Propuestas del Círculo de Empresarios en pos de la austeridad

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El Círculo de Empresarios propone reducir el tamaño de la administración pública para reducir el gasto. En concreto, cree que las autoridades deberían plantearse la supresión de las diputaciones provinciales, ya que la mayoría de sus funciones podría ser asumida por comunidades autónomas o ayuntamientos. En este sentido, también considera que podría estudiarse la fusión de algunas universidades creadas en los últimos años unas muy cerca de otras e, incluso, el cierre de aeropuertos con escaso tráfico.

Para reformar la administración local, la asociación que preside Claudio Boada propone la reducción del número de municipios, como han hecho otros países, entre ellos, Dinamarca, Suecia o Grecia. En su opinión, no es lógico que un país con mayor superficie y población como es Francia tenga poco más de 5.000 ayuntamientos frente a los más de 8.100 que tiene España. Además, cree que existe un gran potencial de coordinación intermunicipal tanto en los municipios pequeños como en los grandes.

Además, el Círculo de Empresario ve en la falta de disciplina presupuestaria de las administraciones territoriales uno de los problemas más graves para cumplir con los planes de ajuste diseñados. A este respecto, sus recomendaciones van orientadas al establecimiento de un techo de gasto, que debería ser cumplido por todas las administraciones. Su control podría ser ejercicio mediante el refuerzo de las funciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera o mediante la creación de algún órgano independiente.

Con el mismo objetivo, el Círculo también propone el establecimiento de algún mecanismo sancionador en caso de incumplimiento con el techo de gasto. Actualmente, las sanciones que puede imponer la Comisión Europea por déficit excesivo a los países recae exclusivamente sobre la administración central, a pesar de que en España las administraciones territoriales concentran prácticamente el 50 por 100 del gasto público.

La asociación cree que el cierre definitivo del modelo de financiación autonómica también ayudaría a fomentar la corresponsabilidad fiscal. Los continuos traspasos de competencias y de fondos y la discrecionalidad y falta de transparencia con que se fijan los importes transferidos cada año a las comunidades autónomas no alientan un comportamiento fiscalmente responsable.

En el caso de las comunidades, la organización no culpa sólo a sus gobernantes de su escasa disciplina presupuestaria, ya que considera que también están limitadas por la falta de autonomía fiscal, frente a sus notables competencias de gastos. Por ello, una mayor capacidad de decisión sobre los tributos podría elevar su responsabilidad fiscal, respondiendo del coste de sus medidas y no reclamando financiación de otras administraciones.

Asimismo, el Círculo cree que debería realizarse una evaluación sobre la coordinación vertical y horizontal en la administración, encaminada a suprimir las duplicidades y a la eliminación de burocracias innecesarias, que no mejoran la prestación de los servicios a los ciudadanos. En este sentido, destaca que la administración central ha traspasado muchas competencias a las comunidades autónomas sin que ello haya tenido efectos en su organización.

Otras de las medidas que los empresarios creen que podrían ayudar a reducir el gasto público son la publicación de los datos de ejecución presupuestaria, el control por parte de Hacienda de las emisiones de deuda de las administraciones territoriales y de sus empresas adscritas y la apuesta por directivos públicos profesionales y no sólo por políticos.
 
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