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Ya son más de 60 los procedimientos se acumulan ya en el Supremo contra el Gobierno por su gestión de la pandemia

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El número de recursos, denuncias y querellas que se presentan en el Tribunal Supremo contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar la crisis sanitaria por el coronavirus sigue aumentando tras dos meses y medio de vigencia del estado de alarma. Las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal acumulan ya más de 60 procedimientos.

Distintos colectivos, particulares, asociaciones e incluso partidos políticos han acudido al Supremo para impugnar las distintos acuerdos que el Ejecutivo ha ido tomando desde que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

Pero también se ha llevado al Supremo decisiones previas a este día, como la no prohibición de concentraciones multitudinarias como la manifestación feminista del 8 de marzo –que ya investiga una juez de Madrid en relación a la actuación del delegado del Gobierno en esta región– por si hubo falta de prevención de riesgo.

Según han informado fuentes del alto tribunal a Europa Press, una treintena corresponde a las denuncias y querellas que se han presentado ante la Sala de lo Penal, mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene sobre la mesas unos 35 recursos contra disposiciones del Gobierno.

SIN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO

Hasta el momento los magistrados no han resuelto el fondo de cada uno de los escritos presentados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, al que incluso le ha llegado el propio Real Decreto-Ley por el que se declaró el estado de alarma para contener la pandemia, tan sólo ha resuelto las peticiones de suspensión cautelar de medidas concretas solicitadas por los recurrentes, aunque no ha aceptado ninguna.

Por su parte, la Sala de lo Penal aún no se ha pronunciado sobre si admite a trámite o archiva las denuncias y querellas por delitos de prevaricación, homicidio imprudente o lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro o contra la seguridad de los trabajadores. Tampoco ha acordado si impone fianzas a quienes quieren ejercer como acusación popular.

Desde el inicio del estado de alarma, los juzgados y tribunales sólo realizan servicios esenciales y urgentes, tal y como declaró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que su funcionamiento está algo paralizado.

A partir de este jueves, 4 de junio, se reanudarán los plazos procesales que fueron suspendidos con el real decreto-ley del 14 de marzo, por lo que se prevé que la Sala de lo Penal ponga en marcha los trámites para formalizar las denuncias y querellas, así como las posibles peticiones de fianzas, y dé traslado a Fiscalía para que informe sobre si procede la admisión de los escritos.

RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO DE LAS MUERTES POR COVID-19

Muchas de las querellas piden responsabilizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros de las, al menos, más de 27.000 muertes por covid-19 que ha habido en España. Así lo han hecho once abogados, en nombre de más de 3.000 familias, o el partido político Vox.

Otras tantas denuncias o querellas van dirigidas contra decisiones que afectan a colectivos como sanitarios o policías –profesionales que más expuestos han estado durante la crisis sanitaria– para denunciar la falta de material de protección individual. De hecho, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal.

Entre ellas se encuentran las distintas querellas que ha presentado la Asociación Abogados Cristianos, que, a principios de abril, solicitó al Supremo que ordenara al Gobierno a repartir de “inmediato” material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad”. Sin embargo, la Sala de lo Penal desestimó esta medida cautelar.

Alguna de las medidas desarrolladas en el plan de desescalada también ha sido impugnada ante el Supremo, como la prohibición de que se celebren actos religiosos en el exterior. Para Abogados Cristianos esta decisión atenta contra los sentimientos religiosos.

RECURSOS CONTRA DECRETOS Y ÓRDENES MINISTERIALES

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tendrá que estudiar los distintos recursos que se han interpuesto contra los decretos y ordenes ministeriales aprobadas durante los dos últimos meses y medio para gestionar la pandemia, así como las restricciones establecidas en las fases de desescalada.

Los magistrados ya rechazaron su competencia para estudiar la legalidad del decreto del pasado 14 de marzo por el que se aprobó el estado de alarma, al entender que es el Tribunal Constitucional el que debe conocer los recursos contra normas con rango de ley. Fueron varios los particulares los que recurrieron la restricción de la libertad de circulación que se estableció con este real decreto-ley.

Debido a que concretó que su jurisdicción se limita a las órdenes ministeriales, uno de estos recurrentes, el abogado Curro Nicolau, que solicitó al Supremo poder trasladarse con su hija de 9 años a su segunda residencia en Alp (Girona), ha impugnado cada una de las disposiciones que el Gobierno ha ido dictando sobre la autorización de salida de menores de edad.

La Sala también está recibiendo recursos contra decisiones que las autoridades sanitarias van adoptando según avanza la crisis sanitaria y se van flexibilizando las limitaciones en los distintos territorios. Así, una de las últimas resoluciones dictadas por los magistrados de la Sala Tercera del Supremo ha sido la del pasado 27 de mayo, en la que rechazó suspender de urgencia –sin escuchar antes al Ministerio de Sanidad–, la orden del pasado 19 de mayo por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla.

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