Déficit tarifario eléctrico, ¿El tímo de la estampita?

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La subida de los precios de la luz llena las arcas de Hacienda

La recaudación por las subastas de CO2 se multiplica casi por tres, hasta 1.400 millones

El Gobierno debate si eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica



Carmen Monforte


<figure class="foto derecha foto_w980" itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <figcaption class="foto-pie" itemprop="caption"> Alejandro Meraviglia




</figcaption> <header class="sumario-encabezado"> La tarifa que financia al Estado

</header> Cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy anunció su intención de elaborar una vasta reforma eléctrica para acabar con la sangría del déficit de tarifa (que rozó los 30.000 millones), el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteraba que el coste de la reforma lo asumirían las empresas (con recortes de ingresos); los consumidores (con subidas de peajes) y el Estado. Finalmente, el ministro de Hacienda, a la sazón Cristóbal Montoro, acuciado por las presiones de Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit público, se negó en rotundo a aportar fondos para el sistema eléctrico, salvo la mitad de los sobre costes extrapeninsulares (más de 700 millones).
Pero el recorte y la subida de tarifas no resultaron suficientes y el Gobierno creó nuevos tributos para gravar la actividad del propio sector: un 7% a la generación, el canon hidráulico y una nueva tasa a la nuclear. Según la Ley 15/2012, su recaudación se destinaría al sistema, en una maniobra circular, pero sin garantías de que finalmente, algún día, se la quede lisa y llanamente Hacienda. Casi 3.000 millones al año (que se dispararán en el actual) que la CNMC recibe siempre con una demora de meses, lo que provoca un permanente déficit de caja.
El resultado final de la reforma es que el Estado no solo no salió al rescate del sistema, sino que creó unos impuestos que le permiten financiarse vía tarifa, según critican empresas y consumidores. Y, aunque hay quien opina que esto no importa, pues todo sale del bolsillo de los ciudadanos, otros subrayan la injusticia de confundir al consumidor con el contribuyente: mientras el IRPF es un impuesto progresivo (se paga en función de la renta), la tarifa no lo es y la electrticidad es un bien esencial.



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La Audiencia Nacional condena a Iberdrola por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables

Rechaza un recurso de la eléctrica contra una resolución de la CNMC que le obligó a devolver 12,3 millones en primas cobradas por su central termosolar de Puertollano entre 2009 y 2011
La sentencia rechaza que los "problemas técnicos" de la planta "deban ser cofinanciados" por el régimen entonces vigente para incentivar las energías limpias
Iberdrola, que ha recurrido la resolución ante el Tribunal Supremo, intentó demostrar que el consumo de gas para generar electricidad fue "mínimo"




La Audiencia Nacional condena a Iberdrola por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables
 

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Avanzando hacia la autosuficiencia energética: adiós al "impuesto al sol"

El autoconsumo va a favorecer un uso más eficiente de la electricidad, gracias a una participación más activa y responsable de los ciudadanos en la gestión de su propia demanda
Y va a contribuir, asimismo, a la urgente electrificación, con energía renovable, de los vehículos, que podrán recargarse en los domicilios, conforme a lo establecido en la Directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado mes de junio

