Autonomías y el irrenunciable objetivo de reducir el déficit

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Por mucho que matemáticamente tengan razón, dado que el déficit y la deuda de las comunidades autónomas (CC AA) son muy inferiores a los de la administración central en términos de Producto Interior Bruto (PIB), no es menos verdad que el descuadre presupuestario de los gobiernos territoriales constituye un lastre cara a la confianza de los mercados en la deuda española. Guste no no, es así y a ello responde sin duda que la vicepresidenta Salgado haya convocado este miércoles a todos los responsables de las haciendas autonómicas encuadradas en el régimen común para recordarles los limites de déficit y endeudamiento que tienen señalados.

Plantear el asunto se suele tener por políticamente incorrecto, sobre todo en víspera electoral, pero el desarrollo autonómico ha distado de ser perfecto -tiene fallos- y una de sus facetas menos brillantes ha sido el poco apego al principio de austeridad. En parte, la responsabilidad es compartida, dado que la renuencia de la burocracia jacobina a ceder competencias se ha traducido, entre otras cosas, en una sobreabundancia de recursos ociosos, exceso de personal y no pocas duplicidades, pero por lo general se ha producido la réplica autonómica, en forma de despilfarro, grandilocuencia y ostentación. Por decirlo en pocas palabras, las jóvenes administraciones territoriales (CC AA) han tendido a copiar lo menos aconsejable de su homónima central, obviando entre otras cosas el aporte tecnológico y lo que entraña en reducción de la carga burocrática.

Hablar de racionalizar estructuras, normativas y, por ende, gasto presupuestario se suele asimilar a intento o pretensión de recentralizar el Estado o, lo que viene a ser lo mismo, reducir las capacidades de autogobierno de las CC AA. Pero, aunque otros países de fuerte tradición federal lo hayan hecho recientemente, no tiene por qué ser ése el camino a seguir aquí. La receta es bien sencilla: toca gastar lo menos posible y de la mejor manera, sin que nadie pueda ni deba apelar a excepcionalidades para no suscribir y cumplir los objetivos del conjunto, que es justamente lo que los mercados deciden medir.

Hasta ahora, a decir verdad, el Gobierno no ha usado las capacidades que en esta materia le otorga la ley. Pero quizás fuera momento de replicar a nivel doméstico algo así como una especie de PEC interno. A fin de cuentas, ¿no deriva todo de aquél? Claro que, de hacerlo, valdría la pena aprender de los fallos que ha evidenciado el arbitrado para la eurozona, tanto para que se cumpla como para que exista capacidad de hacerlo cumplir.
 
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