacarse del sistema eléctrico todos los costes asociados a políticas sociales, como los costes extrapeninsulares, entre otros.

Todo el sector renovable, afectado por una permanente modificación de las reglas de juego, pide que se aborde con rigor tanto el problema del déficit, auditando los costes reales del sistema eléctrico, como la transición hacia un nuevo modelo energético; transición de la que podría beneficiarse nuestra economía. Las renovables no han sido el problema y sí pueden ser la solución. Vulnerar la seguridad jurídica, como se está haciendo, traerá consecuencias nefastas para nuestro país. Al igual que fomentar y apoyar el mantenimiento de la dependencia energética, cercenando una industria de futuro.

Luis Crespo es secretario general de Protermosolar y presidente de ESTELA.
 

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Economía cotidiana


Los estragos del falso mercado eléctrico

Tenemos un sistema que agrava las desigualdades y produce una de las energías más caras de la UE
España incumple las directivas europeas que protegen a los clientes más vulnerables
Como ocurre en el sector financiero, es necesario acudir a las instituciones europeas para romper el oligopolio y acabar con los abusos

<section class="cp-tools md cf "> <address class="bkn dateline fl"> <small class="byline"> Andreu Missé </small> </address> <time class="bkn dateline fl" datetime="2018-02-01T20:59:26+01:00"></time>
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<figcaption class="caption-inside"> El sistema eléctrico español es muy beneficioso para las compañías y pernicioso para los consumidores.
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El funcionamiento del mercado eléctrico en España durante los últimos años está causando graves desigualdades. En realidad, estamos ante un falso mercado que es muy beneficioso para las compañías y pernicioso para los consumidores. Dos rigurosos informes, del Comité Económico y Social (CES) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), proporcionan datos muy relevantes para comprender este sector que afecta decisivamente a ciudadanos y empresas.

La primera constatación es que el aumento creciente de los precios de la electricidad y el descenso de las rentas de los hogares durante los últimos diez años han supuesto un notable crecimiento de la vulnerabilidad energética. Así, en 2016, el 10,1% de las familias reconocían su incapacidad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, cuando en 2008 eran sólo el 5,9%. Esta situación afecta a un segmento creciente de la clase media para el que el encendido de la calefacción es prohibitivo.

<section id="edi-ad-slot-intext" class="md-advertisement md hspace no-adv-socios" role="marquee" style="" data-google-query-id="CLv65Y_aiNkCFQKTGwod2VcDsA"></section> Este deterioro se ha producido en un período en el que las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo) han aumentado mucho sus ganancias. Su rentabilidad ha pasado del 6,5% en 2013 al 8,16% en 2016.

Por otra parte, las eléctricas perciben una parte muy importante de sus ingresos en distribución por la llamada “tasa de retribución financiera”, que está en el 6,5% y que se suma a la amortización de los activos de la red. Esta tasa se calcula sumando el rendimiento de los bonos del Estado a diez años más 200 puntos básicos (2%). La bajada de los tipos de interés, próximos a cero, supone que a partir de enero de 2020, la retribución financiera será muy inferior. El Gobierno asegura que mantendrá la rebaja prevista.

Las empresas, sin embargo, han realizado unas previsiones de aumento de los beneficios crecientes para los próximos años. Unos beneficios que en un 88% reparten a sus accionistas en concepto de dividendos. Las compañías prevén incrementos crecientes de sus ganancias y dividendos hasta 2020.

Este panorama floreciente para las compañías comporta penosos costes para los consumidores, que ven como su incomprensible factura de la luz registra subidas sistemáticas. La formación de los precios de la luz está oscurecida por la opacidad del mercado. La cuestión está en que el precio final de la electricidad depende en gran medida del mercado del gas, aunque sólo representa el 10% del total. Se da la circunstancia de que la producción de gas es habitualmente la más cara y de esta manera condiciona el precio final de la energía que se traslada a la factura de los consumidores.

La CNMC abrió un expediente el pasado diciembre a Endesa y Gas Natural por realizar ofertas desproporcionadas en el mercado de algunas de sus centrales de gas. En 2014 expedientó a Iberdrola por supuesta manipulación de los precios, lo cual ha comportado que la Fiscalía le abriera diligencias.

En España el 55% de la factura son costes regulados. Esta es la parte en que los grupos integrados verticalmente (generación, distribución y ventas) ganan más dinero y les permite garantizar un rendimiento seguro por el bajo riesgo del negocio para captar inversiones internacionales. Es lo que algunos expertos llaman “abusividad reguladora”. Hay dos ideas básicas sobre los precios de la electricidad, que el año pasado subió un 12%: el negocio está en la parte regulada y el grueso de los beneficios se obtiene en la distribución, a la que sólo acceden las cinco grandes compañías.