<section class="cp-tools md cf "> <address class="bkn dateline fl"> <small class="byline"> Cristina Narbona </small> - Presidenta del PSOE, miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible </address> <time class="bkn dateline fl" datetime="2018-10-20T21:37:45+02:00">
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</section> <section id="edi-ad-slot-ed-bajo-titular" class="md-advertisement md hspace ad-article no-adv-socios" role="marquee" style="" data-google-query-id="CJ6P8p3Wl94CFYPB5godelMJ8A"></section> <figure class="media-holder">
<figcaption class="caption-inside"> Paneles solares
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El Gobierno acaba de derogar el denominado "impuesto al sol", uno de los disparates más absurdos heredados de la etapa de Mariano Rajoy. España, gracias a dicho disparate, se había convertido en el único país desarrollado en el que, en lugar de incentivar la generación de electricidad a partir de energías renovables, producida por los propios consumidores, se le establecían trabas y costes absolutamente injustificables. Ello se unía a los cambios regulatorios que, sobre todo a partir de 2011, habían afectado gravemente a las energías renovables en nuestro país, provocando la destrucción de 80.000 empleos en el sector, así como la ruina de pequeños y grandes inversores.
El Gobierno, una vez más, ha dado cumplimiento a una de las numerosas iniciativas parlamentarias apoyadas por la mayoría de los grupos del Congreso, cuya tramitación quedó varada por la negativa del anterior Ejecutivo -con la excusa de un supuesto impacto presupuestario inasumible-.
<section id="edi-ad-slot-intext" class="md-advertisement md hspace no-adv-socios" role="marquee" style="" data-google-query-id="CJG30J3Wl94CFS5lFQgdwEgBZQ"></section> Pero, más allá del amplio consenso político y social suscitado por la derogación de dicha norma, conviene resaltar la importancia de la decisión del actual Gobierno, -incorporada en el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética- desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La posibilidad de generar electricidad en el propio domicilio (o empresa, o centro comercial o edificio público), utilizando energía renovable, significa beneficiarse de tecnologías cuyo coste se ha reducido drásticamente durante los últimos años. En el caso de la energía fotovoltaica, dicha reducción ha sido del orden del 80% en los últimos diez años, acercando así el coste de su utilización al de la electricidad producida por otras fuentes convencionales; con la importante diferencia de que el sol es gratuito, mientras el precio de los hidrocarburos -que marcan el precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad-, tiende a crecer, y supone además una carga notable en la balanza comercial española. Consumir más energía solar, energía eólica, geotérmica o procedente de la biomasa será, por lo tanto, cada vez más barato que obtenerla a partir de las fuentes convencionales, y al mismo tiempo reducirá la dependencia económica y geopolítica de España respecto de terceros países.
Desde el punto de vista social, el autoconsumo eléctrico renovable permitirá disminuir la situación de "pobreza energética", que hoy afecta a numerosas familias de nuestro país en situación de vulnerabilidad, de forma análoga a lo que ya está sucediendo en el continente africano, donde millones de personas están accediendo a la electricidad solar de forma asequible. El autoconsumo comporta, además, un empoderamiento de los ciudadanos frente al tradicional dominio del oligopolio, en línea con las directrices establecidas por la Comisión Europea, que exige a los gobiernos mayor protección de los consumidores en el sector de la energía, así como las máximas facilidades para que produzcan directamente la electricidad que necesiten.
Y, por supuesto, la derogación del injustificable "impuesto al sol" permitirá a España reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Resulta paradójico que Alemania, con la mitad de horas de sol que España, disponga de una capacidad de generación de electricidad con energía solar diez veces superior a la de España, producida en gran medida a partir de un millón de instalaciones de autoconsumo, frente al millar de instalaciones análogas existentes actualmente en nuestro país. Además, el autoconsumo va a favorecer un uso más eficiente de la electricidad, gracias a una participación más activa y responsable de los ciudadanos en la gestión de su propia demanda. Y va a contribuir, asimismo, a la urgente electrificación, con energía renovable, de los vehículos, que podrán recargarse en los domicilios, conforme a lo establecido en la Directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado mes de junio.
Uno de los elementos más importantes del citado Real Decreto Ley es la nueva definición del autoconsumo, que incorpora el factor de proximidad para dar cabida al denominado "autoconsumo compartido". Hasta ahora, la instalación de placas fotovoltaicas podía resultar onerosa para una familia de ingresos medios, ya que no se contemplaba la posibilidad de compartir dicha instalación en una comunidad de vecinos, o de aprovechar la cercanía de un edificio público o privado con la suficiente capacidad de generación para compartirla con otras viviendas individuales o colectivas. Ello supone la posibilidad de reducir significativamente la inversión inicial en la adquisición de las placas fotovoltaicas, acelerando su amortización. Hay que tener en cuenta que, con los costes actuales, al disminuir el coste total de la factura de la luz -incluso para aquellas familias que complementan su autoconsumo con electricidad adquirida en el mercado a través de su conexión a la red- la inversión inicial comporta una rentabilidad en torno al 5%, muy superior a la que garantizan otras opciones de colocación del ahorro.
Por último, el Real Decreto Ley elimina además la inseguridad jurídica que existía actualmente, al haberse eximido temporalmente a las pequeñas instalaciones de la aplicación del "impuesto al sol", sin ninguna garantía frente a la eventualidad de un cambio normativo que encarecería el uso de la instalación.
Todo lo anterior demuestra la voluntad del gobierno socialista, comprometido con la transición energética -de la que el citado RDLey constituye el primer conjunto de medidas-, en el contexto de la implementación de la Agenda 2030, cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 es, precisamente, el de garantizar el acceso universal a energía limpia y segura.
 

