Pasaba por aqui
Well-Known Member
La subida de los precios de la luz llena las arcas de Hacienda
La recaudación por las subastas de CO2 se multiplica casi por tres, hasta 1.400 millones
El Gobierno debate si eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica
Carmen Monforte
<figure class="foto derecha foto_w980" itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <figcaption class="foto-pie" itemprop="caption"> Alejandro Meraviglia
</figcaption> <header class="sumario-encabezado"> La tarifa que financia al Estado
</header> Cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy anunció su intención de elaborar una vasta reforma eléctrica para acabar con la sangría del déficit de tarifa (que rozó los 30.000 millones), el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteraba que el coste de la reforma lo asumirían las empresas (con recortes de ingresos); los consumidores (con subidas de peajes) y el Estado. Finalmente, el ministro de Hacienda, a la sazón Cristóbal Montoro, acuciado por las presiones de Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit público, se negó en rotundo a aportar fondos para el sistema eléctrico, salvo la mitad de los sobre costes extrapeninsulares (más de 700 millones).
Pero el recorte y la subida de tarifas no resultaron suficientes y el Gobierno creó nuevos tributos para gravar la actividad del propio sector: un 7% a la generación, el canon hidráulico y una nueva tasa a la nuclear. Según la Ley 15/2012, su recaudación se destinaría al sistema, en una maniobra circular, pero sin garantías de que finalmente, algún día, se la quede lisa y llanamente Hacienda. Casi 3.000 millones al año (que se dispararán en el actual) que la CNMC recibe siempre con una demora de meses, lo que provoca un permanente déficit de caja.
El resultado final de la reforma es que el Estado no solo no salió al rescate del sistema, sino que creó unos impuestos que le permiten financiarse vía tarifa, según critican empresas y consumidores. Y, aunque hay quien opina que esto no importa, pues todo sale del bolsillo de los ciudadanos, otros subrayan la injusticia de confundir al consumidor con el contribuyente: mientras el IRPF es un impuesto progresivo (se paga en función de la renta), la tarifa no lo es y la electrticidad es un bien esencial.
<figcaption class="foto-pie" itemprop="caption"></figcaption> </figure>
La recaudación por las subastas de CO2 se multiplica casi por tres, hasta 1.400 millones
El Gobierno debate si eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica
Carmen Monforte
<figure class="foto derecha foto_w980" itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <figcaption class="foto-pie" itemprop="caption"> Alejandro Meraviglia
</figcaption> <header class="sumario-encabezado"> La tarifa que financia al Estado
</header> Cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy anunció su intención de elaborar una vasta reforma eléctrica para acabar con la sangría del déficit de tarifa (que rozó los 30.000 millones), el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteraba que el coste de la reforma lo asumirían las empresas (con recortes de ingresos); los consumidores (con subidas de peajes) y el Estado. Finalmente, el ministro de Hacienda, a la sazón Cristóbal Montoro, acuciado por las presiones de Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit público, se negó en rotundo a aportar fondos para el sistema eléctrico, salvo la mitad de los sobre costes extrapeninsulares (más de 700 millones).
Pero el recorte y la subida de tarifas no resultaron suficientes y el Gobierno creó nuevos tributos para gravar la actividad del propio sector: un 7% a la generación, el canon hidráulico y una nueva tasa a la nuclear. Según la Ley 15/2012, su recaudación se destinaría al sistema, en una maniobra circular, pero sin garantías de que finalmente, algún día, se la quede lisa y llanamente Hacienda. Casi 3.000 millones al año (que se dispararán en el actual) que la CNMC recibe siempre con una demora de meses, lo que provoca un permanente déficit de caja.
El resultado final de la reforma es que el Estado no solo no salió al rescate del sistema, sino que creó unos impuestos que le permiten financiarse vía tarifa, según critican empresas y consumidores. Y, aunque hay quien opina que esto no importa, pues todo sale del bolsillo de los ciudadanos, otros subrayan la injusticia de confundir al consumidor con el contribuyente: mientras el IRPF es un impuesto progresivo (se paga en función de la renta), la tarifa no lo es y la electrticidad es un bien esencial.
<figcaption class="foto-pie" itemprop="caption"></figcaption> </figure>
Última edición: