Ya desde hace años la ciudad de Venecia se halla gravemente enferma. Al progresivo crecimiento de las aguas que provocan el hundimiento de la propia ciudad se une desde hace un tiempo una enfermedad derivada de su propio éxito: a la ciudad la está matando el turismo.
Hasta 200.000 turistas visitan cada día sus rincones. El preocupante aumento de cruceros de grandes dimensiones, de más 40.000 toneladas y con 15.000 personas a bordo, que llegan a la ciudad y que están deteriorando seriamente sus condiciones medioambientales y la calidad de vida de sus ciudadanos, da lugar a serios conflictos en la ciudad. La transformación del tejido productivo de la misma está consiguiendo que sea un lugar imposible de vivir. Se cierran comercios de todo tipo para la apertura de establecimientos enfocados hacia el turista, de modo que, donde había panaderías, ferreterías, farmacias o tiendas de comestibles, ahora hay tiendas de recuerdos, bares y restaurantes.
El problema es especialmente grave si se mira el sector de la vivienda. Por un lado, el creciente número de extranjeros que quieren poseer una vivienda en Venecia, por prestigio, porque la ciudad les gusta, etc. El caso es que esa vivienda está desocupada la mayor parte del año. Por otro, la transformación de edificios en hoteles, pensiones y demás modalidades y, sobre todo, el alquiler de pisos a turistas, o alquiler vacacional, ha encarecido de tal modo la vivienda en la ciudad que es imposible para los aborígenes encontrar un lugar digno en el que vivir.
La consecuencia de todo esto es que la ciudad está perdiendo población a un ritmo comparable al de la epidemia de peste de 1.630. En 1.951 la ciudad presumía de 174.808 habitantes. En diciembre del año pasado, la cifra era de 54.926 habitantes, y disminuyendo.
Este problema, como tantos otros que aquí no sabemos prever con la debida antelación ha llegado a nuestro país. Y, donde seguramente más grave es la situación, es en nuestra joya turística. La falta de vivienda en Ibiza está empezando a alcanzar el dramatismo.
De hecho, no son pocos los trabajadores de la temporada que han de pasar buena parte de la misma durmiendo en parques, en balcones (alquilados a 500 euros/mes) o en la calle hasta que logran acomodarse en algún piso patera. El colmo el anuncio en un portal inmobiliario de una furgoneta como vivienda por 650 euros/mes, más otros tantos de fianza. El anuncio incluye perlas como “playa a 10 metros” o que “para ducharse hay una red de gimnasios por toda la isla”. Es por esto que las primeras medidas ya se han puesto en marcha para evitar situaciones tan rocambolescas como que hasta los refuerzos de temporada de la Policía Nacional o de los servicios sanitarios tengan problemas para encontrar hospedaje.
Por eso, son muchos los ayuntamientos los que ya se han puesto en marcha para impedir que la especulación acabe dañando la propia esencia de la ciudad.
Madrid, sin ir más lejos, ha comenzado la batalla contra los pisos turísticos ilegales. Que sólo se contratan de particular a particular y que sólo alquilan a turistas, pudiendo dejar la vivienda vacía el tiempo que sea necesario porque no les interesan inquilinos de larga estancia. Este negocio conlleva una drástica disminución de la oferta y el aumento de los precios del alquiler. Eso sí, no se enfrenta todavía a plataformas como AirBnB o plataformas similares.
Más lejos ha llegado Ada Colau en Barcelona. Tras haber ampliado la moratoria existente para la concesión de nuevas licencias hoteleras y la apertura de albergues u otros complejos hasta julio de 2017 (algo que ha provocado la paralización de 38 proyectos y pérdidas estimadas en 3.000 millones de euros), centra ahora la lucha contra el alquiler vacacional en todas sus variantes. Por esta razón, desde el Ayuntamiento se ha reforzado la inspección contra viviendas turísticas ilegales, ampliando el personal y pidiendo ayuda a los propios vecinos. Y así, se cuentan por miles los expediente e inspecciones contra viviendas turísticas ilegales. Pero, aunque Colau prometió perdonar la multa a los infractores si cedían las viviendas al consistorio durante tres años, por el momento no ha conseguido que ninguno de los sancionados acepte su propuesta.
En cuanto a Baleares, el otro gran foco de esta actividad, ha comenzado también su propia batalla. Para empezar, se prohibirá en Palma el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares, y los propietarios que lo practiquen se expondrán a unas multas de 40.000 euros. Esto es así después de conocerse que entre 15 empresas controlan el 10% del alquiler turístico de la ciudad. Siendo el problema de especial gravedad si se tiene en cuenta que la ciudad ha experimentado un incremento de los precios del alquiler en el último año del 7,4%, el más alto en toda España.
El caso es tras la modificación del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, que dejó fuera a las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, las Comunidades Autónomas tratan de establecer nuevas normativas para legislar un mercado incipiente que busca salir de la alegalidad. En la actualidad, cada autonomía legisla de una manera diferente y algunas, como Baleares, han restringido hasta prácticamente prohibir esta forma de alquiler. Detrás de estas restricciones se encuentra, sin duda, el lobby hotelero que ve cómo el alquiler turístico le va arrebatando cada vez mayor parte de la tarta.
Por otro lado, la Federación Española de Asociaciones de Pisos Turísticos (Fevitur), tampoco anda quieta, y solicitó en noviembre del año pasado el amparo de la Comisión Europea ante la situación de indefensión que están teniendo bajo las actuales normativas autonómicas y locales sobre la regulación del alquiler vacacional. La patronal defiende las viviendas de uso turístico como una actividad complementaria y no competitiva al sector hotelero y considera inadecuada la calificación urbanística terciaria en lugar de la calificación en suelo residencial que sugieren algunas normativas autonómicas y finalmente, cuestiona la dispersión normativa en las comunidades autónomas que dificulta la unidad de mercado prevista en las normas comunitarias.