A día de hoy se debate la necesidad de subir el salario de los trabajadores. No está el horno para bollos como para pedirle a las empresas que, por ley, suban los salarios un tanto por ciento concreto. Aunque quizás muchas pymes y grandes empresas podrían absorber este incremento de costes laborales sin problemas, también es cierto que para otras tantas podría suponer su extinción.
Sin embargo, quizás sí se podría aplicar sin problemas una subida de salarios vía bajada de impuestos. Si, por ejemplo, le bajamos el IRPF a los trabajadores, sus nóminas aumentan. Por otra parte, una reducción de las cotizaciones sociales que soportan las empresas fomentaría la contratación. Son todo ventajas.
La otra cara de la moneda es que una medida así reduciría los ingresos del Estado. Sin embargo, esta situación no tiene por qué darse si, como efecto colateral, el incremento salarial se traduce en un aumento del consumo, que a su vez mejoraría la contratación y, por efecto pieza de dominó, aumenta la recaudación pública vía impuestos directos e indirectos.
La explicación a cómo, a pesar de reducir impuestos, se pueden mantener o incluso aumentar los ingresos fiscales la ofrece la llamada curva de Laffer, que defiende que cuando la presión fiscal es muy alta, la rebaja de impuestos introduce incentivos en la economía, que se traducen en que la gente trabaja más o se pasa de la economía sumergida a la legal, con el consiguiente aumento de la inversión, el empleo y el consumo. El Estado además recauda más, al mismo tiempo que aumenta la renta disponible de los ciudadanos.