¿Cómo afrontar el coste de las pensiones en España?

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La oposición sindical y la falta de acuerdo político sobre el retraso de la edad legal de jubilación han dado paso al debate sobre otras cuestiones de la reforma de las pensiones hasta ahora consideradas secundarias. En concreto, en los últimos días la atención se ha centrado en la base reguladora, es decir, el periodo de cómputo para calcular el importe que cada trabajador percibirá cuando se retire.

Actualmente, España tiene el periodo más corto de toda Europa, 15 años, los últimos de la vida en activo de cada trabajador. La propuesta que podría salir de la Comisión del Pacto de Toledo no cambia mucho la situación, puesto que apenas lo amplía en cinco años. Incluso con esta modificación, España sería el país de Europa con la menor base reguladora. Las últimas reformas aprobadas por los países europeos elevan hasta 40 años o más el plazo a tener en cuenta.

Las consecuencias de este corto periodo de cómputo sobre el sistema de pensiones son principalmente dos. En primer lugar, la tasa de sustitución (porcentaje de ingresos de un pensionista respecto de su renta cuando cotizaba) es de las más altas de Europa, en torno al 80 por 100, puesto que los salarios suelen mejorar a lo largo de la carrera profesional. En segundo lugar, también genera algunas injusticias en el sistema. Por ejemplo, perjudica a quienes pierden su empleo con más de cincuenta años y permite que muchos autónomos coticen por el mínimo durante la mayor parte de su vida laboral y luego perciban una pensión pública muy alta cuando se jubilan, puesto que eligen centrar sus mayores aportaciones al sistema en los últimos quince años de su carrera.

Un conjunto de expertos (el llamado "Grupo de los Cien") propone que España siga la tendencia europea y cuente toda la vida laboral de los trabajadores. En su opinión, rebajaría el gasto total en pensiones y permitiría una mayor proporcionalidad del sistema. Además, fomentaría la entrada en el mercado laboral de personas que ahora no tienen incentivos, sobre todo entre los jóvenes. Por el contrario, perjudicaría a quienes estén algunos años en excedencia o a los trabajadores que actualmente pueden jubilarse antes de los 65 por realizar determinadas actividades. Estas situaciones excepcionales, dicen los expertos, se corregirían con determinados mecanismos. La duda es si estos complementos comprometerían la sostenibilidad del sistema o serían mínimos ajustes, puesto que el trecho entre teoría y práctica suele ser amplio.

El que los partidos estén dispuestos a elevar el periodo de cálculo de la pensión es positivo, sobre todo porque constituye un primer paso en una de las reformas claves que debe afrontar la economía española. No obstante, los cinco años propuestos por los diputados decepcionan puesto que, más que una modificación sustancial, son simple maquillaje para un sistema que podría entrar en números rojos en menos de un lustro. El consenso es fundamental para que los ciudadanos acepten los cambios y comprendan el porqué de ellos, pero no es excusa para camuflar bajo la apariencia de reforma un simple remiendo. Los efectos serían nocivos tanto a largo plazo por la insostenibilidad del sistema como a corto, ya que supondría un varapalo para la credibilidad de la economía española que hoy nadie desea. A la espera de su propuesta, la factura continúa aumentando.
 
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