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La multinacional del aluminio Alcoa se ha embolsado solo en los cuatro últimos años alrededor de 500 millones de euros públicos para abaratar su abultada factura de la luz y hacer así competitivas sus tres fábricas españolas. Pero ahora quiere cerrar dos de ellas, la de A Coruña y la de Avilés, antes de que acabe el 2018, y dejar en la calle a sus casi 700 empleados en plantilla, con el argumento de que no son rentables porque han perdido, dice, 100 millones entre ambas solo en los dos últimos ejercicios . Esos 500 millones los obtuvo la compañía con sede en Pittsburgh en las subastas de interrumpibilidad, que convoca el Gobierno para repartir incentivos eléctricos entre las industrias. La primera puja se celebró a finales del 2014 para adjudicar el dinero del que dispondrían las compañías al año siguiente, o sea, en el 2015. En esa, la empresa logró 140 millones para sus tres plantas, según cálculos realizados en su momento por este periódico a partir de información facilitada por los comités de empresa. Porque los resultados detallados de las subastas, beneficiario a beneficiario, son confidenciales. Al año siguiente, en el 2016, Alcoa se hizo con otros 100 millones, que crecieron a 150 en el 2017. El último ejercicio, hasta el momento, el 2018, es el más rácano de todos, pues los incentivos rondan los 80 millones de euros.
La multinacional suele llevarse en las pujas en torno al 30 % de los fondos totales en liza. El presupuesto para interrumpibilidad ronda los 500 millones anuales, salvo este 2018, cuando el Gobierno partió en dos la convocatoria, y el dinero quedó reducido a algo más de 300 millones. Estas partidas, por cierto, forman parte de los costes regulados del sistema eléctrico y, como tales, son sufragados por todos los consumidores de electricidad a través de la factura de la luz.
En Galicia también se benefician de la interrumpibilidad otras empresas como Megasa, Ferroatlántica, Finsa, SGL Carbón y Celsa, entre otras.
Alcoa, como el resto de grandes industrias representadas en AEGE (asociación de empresas con gran consumo de energía), defiende este sistema público de retribución como garantía de supervivencia de las fábricas, ya que los incentivos abaratan sus costes energéticos y les permiten competir en el resto de países europeos. De hecho, existen mecanismos parecidos por Europa adelante. «La industria del aluminio es así, requiere incentivos», incidieron fuentes de la compañía. Y añadieron que: «En comparación con nuestras competidoras europeas, nunca hemos tenido un trato preferencial en este país».
La multinacional rechaza de plano recibir algún «subsidio energético», ya que, recuerda, presta un servicio al sistema a cambio de recibir esos fondos para aliviar sus costes. Formalmente, así es. Las empresas que se adjudican megavatios hora bonificados en las subastas están a disposición de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema nacional, para ver cómo se corta su suministro eléctrico. Hasta este año, este servicio, que lleva el mismo nombre que las pujas, se activaba básicamente para evitar apagones. Por ejemplo, si fallaba una central de generación eléctrica, REE garantizaba la seguridad del suministro a los consumidores reduciendo consumo a las empresas anotadas en este servicio. Desde este año, también se echa mano de él para abaratar indirectamente el precio de la electricidad.
 

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400 euros de deuda eléctrica por cabeza

El déficit del sistema eléctrico se redujo un 10% el año pasado, pero aún quedan 18.851 millones por pagar a través del recibo de la luz

Miércoles, 27 febrero 2019, 01:08

Durante 14 años, los transcurridos entre 2000 y 2013, los diferentes gobiernos impidieron que el precio de la electricidad subiera conforme a la evolución de su coste. De manera que el recibo de la luz se mantuvo ese tiempo en precios artificialmente bajos. Los ingresos del sistema eléctrico, a través de los peajes de acceso, no servían para cubrir los costes regulados (transporte, distribución, incentivos a renovables, moratoria nuclear, etc...). Así que poco a poco fue creciendo el monstruo de la deuda eléctrica (con sus correspondientes intereses), que en 2013 alcanzó dimensiones pavorosas: 30.000 millones de euros.

