Cada septiembre la educación se convierte en tema central de debate con motivo de la vuelta al cole y, como también suele ser habitual, emerge la polémica. El inicio de este curso tiene dos grandes protagonistas: el roce entre algunas autonomías y los profesores, al hilo de las horas lectivas, y el idioma vehicular en Cataluña. Dos cuestiones que, sin duda, condicionarán algo el futuro de los alumnos matriculados, pero que no parece estén en el núcleo central del bien o mal llamado problema educativo.
Este año, más de 7,9 millones de estudiantes acudirán a las aulas españolas. De ellos, 4,5 millones cursarán estudios obligatorios y, si se mantiene la tasa actual de abandono escolar, más de un millón dejará el instituto sin un título en su haber. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado este martes, España ha avanzado en la reducción del fracaso escolar, pero sigue teniendo uno de los porcentajes más altos de los países desarrollados. Además, la rebaja ha coincidido en el tiempo con la destrucción de empleo de los últimos años, por lo que la falta de oportunidades de incorporarse a la vida laboral puede haber pesado tanto o más que los (de)méritos del sistema.
La elevada tasa de abandono escolar es uno de los males endémicos de la educación española y seguramente, en estos momento, una de las explicaciones de por qué España duplica la tasa de paro juvenil de la eurozona, con casi una cuarta parte de los menores de 25 años sin ocupación. Sin formación es más difícil, si cabe, encontrar hueco en el hoy constreñido mercado laboral.
Pero si el fracaso escolar es un problema grave, lo mismo se podría decir de su versión opuesta: la sobrecualificación. La OCDE señala que casi la mitad de los licenciados tiene un empleo menos cualificado del que, según su titulación, podría aspirar. De hecho, muchos universitarios trabajan en puestos para los que se requiere una formación práctica que, en algunos casos, ni siquiera se ha creado, fomentando un desánimo que puede condicionar el desarrollo de algunos profesionales.
Más allá de ser un tópico -lo es, en parte-, la escasa conciliación entre sistema educativo y mercado laboral pesa curso tras curso sin que las autoridades pongan más que algunos parches para cubrir nuevas profesiones. En principio, el modelo Bolonia quiere mejorar este aspecto, al menos en lo que se refiere a los estudios universitarios, aunque sus cambios tardarán años en apreciarse. A la espera de estos efectos, España también puede presumir de duplicar la tasa de paro de los licenciados de los países desarrollados: 9 por 100.
Las próximas elecciones del 20 de noviembre han despertado un debate sobre el sistema educativo que parecía dormido desde la última ley orgánica de 2006. De hecho, si hay cambio de Gobierno no sería de extrañar que hubiera una norma nueva, como es costumbre en la democracia española. Seis leyes orgánicas en 25 años son prueba de ello, sin que unas u otras hayan podido atribuirse el mérito de haber contribuido decididamente a remediar la situación.
Este año, más de 7,9 millones de estudiantes acudirán a las aulas españolas. De ellos, 4,5 millones cursarán estudios obligatorios y, si se mantiene la tasa actual de abandono escolar, más de un millón dejará el instituto sin un título en su haber. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado este martes, España ha avanzado en la reducción del fracaso escolar, pero sigue teniendo uno de los porcentajes más altos de los países desarrollados. Además, la rebaja ha coincidido en el tiempo con la destrucción de empleo de los últimos años, por lo que la falta de oportunidades de incorporarse a la vida laboral puede haber pesado tanto o más que los (de)méritos del sistema.
La elevada tasa de abandono escolar es uno de los males endémicos de la educación española y seguramente, en estos momento, una de las explicaciones de por qué España duplica la tasa de paro juvenil de la eurozona, con casi una cuarta parte de los menores de 25 años sin ocupación. Sin formación es más difícil, si cabe, encontrar hueco en el hoy constreñido mercado laboral.
Pero si el fracaso escolar es un problema grave, lo mismo se podría decir de su versión opuesta: la sobrecualificación. La OCDE señala que casi la mitad de los licenciados tiene un empleo menos cualificado del que, según su titulación, podría aspirar. De hecho, muchos universitarios trabajan en puestos para los que se requiere una formación práctica que, en algunos casos, ni siquiera se ha creado, fomentando un desánimo que puede condicionar el desarrollo de algunos profesionales.
Más allá de ser un tópico -lo es, en parte-, la escasa conciliación entre sistema educativo y mercado laboral pesa curso tras curso sin que las autoridades pongan más que algunos parches para cubrir nuevas profesiones. En principio, el modelo Bolonia quiere mejorar este aspecto, al menos en lo que se refiere a los estudios universitarios, aunque sus cambios tardarán años en apreciarse. A la espera de estos efectos, España también puede presumir de duplicar la tasa de paro de los licenciados de los países desarrollados: 9 por 100.
Las próximas elecciones del 20 de noviembre han despertado un debate sobre el sistema educativo que parecía dormido desde la última ley orgánica de 2006. De hecho, si hay cambio de Gobierno no sería de extrañar que hubiera una norma nueva, como es costumbre en la democracia española. Seis leyes orgánicas en 25 años son prueba de ello, sin que unas u otras hayan podido atribuirse el mérito de haber contribuido decididamente a remediar la situación.
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