El PSOE ha llevado al Congreso una propuesta legal que no ha pasado desapercibida: modificar la Ley del Impuesto de Sociedades para premiar fiscalmente a quienes –ya sean empresas, sociedades o fondos de inversión– destinen inmuebles al alquiler social o asequible.
En concreto, la reforma se presenta en forma de enmienda a una ley que transpone una directiva europea sobre criptomonedas, pero introduce un nuevo frente de debate en el terreno de la política de vivienda.
El texto plantea una «exención de rentas derivadas de la transmisión de inmuebles destinados a vivienda asequible o social», lo que supone un incentivo directo a estos operadores para que colaboren en la ampliación del parque de vivienda accesible.¿A quién beneficia la medida?
En principio, la exención fiscal se aplicará a las rentas positivas obtenidas por la transmisión gratuita de inmueblesdestinados al alquiler social o asequible, siempre que se ajusten a las políticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La medida tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
Eso sí, quedan fuera del beneficio fiscal las pérdidas por deterioro de los inmuebles o las cantidades derivadas de amortizaciones excesivas. Es decir, se premiará a quien ceda viviendas para fines sociales, pero no se cubrirán gastos o ajustes contables que puedan distorsionar el objetivo de la política.
La clave está en el matiz: el incentivo se dirige a quien transfiere inmuebles de forma gratuita para que pasen a formar parte del parque de vivienda asequible. No se trata, por tanto, de bonificar el simple hecho de tener casas alquiladas a bajo precio, sino de fomentar la cesión o venta sin beneficio económico directo de estos activos para un uso social.
¿Una medida controvertida?
Aunque el objetivo declarado es aumentar rápidamente la oferta de vivienda en alquiler asequible, la propuesta no ha tardado en despertar suspicacias. El término «fondos buitre» ha vuelto al debate público, ya que algunos interpretan que esta reforma podría beneficiar precisamente a grandes tenedores que, durante años, han sido criticados por especular con viviendas adquiridas tras la crisis de 2008.
Los críticos argumentan que premiar fiscalmente a estos actores puede suponer blanquear prácticas pasadas, o incluso fomentar un modelo en el que la vivienda siga tratándose como un activo financiero antes que como un derecho.
Sin embargo, desde el PSOE se defiende la medida como una vía pragmática para aumentar el parque de vivienda asequible en un contexto en el que la colaboración público-privada puede ser clave. Según la justificación incluida en la enmienda, el objetivo es impulsar una oferta “adecuada y sostenida” que permita atender a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna.
Vivienda asequible: el nuevo mantra
El concepto de “vivienda asequible” ha ganado protagonismo en el discurso político. Frente a la vivienda social tradicional (de titularidad pública), la vivienda asequible puede estar gestionada por entidades privadas, pero con condiciones de precio limitado, plazos de alquiler extendidos y ciertos controles administrativos.
Este modelo híbrido es el que gana fuerza en países como Alemania o Países Bajos, y parece ser la dirección que también busca España con esta reforma fiscal: atraer a actores privados, pero con reglas del juego claras y beneficios solo si contribuyen a un fin social.
En ese marco, la medida del PSOE no es tanto una «ayuda a los fondos buitre», como ha sido descrita por algunos sectores críticos, sino una forma de convertir al capital privado en parte de la solución, siempre que se someta a condiciones específicas.