Fracaso de la gestión económica de las autonomías

Tizo

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El hábito de atenerse a lo políticamente correcto ha silenciado durante años lo que por otra parte cualquiera observaba: el gasto autonómico discurría por cauces de irracionalidad. Con cuantas excepciones se quiera, la realidad es que muchos gobernantes autonómicos -unos más, otros menos- han tendido a actuar como nuevos ricos, en una especie de carrera por ver quién acumulaba más oropel. Pero no todo les es atribuible de forma directa: la administración central no lo ha hecho mejor.

En términos generales, el desarrollo autonómico no se ha ajustado al lógico principio de suma cero; esto es, mantener estable la dimensión del conjunto de las administraciones públicas. La realidad ha sido que, al tiempo que la central cedía competencias a las territoriales, todas crecían en paralelo, hasta más que doblar, en conjunto, el perímetro inicial. Algo por lo demás bien llamativo, teniendo en cuenta que ha ocurrido en años en los que el avance tecnológico debería haber propiciado menores necesidades de dotación humana para cubrir tareas burocráticas, como ha sido norma en el sector privado.

Sin entrar a considerar posibles desviaciones corruptas en el desempeño, la práctica totalidad de responsables autonómicos –sin distinción de partido- ha tendido a confundir conceptos, equiparando gasto y dignidad. Así, parecía que sólo dotándose de aparataje abundante y suntuoso quedaba dignificada su función. La ampulosidad de los edificios o la profusión de flotas de automóviles oficiales no tiene parangón en el ámbito privado, lejos de cualquier atisbo de racionalidad.

La prueba de que todo era percibido, aunque silenciado, es la escasa o nula sorpresa que causa conocer datos ilustrativos. Por ejemplo, que la Junta de Extremadura contaba nada menos que con 1.623 vehículos de representación, a disposición de sus altos cargos y asimilados. O que esa misma comunidad autónoma tiene en nómina con cargo al presupuesto público nada menos que el 34 por 100 de sus ocupados. En ésa y otras administraciones hay muestras para no acabar.

El Estado de las Autonomías ha crecido salvaguardado por la estulta creencia de que criticarlo equivalía a participar de la derecha más reaccionaria o el centralismo más arcaico e insolidario, amén de inconstitucional. Ha sido una torpe forma de pasar por alto que las cosas buenas se pueden hacer mal.

Será importante no trucar el debate asociado a la actual penuria presupuestaria. Pretenderlo competencial sería la forma de no resolver el problema real. Lo que toca es replantear todos y cada uno de los niveles de gasto y, en la medida de lo posible, gastar menos, haciendo más. Más que un tira-afloja más o menos teñido de disputa partidista, ése es el verdadero reto que corresponde abordar al Consejo de Política Fiscal y Financiera... a partir de ya.
 
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