En relación con la factura, resulta injustificable que se pague más por la potencia contratada que por el consumo, desincentivando así cualquier voluntad de ahorro. Además, en la factura hay conceptos como las ayudas al carbón o a las renovables que son más propios de política económica y deberían estar en los presupuestos del Estado.

La Unión Europea ha dado claras respuestas al problema de la pobreza energética en las Directivas sobre electricidad y gas de 2009. En ellas se establece que los Estados “deben garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables”. Las directivas también señalan que los Estados deberán definir el “el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en periodos críticos”.

España incumple estas exigencias. La respuesta ha sido la creación del bono social que puede suponer descuentos de entre el 25% y el 40% de la factura, que es notablemente insuficiente. El bono social, al que se acogerán unos 2,5 millones hogares, es sólo una rebaja lineal, que exige presentar mucho papeleo de los consumidores para lograrlo. En Catalunya, la aplicación de la Ley 24/2015 ha permitido evitar 39.000 cortes de luz entre julio de 2015 y diciembre de 2016, según la Alianza contra la Pobreza Energética. María Campuzano, portavoz de la Alianza, recuerda que “esta ley, que fue fruto de una iniciativa legislativa popular, estableció el principio de precaución que obliga a las empresas a consultar a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro para averiguar si se trata de personas vulnerables”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó el pasado enero una proposición de ley en el Congreso sobre emergencia habitacional que plantea medidas específicas para afrontar la pobreza energética. Propone establecer “una tarifa social que garantice un mínimo de suministro a los hogares determinados como vulnerables” y precisa que “ningún hogar vulnerable podrá ser privado del acceso a los suministros básicos, no pudiéndose realizar el corte del suministro”.

La conclusión es que tenemos un sistema eléctrico que agrava las desigualdades y es muy poco eficiente al producir unas de las energías más caras de la UE. La liberalización y regulación de 1997 causa graves perversiones. Es urgente su reforma. Se necesita una legislación que incorpore plenamente las nuevas tecnologías (eólica y fotovoltaica) más respetuosas con el medio ambiente y más económicas, regule la autoproducción, limite los costes de la red y salvaguarde a los consumidores, en especial a los vulnerables. Como ocurre en el sector financiero, es necesario acudir a las instituciones europeas para romper el oligopolio y acabar con los abusos.
 

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Cambio regulatorio
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</figcaption> </figure> Duro panorama para invertir en el sector eléctrico y del gas: menos ingresos y rentabilidad



El recorte de retribuciones que prevé el Gobierno sacude en Bolsa a un sector ya castigado por el alza de tipos


Los expertos prevén que los menores ingresos regulados amenacen la sostenibilidad de los dividendos a medio plazo


Para invertir en energía también es imprescindible la estabilidad

Esta misma semana, el consejero delegado de la GSMA, la entidad responsable del Mobile World Congress (MWC), lanzó una advertencia tan seria como obvia. John Hoffman, un amante declarado de España en general y de Barcelona en particular, dijo que solo un entorno de estabilidad y seguridad hará que el exitoso congreso siga en la capital catalana. Toques de atención como ese, nítidos y rotundos, son saludables para clarificar el panorama y por eso extraña que las autoridades no se apliquen también el cuento en otros ámbitos.

Es el caso del sector energético. Una actividad básica en el sistema sanguíneo de la economía transita hace lustros en una preocupante indefinición estratégica que va más allá del impacto en el recibo de la luz de los numerosos errores en la política energética. Las quejas de las industrias por el alto coste de la energía en España, una losa para las nuevas inversiones, parecen voces en el desierto.

El Gobierno ha abierto por sorpresa el melón de la regulación del sector eléctrico y gasístico en España con un recorte en los ingresos regulados que va a afectar a las cuentas de resultados de las empresas, como ya lo está haciendo en las cotizaciones. Lo ha hecho con tanteos iniciales que poco ayudan a la predecibilidad, ese bien tan preciado por la economía y del que suele presumir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.


Con un entorno de tipos al alza, aprovechado por las empresas al máximo para abaratar su financiación, el sector aguarda nuevos cambios regulatorios que inquietan a los inversores en términos de rentabilidad, allí donde más les duele. Habrá que ver bajo qué forma legal, en qué cantidad y con qué calendario, pero es algo que va a suceder.


Solo un marco estable, regulatorio y de política energética, con una definición clara del mix, que clarifique el futuro nuclear y del carbón, dará seguridad suficiente y creíble a los inversores. Vaivenes como los acaecidos con las primas a las renovables, rozando la inseguridad jurídica, o como los referidos al bono social son experiencias recientes a no repetir. Cambiar las reglas a mitad del juego es malo, pero hacerlo además sin dar estabilidad sería una patada en el trasero de los inversores.
 
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