Ese fue el último año en el que el sistema eléctrico registró un déficit. El Gobierno del Partido Popular, apremiado por la necesidad de reducir los números rojos de sus cuentas anuales, se embarcó en una dura reforma eléctrica con el objetivo no disimulado de recortar los gastos del sistema eléctrico e impulsar sus ingresos. Por eso redujo drásticamente las primas a las energías renovables o los pagos por distribuir y transportar la electricidad, entre otras partidas. Por el lado de los ingresos, prácticamente duplicó lo que los consumidores pagan en concepto de potencia contratada, un importe que no depende del consumo efectivo de electricidad.

Desde 2013 no ha vuelto a acumularse más déficit en el sistema, mientras que los españoles pagaban a través del recibo parte de esa deuda acumulada. Por eso ha menguado año a año, hasta situarse en los 18.851 millones de euros a 31 de diciembre de 2018, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto supone una reducción de 2.143 millones de euros (un 10% menos) respecto a los 20.994 millones que se debían en 2017.

El año pasado los clientes abonaron en concepto de deuda (principal más intereses) 2.738 millones de euros, un 2,81% menos que la anualidad satisfecha en 2017. La amortización de la deuda eléctrica ha supuesto en los últimos años en torno al 2% de los peajes de acceso de la factura, que se destinan a cubrir los costes regulados. La CNMC calcula que la deuda terminará de pagarse en 2028, y que su anualidad tendrá «reducciones significativas en 2021 y anualmente de 2026 a 2028». Hasta entonces aún quedan por abonar 18.851 millones de euros. Una cantidad que, dividida por cada español, da algo más de 400 euros.

De 2014 en adelante, los ingresos del sistema eléctrico han sido superiores a los costes, de forma que se han dado sucesivos superávit: 550 millones de euros ese año, 469 en 2015, 422 en 2016 y 150 millones en 2017 (las cuentas de 2018 aún no se han saldado). Por lo tanto, el superávit acumulado desde aquel 2014 asciende a 1.591 millones.



Un superávit que no sirve para amortizar deuda

La paradoja es que ese excedente no ha servido para amortizar la deuda. Porque, y de acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte de ese superávit acumulado se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social. Es el resultado de varias sentencias anulatorias del Tribunal Supremo, que no vio justo que las eléctricas tuvieran que hacer frente al coste del bono social. Así que los superávit obtenidos en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 fueron a parar a las cuentas de algunas compañías eléctricas. Otros 120 millones de euros -y conforme lo establecido tanto en la Ley 3/2017 como en la Ley 6/2018- fueron a parar a ayudas a la inversión en instalaciones de producción renovable en territorios no peninsulares.

Por tanto, aún existe un saldo de 952 millones en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados. Pero de momento, no servirá para amortizar la deuda. De eso se tendrán que seguir encargando los usuarios a través de su factura eléctrica


fuente:400 euros de deuda eléctrica por cabeza | El Correo
 

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La otra electricidad posible: seis ejemplos de socialización de la energía renovable en España

Las cooperativas Som Energia, Goiener y ecooo o el proyecto Viure de l'Aire para levantar un aerogenerador por suscripción popular son algunos exponentes de esta tendencia
Esta semana, la primera plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV ha logrado cerrar la financiación para su primer proyecto

 

droblo

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Al sistema eléctrico español (y al de muchos otros países) le sucede como a la economía, que nos encargamos de complicarla innecesariamente. La economía ya es lo suficientemente compleja pero aun así, como escribía Hazlitt, su complejidad “se ve multiplicada por la marcada presencia de intereses egoístas“. Las ideologías tratan de estirar la realidad como un chicle haciendo que ésta tenga múltiples interpretaciones de modo que apenas nadie pueda ya discernir lo real de lo imaginario. Esto, unido al exceso de información, la inabarcable tarea de poder discernir la información buena de la mala y el hooliganismo ideológico de nuestra sociedad hacen que cada uno pueda creer lo que quiera y pensar, a la vez, que está en posesión de la verdad más absoluta.

Hablemos hoy del autoconsumo eléctrico, pero intentemos hacerlo sin hablar de Reales Decretos, autoconsumo sin excedentes, instalaciones tipo A o B, registro de instalaciones y toda esa jerga que sirve únicamente para camuflar con lenguaje técnico el hecho de perpetrar el último de los atracos a los que nuestros políticos nos tienen ya acostumbrados cuando del sistema eléctrico se trata.

Imaginen por un momento que vuelven (o van) a la universidad y comparten un piso con tres compañeros. Imaginen también que son ustedes jóvenes, sin muchas preocupaciones y no tienen ganas de perder el tiempo en cosas que a los dieciocho son auténticas trivialidades como, por ejemplo, cocinar. Entonces deciden ustedes bajar a hablar con Aurelio, el caballero que regenta el restaurante que está un par de portales más allá y negocian un buen acuerdo mediante el cual Aurelio les prepara la comida y la cena a diario por un precio cerrado para las cuatro personas que comparten el piso. Es un precio por debajo del mercado en el que todos ganan. Aurelio está encantado porque tiene una clientela fija y ustedes también porque no tienen que hacer la compra, ni cocinar, ni fregar.

Así van pasando los meses y un buen día uno de los cuatro dice que, a partir de ahora, se va a traer de casa de su madre los tuppers para toda la semana y que ya no va a ir más a comer al local de Aurelio. Sin embargo en el restaurante les cobran un fijo mensual que han negociado y Aurelio no les va a rebajar ese importe. Por tanto, el coste que antes asumían cuatro personas, lo tienen que asumir ahora entre tres sin tener un beneficio en el servicio (salvo poder comerse entre tres la comida de cuatro).

Este ejemplo, que parece absurdo, sucede diariamente en miles de pisos en los que la gente alquila una habitación para vivir. El contrato de alquiler suele estar a nombre de una de las personas que vive en el piso y el importe del mismo es el alquiler del piso completo. Por ejemplo, un piso de 3 habitaciones por 1.200 euros en los que cada persona paga 400 euros. Ahora bien, cuando uno de los tres se va del piso, como los otros dos no encuentren rápido a un persona que ocupe la habitación tendrán que hacerse cargo de los 1.200 euros ellos solos, con lo que su partida mensual se incrementará de 400 a 600 euros. Esto es así porque los costes fijos son los que son y no varían dependiendo de si viven 1, 2 ó 3 personas en el piso, éste vale lo que vale.

Con el sistema eléctrico sucede exactamente lo mismo. El sistema eléctrico español tiene unos costes fijos que son enormes, muy grandes, atroces, en gran medida por decisiones políticas del pasado que están lastrando nuestra competitividad y capacidad de ahorro, como por ejemplo los miles de millones de euros anuales en primas a las energías renovables. Esos costes del sistema se reparten entre todos los consumidores en función de la potencia instalada que tenemos en nuestras casas y de la cantidad de energía que consumimos. A más término fijo de potencia más pagas, a más consumo de electricidad más pagas.

Ahora bien, al igual que los amigos que dejan de ir al restaurante de Aurelio o los compañeros que se van del piso, si muchos españoles dejaran de consumir electricidad los costes del sistema (que no cambian) tendrían que ser repartidos entre un número cada vez menor de personas. Esto implica, inevitablemente, que las facturas de la electricidad de estas personas que siguen haciendo uso del sistema sean cada vez mayores.

Esto es lo que sucede cuando la gente instala paneles solares en los tejados de sus casas para hacer autoconsumo. Consumen menos energía del sistema y, por tanto, no contribuyen en igual medida a financiar los costes fijos del mismo puesto que “no lo están usando”. Si fueran realmente capaces de autoabastecerse completamente y se desengancharan del sistema podríamos no tener reticencias a que no contribuyeran a los costes del mismo. Pero entonces este mismo argumento debe servir para todos los demás servicios (no pagarás la sanidad si no vas al médico, no pagarás la educación si no tienes hijos, no pagarás las carreteras si no tienes coche, etc.). No tiene sentido aplicarlo en unas cosas sí y en otras no.

Pero lo que realmente sucede no es esto. Lo que realmente sucede es que estas personas son autoconsumidores “un ratito” al día. ¿Qué pasa cuando se hace de noche y sus paneles solares no producen electricidad? Obviamente, que entonces se conectan a la red eléctrica para seguir manteniendo su nivel de vida. Esa red eléctrica que nosotros mantenemos para que ellos tengan la posibilidad de conectarse “a capricho” cuando así lo deseen. Es decir, volviendo al ejemplo del restaurante, los tres amigos que siguen yendo cada día cubren los costes de cuatro personas y el del tupper, el día que se le olvida sacarlo del congelador, se va donde Aurelio a comer por la cara.

La legislación eléctrica anterior cargaba a esos autoconsumidores con unos costes para compensar este hecho. Aunque fueras autoconsumidor “a ratos” tenías que contribuir a los costes del sistema puesto que hacías uso del mismo. Lo que se mal llamó “Impuesto al Sol” que, como muy bien explicaron los amigos de Ingebau, ni era un impuesto ni era al Sol. Sin embargo, con la nueva legislación, si usted tiene un chaletazo y puede poner paneles solares en el tejado no lo piense, hágalo, que usted no pagará en igual medida los costes del sistema y el resto de españoles que no tenemos chalet pagaremos los costes por usted. Esta deber ser la famosa transición energética justa y solidaria de la que hablan.

Sin embargo, si bien este artículo está escrito en modo informal, no debemos frivolizar con el sistema eléctrico. Se trata de un tema muy serio en el que se asienta nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. La ministra Ribera llegó al gobierno diciendo que iba a cerrar las nucleares y al final tuvo que extenderles la vida, porque la realidad es tozuda y acaba pasando por encima de las ideologías. Si analizan el programa energético de Podemos para las próximas elecciones generales se darán cuenta de a lo que me refiero, un total y completo brindis al Sol con medidas absolutamente utópicas que solo sirven para dar de comer a los unicornios y que llevarían al colapso del sistema en poco tiempo. Ese tipo de medidas populistas, cuando llegan a hacerse realidad, convierten el sistema eléctrico en un monstruo, un engendro infame tan pervertido que está enviando al mercado las señales incorrectas y nos obliga a posicionarnos en contra del ahorro energético porque cuanto más ahorren algunos más cara nos costará la electricidad a los demás. Por una razón tan absurda como que el mecanismo que la legislación habilita para poder ahorrar implica que la gran mayoría de la población no puede acceder a ese mecanismo al necesitar, para empezar, disponer de un chalet o una finca donde poner los paneles.

Si es usted una persona de clase media no pierda el tiempo, la Ley solo facilita que pueden ahorrar los ricos, los de los chalets con paneles solares y los de los Teslas de 60.000 euros. A usted y a mí nos toca preparar la cartera, acatar la coacción del estado y no alzar mucho la voz, que encima nos acusarán de insolidarios. Absolutamente kafkiano.

https://fernandez-ordonez.net/rincon/2019/04/07/autoconsumo-el-ultimo-atraco-al-ciudadano/
 

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"MAMANDURRIAS 4EVER"

El desajuste eléctrico es de 2.170,6 millones, 79 millones menos del previsto

EFE
31/07/2019 | Actualizado a las 12:17 CEST
Madrid, 31 jul (EFECOM).- El desajuste provisional entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico ascendió hasta junio a 2.170,6 millones de euros, lo que supone 79,3 millones de euros menos de lo previsto para esta liquidación, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Por su parte, en el mercado del gas se alcanzó un déficit provisional de 103 millones de euros, lo que arroja un aumento del 39 % en un mes.
El total de ingresos del sector eléctrico se elevó a 6.570 millones, mientras que el conjunto de costes se situó en 8.741 millones.
Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, el coeficiente de cobertura aplicado fue del 70,9 %.
Según la CNMC, la demanda en consumo se situó en 101.606 (GWh), un 3 % menos en relación con la previsión (104.720 GWh).
A finales de 2018, el mercado eléctrico estaba compuesto por 29,4 millones de puntos de suministro, abastecidos en el 38,3 % (11,3 millones) por un comercializador de referencia y en el 61,7 % (18,1 millones) por un comercializador en el mercado libre.
Con respecto al sector de las renovables, donde se liquidaron 63.684 instalaciones, la liquidación acumulada de la retribución para la producción con tecnologías renovables, cogeneración y residuos fue de 3.723 millones de euros.
Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema se aplicó el coeficiente de cobertura y se pagará a cuenta a los productores de 442,8 millones de euros.
La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado fue de 41,8 millones de euros.
En el sector gasista, el total de ingresos liquidables declarados por las empresas fue de 1.483 millones de euros, un 1,4 % inferior al mismo periodo de 2018. Por su parte, los costes liquidables ascendieron a 24 millones.
 
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